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jueves, 28 de marzo de 2013

Una fuerza política aniquilada por las armas

Reparar a la Unión Patriótica
Tomado de: Anarkismo.net
Tomado de Kienyke
Por Antonio Sanguino | 
Tenemos suficientes razones para sentir vergüenza ante el mundo. Una de ellas es el genocidio de la Unión Patriótica. Una sociedad que permita la eliminación a sangre y fuego de un movimiento político tiene pocos motivos para enorgullecerse. Paradójico que la UP concebida como un instrumento de paz terminara en un baño de sangre. Fundada en 1985 en el marco del fallido proceso de paz entre el Gobierno Betancourt y las FARC, buscaba ofrecer un mecanismo de participación política legal para cuando esta organización guerrillera firmara la paz.
Pocos casos similares se pueden enumerar. Seguramente las sangrientas dictaduras militares de Centroamérica y el Cono Sur. Pero en democracia es difícil encontrar una fuerza política a la que hayan asesinado dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y tres mil quinientos militantes y activistas. Un verdadero genocidio puesto en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cometido por una alianza criminal de agentes del Estado, grupos paramilitares, bandas de narcotraficantes, empresarios agrícolas y políticos tradicionales. Un torbellino de razones se trenzó en esta matazón. Pero el investigador Mauricio Romero en su trabajo “Autodefensas y Paramilitares” defiende la hipótesis de que fue una ofensiva contra las reformas derivadas de la paz de los ochentas.
Nos dirán que, sin embargo, tenemos la democracia más antigua del continente. Que elegimos sin interrupción y por voto popular durante todo el Siglo XX y lo corrido del XXI -salvo la breve y consentida dictadura de Rojas Pinilla- Presidente y Congreso de la República, Concejos municipales y Asambleas Departamentales. Y más recientemente Alcaldes y Gobernadores.
Nos recordarán que tenemos partidos históricos que como el Liberal y el Conservador son de los más antiguos de América. Y que la mujer colombiana adquirió ciudadanía política desde 1957, mucho antes que muchas democracias consolidadas del mundo. Por todo ello, la estabilidad institucional se esgrime como un valor de nuestro sistema político.
Pero estos argumentos no alcanzan para explicar la atávica violencia que caracteriza el régimen político colombiano. Es un rasgo permanente acudir a la violencia para dirimir nuestros conflictos públicos. Como también ha sido una costumbre usar la violencia para perseguir al opositor político. Desde la “Patria Boba” hasta nuestros días, para solo hablar del período republicano.
Por ello, erradicar el uso de la violencia con fines políticos es quizás el principal desafío de la democracia colombiana. Es una tarea inmensa. La paz con las guerrillas contribuye a ello. Pero se requiere una verdadera revolución cultural en la manera como asumimos y tramitamos los conflictos políticos. Y actos reparativos que envíen el mensaje de la no repetición. Restituir la personería jurídica de la UP y otorgar favorabilidades adicionales para esta fuerza política puede ser uno de ellos. Y un acto verdadero de reconciliación que cumple además los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas sobre reparación colectiva de Organizaciones Políticas. Los victimarios sabrán con ello que fracasaron en su intento de asesinar a la UP. Y el mundo, que estamos dispuestos a encarar nuestras vergüenzas.

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