Propuesta Conpes para asegurar recursos

Mininterior e indígenas, si es posible

Por: Alejandro Arias  
Correo: alejandroarias@dialnet.net.co

Pasado un mes luego de la respuesta que publicáramos de Gloria Amparo Rodríguez a la columnista del periódico El Tiempo María Isabel Rueda me di a la tarea de averiguar qué avances se han dado en la relación Gobierno Nacional,  indígenas y minorías atendiendo, a mi juicio, las más relevantes complejidades de esa relación según la respuesta de Rodríguez.

Precisó en su oportunidad  Gloria Amparo que “efectivamente se presentan obstáculos con la consulta previa, los cuales nos convocan a todos (sector institucional, grupos étnicos y a la sociedad en general) a superarlos en el marco de un Estado que según la Constitución, debe caracterizarse por ser democrático, participativo y pluralista”.

Hoy el Gobierno Nacional y delegados de los pueblos indígenas de Colombia han acordado una hoja de ruta que culminaría – en julio de este año – en una propuesta de documento Conpes que aprueba y articula la política pública integral para estas comunidades.

El Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, afirmó que “el objetivo es que en el mes de julio haya una propuesta conjunta, una propuesta Conpes para que los recursos se puedan asegurar en el plan de inversión del próximo año”.

Por su parte, el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, señaló que: “uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo es desarrollar una política pública construida participativamente con las comunidades indígenas. Luego de recibir propuestas de los delegados, y al cabo de varios espacios autónomos de decisión, elaboramos un cronograma que contiene todo el proceso de construcción colectiva y socialización de esta política intersectorial”.

La Mesa Permanente de Concertación determinó que durante éste y el próximo  mes las autoridades indígenas liderarán un proceso autónomo en las regiones para articular contenidos a partir de las experiencias y propuestas que tienen la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Confederación Indígena Tayrona, entre otras.

Por otra parte, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, se reunieron con líderes de los pueblos indígenas de Wiwa, Arhuaco, Kogi y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta; reiterando el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas.

Durante este encuentro se acordó conformar una Mesa Intersectorial que liderará el Ministerio del Interior la cual se encargará de hacer seguimiento a los temas que el Gobierno Nacional trabaje con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otro de los temas tratados en esta reunión fue el de Consulta Previa. Frente a este punto, precisamente el Gobernador Kankuamo, Jaime Arias, solicitó que se aclare que no son las comunidades indígenas las que tienen detenidos los procesos de consulta previa sobre algunas leyes y pidió que se realice un protocolo para esta mecánica.

Por su parte el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, resaltó que desde ya se va a empezar a trabajar en la reglamentación de la Consulta Previa, la cual se realizará con las propias comunidades y va ser uno de los temas que se incluirá en la Mesa Intersectorial.

Una de las preocupaciones sentidas de Gloria Amparo Rodríguez fue la de establecer el momento clave para saber cuál es la forma más idónea para garantizar el derecho a la consulta previa en medidas legislativas, entre otras.

En su oportunidad Rodríguez precisó que era “importante tener claro entonces, cuáles son las normas que deben consultarse ya que existe gran incertidumbre al respecto. Así las cosas, es posible también que exista seguridad jurídica en la garantía de los derechos de estos pueblos y por eso el Tribunal Constitucional ha instado al Congreso y al Gobierno para adoptar una reglamentación sobre la forma y el procedimiento para realizar la consulta”.

Al indagar sobre esta inquietud el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, expuso que la intención del Gobierno Nacional es construir conjuntamente con las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas y palenqueras y ROM protocolos para seguir profundizando y materializando el derecho fundamental a la Consulta Previa. “La idea es que se establezca de manera conjunta reglas claras en aspectos aun no reglamentados para que con esto se logre avanzar en los procesos de consulta sin que se vulnere el derecho que le asiste a las comunidades” acotó.

Si bien hay mucho trecho por recorrer, comparto el alcance de las palabras del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, en Valledupar con ocasión de la presentación del informe de gestión 2012: se notan los cambios, se pueden palpar favorables avances.

Abismo insondable

                                              Por Gerardo Delgado Silva 

No hay dignidad más grande que la que ostentan quienes administran justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley.

Por ello, la Constitución exige a quienes confían el poder de administrar justicia, que cumplan los sobresalientes requisitos de su cargo.

Pero la preservación de la dignidad de los jueces depende de los propios jueces.  A los jueces les está vedado deslucir la toga, en privado y en público.  El juez debe tener una pasión profunda por colocar la Administración de Justicia en el decoroso nivel que le corresponde, para que haya confianza en sus mandatos y seguridad en sus decisiones.

Llevar un noble mensaje portador de excelsos ideales, sin conspirar contra la institución al olvidarse de los reales destinos ejerciendo ese  “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti.

Lo relatado por Daniel Coronel, tan connotado periodista, en la revista Semana, acerca del comportamiento del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Castro Caballero, “antiguo abogado de Víctor Carranza”, jefe paramilitar al parecer involucrado en la tenebrosa masacre de Mapiripan es una capitulación de sus deberes, de los grandes principios morales, que la Corte Suprema, fervorosamente ha sido guardián insomne, intrépida defensora del derecho en todos los aspectos de nuestra vida Repúblicana.  Difícil entender semejante acontecer, en la Corte Suprema, que ha gozado de merecido prestigio nacional e internacional y que ha sido, repito, máximo guardián.

No había habido en la historia de Colombia fenómeno igual, o siquiera parecido al denunciado por el valeroso Daniel Coronel.  Pero cuando los pueblos caen en los abismos de desfase ético como acontece ahora en Colombia, es fácil explicar la burla de nuestros estatutos jurídicos, sin que haya clara conciencia  de que cuanto se comete con prescindencia de elementales nociones éticas, no sólo se contraría el imperio de la ley, si no que se socavan los fundamentos mismos de la República.  Pero, ¿Cómo puede admitirse que autoridades de tan severas funciones puedan atender adecuadamente su misión, cuando ellas mismas incurren en descaradas alteraciones de todo aquello que regula el ejercicio del poder?. ¿No son los jueces y magistrados las autoridades erigidas, precisamente, para defender y sostener el orden jurídico?.

Los jueces fueron de antiguo los mas sobresalientes conductores de la comunidad y a ellos ha vueltos siempre la mirada la sociedad, cada vez que se desquician las reglas de convivencia.

Lo que acaba de suceder en la corte, al parecer, con pruebas concretas, según el artículo de Daniel Coronel, va más allá de la simple desfachatez personal del magistrado, para comprometer a la  institución que de verdad siempre ha querido soberanamente hacer patria.

¿Cómo puede aceptarse, que el Señor Magistrado, habiendo sido apoderado de Carranza, sea ahora el ponente en el proceso de Casación en el aterrador genocidio de Mapiripan, donde mostró también su vileza el señor Carranza?.

En puridad de verdad, cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado nadie puede ser ligero, ni ingrávido, en el sentido moral del vocablo. 

Los gobiernos quieren revolucionar, transformar la justicia en algunos de sus aspectos, sin mirar el origen, desarrollo y consecuencias de sus principales problemas, creyendo de modo equivocado que los males que la afectan radican mucho mas en el espíritu y letra de las normas que regulan su funcionamiento, que en la formación, calidad profesional y condiciones éticas de quienes la administran en los diferentes niveles de su conformación general.

Y así la crisis sigue creciendo, ensanchándose, derrumbando la escasa fe que aún queda en la administración de justicia.

Ante situación tal de magistrado, solo queda pedirle que cumpliendo con las leyes de procedimiento, que regulan la legalidad de los juicios imponiendo garantías de imparcialidad, manifieste el impedimento para intervenir en el examen del proceso de casación por la masacre de Mapiripan, dado el carácter que tuvo de apoderado de Víctor Carranza al tenor el artículo de Semana.  El Señor Carranza prohijó esa siniestra política paramilitar de crímenes de lesa humanidad, contra mucha gente campesina, acusándola de ser “auxiliadores” de la guerrilla, con justificaciones de su comportamiento como abanderados políticos de la extrema derecha.

Paradójicamente conocida hoy, bajo el ropaje de “Centro Democrático”. Un movimiento para simular el agazapado fascismo del señor Uribe y otros, entre ellos el señor José Obdulio Gaviria allegado y primo del señor Pablo Escobar Gaviria, el más grande capo del narcoterrorismo. 

Cualquier colombiano lo sabe: La turbulencia y vejámenes del anterior gobierno, contra la Corte Suprema de Justicia, por su labor de sanidad espiritual al ponerle un valladar infranqueable a la marcha ominosa de los delincuentes parapolíticos.  Lo que importa es cuanto representa y significa la justicia en la vida social de la nación, al ordenar el sistema jurídico para hacer posibles la convivencia y la paz.

De sus decisiones depende el desarrollo del Estado de Derecho, la esencia misma de la democracia.

Tan desalmada fue la masacre de Mapiripan, que la justicia penal militar condeno al General Jaime Alberto Uscátegui, por su deplorable omisión – a pesar de estar advertido de la presencia de los criminales – y no impedir la tragedia.

Por ello, Organizaciones de Derechos Humanos han señalado con preocupación una suerte de división tácita de tareas: los militares haciendo la parte “limpia” y los “paras” la sucia en una misma guerra en la que ambos serían aliados de hecho contra un enemigo común.

Desde el Tribunal Internacional de Nuremberg, crímenes como los de Mapiripan fueron señalados como crímenes contra la humanidad y la paz, que no podían quedar impunes, sin importar donde y por quienes se hubieran cometido.  El Señor Magistrado no puede olvidar que es depositario de un solemne mandato de luchar por el imperio de la ley y la dignidad de la justicia.  Por tanto, no puede desdeñarla.  Por favor, como ciudadano le ruego se declare impedido para bien de Colombia. 

                                                                                              Articulo para www.bersoahoy.com

La prestación del servicio público

Magdalena: Concurso en salud, una vagabundería

Por: Alejandro Arias

¿Qué Tienen en común los ex Gobernadores Trino Luna Correa y Omar Diazgranados Velásquez con el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar? Un nombre en particular, el del doctor Jairo Enrique Romo Ortiz.

El artículo 125 de la Constitución elevó a rango constitucional el mérito como principio rector del acceso a la función pública.

Primero para asegurar el cumplimiento de los fines estatales de manera eficiente y eficaz, al lograr con ello la prestación del servicio público por personas calificadas. Segundo porque el mérito como criterio rector del acceso a la función pública garantiza el derecho de las personas a elegir y ser elegido, así como el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y tercero porque la selección con fundamento en el mérito promueve la igualdad de trato y de oportunidades, permitiendo que cualquier persona calificada para el cargo pueda participar en el respectivo concurso.

No obstante que desde 1993 están instituidos los concursos de mérito en el sector salud, con la entrada en vigencia de la Ley 100, en el Magdalena solo hasta el año 2004 se abrió el primero con el objeto de proveer cargos de gerentes a la red hospitalaria del departamento.

Proceso de selección en el que el doctor Jairo Romo ocupó el primer lugar en el concurso que proveía de gerente al Hospital San Rafael de Fundación. Cargo que, a pesar de haber sacado la mayor puntuación, no ocupó porque el Gobernador de la época, Trino Luna Correa, no lo escogió de entre la terna de elegibles.

En el año 2008, siendo gobernador Omar Diazgranados Velásquez, el Departamento abrió concursos para proveer cargos de gerentes a los hospitales departamentales. Jairo Romo también participó e igualmente ocupó el primer. En esta oportunidad para gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, hoy Universitario Troconis, de Santa Marta cargo al que tampoco se pudo posesionar.

Una acción popular interpuesta por María Elena Jiménez en contra de la Universidad Sergio Arboleda y el Gobernador de Magdalena para que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público fue la excusa.

El calvario judicial empezó el 6 de noviembre de 2008 cuando el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta admitió la demanda. Admisión de la que se solicitó su anulación; anulación que el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió mediante auto de 11 de mayo de 2010 (dos años después) y fue ahí cuando apenas se dio inició de verdad verdad a dicho proceso. Acción Popular que de acuerdo con la ley 472 de 1998 no debería demorar más de 40 días incluida la segunda instancia.

Siendo Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, el 6 de marzo de 2012 la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Prospero Reverend, de la que también es Presidente, invitó a conformar la terna de elegibles del cargo de gerente de esa entidad. Concurso del cual ocupó el primer puesto Jairo Romo Ortiz. hecho que quedó consolidado el 21 de abril de este año cuando se hicieron las respectivas publicaciones.

Pero dos sentencias de tutela (Ver SEGUNDO FALLO: http://sdrv.ms/PTPkKE) y sendos pronunciamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil no han sido suficientes para que el Alcalde de Santa Marta honre el bendito concurso y dé legal posesión en el cargo a Romo Ortiz. Muy a pesar que así se comprometió en declaraciones que diera Caicedo Omar a la SillaVacía.com.

Publicó el pasado 3 de julio la SillaVacía.com que “El Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, ya accedió a posesionar al gerente de la ESE Alejandro Próspero porque éste ganó una tutela que interpuso. Sin embargo, Caicedo señala que en el proceso hubo eventualidades que cambiaron las reglas de juego estipuladas, motivo por el cual intentó detener el concurso”. (Ver http://bit.ly/LUwp79)

Pero ahora de debajo de la cama resultó un tercer fallo de tutela, de cuya existencia ya se escuchaban rumores que anunciaban que el concurso completo se tumbaría. runrunes que dejaron de serlo con el fallo de tutela proferido por el juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento  y Depuración de Santa Marta fechado 1 de agosto de 2012 con el cual se tumbó todo el proceso de selección, desde la convocatoria misma, amparando supuestos derechos de un ciudadano que alegó no le permitieron inscribir su nombre en el concurso. (Ver ULTIMA TUTELA: http://sdrv.ms/OSokQy) Fallo del que ya se enuncian particulares circunstancias.

Primero, se señala que el juez no aplicó, para efectos de este fallo, el principio de inmediatez púes pasados 5 meses desde la apertura de dicho concurso sólo hasta ahora el tutelante se acordó de reclamar.

El segundo aspecto se centra en el hecho de que al generar efectos este fallo sobre intereses de terceros, como la Universidad que adelantó el concurso y Jairo Romo quien vería afectados los derechos adquiridos, llama la atención que a los mismos no se les hubiere vinculado al particular proceso garantizándoles así el derecho a la defensa.

Ejemplos como estos son los que han permitido titulares como el publicado por el periódico El Tiempo el pasado 3 de mayo: “Once hospitales del Magdalena no tienen gerentes en propiedad” (Ver http://bit.ly/RAxkGM) 

Y mientras estas argucias jurídicas se hacen recurrentes son más los pobres de los municipios del Magdalena y Santa Marta muriendo en las puertas de los Hospitales suplicando les garanticen el más elemental de sus derechos: la vida.

Voces como la de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República son mudas mientras que en el Magdalena los concursos de meritos, en el sector salud, no pasan de ser una vagabundería. 
alejandroarias@dialnet.net.co

Momento de gloria y de esperanzas

¿NUEVA CONSTITUCION CON REELECCION INDEFINIDA?

Horacio Serpa (Columna semanal NuevoSiglo)

Hoy hace 21 años promulgamos una nueva Constitución Política, al término de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un momento de gloria y de muchas esperanzas para el País. Nunca antes funcionó una Corporación de esa naturaleza elegida popularmente, ni nunca fue posible consolidar un constitucionalismo tan democrático, tan de la gente, apoyado en la soberanía popular y sentidamente comprometido con la noción de Estado Social de Derecho.

Más de cuatro lustros no han alcanzado para poner en vigencia todas sus cláusulas. Al contrario. En el Congreso de la República, muchas veces bajo la inspiración de los gobiernos de turno, se la ha reformado sin necesidad y sin misericordia. No obstante, se mantiene su filosofía, gracias a la cual el País ha podido soportar estos 21 años de sobresaltos. Muchos critican a la Constitución de 1991; pocos se han puesto a pensar lo que hubiera sido de la democracia y de la vida y suerte de muchos, si se hubiera seguido gobernando al son de las normas contenidas en la Constitución de 1886.

Imagínense: Estado de Sitio permanente; Consejos Verbales de Guerra para los civiles; detenciones administrativas; Gobernadores y Alcaldes nombrados por el gobierno nacional; Cooptación en Corte y Consejo de Estado; Inmunidad Parlamentaria; Banco de la República dependiente de la Presidencia; sin Planeación; sin Tutela; sin Justicia independiente; sin Acciones Populares; sin Corte Constitucional; sin Fiscalía; sin Defensor del Pueblo; sin regulaciones para los servicios públicos; con una Procuraduría subalterna del gobierno; sin libertad religiosa; sin definiciones sobre igualdad étnica y de género; con censura de prensa; con solo dos Partidos políticos, en fin, algo realmente distinto a lo de ahora.

Pues esta democracia, los derechos ciudadanos, la justicia independiente, no les gustan a algunos que han comenzado a promover otra Constituyente para que expida una nueva Constitución. Añoran el conservadurismo de Caro y la volteada de Nuñez. Quieren un régimen autoritario con facultades extraordinarias al Ejecutivo para poder mandar sin talanqueras, instituir un sistema rígidamente policivo, tal vez instaurar la pena de muerte, controlar las noticias, declarar la guerra a los vecinos que no comulguen con sus ideas; privilegiar una sola opción partidista y colocar a los Jueces a sus omnipotentes órdenes. Ah…., también instituir la reelección presidencial indefinida.

Este clamor coincide con la creación de una organización contra el terrorismo, como si en el País no hubiere autoridad y fuera cierto que se le ha dado vía libre a la delincuencia en sus distintas modalidades. ¿Acabar el terrorismo con terrorismo? Esta y la anterior son acciones de alto contenido político partidista, con dimensión electoral, absolutamente sincronizadas.

Lo que debemos hacer los colombianos es apoyar la Constitución y conformar un gran Frente de Defensa de la Democracia, para que se respete la vida, se reconozcan los derechos ciudadanos, no vuelvan ni las chuzadas ni los falsos positivos, funcione la libertad de prensa y seamos respetados a nivel internacional. Como están las cosas, no es mucho pedir.

Bogotà D.C., 3 de Julio del 2012

Mutilación de la Constitución

Adiós al Estado Social de Derecho

José Gregorio Hernández

LA PATRIA, Manizales

2011-08-30

Reenviada por Rosario Patiño

Que no se diga después que no lo advertimos: la Constitución Política de 1991, a sus veinte años de vigencia, sufre una mutación fundamental. Tan fundamental que, a partir de ahora, estamos en presencia de otra Constitución. Una muy distinta de la aprobada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.
En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.
Ha sido aprobado y está a punto de entrar en vigencia el Acto Legislativo que condiciona la aplicación y efectividad de los derechos "garantizados" y "asegurados" en la Constitución a la denominada “sostenibilidad fiscal”, un concepto maleable y manipulable que se usará siempre como argumento para negar a los ciudadanos las prestaciones inherentes al Estado Social de Derecho, que hoy pueden reclamar ante los jueces cuando se las niegan la administración o los particulares.
Desde ahora, puesto que el Acto Legislativo es de vigencia inmediata -entrará a regir el día en que sea promulgado en el Diario Oficial-, los colombianos hemos de acostumbrarnos a una Constitución que proclamará los derechos en la teoría pero que los hará nugatorios por anticipado, restringiendo al mínimo -o a la nada- las posibilidades de reclamo.
No se extrañe, amable lector, de la respuesta que le darán cuando reclame uno de sus derechos: "Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata".
Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.
Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante "durmiendo con el enemigo". Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.
Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales.
Parodiando a Núñez en 1885, los nostálgicos de la Constitución de 1886 ya pueden decir ahora, satisfechos: "La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho que ella consagró han dejado de existir. Que en paz descansen".     

"La cara oculta de la Constitución del 91”

Miércoles, 15 de junio de 2011

--------------------------------Por Horacio Serpa

En las últimas semanas han sido diferentes las celebraciones por los 20 años de la Constitución Nacional. Talleres, foros, análisis, artículos de prensa, entrevistas, debates, para referirse al acontecimiento político más importante del siglo XX: la Constituyente de 1991 que expidió la Carta Fundamental que nos rige.

OSCAR ALARCON, abogado, costeño, periodista, humorista, escritor, ser humano sin par, personaje a todo dar, hizo un aporte enorme a los análisis que hoy se adelantan publicando un libro de gran valor histórico, político y jurídico, “La cara oculta de la Constitución del 91”, con el propósito de “mostrar los hechos que condujeron a la Constituyente de 1.991 y revelar los motivos que llevaron a crear algunas instituciones que hoy rigen en la nueva Constitución, muchas de las cuales todavía algunos cuestionan y otros no se cansan de elogiar”.

De entrada ALARCON recuerda como estuvo conformada la Gran Asamblea, de la cual, por su heterogénea composición, poco se esperaba en materia de coherencia y de acuerdos esenciales: “Por primera vez en nuestra historia constitucional hubo una asamblea heterogénea que resultaba una fotografía del país. Había un ex presidente, Misael Pastrana Borrero; dirigentes liberales, como Horacio Serpa; conservadores, como Alvaro Gómez; hijos de ex presidentes, como Carlos Lleras de la Fuente, Mariano Ospina Hernández y el mismo Gómez; ex cancilleres y ex ministros, ex embajadores, ex guerrilleros, sindicalistas, periodistas, poetas, futbolistas, indígenas, mujeres… En fin, todo el país, con sus virtudes y sus defectos.”

La Obra abunda en comentarios, explicaciones, antecedentes y análisis sobre los temas sobresalientes debatidos en aquel momento crucial de la vida colombiana: el secuestro del doctor Alvaro Gómez, la cruda violencia de la época y el asesinato de los líderes políticos, los gobiernos de Barco y Gaviria, la operación avispa de los liberales, la presidencia tripartita, el Banco de la República, la Defensoría del Pueblo, los departamentos, la sanción de la Constitución sobre unas hojas en blanco, incluyendo las agudas observaciones que se hicieron sobre el matrimonio, la Iglesia y el mismísimo Dios.

De notable recordación son los capítulos sobre la revocatoria del Congreso y la eliminación de la reelección presidencial, institución sobre la cual ALARCON recordó importantes pasajes históricos: “La reelección presidencial es un tema que se debate no solo en Colombia sino también en otros países del mundo. Los mexicanos, por ejemplo, tienen malas experiencias de las reelecciones, después de los casos de Montezuma y de Porfirio Díaz, y tanto, que la revolución de 1910 se hizo contra esa nefasta práctica que tuvo a Díaz, por más de treinta años en el gobierno. Acuñaron una frase que aun repite en documentos oficiales: “Sufragio efectivo, no reelección”. Los franceses también tienen ejemplos nefastos. La prestigiosa revista Le Nouvel Observateur cuando Valery Giscard d’Estaing aspiraba a repetir publicó una ilustrada crónica con el título “La maldición de las reelecciones” y luego, en letras grandes, destacadas, se leía : “Desde Adolfo Thiers hasta Valery Giscard d’Estaing han pasado 19 mandatarios por la jefatura del Estado. Tres de ellos fueron reelectos, para su desgracia…”.

El libro de OSCAR ALARCON es una valiosa contribución al conocimiento de la historia del constitucionalismo universal y nacional, y ofrece visiones desconocidas por muchos colombianos sobre aspectos, episodios, vivencias y controversias de las que se dieron durante las sesiones de la Constituyente, por lo que resulta de un gran interés. Recomiendo su lectura, que es fácil, instructiva y amena a lo largo de todas sus páginas.