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miércoles, 25 de julio de 2007

EL ROPAJE QUE FALTABA


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Por: Gerardo Delgado Silva

Esta es una hora de tinieblas para el país. La actitud permisiva del liviano ministro del Interior y de Justicia, al prohijar la aspiración de unos desmovilizados paramilitares de hacer campañas políticas con el fin de acceder a cargos de elección popular, no es un gesto que contribuya a la democracia, a la justicia y a la paz; antes por el contrario es un despropósito en detrimento de nuestras instituciones jurídicas, que desarticula los principios morales y revela una rendición del Estado a los bastardos intereses de los depredadores, elevando oficialmente el delito como fuente del derecho.

Aristóteles el más grande sabio de la antigüedad, en su “Ética a Nicómaco”, considera que la política es la continuación de ésta.

Y bien. Los empleados públicos tienen que ceñirse a las funciones que les señalan la Constitución y las leyes de la República, y además, aquellas que se desprenden del orden moral de sus conciencias.

El actual ministro, incurre a menudo en pronunciamientos de carácter político, que son simples descarrilamientos constitucionales.

De ahí, que debería estar más preocupado de adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y de su eficacia, en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad, en esa llamada “Ley de Justicia y Paz”, y en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la criminalidad, en todo el espacio de nuestra patria.

¿Por qué el gobierno, con las afirmaciones del ministro, niega tácitamente la honda dislocación que ha sufrido la sociedad por la conducta de los desmovilizados, que no han abandonado el crimen pues mantienen los lazos que los atan a los nuevos integrantes, como se advierte en el informe de la OEA?

¿Estos son los horizontes ejemplares que se le abren a la juventud?

Entonarles un cántico a las aspiraciones políticas de los paramilitares, es agregar sin medida, una amargura amarguísima, a la absurda tragedia de las víctimas, es vejarlas como lo hizo personalmente el ministro, con la niña huérfana de uno de los diputados de Cali, comportamiento repugnante y cobarde, que equivale a colaborar con los verdugos, en una injusticia suprema.

Y sin más ideales que su posición clientelista en el poder, banaliza el concepto de justicia, de los derechos humanos que afirman el valor supremo del hombre, del derecho natural, es decir la moral social imprescriptible, y desconoce irrespetuosamente, el “Manifiesto Ideológico”, de su partido conservador, cuando no era mendicante, que decía: “El partido conservador, ante la crisis moral, (sin vislumbrar lo de ahora) quiere dar un grito de rebeldía y de liberación… La crítica depuradora ha sido siempre parte integrante del patrimonio histórico del conservatismo…”.

Lo que está oculto, y no ha tenido hasta el momento explicación, es que el gobierno al parecer considera correcta la recomendación de Tariq Alí: “Vamos a castigar los crímenes de nuestros enemigos y recompensar los crímenes de nuestros amigos”. (El País, 20–9–01).

Al respecto de esa aspiración política de los 30.000 desmovilizados, que no han recibido beneficios de indultos o de otra naturaleza, al tenor de la Ley de Justicia y Paz, que contempla también, la pena alternativa para los delitos de lesa humanidad, que no han cumplido con el derecho de las víctimas a la “verdad, justicia y reparación”, ¿se les deben allanar los caminos para sacralizar con la impunidad sus prácticas execrables y degradantes?

Ahora bien. Previendo simulaciones, en el año 2005, un grupo de Demócratas y Republicanos, en carta enviada al Presidente Uribe, según The New York Times y Chicago Tribune, solicitan en singular tarea, el “desmantelamiento efectivo de las estructuras de las organizaciones terroristas extranjeras, en este caso las AUC”.

¿El gobierno les cumplió a los congresistas, desmontando la estructura subterránea de narcos y paramilitares?

¿Entonces, porqué se extiende implacablemente un control en muchas de las instituciones de elección popular, encabezado por los parapolíticos? ¿Lo que buscan los desmovilizados, es el control absoluto de toda la sociedad?

¿No estarían en ventaja los desmovilizados prepotentes, para hacer política con sumas multimillonarias y las manos de hierro de las nuevas estructuras paramilitares que llegan a 84, según Indepaz, frente a ciudadanos decorosos, que nunca han incurrido en conductas desafiantes de las normas penales?

Es una indiscutible verdad. Cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado, nadie puede ser ligero, ni ingrávido, con pronunciamientos que induzcan a pensar en un ropaje de bendiciones, al pasado atroz de muchos facinerosos altos y bajos.

Pero el Estado, cierra los ojos ante el siniestro retoño de nuevos grupos, con un total de 9.078 integrantes, según Indepaz. Cualquier día puede sacárselos, como lo hacen los cuervos.

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martes, 17 de julio de 2007

Gracias a la seguridad democratica


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Media Colombia está copada de nuevo por grupos criminales ligados a narcotráfico y paramilitarismo En dieciséis departamentos se han identificado las denominadas estructuras emergentes, cuatro años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las autodefensas.
Por eso, la OEA, en su último informe, advirtió que el país está en riesgo de caer "en una profundización de la influencia del paramilitarismo asociada al narcotráfico".
La preocupación tiene asidero, además, si se tiene en cuenta que también salen a flote dos nombres que están detrás de esa expansión: Wílber Varela y Diego Montoya, los dos narcos más importantes del Valle.Estratégicamente, las 20 estructuras que, según la Policía Nacional, tienen 3.030 integrantes en todo el país y no están conectadas entre sí, se encuentran ubicadas en zonas de cultivos ilícitos y corredores de movilidad de coca. Se instalaron en La Guajira y Magdalena para enviar la droga por la costa Atlántica; tienen presencia desde Urabá, pasando por el sur del Cesar, hasta los santanderes, para usar la ruta del Catatumbo que conduce a Venezuela.En en el suroccidente del país, tienen hombres en cuatro departamentos para controlar la salida por el Pacífico. Y también hay grupos en Antioquia y Atlántico.
El Gobierno insiste en que esta no es una nueva generación del paramilitarismo, pero la realidad es que todos los grupos emergentes tienen un componente de desmovilizados (el Director de la Policía, general Óscar Naranjo dice que son un 12 por ciento) y de mandos medios de las autodefensas que nunca dejaron las armas y quedaron como remanentes en las regiones.
Los jefes 'paras' recluidos en la cárcel de Itagüí arguyen que son hombres sobre los cuales ya no tienen injerencia, pero un organismo de seguridad sabe que, además de Carlos M. Jiménez ('Macaco'), también Rodrigo Tovar ('Jorge 40'), Guillermo Pérez ('Pablo Sevillano'), Ramiro 'Cuco' Vanoy y un segundo de Francisco Zuluaga ('Gordolindo'), están vinculados al rearme. Se suma que ex comandantes, que huyen de la justicia, como Vicente Castaño y Pedro Oliveros 'Cuchillo' (que están en guerra) y los mellizos Víctor y Miguel Mejía Múnera están dedicados al mismo negocio y establecen alianzas con las autoridades.La OEA alertó sobre esta situación y la Policía desvinculó a 7 oficiales por omisión. El Ejército separó a 52 más.
Fuente: El Tiempo.
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viernes, 13 de julio de 2007

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN




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casino online Por: Gerardo Delgado Silva

Referirnos a este patriota consubstancial, de prodigiosa inteligencia critica, es evocar de un golpe toda una serie de nociones universales jurídicas, filosóficas y económicas que se fundieron en la vida de López Michelsen y que les dio cauce perfecto como una contribución permanente para enaltecer e iluminar esta patria que amamos. Debido quizá a su formación europea, en todos sus estudios procedió con una lógica rigurosa, que lo llevaron a deducciones racionales y exactas, sin incurrir en el fenómeno tan común en nuestro medio, de llenar páginas con vanas palabras.

El liberalismo estaba personificado en él, y así lo expandió en la conciencia colectiva por los cauces abiertos de la democracia escogiendo lo mejor para la patria, sin ataduras a odios, venganzas, sectarismos, sin “razones de Estado”, sin estar rodeado jamás de circunstancias insalvables, como el hecho tenebroso y degradante de la parapolítica que afrenta la tradición otrora respetable de nuestra nacionalidad.

Se educó en la admiración de las mejores cualidades de los hombres y entró en la vida pública como un jurista que le permitió imprimir a todas sus actuaciones políticas, el sello severo de la justicia permanente. Fue un faro de dignidad, de entereza y obstáculo infranqueable para las fuerzas que pretenden arrollar el Estado de Derecho.

Desde la presidencia, abrió a todos los colombianos sus brazos, su corazón y su inteligencia, entregándose a una labor de sanidad espiritual y cumpliendo una finalidad redentora con reformas y cambios a favor de los más desprotegidos y humillados, habida cuenta de la inmensa y aplastante deuda social del Estado.

Su política no fue de clase ni a favor de un grupo – no obstante que formó el MRL – ni de un partido. Fue una política nacional, una formidable misión de quien tuvo las virtudes propias del más grande estadista del siglo XX y de lo que va corrido de este siglo XXI.

En su “Mandato claro”, como desde 1938 cuando fue insigne profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional, a la cual le dedicó su obra “El Estado Fuerte”, demostró que el imperio del Derecho es, ante todo: La sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes, excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada.

Sabía que el hecho fundamental es el constitucionalismo, pues sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva y la aspiración de una paz estable.

Y aunque surgió en medio de la tempestad, nutrió con la savia ideológica de su pensamiento el discurrir histórico de la nación.

Su paso por todas las más altas posiciones públicas queda marcado por su calidad de símbolo, que siempre necesitan los pueblos para perpetuarse en ideales o en reivindicaciones. Y como intrépido defensor de los derechos humanos y de los instrumentos públicos internacionales ratificados por Colombia, no se cansó de clamar por el intercambio humanitario con las FARC, porque el mejor fruto de la política es el entendimiento, que proviene de la formación filosófica. La paz la llevamos todos dentro, muy adentro, como una razón vital.

Y desde la dorada cima de su madurez, no miró nada distinto que el destino de Colombia y la integridad de sus instituciones. Su muerte es un vacío que estremece a todo el continente.

domingo, 8 de julio de 2007

TRATADOS Y SOBERANIA



“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”, dispone el artículo tercero de nuestra Constitución Política.

Resulta evidente que, dentro del concepto de Estado de Derecho, ningún poder derivado puede, mediante tratados o convenios celebrados con otras potencias comprometer la soberanía que “reside exclusivamente en el pueblo”; por consiguiente los tratados que celebre la República de Colombia sólo serán válidos en cuanto éstos no vulneren la soberanía; por principio inalienable los tratados deben respetar y mantener la independencia nacional en todas sus manifestaciones.

Cuando están por cumplirse doscientos años del llamado grito de independencia del veinte (20) de Julio de 1810 que dio comienzo, en el Virreinato de la Nueva Granada, a la revolución liberadora del dominio colonial español, da vergüenza y causa pena admitir que por la decisión irresponsable y apátrida del Congreso de Colombia y por la imposición del Presidente de la República hemos enajenado nuestra independencia y nuestra soberanía nacional mediante la aprobación del Tratado de Libre Comercio que nos impone unas condiciones de sometimiento económico y político a los Estados Unidos.

El Tratado de Libre Comercio responde a las necesidades y exigencias de la economía norteamericana que busca quebrantar la soberanía, la autodeterminación, de los países de su área de influencia para convertirlos en vasallos y, mediante el sometimiento, apropiarse de las fuentes de abastecimiento de materias primas y asegurar un mercado cautivo para sus sobrantes y los productos que son desechados por sus consumidores nacionales; así, por la gracia del T.L.C. los colombianos consumiremos los desechos de pollo que se niegan a consumir los norteamericanos y de paso le daremos entierro de pobre a la producción avícola nacional que, en nuestro Departamento es una de las mayores fuentes de empleo; igualmente se restringirá el consumo de huevos, producto básico de la canasta familiar que sólo estará al alcance de los pocos consumidores que puedan pagar sus altos precios que generará la destrucción del inventario avícola.

Mediante el Tratado de Libre Comercio que se ha suscrito con los Estados Unidos el Estado Colombiano queda maniatado a los intereses de los monopolios trasnacionales que, con la intervención de tribunales internacionales hechos a su medida y el apoyo las autoridades colombianas, impondrán su voluntad a los industriales y agricultores nativos.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aprobado sin mayores análisis por el Congreso de Colombia y sancionado por el Presidente ALVARO URIBE como Ley 1143 de 2007 augura negros nubarrones para el país; al entrar en vigencia el T.L.C. los productores colombianos deberán pagar grandes regalías para acceder a las patentes concedidas a los monopolios sobre las semillas y los productos y procedimientos industriales y, además, deberán competir en condiciones adversas y desiguales frente a los grandes subsidios que le otorga el Gobierno de Estados Unidos a la industria y a la agricultura de ese país.

En un horizonte próximo, cuando comience la fatídica era del T.L.C. que se avecina, se vislumbra en nuestro país el desabastecimiento de productos agrícolas y ganaderos esenciales para la nutrición de la población y, desde luego, el crecimiento del desempleo, la violencia y la pobreza para las mayorías nacionales como contrapartida de las fabulosas ganancias que obtendrán los monopolios.

Ante este panorama desolador los colombianos debemos realizar un plebiscito nacional para recuperar la soberanía nacional y rechazar y dejar sin efecto los tratados de sometimiento al capital internacional y al imperialismo norteamericano promovidos por el gobierno uribista.

Bucaramanga, Julio 05 de 2007

REINALDO RAMIREZ
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martes, 3 de julio de 2007

ATROCIDAD SIN LÍMITE




Por: Gerardo Delgado Silva.

El crimen ignominioso llevado a cabo presuntamente por las FARC, en enfrentamiento con mercenarios, según el Nuevo Herald, contra once seres humanos, respetables por el hecho mismo de serlo, es una tragedia no sólo para las familias de los diputados, sino para la Nación que estará conmovida por generaciones.

Este turbión de hechos ominosos, es como si las fuerzas del mal, hubiesen conquistado el predominio sobre las del bien, sin llamar así a las unas y a las otras con un criterio maniqueísta, sino impresionados por las latencias de su realidad. Se sepultan muchos de los valores construidos a lo largo de los siglos, que rodean a nuestra civilización.

Cuando nació nuestro país, se vivieron masacres del diablo, en nombre de Dios. Conflictos desatados en la conquista española y luego un rosario de atrocidades que siguieron y no acaban, como una parábola sin tiempo, expresión dialéctica del rencor de Caín, con componentes políticos socioeconómicos y narcoterroristas. Dramático testimonio de nuestra sociedad enferma, para la cual no “cesó la horrible noche”, como reza el himno. Este paisaje patrio con una moral en ruinas, permite que legiones de monstruos en todos los rincones yergan su espanto dispuestos a controlar el Estado.

Empero, los hechos atroces de ahora, son repudiables e incondicionalmente condenables, sin que pueda servir de atenuante, la falta de piedad, la indiferencia y los oídos sordos del Presidente a los clamores de los secuestrados, de sus familiares y del país, a favor del convenio humanitario; pasando por alto los Protocolos de Ginebra.

La solución militar de los problemas de la violencia prevalece sobre la solución política. Días antes de conocerse el holocausto de los diputados, el Presidente desbordado dijo: “General, no apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos y bombardee a esos bandidos”; los resultados eran fáciles de adivinar. Resulta ajena y olvidada la suerte de los cientos de secuestrados, porque los derechos humanos en nuestra patria sólo han sido una retórica, un discurso para legitimar el poder, sin la más mínima consideración y protección en la práctica, de los derechos fundamentales, entre ellos la vida y la libertad que deben ser interpretados en los conflictos a la luz de los instrumentos públicos internacionales ratificados por Colombia.

Aún con las bocas calladas en medio del estupor y la indeleble tristeza, multitudinarias almas le hacen coro a ese motivo valioso del convenio humanitario, enaltecedor de la especie humana.

Sin embargo, el Presidente parece más preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al acuerdo, que significa paz y justicia. Porque como escribió Rousseau: “El mas fuerte nunca es lo bastante fuerte como para ser siempre el amo, a menos que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

La ira, la desmesura y la arrogancia nacen de la ambición de poder, “la razón de Estado”, como le ocurrió a Tántalo que se creyó más sabio que los dioses. Pero el poder, no es el fin del Estado, como no me canso de repetir sino la persona, su dignidad, por lo cual la Constitución Política, exige un respeto y protección a la vida como un valor supremo, un auténtico imperativo para el Estado Social de Derecho. Así lo reconocen todas las Constituciones de la desoladora posguerra europea, pues se había violado el derecho a la vida masivamente, con la tenebrosa pérdida de 50 millones de seres humanos.

Ha llegado la hora de reconocer que el acuerdo humanitario no es una actitud de debilidad gubernamental, y que la única salida a esta guerra endémica, es una solución negociada en sintonía con la comunidad internacional y la civilidad.

Israel, ha intercambiado sus soldados por palestinos retenidos en muchas ocasiones, y el mundo recuerda que por un solo soldado, en 1979, liberó a 76 palestinos.

Hace 105 años liberales y conservadores pusieron fin a la terrible guerra sectaria, de heroísmo inútil llamada “de los mil días”, después de suscribir tres tratados.

Es imposible que esta guerra, en el suelo que pisaron nuestros antepasados, se resuelva con más guerra, en tanto que se desatiendan las raíces remotas del conflicto, sin que se rompan los lazos que atan a muchos colombianos al odio y a la venganza en fanática expresión. Tolstoi, basado en los evangelios, expresó: “El fuego no se apaga con el fuego”.

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