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domingo, 19 de mayo de 2013

Petición a la fiscalía desde Santa Marta

                                                    Por: Alejandro Arias
                                              E-mail: alejandroarias@dialnet.net
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
SEÑOR FISCAL, LOS SAMARIOS MERECEMOS
La Revista semana concluyó su publicación titulada “Un gobernador de miedo en La Guajira” haciendo la siguiente rogativa: “el gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia”. (Ver http://bit.ly/13b7fqF
Rogativa que hemos elevado los samarios a la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que supimos que Carlos Eduardo Caicedo Omar sería candidato para la Alcaldía de Santa Marta arropado por el aval del Partido Liberal.
Para entonces los samarios ya teníamos un amplio inventario de reproches en su contra como funcionario público.
Entre los reproches de naturaleza disciplinaria se cuentan 53 investigaciones, de naturaleza penal poco más de 30, sin incluir una relacionada con presuntos homicidios y acuerdos con   genocidas, y de naturaleza fiscal recordábamos el Auto 000634 de fecha 11 de diciembre de 2009 proferido dentro del proceso fiscal número 214 seguido en su contra, en calidad de rector de la Universidad del Magdalena, y de los señores César Augusto Henríquez Moreno e Isaac Enrique Pertúz Bolaño, hoy Secretario de Planeación Distrital, por la cual se determinó la responsabilidad fiscal de éstos al demostrarse que recibieron menores cantidades de obras de las contratadas con el contrato 0067 del 23 de abril de 2003. (Ver AUTO 000634 11DIC2009: http://sdrv.ms/19daVIv)
En ese inventario de reproches de forma especial los samarios seguimos aterrados el caso que por homicidio instruía, por ese entonces, la Fiscal 12 de DDHH y DIH bajo el radicado 832 en el que se vinculó a Caicedo Omar como presunto co-determinador  junto con alias Jorge 40 de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli.
Aún hoy muchos nos mantenemos sorprendidos que en diciembre de 2011, ya siendo Alcalde electo Caicedo, sospechosamente la ex Fiscal General Viviane Morales dejó sin efectos la orden de captura que en su contra libró la Fiscal 12 de DDHH y DIH y en consecuencia no permitió que el General Mena materializara la misma. Hecho del que luego diera cuenta El Espectador. (Ver http://bit.ly/vGBjNu)  
Claro que Viviane Morales además de suspender la orden de captura también le regaló de navidad a Caicedo Omar un cambio de fiscal y entonces le remitieron el expediente al Fiscal 105 de DDHH y DIH quien a la fecha adelanta la instrucción de esa investigación y luego de año y medio de haberlo indagado no le ha resuelto situación jurídica al hoy alcalde de Santa Marta.
Proceso en el que actúa como parte civil el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocidos y respetados defensores de DDHH en nuestro país. Uribe ha liderado la lucha jurídica para que estos crímenes no queden impune tal y como lo logró frente al crimen del sociólogo Correa de Andréis.
De la sindicación contra Caicedo Omar en diciembre de 2007 dio cuenta el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión, José Nirio Sánchez, al proferir sentencia de primera instancia en contra de Reinaldo de Jesús Torres Forero al determinar con ella que éste fue el autor material del homicidio de Julio Otero Muñoz. Ampliación

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