La proximidad de las elecciones de octubre desencadenó la sucesión de hechos políticos que aún no han sido analizados en las dimensiones que corresponden, a pesar de sus consecuencias sobre el escenario del próximo certamen electoral. El tímido cuestionamiento de los partidos, distintos al Pacto histórico, a las diferentes reformas que se propone el gobierno, desató la ira del “mesías” del palacio de Nariño, que prefirió hacer trizas la coalición de gobierno y conformar un gabinete de estricta obediencia ideológica que garantice el veloz transito al modelo económico, social y cultural del progresismo socialista.
Constreñido a acudir al Congreso para la aprobación de las reformas y del plan de desarrollo, apostando a que apetitos inconfesables determinarán la desobediencia de cualquiera disciplina, procura ese entreguismo que se empieza a notar en los ánimos de rebelión en las distintas bancadas, suscitado por el abierto menudeo con cada congresista para garantizar la veloz aprobación de su agenda legislativa.
El momentáneo traspié sufrido con la reforma a la salud y las fundadas observaciones a los textos de las reformas pensional y laboral, serán prontamente superados con la aprobación de la mayoría de las facultades extraordinarias contempladas en el proyecto de Plan de Desarrollo, que amenazan los cimientos de la institucionalidad democrática. Se esmeró el gobierno de introducir en este plan normas que revivirán las cuestionadas en los proyectos de reforma, además de asegurar las estrategias y los instrumentos para su aprobación.
No son de poca monta algunos de los artículos del plan de desarrollo. Se insiste en la eliminación del aseguramiento por las EPS para culminar la estatización del sistema de salud y garantizar las debacles que ella suscitará. El art 8º revive las conclusiones de la “comisión de la verdad” para cada entidad del estado concernida, como si ellas no fueran solo la verdad de un sector minoritario e ideologizado de la sociedad colombiana, e imposición de una versión sesgada de nuestra historia. No extraña entonces que se proponga desplazar a la Fuerza Pública de sus funciones constitucionales para atribuírselas en los territorios a las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, “como mecanismos autónomos de convivencia, protección y cuidado”, cuyas complicidades con las disidencias de las FARC se evidenciaron en el secuestro y muerte de policías en la toma de instalaciones petroleras en San Vicente del Caguán y en la manifestación pública en el Yarí de “Ivan Mordisco”. Ello explica su presencia amenazante en las escalinatas del Congreso, armados de machetes, mientras se apruebe el plan de desarrollo, con la complacencia manifiesta de congresistas del pacto histórico. Si a ello se suma autorizar la expropiación “express”, y la entrega de la contratación sin controles a las entidades llamadas “de economía popular”, se estaría favoreciendo un escenario electoral amenazante y con financiación ilegal, conveniente para un gobierno en pérdida de respaldo popular.
La expulsión del conservatismo, el liberalismo y la U de la coalición de gobierno suscitó cierto alivio, que se ha ido disipando en el trámite de las reformas y del plan de desarrollo. De su conducta dependen su existencia, pero también el futuro de Colombia.
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