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lunes, 14 de enero de 2013

Abismo insondable


                                              Por Gerardo Delgado Silva 
No hay dignidad más grande que la que ostentan quienes administran justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley.
Por ello, la Constitución exige a quienes confían el poder de administrar justicia, que cumplan los sobresalientes requisitos de su cargo.
Pero la preservación de la dignidad de los jueces depende de los propios jueces.  A los jueces les está vedado deslucir la toga, en privado y en público.  El juez debe tener una pasión profunda por colocar la Administración de Justicia en el decoroso nivel que le corresponde, para que haya confianza en sus mandatos y seguridad en sus decisiones.
Llevar un noble mensaje portador de excelsos ideales, sin conspirar contra la institución al olvidarse de los reales destinos ejerciendo ese  “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti.
Lo relatado por Daniel Coronel, tan connotado periodista, en la revista Semana, acerca del comportamiento del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Castro Caballero, “antiguo abogado de Víctor Carranza”, jefe paramilitar al parecer involucrado en la tenebrosa masacre de Mapiripan es una capitulación de sus deberes, de los grandes principios morales, que la Corte Suprema, fervorosamente ha sido guardián insomne, intrépida defensora del derecho en todos los aspectos de nuestra vida Repúblicana.  Difícil entender semejante acontecer, en la Corte Suprema, que ha gozado de merecido prestigio nacional e internacional y que ha sido, repito, máximo guardián.
No había habido en la historia de Colombia fenómeno igual, o siquiera parecido al denunciado por el valeroso Daniel Coronel.  Pero cuando los pueblos caen en los abismos de desfase ético como acontece ahora en Colombia, es fácil explicar la burla de nuestros estatutos jurídicos, sin que haya clara conciencia  de que cuanto se comete con prescindencia de elementales nociones éticas, no sólo se contraría el imperio de la ley, si no que se socavan los fundamentos mismos de la República.  Pero, ¿Cómo puede admitirse que autoridades de tan severas funciones puedan atender adecuadamente su misión, cuando ellas mismas incurren en descaradas alteraciones de todo aquello que regula el ejercicio del poder?. ¿No son los jueces y magistrados las autoridades erigidas, precisamente, para defender y sostener el orden jurídico?.
Los jueces fueron de antiguo los mas sobresalientes conductores de la comunidad y a ellos ha vueltos siempre la mirada la sociedad, cada vez que se desquician las reglas de convivencia.
Lo que acaba de suceder en la corte, al parecer, con pruebas concretas, según el artículo de Daniel Coronel, va más allá de la simple desfachatez personal del magistrado, para comprometer a la  institución que de verdad siempre ha querido soberanamente hacer patria.
¿Cómo puede aceptarse, que el Señor Magistrado, habiendo sido apoderado de Carranza, sea ahora el ponente en el proceso de Casación en el aterrador genocidio de Mapiripan, donde mostró también su vileza el señor Carranza?.
En puridad de verdad, cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado nadie puede ser ligero, ni ingrávido, en el sentido moral del vocablo. 
Los gobiernos quieren revolucionar, transformar la justicia en algunos de sus aspectos, sin mirar el origen, desarrollo y consecuencias de sus principales problemas, creyendo de modo equivocado que los males que la afectan radican mucho mas en el espíritu y letra de las normas que regulan su funcionamiento, que en la formación, calidad profesional y condiciones éticas de quienes la administran en los diferentes niveles de su conformación general.
Y así la crisis sigue creciendo, ensanchándose, derrumbando la escasa fe que aún queda en la administración de justicia.
Ante situación tal de magistrado, solo queda pedirle que cumpliendo con las leyes de procedimiento, que regulan la legalidad de los juicios imponiendo garantías de imparcialidad, manifieste el impedimento para intervenir en el examen del proceso de casación por la masacre de Mapiripan, dado el carácter que tuvo de apoderado de Víctor Carranza al tenor el artículo de Semana.  El Señor Carranza prohijó esa siniestra política paramilitar de crímenes de lesa humanidad, contra mucha gente campesina, acusándola de ser “auxiliadores” de la guerrilla, con justificaciones de su comportamiento como abanderados políticos de la extrema derecha.
Paradójicamente conocida hoy, bajo el ropaje de “Centro Democrático”. Un movimiento para simular el agazapado fascismo del señor Uribe y otros, entre ellos el señor José Obdulio Gaviria allegado y primo del señor Pablo Escobar Gaviria, el más grande capo del narcoterrorismo. 

Cualquier colombiano lo sabe: La turbulencia y vejámenes del anterior gobierno, contra la Corte Suprema de Justicia, por su labor de sanidad espiritual al ponerle un valladar infranqueable a la marcha ominosa de los delincuentes parapolíticos.  Lo que importa es cuanto representa y significa la justicia en la vida social de la nación, al ordenar el sistema jurídico para hacer posibles la convivencia y la paz.
De sus decisiones depende el desarrollo del Estado de Derecho, la esencia misma de la democracia.
Tan desalmada fue la masacre de Mapiripan, que la justicia penal militar condeno al General Jaime Alberto Uscátegui, por su deplorable omisión – a pesar de estar advertido de la presencia de los criminales – y no impedir la tragedia.
Por ello, Organizaciones de Derechos Humanos han señalado con preocupación una suerte de división tácita de tareas: los militares haciendo la parte “limpia” y los “paras” la sucia en una misma guerra en la que ambos serían aliados de hecho contra un enemigo común.
Desde el Tribunal Internacional de Nuremberg, crímenes como los de Mapiripan fueron señalados como crímenes contra la humanidad y la paz, que no podían quedar impunes, sin importar donde y por quienes se hubieran cometido.  El Señor Magistrado no puede olvidar que es depositario de un solemne mandato de luchar por el imperio de la ley y la dignidad de la justicia.  Por tanto, no puede desdeñarla.  Por favor, como ciudadano le ruego se declare impedido para bien de Colombia. 
                                                                                              Articulo para www.bersoahoy.com

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