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domingo, 8 de julio de 2012

¡RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL¡

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 
En la agenda mundial temas como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó instituciones.
En Colombia, pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas protegidos.
Esta grave dispersión de gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en todo el territorio nacional.
“Una discrecionalidad en la interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite, procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman, presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad, ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de sus normas”1
Por esta carencia de normas ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y macro ecosistema.
El 30 agosto de 2011, posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez,  Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.
Además con la oportuna y acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas, y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada, integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.
“Resulta bastante ambiciosa la idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico, codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público, responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto, expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.
1 pag. 3 Documento Ejecutivo, Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.

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