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jueves, 15 de septiembre de 2011

La Consulta y La Providencia del Tribunal


Ing. Florentino Rodríguez Pinzón

Nueva andanada se prepara en el Congreso de la Unidad Nacional contra la Constitución de 1.991 y os principios fundamentales que esta consagra; entre estos, la obligación del Estado de servir a la comunidad, defender la soberanía del pueblo y la protección de sus riquezas culturales y naturales.
Otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación pública gratuita, a la salud, al trabajo digno y estable, al derecho para que prime el interés público o social sobre el privado, el derecho a la equidad social, al acceso a la tierra, la autonomía universitaria, el derecho a la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlo y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y brindar protección de ecosistemas, están también  amenazados.
A altos intereses económicos y políticos están estorbando las formas de participación democrática como la acción de tutela, la descentralización administrativa y la autonomía regional.
En forma irracional se pretende someter la constitución y las leyes al servicio de la inversión extranjera, so pretexto de exiguas regalías y enormes concesiones fiscales otorgadas durante el gobierno anterior.

Nuestra autonomía territorial, para la protección del suelo, biodiversidad, aire, agua y el paisaje, importante logro de nuestra constitución, está en peligro.
Los movimientos ciudadanos y su fuerza de movilización cívica y pacífica, haremos frente al  apetito voraz de las multinacionales mineras y a los negociantes del todo vale.
Debemos afrontar lo que se avecina de la mano de las cortes y sus honorables magistrados, estando atentos a defender nuestra constitución y a los servidores de la justicia.
Conocida la providencia del Tribunal Administrativo de Santander que declara inconstitucional la  Consulta Popular del Agua su contexto y pregunta, esta debe ser acatada, respetada y aplicada.
Ha recordado el Tribunal Administrativo de Santander, que existe mandato constitucional y leyes suficientes que ordenan la protección de los ecosistemas esenciales y el agua, caso Santurbán. En  conclusión, es responsabilidad del Estado y de las autoridades ambientales defender nuestro territorio y las fuentes de agua amenazados por los proyectos de mega minería.
Un agradecimiento a nuestros magistrados y su meridiana claridad El Movimiento Conciencia Ciudadana y el Comité para la Defensa del Agua reafirmamos nuestro compromiso y firmeza en defensa del agua de los santandereanos.

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