lunes, 27 de julio de 2009

La reelección de Uribe, el tema más aburrido del momento

---------------------------CARTA DE LOS LECTORES
casinos onlinecasino online. Bucaramanga Julio 25 de 2009

Cuando las cosas son tan buenas terminan volviendose obstigosas. Y es justo esto lo que esta pasando con el cuento de la releccion de Uribe, que ya se ha convertido no solo en la noticia mas aburridora y estresante de los medios escritos, radiales, televisados, ets. sino del acontecer diario.

La perpetuidad en el poder solo trae el desgaste fisico. emocional e intelectual de unas politicas de gobierno que pudieron ser excelentes, pero que cuando esto se da, solo se mantienen por el capricho de los que han tergisversado la misma y la han conducido por los caminos de la corrupcion en su afan de permanencer en el poder.

Uribe ha sido el mejor, excelente en sus primeros 4 años, pero ya a partir de su segundo mandato se vio el aparecer la corrupcion en todos los niveles: justicia, fuerzas militares y policia, Das, etc y ni se diga en los funcionarios, que pensaron que por haber sido bueno ellos tenian todo el derecho para disponer de la vida de los colombianos.

No enarbolemos colores. Esto del azul y el rojo solo nos ha traido muertos, drogadicion narcotrafico, estancamiento y ahora loq ue nos faltaba mas gringos en nuestro territorio donde yo creo que si el Dane hiciera un censo de verdad, nos espantariamos de ver la cantidad de "gringos" que tenemos en nuestro territorio.

Es hora de retornarle el derecho a elegir sus gobernantes a los combianos con transparencia, a que se respete realmente a el derecho a la vida, los derechos humanos y el derecho al trabajo de los colombianos.

Escojamos el mejor candidato, el que veamos que sea claro, transparente y que al igual que Uribe tenga pantalones en el puesto, pero no mas Uribe por favor. Dejen en paz a este colombiano azotado por la violencia, que tiene derecho a vivir en su casita de milllones junto a su esposa, hijos y pronto nietos en paz.

Elija pensando en el pais, en sus gentes en la miseria que nos rodea, en que se invierta en los necesitados, en que el estado no haga 2 programitas para tapar sus fechorias, sino que se involucre en los temas terribles, que rodean el 80 por ciento de la población. Que se genere trabajo, los comerciantes ganen, los empresario tambien y el pueblo pueda tener acceso a vivienda, educación, salud dignamente no como qui´çen tira los mendrugos que quedan en la mesa después de las bacanales.

Pongamonos la mano en el corazón, hagamos correr las riquezas del país por muestras venas, convirtamos la sangre de los desaparecidos y muerto, en opciones de triunfalismo y enrollemonos en el azul de la fuerza y la voluntad para salvar a Colombia.
Escribió: Maria Teresa Prada Serrano

viernes, 24 de julio de 2009

En defensa de la honestidad

-----------------------------COMUNICADO PUBLICO

Desconcertado por esa villanía e infame y mentirosa declaración del Botero, el malo, de pretender nuevamente mancillar el nombre de Horacio Serpa Uribe con el acto aleve que acabó de quien fuera en vida Alvaro Gómez Hurtado. Son los estertores de ese fulano por tratar de tapar sus actos delictivos haciendo noticias sobre el buen nombre de los ciudadanos y autoridades legitimas que gozan del aprecio del pueblo.

Es tan rechazable y premeditado que no merece más escrito.

Uno puede tener serias divergencias de visión ideológica o de actitudes con el paisano y periodista santandereano Juan Manuel Gonzalez; que nunca me ha acompañado ni lo hará en procesos electorales, pero jamás se podrá pensar que esté comprometido en acciones demandables en como lo pretenden enredar declaraciones de criminales que solo buscan beneficios de rebajas de pena sobre la dignidad de las gentes de bien.

Esas prerrogativas dadas por la Ley a quienes supuestamente confiesen y delaten actos delictivos, han servido solo para entorpecer la verdadera misión de los Jueces de la República que terminan dictando fallos mancillando la dignidad de personas honradas que, más tarde, la misma justicia encuentran inocentes pero, sin embargo, no podrá devolverles la integridad moral y la tranquilidad familiar. Asi se demostró con el caso de Hazbum, sindicado falsamente de la muerte de Luis Carlos Galán.

Juan Manuel Gonzalez demostrará la manipulación torcida del proceso y saldrá avante en ese procedimiento.

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR

JORNALEROS DE LA SALUD

Por: Mario Sergio Ortega Olarte

Los trabajadores de la salud debemos manifestarnos y realizar una actividad donde toda la población se entere de la situación de explotación a que estamos expuestos, el maltrato por parte de las diferentes EPS IPS, con sus bajos salarios y pago a 2-3 y más meses en forma sistemática, así como el abuso de las mal llamadas cooperativas y empresas de trabajo asociado.

El trabajador de la salud en Colombia no tiene derecho al pago de primas, cesantías, vacaciones, mucho menos al pago de horas nocturnas ni festivas, la jornada laboral mínima exigida en una entidad es de 48 horas, no tiene derecho a compartir con la familia, ya que para redondear unos ingresos que le permitan subsistir debe trabajar de 70 a 90 horas semanales. La seguridad social debe costearla el mismo trabajador y el promedio de una hora al día de trabajo equivale para el médico a $10.000 pesos y $3.000 pesos para una auxiliar de enfermería.

Mientras tanto a costa de los trabajadores de la salud las E:P:S: se enriquecen invirtiendo en empresas que nada tienen que ver con la salud, como entidades financieras,, campos de golf, mercado inmobiliario y hasta en casas de modas; de otra parte desmantelado en parte por sustracción de materia el manejo que los paramilitares le dieron al sector salud para financiar sus actividades esta labor pasó a manos de los políticos inescrupulosos, no todos, pero sí un gran porcentaje, que financian sus campañas quebrando hospitales y desviando recursos de las administradoras del régimen subsidiado, político que se respete tiene o ha tenido el manejo de una o varias de estas.

La única acción digna por rescatar fue la que hizo este año el Distrito de Bogotá donde prohibió la vinculación de trabajadores de la salud a través de cooperativas y /o empresas asociativas de trabajo.

SI QUEREMOS CALIDAD EN SALUD DEBEN MEJORAR LAS CONCIONES DE VINCULACIÓN Y PAGA DEL PERSONAL DE SALUD.

POR LO ANTERIOR HAGO UNA CONVOCATORIA A TODOS LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DEL SECTOR SALUD PARA QUE SALGAMOS EL PRÓXIMO ( fecha pendiente por concretar SEPT- OCT ) , EN TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS A MANIFESTAR NUESTRO INCONFORMISMO.

Escucho sugerencias omsss6@hotmail.com
Celular 3002688673 - Volvera Inicio > Titulares >

jueves, 23 de julio de 2009

Botero, maloso como siempre

Colombia, miércoles 22 de julio de 2009


HORACIO SERPA
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Por la Revista Semana me enteré que de nuevo “habló Botero”, en esta oportunidad para sugerir que la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado fue un crimen de Estado, tal vez promovido y ejecutado por orden del alto gobierno en la administración del doctor Samper Pizano. Actitud muy en el estilo del personaje, dedicado a buscar la manera de comprometer al ex presidente y a mí en hechos delictuosos que nos coloquen a su altura de avezado malhechor.

La última vez que “habló”, renuncié a la prescripción de la acción penal en el informativo que se adelantó por la financiación de la campaña presidencial de 1994, lo mismo que renuncié a la preclusión que en mi favor dictó la Fiscalía General de la Nación, para que de nuevo se me investigara con la mayor exigencia y rigurosidad. La Fiscalía opinó que no era necesario, ni procedente.

En esta ocasión, de una vez me pongo a disposición de las Autoridades para lo que a bien consideren. No tengo rabo de paja, ni nada que ocultar, desde mi nacimiento hasta hoy. Que me investiguen, que me esculquen, sirve para que se ratifique hasta la saciedad mi comportamiento, que en materia de legalidad y de ética, ha sido ejemplar, sin ninguna excepción. Lo digo con énfasis, con arrogancia si se quiere, en una invitación general a que se demuestre lo contrario.

He sido y soy pulcro por formación familiar y personal, por actitud intelectual, por responsabilidad social, por compromiso político. Tengo 100 puntos de 100 en el escalafón de la transparencia.

Lo de ahora tampoco tiene ni pies, ni cabeza. Es una afirmación temeraria, que como lo afirma la misma Revista de la publicación, carece de asidero y credibilidad. Es la infamia hecha declaración, sustentada en la mentira de un supuesto comentario según el cual yo le dije al embustero que el doctor Álvaro Gómez era un peligro para el gobierno. Ni lo era, ni lo dije. Ni tenía por qué decirlo, y mucho menos a un preso al que visitaba en acto de solidaridad que nunca mereció.

Botero nada afirma, nada asegura, en nada compromete a nadie directamente. Ni señala, ni sindica. Nada sabe. Ni siquiera su propia hipótesis sobre el crimen coincide con la perversidad que pretende construir: Gómez era un peligro, Serpa lo dijo, ergo “algo debe haber en el canto de la cabuya”. Mefistófeles en su máxima expresión.

El doctor Gómez Hurtado era un importante personaje de la política nacional, que gozaba del respeto de amplios sectores nacionales, entre ellos, el del gobierno de la época. Su asesinato no debe quedar impune. Sus autores intelectuales y materiales deben ser descubiertos, porque fue un crimen imperdonable y bochornoso.

Que se investiguen, claro, las “pistas” de Botero, malintencionado y maloso como siempre. Como antes, rumiando odios y buscando víctimas que opaquen la magnitud de sus desafueros. No será a mis costillas. Volver a Inicio >

martes, 21 de julio de 2009

El perdón presidencial


casinos onlinecasino online----------Por: Iván Cepeda Castro

LA PETICIÓN DE PERDÓN EN SItuaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne que puede tener repercusiones éticas significativas si cumple algunas condiciones mínimas.

Para que sea auténtico este gesto se requiere conocer la verdad de los hechos, explicitarlos y demostrar el compromiso de esclarecerlos. También se debe enunciar a los destinatarios del perdón. Nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas.

Por último, sólo se puede pedir perdón en forma veraz si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado. O en otras palabras, si se experimenta arrepentimiento y se expresa la determinación de no repetir en el futuro acciones similares.

Se ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo? ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces? ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre? ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS? ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.
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Ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura


Por: Daniel Samper Ospina


El día en que me enteré de los negocios de los hijos del Presidente, supe que, con el pretexto de fomentar la cultura ciudadana y proteger el medio ambiente, salió una ley que prohíbe a los pobres acercarse a la basura: castiga con comparendos a quienes hurguen en las canecas o recojan desperdicios en "medios no aptos ni adecuados".

Hasta donde sé, quienes hurgan en la basura son los pobres: los mendigos, por ejemplo, o los recicladores que andan en zorras, que es a lo que se deben referir cuando hablan de medios no aptos ni adecuados. De modo que, en adelante, la única manera de acercarse a una bolsa de basura sin que la Policía lo agarre a bolillo es ser rico: tener una empresa que se dedique al negocio cada vez más jugoso de las basuras, como Residuos Ecoeficiencia, la de los hijos del presidente Uribe.

A mí me da lástima con los pobres, pero también pienso que quién los manda: quién los manda a meter las manos en las tripas de una bolsa de basura, y exponerse a las cuchillas, los pañales y todas las porquerías que se puedan encontrar en ella, en lugar de montar una empresa sólida y millonaria en una zona franca.

Pero así son todos ellos: no saben hacer negocios. No saben ganarse las venias de los ministros; ni saben ser amables con los alcaldes que convierten en zonas francas los lotes que hayan comprado un poco antes. Ni siquiera saben comprar lotes. Lo único que hacen es hurgar la basura con las manos.

(Muchas veces, además, la dejan desperdigada. Hace unos días vi a un niño como de 5 años que sacaba de la caneca unos huesos de pollo para lamerlos, y no tuvo la consideración ciudadana de dejar la basura como la encontró. Ojalá lo ubiquen y le pongan el comparendo. Me ofrezco ante las autoridades por si quieren hacer un retrato hablado para dar con su paradero).

Ah, estos pobres de hoy en día. Nunca son aptos ni adecuados. Y encima se la pasan protestando. Montan guerrillas, hacen mingas indígenas, organizan marchas. Les parece injusto todo: incluso que cuando alguien detecta que la basura puede ser buen negocio, los saquen a gorrazos de ella a pesar de que era el lugar al que históricamente los habían confinado para que sobrevivieran.

Si la basura da plata, queridos amigos, ya no pueden manejarla los pobres, sino la gente de bien. ¿Por qué? Pues porque si uno deja que la manejen los pobres, se rompe el equilibrio: los pobres pueden dejar de ser pobres, y no podemos permitirnos ese lujo.

Los pobres son útiles para muchas cosas, como para que ahora traten de ganar plata. Sin pobres, ¿con quiénes haremos los falsos positivos? ¿Con William Vélez y otros empresarios uribistas? Sin pobres, ¿a quiénes desplaza uno de Carimagua? ¿A los empresarios palmicultores a los que favorecía el 'Pincher' Arias? Sin pobres, ¿de quiénes nos protege la seguridad democrática? ¿De Armandito Benedetti?

Pensaba decir que no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aun más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del Mira, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó.

Pensaba decir que ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista, y que esta ley es prueba de ello.

Pero les digo la verdad: ya no pienso sufrir. Voy a ser más práctico. Y como el gobierno ha mostrado que sólo tiene compasión por los empresarios, pienso convertirme en uno de ellos.

Por eso, en adelante pienso no sólo defender a Tomás y Jerónimo, sino tratar de parecerme a ellos: aprender de fiducias, escisiones, cuentas en Panamá y demás astucias legales que yo creí que manejaban solamente personas del estilo de Murcia.

Hombre, sí: es cierto que hacen negocios en una parte del sector privado que puede ser muy rentable por las decisiones fundamentales que algunos subalternos de su papá terminen tomando. Y sí: los muchachos hacen negocios en la zona franca. Pero es que les han inculcado la franqueza con tanto rigor, que en cuál otra zona podían hacerlos.

Alguna vez dije que quería asociarme con ellos para revender artesanías. Retiro lo dicho. Quiero ser socio de ellos, pero en Residuos Ecoeficiencia, el negocio de basuras que tienen en la zona franca. Después de esta ley ya todo quedará para nosotros. Visite la Revista Expresiones >

viernes, 17 de julio de 2009

SUMA INJURIA

-----------------------Por: Gerardo Delgado Silva


La actitud sádica del presidente Uribe y sus secuaces en el Congreso, blindados de insensibilidad, hundieron la esperanzadora Ley de Victimas. Es el fantasma persistente de la ideología nazi, con su irracional agravio de la dignidad y decoro de todas las victimas de luciferinos crímenes de las Farc, Paramilitares y Ejército, que vulnera el patrimonio moral de la humanidad. ¡Qué infamia!.
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Dolorosa ironía del destino, que establece un punzante contraste entre la cuota de dicha que a los victimarios les es dada y la que a las víctimas con sevicia, se les niega, dejando a más de cuatro millones de compatriotas en un turbión ominoso, de abandono. Marcada historia de una entrañable e indeleble tristeza. A nadie pueden serle extrañas estas tragedias, en este país de las pasiones, de los conflictos, de las guerras, de las obcecaciones, en esta hora del peor eclipse moral que padecemos.
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Con el argumento mentiroso de la inviabilidad financiera, Uribe movió a sus secuaces para archivar el proyecto de Ley de víctimas, con la cual estuvo de acuerdo, a lo largo y ancho de sus discusiones. Este entierro del proyecto, es una profanación más, a la dignidad humana. La dignidad, representa el centro de la vida individual y de las relaciones sociales. Continúa pues el régimen de Uribe, con la lógica de las monstruosidades. En efecto, el llamado Comisionado de Paz, paranoico psiquiatra Luis Carlos Restrepo, en Santa Fe de Ralito, descorrió el velo de la intensión proditoria de amoldar la legislación penal, a los intereses bastardos de los jefes paramilitares, cobijando sus acciones delictuosas con el silencio, el ocultamiento y luego la impunidad. Sabemos de sobra, de otra parte, que el ex Comisionado no es experto en cuestiones jurídicas, pero además de las funciones que le señalaban la Constitución y la Ley, estaban aquellas que se desprenden del orden moral. No podía sobreponer la dictadura de la delincuencia al interés nacional. Empero, sin el respeto elemental por los derechos de las víctimas, calificó al paramilitarismo, de un simple “error”, no obstante los más inhumanos genocidios, cometidos, de que haya tenido noticia Colombia es su historia.
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Y ante el clamor legítimo de las víctimas, a una reparación integral y justa, impúdicamente afirmó que era una suerte de “venganza”. Es un cierto aquerenciamiento con el delito.
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Siempre se ha sostenido que se puede negociar la aplicación de una estrategia, pero nunca la de los principios, por ser su esencia inalterable. Y es todavía más inconcebible que lo haga el Gobierno o sus funcionarios, que tienen que ver de modo inmediato, con la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, en nuestro país, a despecho de la tradición jurídica universal, como lo expuse en otra oportunidad, las cosas cambiaron por la sola y simple voluntad de unos violadores de la ley, que le impusieron su propia ley al Gobierno. Pero la burla atroz se aceptó con aplausos. Y sin duda, las artificiosas desmovilizaciones, constituyen un privilegio, unido ahora, a la acomodaticia Ley del Principio de Oportunidad. Un cieno de impunidad. En efecto, están libres para seguir delinquiendo; su estructura y poderes permanecen intactos, pues su influencia, no es solo de las armas que aún las exhiben, sino en el orden social, político y económico. Basta hace referencia a la contaminación de la Rama Legislativa y Ejecutiva; las Asambleas y Concejos; las Gobernaciones y Alcaldías. La nueva clase, está apertrechada de las sumas multimillonarias derivadas del ejercicio ilícito de sus actividades, que se traduce también, en rampantes delitos electorales.
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En este contexto: ¿Cómo puede surgir la verdad? ¿A caso el compromiso de la reparación, no está desintegrado?. Sencillamente el delito ha sido elevado oficialmente como fuente del derecho y se le da preeminencia a los autores, bajo los signos de injuria magna a las víctimas, con tan aberrante archivo del proyecto. Abandonadas las víctimas por el Estado, y congregado el mayor número de desplazados del mundo, que supera a Irak, podemos afirmar que, la desgracia se cierne sobre la miseria. En tanto, los desmovilizados gozan en exceso de protección estatal. Los privilegios incluyen la extradición formal, encaminada a interferir los procesos penales, signados por un río de genocidios, masacres, asesinatos, secuestros y desplazamientos, hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
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En este vórtice dantesco, son notorias y preocupantes las masacres perpetradas por agentes estatales de la Fuerza Pública, y, que según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, coordinado por Colombia, Europa, Estados Unidos: “La política de seguridad democrática estimula a los agentes estatales a cometer ejecuciones extrajudiciales”. Ahora bien. En el capítulo 9 del Informe Nacional de Derechos Humanos (IDNH) auspiciado por la ONU, se destaca el deber de: “Atender a las víctimas”. Parte de un principio sencillo: “Si el Estado no logra prevenir el daño, está en la obligación de compensar a las víctimas”. La pregunta ahora, tras el desconocimiento frenético que hace el Presidente Uribe, de la crítica situación humanitaria de todas las víctimas, es: ¿Cómo, con esos mimbres, construir otro país? ¿Así se reconoce la intangibilidad de la persona humana como tal? ¿No se ha desnudado el absurdo, el viraje al autoritarismo de la República Democrática?.
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Ahora bien. A no ser que la sensibilidad de Uribe para sorpresa de Colombia y el mundo, sea tan realmente generosa, que piense exigirle a los poderosos dueños del país, unas Zonas Francas, para las víctimas, como se le prodigaron las bienaventuranzas a las empresas turbias de sus hijos Tomas y Jerónimo. En este evento, no sorprende, que diga el Presidente Uribe, que se halla “en una encrucijada de su alma.”
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La Constitución Política, al consagrar el principio de la dignidad de la persona humana, le otorga un valor supremo. De tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado, que debe garantizar su adecuada consideración, valoración y protección. Por consiguiente, toda situación que haga de la existencia del individuo un sufrimiento como el inenarrable de tantos millones de compatriotas víctimas, es contrario al derecho fundamental a una vida digna.
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Así pues. Sí el Presidente no reconoce esta primacía e inviolabilidad; si persisten los estremecedores crímenes de lesa humanidad contra jóvenes inocentes, denominados con el eufemismo de “Falsos Positivos”, muchos de los cuales se apoyan en la Directiva Ministerial, proferida por Camilo Ospina, consagrando las recompensas, y que como amanuense de Uribe, aspira a ser Fiscal General de la Nación; sí además se han tipificado criminales y execrables interceptaciones a Honorables Magistrados y muchos otros personajes; sí la corrupción y el clientelismo son galopantes; sí la precariedad de los salarios, el altísimo desempleo y subempleo, han crecido a niveles alarmantes; sí los pobres de ayer, ahora son indigentes, considerados por la ONU inmersos en una crisis humanitaria, comparable con Ruanda; sí los problemas de la enseñanza, la vivienda y la salud, se tornan asoladores, en todos los confines de la patria; entonces, se ha aplastado el Estado de Derecho, - en nuestra Carta, Social de Derecho - obtenido universalmente desde que las célebres teorías de Montesquieu influyeron en la Constitución Americana de 1787, inspiración de la nuestra; y se ha sometido el país, al acomodo de un régimen personal, librado a todas las fantasías, que descansa en la propaganda brutal y sin matices, al estilo Goebbels, en el sentido de que todo lo que hace el gobierno de Uribe es bueno, apelando a las pasiones elementales de la masa, dispuesta a perder su libre albedrío. Régimen que pretende que nadie tenga ideas propias, sino que obedezca ciegamente, a cambio de un hipotético Edén, producto “de la Seguridad Democrática”, que es la legitimación de la mentira.
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Y vaya, vaya, como dicen los ingleses. Presenciamos al Presidente Uribe, con hipócrita pretensión de superioridad moral y cristiana, pidiendo perdón a las víctimas en Popayán. Sin embargo, lo sustancial de la petición de perdón, es el “propósito de enmienda”, imposible en quien como Tántalo, se cree superior a los dioses. ¿La verdad, la justicia y la reparación integral, son simples quimeras?
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Pobre Colombia. ¿Que te pasa?, tienes cara de dolor, con tantas víctimas de la carga de crimen y maldad de unos desalmados. Hoy no nos queda más que preguntarnos: Pobre Colombia. ¿A donde vas?.
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Quienes miramos a Colombia con amor, no podemos menos que ver su rostro dolorido porque como dijo el poeta, “hay niños que lloran de hambre, tiene frío el labrador, no florecen los trigales, se está secando su flor…”.
¿El pueblo colombiano se puede aprestar así, a la reelección del Presidente, cuando sus desastrosas consecuencias están a la vista?. Política y algo más >

miércoles, 15 de julio de 2009

La casa del horror

Colombia, miércoles 15 de julio de 2009

HORACIO SERPA
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Colombia es la casa del horror. En eso la han convertido en los últimos años los grupos paramilitares que fueron creados por una alianza siniestra de sectores políticos, narcotraficantes, militares, terratenientes, comerciantes y ganaderos con el objetivo de apropiarse del Estado, secuestrar la voluntad popular y demoler la democracia.

Un horror que se está revelando ante los ojos del mundo y cada día tiene más dolientes. Más gente avergonzada de lo que nos ha sucedido, gracias a una estrategia criminal que dejó una estela de viudas, huérfanos, desplazados, mutilados, desaparecidos.

La Fiscalía acaba de revelar que los paramilitares, gracias al proceso de justicia y paz, han reconocido que asesinaron a más de 21 mil colombianos. El modus operandi lo hemos conocido a cuenta gotas en las largas sesiones de confesiones de gente como HH, el Iguano, Mancuso y otros jefes de las autodefensas, la mayoría extraditados a Estados Unidos, en donde pagan penas por delitos de narcotráfico.

Pero sus delitos de lesa humanidad siguen en la impunidad. Pues tan solo una persona ha sido condenada. Los crímenes han sido confesados por cerca de 600 paramilitares desmovilizados y fueron cometidos entre 1987 y 2005. Pero el ente investigador sabe que se trata de la punta del Iceberg. Igual piensan las ONG de Derechos Humanos, la ONU, los organismos multilaterales, las agencias especializadas, los países amigos.

Las cifras del conflicto armado interno estremecen. Duelen. El CINEP, por ejemplo, ha revelado que la confrontación ha producido más de 90 mil víctimas, ente ellas más de mil falsos positivos, desde el 2001.

La crisis humanitaria que padece Colombia no se agota. Somos una de las naciones más violentas del planeta y campeones de violación de los derechos humanos, con más de tres millones de desplazados forzados, seis millones de hectáreas de tierra despojadas por los paramilitares, miles de fosas comunes, centenares de desaparecidos y total impunidad.

Pero a muchos no les importan las víctimas, sino los victimarios. El hundimiento en el Congreso de la Ley de Víctimas, dejó la sensación de que aquí no habrá verdad, justicia, ni reparación. Y que a los victimarios les aprobarán el proyecto de Principio de Oportunidad para reincorporarlos a la vida civil sin pagar por sus crímenes atroces. Mientras a las víctimas les dan más garrote, a los victimarios les darán millones de zanahorias y un estatus político y legal que no se merecen.

La crisis humanitaria no parece tener fin. Y la reconciliación no se ve cercana. Lo que se aprecia es un país que vive una larga noche de niebla, en donde la vida se desprecia, la libertad se cercena, la democracia se cierra y el plomo le gana la batalla a la palabra. Una casa de horror en donde la motosierra hace rato arrasó el bosque y las ideas. Y en donde hasta a los hipopótamos se les decreta la pena de muerte.
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martes, 14 de julio de 2009

JUAN JACOBO ROUSEAU

Grandes filósofos

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Por: Pedro Gerardo Tabares C

Se celebró el dos de Julio un aniversario más en la vida de JUAN JACOBO ROSEAU

Las legislaciones han incluido la revocatoria del mandato que los estudiosos al crearla exigieron requisitos especiales dirigidos a que no sea el revanchismo y el oportunismo el que encuentre la posibilidad de ella sino que provenga de los electores que sufragan para que pueda convocar a elecciones mediante porcentajes que limita en el momento aquellas elecciones malsanas en cuanto a los electores.
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Esto es trascendente porque está arraigado entre nosotros no tener arrepentimiento s reales, sino el cafetín, para señalar inconformidad con el proceder de los gobernantes. Así no pueden intervenir los inconformes sin que se tenga en cuenta la decisión popular que no solamente como decisión democrática se refleja, sino como arraigo cultural que sigue influyendo con las teorías de Juan Jacobo y por ello tiene influencia en todas las aulas universitarias, presenciales o virtuales que transforman el pensamiento.

Pero el 14 de Julio se recordó la toma de la Bastilla, que desde luego en otros campos incide para la Revolución Francesa, con el pensamiento del escritor mencionado, especialmente para Francia y las democracias, así como el recuerdo del filósofo. Ir a Inicio >

viernes, 10 de julio de 2009

Rechazan persecución contra trabajadores del Cerrejón

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EL SENADOR ROBLEDO REITERA SU RECHAZO A LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES DE EL CERREJÓN
Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 9 de julio de 2009.


Sotrans, empresa contratista de El Cerrejón, manifestó su intención de terminarles el contrato a 33 trabajadores sindicalizados en Sintrans y amenazó a los afiliados con despedirlos a todos si no renuncian de inmediato a la organización. Las medidas son una represalia contra la reciente creación del sindicato.

El senador Jorge Enrique Robledo expresó su más enérgico rechazo a la persecución de la que son objeto los trabajadores y le exigió a la empresa revocar los despidos y respetar sus derechos. “No es posible concebir una democracia sin que se respete el derecho de asociación y la libertad sindical”, afirmó el congresista del Polo y reiteró que en Colombia es más fácil crear una organización para delinquir que organizarse en sindicatos.

Robledo denunció la complicidad de El Cerrejón, trasnacional carbonífera perteneciente a AngloAmerican, BHP Billiton y Xstrata –subsidiaria de la suiza Glencore, porque ha contratado a más de cinco mil trabajadores a través de 300 empresas contratistas y, además, porque ha alcahueteado que sus firmas los persigan y les impidan crear sindicatos, con el único propósito de pagar peores salarios y aumentar así sus ya exorbitantes ganancias.

El senador del Polo exigió al gobierno tomar las medidas pertinentes para impedir que se sigan violando los derechos de los trabajadores de El Cerrejón y reclamó que se proteja laboralmente a la inmensa cantidad de colombianos que se encuentran en alguna forma de intermediación laboral.

La Coordinadora Departamental del PDA de la Guajira se sumó también a la lucha de los trabajadores. Volver a Titulares >

martes, 7 de julio de 2009

18 años de la Constitución

Colombia, miércoles 8 de julio de 2009

HORACIO SERPA
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Los demócratas estamos celebrando los 18 años de la Constitución de 1991, que ha alcanzado su mayoría de edad. A pesar de las 28 enmiendas que se le han hecho y de los permanentes intentos por desmontarla y volver al viejo espíritu centralista de la Carta de 1886, la Constitución de la paz sigue vivita y coleando. Y esa es una buena noticia.

La mala noticia es que la peor amenaza que tiene proviene de la reforma que se promueve en el Congreso para permitir una segunda reelección presidencial. Incomoda una Constitución que establece un sistema de pesos y contrapesos, fruto de un amplio consenso nacional y preferirían una Carta de bolsillo, que permita la reelección indefinida. Es un virus que recorre el continente, pero no es bueno. No es una posición contra el Presidente Uribe, sino a favor de la democracia.

El país recuerda que la Constituyente fue el resultado de un deseo colectivo de reformar la Carta Política para alcanzar la paz, establecer nuevos consensos, fijar reglas de juego claras que impidan el resurgimiento de grupos armados y establecer un norte de convivencia, justicia y equidad. Seis mil guerrilleros dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil gracias a ese pacto. Además, se establecieron la tutela, la democracia participativa, la descentralización. Y se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, entre otras.

Gracias al mandato de la Constitución de 1991 el país ha podido enfrentar, a través de la Corte Suprema de Justicia, la amenaza paramilitar. ¿Alguien podría imaginar qué hubiera ocurrido si a los congresistas no los juzgara la Corte sino otra instancia? ¿Se habría castigado la yidispolítica? ¿habríamos sabido de las chuzadas del DAS?

Si para algo ha servido la Constitución es para soñar con un Estado de derecho, en donde los ciudadanos podamos vivir en paz. Queda mucho por hacer para lograr ese objetivo. La crisis humanitaria que padece la nación tiene dimensiones de catástrofe. Los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, han violado todas las normas humanitarias y no cesan en su accionar criminal. Pero también el Estado, a través de algunos miembros descompuestos de la Fuerza Pública que han cometido delitos de lesa humanidad, como los falsos positivos.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza la Carta. Ese es quizá el objetivo más preciado de los colombianos. Pero sigue sin alcanzarse. Los ex constituyentes, los demócratas, muchos colombianos sabemos que se necesita mucho mas que un artículo para derrotar tantos años de violencia, tanta impunidad, tanta barbarie. Pero nunca podemos dejar de luchar con tesón por ese propósito.

En los actuales momentos de crisis que atraviesa la democracia, amenazada por todas partes, hay que defender la Constitución de 1991. Ese es un verdadero acto revolucionario, porque todo cuanto necesitamos para alcanzar el progreso, el bienestar y la convivencia está allí. Ya está escrito. Solo queda convertirlo en realidad. Y esa es una tarea de todos. Volver a Política social >

domingo, 5 de julio de 2009

CARTA ACLARATORIA AL DIARIO EL TIEMPO

Cordial saludo.

La siguiente es la Comunicación enviada por Center for Justice and International Law (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia (USOC) al diario El Tiempo de Colombia, como respuesta a la columna "Desplazados y cárcel por deudas" escrita por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

…………………………………………………………………………………………………
2 Julio de 2009

Estimado Sr. Director,

Expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos y descalificaciones manifestados por José Obdulio Gaviria contra Jorge Rojas, presidente de CODHES, en la columna "Desplazados y cárcel por deudas". Gaviria sugiere de manera irresponsable vínculos de Rojas con grupos al margen de la ley y que desinforma sobre la situación del desplazamiento en el país. En el contexto de Colombia, esas insinuaciones ponen en grave riesgo la integridad y la vida del Sr. Rojas y los miembros de la institución que dirige.

La estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos por cumplir con su trabajo no es nueva en Colombia, y sus consecuencias no son impredecibles. Durante las últimas décadas, la violencia ha sido instigada por palabras que orientan los ataques de grupos violentos. Señalamientos irresponsables han costado la vida de millares de personas y este año han sido asesinados varios líderes vinculados a la defensa de los derechos de los desplazados.

Ello ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomiende que en ciertos contextos de violencia política o conflicto social se eviten estigmatizaciones que puedan ser leídas como un mensaje de tolerancia del gobierno hacia atentados para silenciar a defensores y organizaciones.

El derecho internacional de los derechos humanos rescata la importancia de un debate amplio como piedra angular de la democracia, que puede incluir opiniones y afirmaciones incómodas u ofensivas. Sin embargo, las insinuaciones temerarias del Sr. Gaviria sobre el Sr. Rojas, no se encuentran dentro del marco de las expresiones legítimamente protegidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional excluyen del debate afirmaciones que puedan implicar una incitación a la violencia en el contexto donde se realizan, como ocurre con este tipo de comentarios en Colombia.

El trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, y del Sr. Rojas en particular, es legítimo y necesario en una democracia con debilidades significativas en su institucionalidad y en las garantías efectivas a los derechos de la ciudadanía.

CODHES ha visibilizado las consecuencias del desplazamiento forzado sobre los derechos de millones de personas, que no sólo se asocia con la pérdida de derechos fundamentales, sino con más pobreza, mortalidad, analfabetismo y enfermedades endémicas. Esta organización ha contribuido a que haya una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas desplazadas y a que se exploren sin demora políticas públicas que eliminen las causas del fenómeno, incluyendo la ineludible condena al desplazamiento provocado por los grupos armados. CODHES lidera la destacada Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, reconocida por expertos internacionales en el tema como valiosa e importante.

Gracias a su labor, el ciudadano Rojas ha colaborado activamente a profundizar las garantías de los derechos protegidos en la Constitución colombiana respecto de las personas más vulnerables y ha contribuido al cumplimiento efectivo de los deberes del Estado en democracia. En respuesta a su valiosa actividad, el Sr. Rojas y miembros de CODHES han sido investigados de manera ilegal, amenazados y hostigados.

Adicionalmente, las afirmaciones de Gaviria generan confusión sobre la situación del desplazamiento forzado en Colombia, sus causas y la responsabilidad de los funcionarios públicos en cumplimiento de la ley. Su posición contradice la información oficial y pública de Acción Social y las Naciones Unidas, quienes reconocen más de tres millones de desplazados y la persistencia del fenómeno.

Contraría también a una reciente resolución de la Cámara de Representantes de los EE. UU., que urge a su gobierno a mejorar el apoyo y atención a este fenómeno. Niega además lo que el propio Presidente Álvaro Uribe recientemente admitió en su visita a Washington D.C.: que los desplazados son un grupo que requiere más atención.

El tema no es trivial, como quiere presentarlo el Sr. Gaviria, tanto por la cantidad como por la gravedad del daño causado a las personas. Diversas agencias de la ONU y la comunidad internacional han concluido que algunos casos de desplazamiento forzado son, bajo el derecho penal internacional, crímenes contra la humanidad.

El fenómeno del desplazamiento forzado siempre merece una respuesta diligente, pero en Colombia es aún más apremiante por el número de personas afectadas.

Trivializar esta tragedia genera omisiones de autoridades estatales, señaladas por la Corte Constitucional en sus sentencias sobre los desplazados, y pone en riesgo a los colombianos que trabajan en la atención de la crisis humanitaria y de derechos humanos.

Teniendo en cuenta la importancia del tema para Colombia, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y el Congreso EEUU, así como para la seguridad del Sr. Rojas y los defensores de derechos humanos, invitamos al periódico a mantener un espacio de debate vigoroso sobre informaciones y opiniones relevantes como las que merece el abordaje del desplazamiento forzado; igualmente, consideramos necesario que El Tiempo revise su política editorial para que no difunda afirmaciones que inciten a la violencia.

Atentamente,
Viviana Krsticevic
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Gimena Sánchez
Washington Office on Latin America (WOLA)
Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)
Kelly Nicholls
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jueves, 2 de julio de 2009

VIVIENDAS "OUTLET"



Por: Martha Clemencia González M. Correo: alejanico@yahoo.com
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Operaciones superiores a los 30 Millones de Euros, dejó la Primera Feria de la Vivienda "Low Cost" que se celebró recientemente en Barcelona y a la que acudieron 60 mil personas.

Las dificultades para vender , los elevados costos y los problemas con los que algunas personas se encuentran a la hora de interesarse por un préstamo o hipoteca para comprar vivienda, han hecho que el tema inmobiliario en España busque salidas que permitan no solo "mover" el sector, sino dar salida a los embargos que se han visto obligados a efectuar los bancos y entidades financieras en este país.

De ahí que se hubiesen creado las Ferias "Low Cost", en las que al igual que en los sectores de la moda y los viajes, se aplica el "Outlet", un sistema en el que los productos que no se han podido vender en temporadas normales y tampoco son adquiridos durante las rebajas, se ofrecen a precios inferiores con el objetivo de liberar el stock.

En dichas Ferias de la Vivienda, tanto las inmobiliarias como las cajas o bancos, ofrecen casas o apartamentos con rebajas que incluso llegan al 40 por ciento, respecto a su costo de tasación real. El inconveniente que, sin embargo, muchos encuentran en este tipo de eventos, es que las casas o "pisos" (apartamentos) que son ofertados, tienen, por lo general, un valor inicial de 500 mil euros (1.500 Millones de pesos colombianos), con lo cual una vez aplicado el descuento del 30 por ciento (el más aplicado), quedan en 350 mil euros (1.050 Millones de pesos colombianos); valor que sigue siendo bastante alto y que, obviamente, no está al alcance de muchos bolsillos.

Por otra parte, la mayoría de estas viviendas, suelen estar ubicadas en las afueras de los centros urbanos e incluso algo lejos de los mismos.

Sin embargo, independientemente de estas dos circunstancias planteadas en las Ferias, quienes busquen vivienda a través del denominado sistema "outlet", pueden incluso encontrar casas o apartamentos, cuya rebaja de precio alcanza el 60 por ciento. Así por ejemplo, según un estudio realizado por el portal inmobiliario "Fotocasa", en España la casa embargada más costosa está ubicada en las Islas Baleares (en el mar Mediterráneo), tiene 80 metros cuadrados y su precio es de 166 mil euros (498 Millones de pesos colombianos); mientras que las dos más baratas cuestan 60 mil euros (180 Millones de pesos colombianos) y están ubicadas en Vigo y Valencia.

Hay quienes, aún a pesar de estas ofertas que de alguna manera permiten"aprovechar" el remesón del sector vivienda, prefieren comprar viviendas prefabricadas en madera, containers convertidos en estudios, pisos (apartamentos) para reformar, caravanas; o casas en aldeas poco pobladas.

Sobre estas últimas vale decir que la vivienda más barata en una aldea prácticamente abandonada en España, se encuentra en la comarca de Ulloa, en la Provincia de Lugo (Galicia). Es una casa en piedra rústica, con dos habitaciones, 96 metros cuadrados habitables y un huerto de 100 metros. Su precio es de 15 mil euros (45 Millones de pesos colombianos).

Las ofertas están "servidas" y seguirán prensetándose no sólo en los portales inmobiliarios que ya tienen su apartado de subastas o "outlet", sino en las Ferias "Low Cost", cuyos organizadores tienen la intención de realizarla una o dos veces al año en diferentes zonas de la geografía española, quizás pensando ir más allá, incluso, de los términos previstos para la recuperación económica del país. Volver a Pág Bersoa.com España >
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