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martes, 16 de julio de 2013

¿Licencias de conducción, o tortura y sometimiento?

                                         Por: Bernardo Socha Acosta
Cuando vemos las interminables colas, la serie de trámites y los abusos de especulación para efectos de renovar la licencia de conducción, nos da la impresión de que al estado colombiano (ciertos despachos como el Ministerio del Transporte) goza viendo el sufrimiento del pueblo.
Nadie puede pensar lo contrario, pues lo lamentable es que esas normas las aprueba una rama del poder público que se llama Congreso de la república, organismo que supuestamente representa a los colombianos.
Para nadie es ajeno pensar que si el gobierno nacional se inventa estos trámites, es el mismo estado el que debe financiar los costos de este documento que le está saliendo a los ciudadanos un gasto  imprevisto que solo está beneficiando  las arcas oficiales y el bolsillo de los especuladores de los exámenes. Esta disposición está basada, entre ellas en las Leyes 769 de 2002 y 1383 de 2010, lo que indica que los señores padres de la patria no pueden decir que nada tienen que ver con  lo que muchos han denominado el ‘regalo’ del año del gobierno.
Es claro y repito, que si el gobierno se inventa cambios en los documentos de los ciudadanos, pues el estado debe asumir los costos o al menos parte de ellos, pero no sacrificar el escaso presupuesto de los colombianos en un documento que para muchos es la fuente del sustento de la familia.   
El gobierno debería pensar que para una persona que devenga el salario mínimo y en estos momentos debe destinar un promedio de $150.000, si no es más, es un asalto a su escaso presupuesto.  Algunos  de la burocracia dirán que el valor de la licencia, no son sino $38.000, pero no prevén que los especuladores están haciendo su agosto con los exámenes, lo cual encarece el documento  tres o cuatro veces más y eso es responsabilidad del gobierno; o es que estas cosas son para facilitarle a los especuladores quitarle de frente lo que corresponde al pan de la familia.
En una palabra, el  Ministerio del Transporte  improvisó y ésta falta de planeación no la están pagando sino esos colombianos a los que está sometiendo, no solo a la tortura de hacer colas por un día infructuosamente,  sino quitarle el pan a sus hijos  para dárselo al sistema de gobierno que en ese caso debiera haber sufragado una parte de los costos y facilitar la realización del trámite.
Ahora falta que terminen los 3 meses de plazo para comenzar a poner los costosos  comparendos  y ahondar aún más el desespero, la zozobra, la ira, la angustia y el asalto del bolsillo de los  sufridos ciudadanos.
Y decimos que hay improvisación del Ministerio del Transporte, pues de lo contrario las dependencias que realizan los trámites y el suministro de la información al Registro único Nacional de Tránsito, llamado RUNT, no se vieran congestionadas, que como resultado, es  someter a las prolongadas demoras a quienes por infortunio del destino y disposición del estado, tienen que realizar esa gestión.
Ojala que hubiera al menos un congresista que intentara, al menos llevar al Ministro de esa cartera para que responda por qué no se hacen las cosas bien. Todo está mal y por eso el ánimo y la indignación de los colombianos es cada día peor. 
Es lamentable que cuando el presidente Santos quiere mejorar las cosas con lo dispuesto en la norma antitrámites, otras dependencias del Estado que solo piensan en agrandar las arcas, compliquen más las cosas con estas disposiciones que muchos han calificado como un atropello. En resumen, se borra con el codo lo que se hace con la mano...

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