miércoles, 22 de mayo de 2013

Cuáles son las razones...

          La revocatoria del Alcalde Petro
                                         Horacio Serpa
Ya se presentaron firmas para solicitar a la autoridad electoral el procedimiento para la revocatoria del mandato al Alcalde de la Capital, doctor Gustavo Petro. No se conocen las razones. Importa poco, porque se trata  de una acción  politiquera y sectaria para impedir que continúe gobernando un funcionario que no es del gusto de los proponentes. Tal vez les hubiera gustado uno bien conservador, del establecimiento, de esos que se someten a la voluntad de los ortodoxos, de los clásicos, de los que en los últimos lustros han pretendido regresar al gobierno distrital.
La revocatoria del mandato, como mecanismo de participación, tiene explicaciones constitucionales. No es un procedimiento para satisfacer inquinas ni para hacer revanchismo partidista. Puede plantearse y tramitarse cuando existe una flagrante contradicción entre la propuesta política de campaña y las ejecutorias del gobierno, lo que tiene  relación con el  voto programático. También puede ocurrir cuando el funcionario pierde el juicio, incurre en gravísimas faltas éticas o en ostensibles actos afrentosos a la sociedad. Igualmente cuando la corrupción se apodera de los actos gubernamentales o el funcionario desatiende sus deberes e incurra en deliberado abandono de funciones.
No es el caso del Alcalde Petro. Sus más controvertidas acciones ocurren porque ha pretendido gobernar de acuerdo con sus ideas, propuestas y talante. Petro no representa a los partidos tradicionales ni tiene un concepto del Estado y la sociedad igual al que plantean la mayoría de las colectividades políticas. Petro no representa ni el status quo ni a los convencionalismos tradicionales. Ha sido y es un político contestatario que pretende resultados económicos, sociales, políticos y culturales para la ciudad que gobierna, por caminos diferentes.
Por eso no se le puede revocar. Fue elegido legítimamente para gobernar cuatro años y es una insensatez pedirle resultados cuando apenas lleva el primer año, precisamente el de la organización del gobierno, el de la concepción del Plan, el de la elaboración de los proyectos, el de sanear la economía.
Petro es honrado.  Me gusta su defensa de lo público. Que tenga del Estado la idea de que debe responder a los asociados por los servicios públicos esenciales. Me agrada que un Alcalde como él reclame la autonomía que la Constitución consagra para las Entidades Territoriales. Que le duela la suerte de los pobres y tenga el concepto de que ellos y la clase media deben ser considerados con equidad en los compromisos del desarrollo.
No entiendo que se pretenda hacer daño a la ciudad y a sus habitantes generando una  crisis institucional, cuando apenas se empieza a superar la presentada en la anterior administración.
Tampoco comprendo el argumento de que un funcionario contra quien se intente una acción de revocatoria del mandato, no se pueda defender de las acusaciones ni tenga la oportunidad de oponerse a las pretensiones de sus contradictores.
Hay mucha ojeriza en el ambiente capitalino. El odio y las represalias no aconsejan bien en estas delicadas materias. Petro debe continuar. Déjenlo trabajar.
Bogotá D.C., 22 de Mayo del 2013 - Columna semanal de Elnuevosiglo

domingo, 19 de mayo de 2013

Cartas del lector

Amigo Bernardo:
Ab. Reinaldo Ramírez
Es claro que los usos y las rutinas de los ciudadanos están directamente relacionados con su realidad social, sus ingresos, sus necesidades y, en parte, con su grado de educación.
En el caso de los vendedores ambulantes prima la economía del rebusque para paliar sus propias necesidades más apremiantes y sostener a su familia; si esas personas que se dedican al comercio callejero al menudeo tuvieran otra forma menos azarosa y angustiosa de ganarse la vida seguramente abandonarían el ejercicio de esta actividad; crear empleos dignos y bien remunerados es una tarea fundamental que debe cumplir el Estado estimulando y propiciando en la sociedad el desarrollo de una economía verdaderamente democrática. La existencia de este fenómeno social tanto en Bucaramanga como en la mayoría de las ciudades de Colombia de ninguna manera es una variante de las leyes económicas de la oferta y demanda; es precisamente el resultado del sistema económico neoliberal que utiliza su posición dominante para distorcionar el mercado y privilegiar el lucro del capital y la acumulación de las ganancias en unas pocas manos mientras ignora las necesidades de las mayorías y desprecia la dignidad de los ciudadanos.
El anterior razonamiento puede explicar también la aparición del fenómeno del transporte informal o transporte "pirata" como solemos llamarlo coloquialmente y el uso de las motocicletas por muchos ciudadanos para su movilización y como medio de ganar su sustento; estas situaciones "ilegales" que surgen como solución popular a las necesidades apremiantes e insatisfechas de las gentes preocupa y les quita el sueño a las autoridades municipales de Bucaramanga; es claro que si existieran en nuestra ciudad empleos dignos y bien remunerados y un  sistema de transporte público eficiente y al alcance de los ingresos de las personas que deben movilizarse en la ciudad, nadie en su sano juicio sería tan tonto y suicida para preferir otros medios de transporte inseguros, peligrosos e incómodos.
El sistema de METROLINEA, impuesto contra viento y marea a los habitantes de Bucaramanga y los municipios del Area Metropolitana ni es eficiente ni es barato, es todo lo contrario. Después de inversiones multimillonarias que seguramente enriquecieron a los industriales y promotores de la corrupción, después de haberse apropiado abusivamente de las vías públicas en perjuicio de la ciudadanía, y transcurridos varios años de operación de esta modalidad de transporte, es evidente que METROLINEA ha sido un fiasco; lo dicen las estadísticas que demuestran que solo lo utiliza el 16% de los usuarios potenciales del transporte público y el nivel de satisfacción es escasamente del 19% de sus usuarios.
Las deficiencias del sistema de METROLINEA parten del alto costo del servicio y de sus falencias estructurales como son la inexistencia de rutas de transporte para los barrios populares y más poblados de Bucaramanga como los Barrios del norte, el oriente y el occidente de la ciudad; esta situación disparó la compra de motocicletas y le dio via libre al transporte informal; a los ciudadanos les resulta más barato este medio de transporte o adquirir una motocicleta para movilizarse con su familia, que utilizar el sistema de METROLINEA, caro, incómodo e ineficiente que esta lejos de satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios del transporte público.
Por otra parte, las trabas y la persecución que la Dirección de Tránsito ha montado contra los motociclístas y el transporte informal rayan en la mala fe y el prevaricato por estar dirigidas estas actuaciones oficiales a impedir o por lo menos desestimular la operación y el uso de estos medios de transporte, especialmente la motocicleta, para forzar a las personas que necesitan utilizar estas opciones de movilidad a montarse obligatoriamente en METROLINEA con el fin interesado y poco cívico de hacer rentable este sistema, incrementar su uso, generar ganancias para los propietarios de los buses y, en últimas, tratar de evitar la quiebra que se ve venir.
Atento saludo,
Reinaldo Ramirez

Petición a la fiscalía desde Santa Marta

                                                    Por: Alejandro Arias
                                              E-mail: alejandroarias@dialnet.net
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
SEÑOR FISCAL, LOS SAMARIOS MERECEMOS
La Revista semana concluyó su publicación titulada “Un gobernador de miedo en La Guajira” haciendo la siguiente rogativa: “el gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia”. (Ver http://bit.ly/13b7fqF
Rogativa que hemos elevado los samarios a la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que supimos que Carlos Eduardo Caicedo Omar sería candidato para la Alcaldía de Santa Marta arropado por el aval del Partido Liberal.
Para entonces los samarios ya teníamos un amplio inventario de reproches en su contra como funcionario público.
Entre los reproches de naturaleza disciplinaria se cuentan 53 investigaciones, de naturaleza penal poco más de 30, sin incluir una relacionada con presuntos homicidios y acuerdos con   genocidas, y de naturaleza fiscal recordábamos el Auto 000634 de fecha 11 de diciembre de 2009 proferido dentro del proceso fiscal número 214 seguido en su contra, en calidad de rector de la Universidad del Magdalena, y de los señores César Augusto Henríquez Moreno e Isaac Enrique Pertúz Bolaño, hoy Secretario de Planeación Distrital, por la cual se determinó la responsabilidad fiscal de éstos al demostrarse que recibieron menores cantidades de obras de las contratadas con el contrato 0067 del 23 de abril de 2003. (Ver AUTO 000634 11DIC2009: http://sdrv.ms/19daVIv)
En ese inventario de reproches de forma especial los samarios seguimos aterrados el caso que por homicidio instruía, por ese entonces, la Fiscal 12 de DDHH y DIH bajo el radicado 832 en el que se vinculó a Caicedo Omar como presunto co-determinador  junto con alias Jorge 40 de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli.
Aún hoy muchos nos mantenemos sorprendidos que en diciembre de 2011, ya siendo Alcalde electo Caicedo, sospechosamente la ex Fiscal General Viviane Morales dejó sin efectos la orden de captura que en su contra libró la Fiscal 12 de DDHH y DIH y en consecuencia no permitió que el General Mena materializara la misma. Hecho del que luego diera cuenta El Espectador. (Ver http://bit.ly/vGBjNu)  
Claro que Viviane Morales además de suspender la orden de captura también le regaló de navidad a Caicedo Omar un cambio de fiscal y entonces le remitieron el expediente al Fiscal 105 de DDHH y DIH quien a la fecha adelanta la instrucción de esa investigación y luego de año y medio de haberlo indagado no le ha resuelto situación jurídica al hoy alcalde de Santa Marta.
Proceso en el que actúa como parte civil el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocidos y respetados defensores de DDHH en nuestro país. Uribe ha liderado la lucha jurídica para que estos crímenes no queden impune tal y como lo logró frente al crimen del sociólogo Correa de Andréis.
De la sindicación contra Caicedo Omar en diciembre de 2007 dio cuenta el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión, José Nirio Sánchez, al proferir sentencia de primera instancia en contra de Reinaldo de Jesús Torres Forero al determinar con ella que éste fue el autor material del homicidio de Julio Otero Muñoz. Ampliación

viernes, 17 de mayo de 2013

Cartas del lector

                                                                                                           Amigo Bernardo Socha:
Ab. Reinaldo Ramírez
Ahora cuando se debate la reforma de la Ley 100, concuerdo con las apreciaciones, denuncias y lamentos del prestigioso Doctor SALOMON SCHACHTER; sus conceptos y sus análisis son válidos para el modelo de salud implantado en Colombia y los demás países que sufren este flagelo; la salud, vista desde la perspectiva neoliberal, es simple y llanamente un negocio financiero, donde lo que menos importa es la salud.
Este "modelo de salud" impuesto en nuestro país por el capital financiero internacional es un mecanismo perverso para apoderarse de los recursos de la salud e incrementar las ganancias de unos pocos que nada tienen que ver con el ejercicio de la medicina y menos con la salud; el neoliberalismo ha convertido la enfermedad en uno de los negocios más rentables y de paso ha destruido y degradado la reputación de los médicos; el aprendizaje y el ejercicio esta noble e importante profesión son hoy un eslabón más del negocio financiero que pisotea por igual la dignidad de los médicos y los derechos a la vida y al bienestar de los pacientes.
La supuesta universalización de la salud en Colombia y en los demás países donde campea a sus anchas este "modelo" es solo una falacia estadística para justificar de algún modo el traspaso de los recursos públicos y privados de la salud a los monopolios farmacéuticos, a los bancos e inversores y a los demás negociantes que se lucran a destajo con la industrialización del dolor, los traumas y la enfermedad de los pacientes; cómo puede hablarse honestamente de la universalización de la salud en nuestro país cuando los pacientes son víctimas del llamado "paseo de la muerte" y deben recurrir a los jueces para que, mediante tutelas, obliguen a las empresas prestadoras del servicio a efectuar tardíamente un procedimiento quirúrgico o a entregar al paciente una droga fundamental para el tratamiento y curación de sus enfermedades y cuando los medicamentos esenciales tienen precios extravagantes que superan en un ochenta y noventa por ciento el valor de venta al público que  rige en otros países, por ejemplo, para no ir tan lejos, en Venezuela?
Todos los colombianos debemos unir nuestros esfuerzos  para devolverle el derecho a la salud a todos nuestros congéneres y restablecer en la conciencia de los pacientes la dignidad y el respeto que justamente merecen los médicos y los demás profesionales de la salud.
Atento saludo,
Reinaldo Ramírez  

martes, 7 de mayo de 2013

Columna de Opinión

                      Política: confusiones y claridades
                                         Horacio Serpa
Se comenzó a aclarar el panorama con las recientes declaraciones del Procurador Ordóñez Maldonado, quien le dijo a María Isabel Rueda que no será candidato presidencial, al menos en 2.014: “No quiero, no puedo, no debo”. Siguen en la baraja conservadora Martha Lucía Ramírez y José Félix Lafaurie.
Por el Centro democrático dijo su coordinador general, ex viceministro Alejandro Arbeláez, que el candidato no será escogido a dedo y que “la baraja ya se cerró”. O sea, se escogerá entre Trujillo, Zuluaga y Vélez.
Por el otro lado está de por medio la reelección del Presidente Santos, quien en un par de meses se pronunciará al respecto. Pero no hay misterio, pues el propio mandatario, con la propuesta ante los Alcaldes de aumentar el período por solo dos años, destapó las cartas. Será candidato.
El partido de la U se quedó con su fundador y apoyará la reelección, con la oposición de tres o cuatro que tendrán que “aguantarse el varillazo”, pues no pueden cambiar de Partido. Los senadores  Lozano y Vélez,  el representante Gómez y un par más que los acompañan, no irán en listas al Congreso.
Cambio Radical está indisolublemente comprometido con la reelección y mucho se comenta que podría disolverse para conformar un todo con el Partido de la U. Su jefe, Ministro Vargas Lleras, renunciará antes del 24 del presente mes para asumir la jefatura reeleccionista. También para no inhabilitarse, “por si las moscas”.
El partido Liberal ha ofrecido, por boca de su director único Simón Gaviria, toda la solidaridad y apoyo a la reelección de “su jefe natural”. Algunos importantes dirigentes rojos, como  Eduardo Verano de la Rosa, solicitan que previamente haya reglas del juego aprobadas en consulta popular o en una gran convención democrática. 
Se construye una tercera opción con Polo, Verdes, Progresistas y organizaciones políticas y sociales de izquierda democrática. De ella podrían formar parte sectores del liberalismo Socialdemócrata que se sienten desconocidos por las actuales estructuras partidarias.
Y están las huestes de la Marcha Patriótica, a la que se insertarían los sectores sociales y políticos que hoy giran alrededor de las organizaciones insurgentes, si se llega a un acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla. Piedad Córdoba y la fuerza de la “izquierda liberal en marcha”, formarían parte de este movimiento.
Es posible que se presenten más opciones, pues hasta el momento no se ha dicho la última palabra en materia de candidaturas presidenciales. Pero al final, el cuadro no será muy diferente a lo mencionado.
En materia de la política tradicional, las posiciones “son firmes, sobre bases móviles”, como decía el recordado Senador Luis Guillermo Vélez. Mucho va a depender de la alianza Uribe-Pastrana, de lo que vayan informando  las encuestas y de los resultados de las elecciones de Congreso, en marzo del año entrante. También, claro, de cómo se unte la mermelada en la tostada.
Para cualquier análisis, es preciso recordar que en política, lo único cierto es lo que ya pasó.
Bogotá D.C., 8 de Mayo del 2013 – Columna –nuevosiglo

sábado, 4 de mayo de 2013

Se acaba lo poco que le queda a Colombia…

¿Es el congreso de la república el respobnsable?
Por: Bernardo Socha Acosta
Aquí es innegable retomar una parábola y sentencia bíblica sobre la moral que está en entredicho. Luego de escuchar y ver documentos en el noticiero de televisión Noticias Uno, sobre el caso del abogado Alberto Rojas Ríos, (posesionado como magistrado) quien es  acusado de haber recibido la suma de 116 millones de pesos que correspondían a una indemnización de una viuda que él representó,  los colombianos  entramos en pánico.
Con esas acusaciones (leer informaciónde colprensa) nos queda a los colombianos y al mundo entero, el sinsabor y el  más mínimo asomo de confianza en la justicia de nuestro país. Para cualquier ciudadano de bien, desearía que todos esos documentos contra el señor Alberto Rojas Ríos, fueran apócrifos, pero lamentablemente creemos mucho en las investigaciones que un medio como NOTICIAS UNO realiza  frente a hechos anómalos que ocurren en nuestro medio.
Si bien es cierto que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, por ser un derecho fundamental,  tampoco podemos ignorar la máxima que dice, que ‘la prudencia hace verdaderos sabios’; y aquí sería lógico y sensato aplicarla, aplazando la posesión  del señor Rojas Ríos hasta que las investigaciones hubiesen avanzado hasta el punto de reducir las protuberantes dudas que hasta el momento tiene el país sobre esas denuncias.  Y  si el cargo que fuera ocupar el señor Rojas Ríos  no fuera de tanta trascendencia y alta responsabilidad, como quiera que es una Corporación donde se presume la verdad verdadera,  pues vaya y venga que no habría motivo de preocupación entre los ciudadanos de bien que somos la mayoría en Colombia, pero, imagínense, una Corte y en estas condiciones, cuando  las dudas  rodean hasta el más neófito…
Pero, desgraciadamente la conducta y honorabilidad comienza por el Congreso de la república que a pesar de encontrarse el señor Rojas Ríos en entredicho, fue torpe y lo eligió; pero (con todo el respeto) esto no le quita el manto de duda que hay sobre el señor Alberto Rojas, hoy Magistrado de la Corte Constitucional.
Los ciudadanos  se suponían (ver comentarios) que a una Corte que tiene que ver con lo constitucional  llegaban los hombres de la más intachable honestidad y ni siquiera con un asomo de duda.  ¿Con qué confianza para los colombianos y la imagen mundial queda esa alta corporación?
Y tienen razón quienes afirman que desde el Congreso de la república se han generado los grandes males que tiene el país. O, lo dudan, si la imagen del Congreso de la república, avergüenza a muchos, así sea muy respetable para otros. Por eso es que cada vez que hay elecciones la participación ciudadana, es menor, hasta que llegará el punto de una votación en blanco, para mostrar el verdadero rechazo. Habrá algunos congresistas que son excelentes hombres, pero infortunadamente quedan en minoría de quienes no les interesa sino el poder y en dinero, o sino miremos las altas pensiones, frente al hambre de una gran franja de compatriotas.

jueves, 2 de mayo de 2013

La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C
Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.
Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.
Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.
Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.

Comentarios sin fundamento sobre el proceso de paz

                           Hay que acabar con los fantasmas”
Horacio Serpa
La frase no es mía. Se la escuché al representante Iván Cepeda el lunes en Hora 20, de Caracol, referida a la cantidad de comentarios infundados que se vienen haciendo sobre el proceso de paz.
Me parece  apropiada para decir que hay demasiadas exageraciones, mentiras, verdades a medias, desinformaciones y equivocaciones girando alrededor de las conversaciones que se adelantan en La Habana, entre Gobierno y Farc. Se ha dicho que se va a acabar la propiedad privada; que se limitará la libertad de empresa; que la guerrilla quiere imponer un modelo de desarrollo comunista; que el Ejército y la Policía se van a reducir a la tercera parte; que se van a nombrar por decreto 20 Senadores y 40 Representantes a la Cámara. Otros estropicios adicionales se han escuchado, para meter susto, desprestigiar el proceso y destruir esta posibilidad de lograr que después de 49 años de subversión no haya más guerrilla.
Hay que acabar con esos fantasmas. No he escuchado decir que los guerrilleros se van a indultar o a amnistiar. Tampoco que se va a absolver a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mucho menos que se buscan unos acuerdos en los que, de lograrse, los subversivos entren a la legalidad conservando las armas con las que hacen la guerra. Tampoco es verdad que se van a repartir alcaldías y gobernaciones a granel.
Falta mucha confianza con el Presidente Santos y con la comisión  negociadora. Es injusto creer que se chifló el mandatario y que Humberto de la Calle con sus acompañantes estén de rodillas rogándole a la guerrilla el favor de suscribir unos acuerdos, cualesquiera que ellos sean. Es indelicado repetir especulaciones o simples rumores sin primero comprobar los comentarios o las consejas.
Lo peor de seguir llenando el proceso de paz de fantasmas, es que se puede echar a perder una posibilidad sería de conciliación. Se trata es de conseguir que la guerrilla entre al sistema legal. No es que quienes estamos en lo institucional nos metamos al de la guerrilla. Es para que se acaben las muertes que genera la guerra. Se trata es de brindarle a la juventud unos espacios apropiados en los que puedan desarrollar sus invaluables conocimientos. Es para que haya más inversión y se pueda producir y generar riqueza con tranquilidad.
Mucho hay que hacer, con proceso o sin proceso. Respetar los derechos humanos, por ejemplo. Fortalecer la democracia. Expedir el Estatuto de Oposición ordenado por la Constitución. Elaborar el Estatuto del Trabajador, también ordenado desde 1.991. Revisar el modelo económico para superar la ominosa desigualdad que sufrimos. Tener un nuevo sistema de salud. Crear más espacios de participación. Mejorar el ejercicio de la política. Reformar el sistema agrario. Generar ingreso con equidad. Luchar contra la corrupción. No son ni mucho menos consignas revolucionarias. Son necesidades para lograr el bienestar y vivir mejor.
Podemos lograrlo si cada colombiano o colombiana piensan en las ventajas de un país en paz. Pero hagámoslo.  
Bogotá D.C., 30 de Abril del 2013 – columna del NuevoSiglo

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