Mostrando las entradas con la etiqueta FALLO. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta FALLO. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Y... la pérdida de 75 mil kilómetros...

¿Apenas comienzan los pleitos?
Horacio Serpa                       
Han sido nueve días de indignación, opiniones diferentes, controversias, debates sobre el fallo y denuncias contra la comisión que representó los intereses de Colombia. También contra los gobiernos que actuaron a lo largo de los once años que duró el proceso. En el Congreso hablaron de declarar traidores a la patria a los funcionarios que resulten responsables de la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el Caribe.
La verdad es que si llegaren a deducirse responsabilidades políticas y gubernamentales, los únicos que no tendrían “velas en ese entierro” serían el actual Presidente de la República y su Canciller. Solo les tocó mirar las últimas actuaciones del equipo de defensa, conformado diez años antes, y conocer el fallo de la Corte Internacional. Los dos gobiernos anteriores nombraron a los delegados colombianos que representaron a Colombia, contrataron asesores internacionales, asumieron la competencia de la Corte, presentaron excepciones, aceptaron que se descartara el meridiano 82 como frontera, presentaron pruebas, alegaron, en fin, corrieron con la responsabilidad de atender el pleito.
El buen juicio indica que a este respecto no deben asumirse actitudes precipitadas. Ni que se hagan linchamientos morales, políticos o éticos, sin conocer a ciencia cierta todo lo que pasó y por qué pasó. Por fortuna el gobierno informó que ya cuenta con un comité asesor diferente para emprender las tareas que corresponden a buscar las aclaraciones necesarias, pedir revisión en lo que sea dable y denunciar ante las Naciones Unidas los desconocimientos y atropellos que se han advertido. Es lo que se pretende hacer, según informaciones públicas.
Entre acatar el fallo y rechazar la sentencia, ha surgido una tesis muy importante que debe estudiarse. No es posible  reconocer ni aceptar ni acatar un fallo que no se puede ejecutar. Opinión del exministro Jaime Pinzón, en Ola Política.
Varias razones se han expuesto para sustentar el planteamiento: con base en el meridiano 82 como línea de frontera, Colombia suscribió tratados limítrofes vigentes con Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá. Si se acata el fallo se desbarata la geografía del Caribe y se desconocen olímpicamente los derechos de seis naciones.
Nicaragua no debiera precipitarse a ejercer vigilancia sobre los 75.000 kilómetros cuadrados a que se refiere la sentencia de La Haya, hasta que no se resuelvan los recursos y denuncios de Colombia y se sepa si la providencia es ejecutable. Todo indica que no lo es.
Como han dicho que Nicaragua reclamará más áreas marinas y que sus propósitos contra Colombia no cesarán hasta no quedarse con el Archipiélago, hay que estar atentos a los movimientos que se den en la República centroamericana. Por cierto, ya vienen sus barcos y se van a encontrar con los colombianos.
La situación  no es fácil. Todo menos la guerra, que es improbable. Entonces, tocará seguir pleiteando. Ojalá que para enfrentarlos, los nuevos defensores de nuestros derechos examinen a fondo de que se trata y nos eviten nuevos dolores de cabeza.
Bogotá D.C., 27 de Noviembre, 2012
NuevoSiglo

domingo, 4 de marzo de 2012

MAGDALENA: DEL TIMBO AL TAMBO

Por: Alejandro Arias
Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes
Gobernador

El pasado 2 de marzo El heraldo publicó un comunicado de prensa emitido por la Gobernación del Magdalena bajo el titular Gobernador del Magdalena respeta fallo de tutela que lo suspende, pero no lo comparte.
Con el comunicado de prensa se hizo la siguiente precisión: ´El señor gobernador no ha sido vinculado en la acción de tutela como sujeto procesal o tercero afectado, por consiguiente no ha podido ejercer su derecho de defensa como ciudadano y es por ello que le han sido vulnerados derechos fundamentales que se garantizan en la Constitución Política´, precisa el documento. (http://bit.ly/xwfZu0)
Versión ésta que fue ratificada por el Vice Ministro del Interior, Luis Felipe Henao, en declaraciones que éste ofreció y dadas a conocer con el Boletín de Prensa 116 de la Gobernación del Magdalena bajo el título Viceministro del Interior respalda al gobernador y clarifica la posición del gobierno nacional rectificando técnicamente la postura del Ministro Vargas Lleras (Ver adjunto BOLETIN 116 -  VICEMINISTRO DEL INTERIOR: http://sdrv.ms/yef3X1)
No obstante la realidad procesal del expediente de tutela demuestra que la tal vulneración no existió.
Quienes leímos la sentencia pudimos percatarnos que en la página 21 del fallo de tutela el Juez Constitucional dejó constancia de la vinculación, al proceso, del Gobernador. (Ver adjunto PAG 1, 21, 22 Y 27 FALLO DE TUTELA: http://sdrv.ms/zR5li2) Vinculación que se materializó con el oficio N.° 0060 JEPMS dirigido al Gobernador del Departamento del Magdalena con el cual se le dio traslado de la demanda el día 25 de enero de 2012. (Ver adjunto NOTIFICACION DE LA DEMANDA DE TUTELA: http://sdrv.ms/wuC7kq
Otra cosa es que habiendo sido notificado y vinculado el Gobernador se hubiere decidido responder la tutela a nombre del ente Departamental que no era lo mismo. Así consta en el oficio radicado el 27 de enero de 2012, suscrito por el abogado Hispano Oliveros Conrado, quien precisó actuar en su condición de apoderado del Departamento del Magdalena. (Ver adjunto RESPUESTA DEL GOB A LA TUTELA: http://sdrv.ms/yamBDE) Es decir, el Gobernador renunció a defender sus derechos en el trámite de tutela y puso a responder a la Gobernación que nada tenía que ver con ese proceso.
Y finalmente el juzgado, con oficio N.° 803 JEPMS  de fecha 7 de febrero de 2012 dirigido al Gobernador del Departamento del Magdalena, le notificó la sentencia de tutela proferida. (Ver adjunto NOTIFICACION DEL FALLO DE TUTELA: http://sdrv.ms/zcfmoT) 
El comunicado de prensa, redactado en tercera persona, deja en evidencia que no fue escrito por el Gobernador pero ¿fue hecho a sus espaldas? ¿No estaba enterado el Gobernador de lo que estaba sucediendo? ¿no se enteró el Gobernador que alguien saldría, en representación de su despacho, a hacer afirmaciones falsas en relación a una realidad jurídica de un expediente que hoy tiene al departamento sin Gobernador ni Diputados?
No sobra precisar que en las 125 páginas del fallo no hay una sola palabra que ponga en dudas la conducta del Gobernador Cotes Habeycht en su proceso eleccionario.
Pero estas salidas erráticas que sumadas a las casas anunciadas con la cerrada Fundación de Sammy Sossa, los niños fantasmas que ya no son tan fantasmas pero que tampoco aparecen para la matrícula en el SIMAT y los hospitales que en principio eran boyantes pero que 15 días después resultaron quebrados son muestras que en el Magdalena estamos del timbo al tambo.
Es preocupante la fractura que hay entre las acciones de los colaboradores del Gobernador y la realidad del departamento; por lo que a lo largo de estos dos meses de Gobierno no se evidencia solidez alguna en sus decisiones. Porque hasta eso, lamentablemente no se conoce una sola decisión de fondo que nos incite a pensar que hubiere arrancado la locomotora del Respeto por el Magdalena.

Viviane Morales goza de la confianza nacional

La salida de la Fiscal
Tomado del Helado, versión digital: Editorial  03 de Marzo de 2012

Viviane Morales
Un candente debate ha suscitado la determinación del Consejo de Estado de echar reversa a la elección de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, a raíz de una demanda que argumenta errores de peso en el procedimiento seguido por la Corte Suprema para tal acción.
Un aspecto que de entrada ha llamado poderosamente la atención es que precisamente fuese un estudiante de último año de derecho, en su primera actuación en su carrera como abogado, el que diera con la serie de equivocaciones de la Corte cuya detección han producido una conmoción nacional de tal magnitud. No obstante se ha llegado a considerar que por la estructura de la demanda contó con la asesoría de interesados expertos, lo cual es negado por el incipiente abogado.
Para los analistas especializados los argumentos esgrimidos fueron contundentes. Un primer punto es que la terna presentada por el presidente no fue firmada por el ministro del Interior, Germán Vargas.
El segundo aspecto esgrime que el primer mandatario solo puede mandar una terna y con esta ya eran tres la que esa instancia había presentado. Un tercer argumento fue la no existencia del quórum, el más notable de todos. Y un último punto es que dicha elección no cumple con el periodo constitucional que iría de julio de 2009 a julio de 2013, y a Morales la eligieron hasta el 2014.
Sin entrar en la discusión de que lo que se está dando es producto de errores o de una ‘mano negra’ política que logró obstruir las investigaciones que se adelantaban por parte de la Fiscal, causa extrañeza que tantas irregularidades juntas hayan sido pasadas por alto por magistrados con tan vasta experiencia y que se haya dado precisamente en una selección tan trascendental para la nación.
Este desliz amerita un juicio de responsabilidades pues el traumatismo provocado al maltrecho sistema judicial del país puede hacer que se produzca un eventual estancamiento sobre vitales investigaciones, en especial las de cuestionados hechos sucedidos durante el anterior gobierno.
Entre esas indagaciones por ella impulsadas se encuentran la de las ‘chuzadas’ del DAS por la cual se encuentra detenido el exsecretario presidencial Bernardo Moreno y hay una orden de captura contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la de Agro Ingreso Seguro, que mantiene encarcelado al exministro Luis Felipe Arias, la de la de las ejecuciones extra-judiciales o ‘falsos positivos’, la del ‘carrusel’ de la contratación, la del robo de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la de la discutidas desmovilizaciones avaladas por el ex-Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.
Es de destacar el respaldo que ha recibido Viviane Morales en todos los ambientes del país a su valiente gestión adelantada desde hace un año y dos meses. Tal reconocimiento ha llevado al propio presidente Santos a sugerir incluirla en la nueva terna pues la decisión de nulidad fue sobre su elección y no frente a sus actuaciones.
No obstante sus aspiraciones pueden verse obstaculizadas por la atmósfera negativa que ha surgido alrededor de su relación afectiva con el exmilitante del M-19 Carlos Antonio Lucio.
Independientemente de que se le incluya o no en la terna, esperamos que se nombre cuanto antes su sucesor, pues la magnitud de los casos que se están juzgando no admite la presencia de un fiscal interino sino de uno nombrado en propiedad.
La institucionalidad colombiana ha salido fortalecida en este episodio. Un largo proceso de elección, como el anterior, volvería a debilitarla.

domingo, 14 de marzo de 2010

UN FALLO REDENTOR

---------------------Por Gerardo Delgado Silva
-----------------------13 de Marzo de 2010

Desde antiguo, la sociedad ha vuelto la mirada al “Templo del Derecho y la Justicia”, como dijo Stamler siempre que se desquician las normas insustituibles para la protección de los derechos, y el mantenimiento de las instituciones como alimento de la paz y la justicia.
--
Es enaltecedora la declaración de inexequivilidad de la Ley 1354, que enmascarando tenazmente las manipulaciones, fraudes e imposturas, convocaba a un referendo que desconocía obviamente los caminos jurídicos.
--
Constituyó el empeño de erigir las aspiraciones del Presidente – Candidato, en el rasero de todas las cosas, como un dios laico omnipresente, asistido por los espectros del egocentrismo, el populismo, el neoliberalismo, la competitividad ciega, la insensibilidad lacerante, la desigualdad injuriosa de la dignidad, de la pobreza galopante, la ruina del campo, la simulación de los corruptos parapolíticos y narcos paramilitares que lo secundan, la evasión ominosa de la seguridad social, el déficit fiscal que sepulta al país ya hipotecado, la guerra paranoica antes que la paz, el nazismo inherente, y tantas otras felonías de similar catadura.
--
La espléndida providencia, tiene la fuerza de una madrugada, que le pondrá fin al inaudito “Estado de Opinión”, ese exabrupto devastador de los principios propio de los dictadores, para cautivar ingenuos y asegurar el poder. Luminosa y sabia doctrina de la Corte Constitucional, faro de dignidad, de entereza, de pedagogía de la esperanza, y obstáculo infranqueable para las fuerzas oprobiosas que pretende arrollar el Estado de Derecho.
--
Es un dique definitivo a la personalización del poder presidencial de Uribe, que socava los fundamentos mismos de la República.
Se pretendió encubrir la violación de la Carta Fundamental, transitando por el sendero de ese referendo tramposo, que en su trámite llegó a extremos indecoros, desafiantes de las normas penales, para darle cimientos a la pretendida reelección.
-
No obstante, en medio de los hechos perturbantes, de la aridez del desierto, le surgen a Colombia algunos oasis que obviamente contribuyen, como este fallo, a darnos una visión distinta de lo que en realidad es el país, sus perspectivas humanas y sus sentimientos. Es una providencia, que hunde sus raíces en los valores del espíritu y enlaza a las generaciones actuales con una tradición jurídica e intelectual, que nos honra y enaltece.
Es que la justicia, como afirmaba Platón es la razón de ser del Estado, su piedra angular, podemos agregar. Empero, todo “hombre providencial”, se desborda sobre sí mismo e ignora que la política, según criterio de Sófocles puesto en labios de Antígona era “el sentido de lo justo, el don de compartir en comunidad, el don de propiedad de Zeus”.
-
Uribe, con su ambición de poder realizó sobre la Carta Fundamental, sucesivas maratones violatorias de su espíritu y su letra, y del espíritu y letra de muchas disposiciones legales. Por completo olvidado de que sin justicia la convivencia social no existe ni puede existir, en ningún orden. Sin una equitativa tenencia de la tierra, que a nadie excluya y a todos dé no solo supervivencia sino las elementales condiciones de una vida plena con salud, educación, servicios básicos, y la realidad de un futuro feliz.
--
Con su cínica mentalidad continuista, expresó Uribe en días pasados: “Ocho años no son suficientes para recuperar la seguridad”.
Sin embargo, constituyen una eternidad para los millones de desplazados; los cientos de miles de familiares de las víctimas de los genocidios de lesa humanidad, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, como apología de la “seguridad democrática”; ocho años suficientes para despreciar y vulnerar los derechos humanos, en otras palabras; ocho años, más que suficientes para la infamia de Carimagua, y Agro Ingreso Seguro, con Andrés Felipe Arias, coautor de hechos punibles, aún en el cieno de la impunidad. Y, ¿No son suficientes ocho años para la ilegítima y procaz Zona Franca de los “hijos del ejecutivo”?.
--
El fallo ha cortado en dos la historia nacional reciente. Porque nada será igual a lo que teníamos de ignominioso e inmoral. El orden constitucional arranca aquí y ahora, con el fallo resplandeciente de estos guardianes honorables del Estado de Derecho. Así se hace la buena historia, defendiendo la Ley y la moral, con visión y grandeza.
La mala quedó en evidencia en estos ocho años en los cuales el Gobierno de Uribe despreció los valores constitucionales y éticos que estructuran el Estado. El oprobio se extendió y enmarcó a desvergonzados parlamentarios, que además se pasearon orondos por los recintos del Código Penal, a tal punto, que Uribe les ordenó: “voten por el gobierno antes de que los detengan”.
--
Para fortuna de la patria, la Corte Suprema de Justicia, también ha cumplido con su sagrado ministerio, de dar a cada quien lo que le corresponde.
Dios nos tenga de su mano, para que el pueblo iluminado, vote por candidatos decorosos, que angustiosamente requiere Colombia, para el nuevo Congreso de la República.

sábado, 27 de febrero de 2010

Coincidencia con el fallo de la Corte sobre El Referendo

Nota del Editor.- El siguiente artículo publicado el sábado 20 de junio de 2009 cobra hoy actualidad, tras el fallo de la Corte constitucional que declaró inexequible la Ley 1354 que convocaba un Referendo para facilitarle al presidente Uribe una segunda reelección. Por el contenido en el que se afirma que las aspiraciones eran violatorias de la Constitución, por el desconocimiento del orden jurídico, publicamos los apartes más destacados de este documento:

GOLPES DE ESTADO: OTRA EPIDEMIA

-------------------------Por: Gerardo Delgado Silva

En vista de los actuales acontecimientos en los cuales el Presidente “providencial” y el congreso uribista, se coaligan entre si, en dañado concierto, para pasar por encima de la Constitución y las Leyes de la República, es necesario que insistamos en defender los principios fundamentales de la Carta Política, que son, ante todo, contornos éticos, realidades transcendentes situadas por encima del Estado, que la razón puede descubrir y que se entiende como derecho natural o moral social.
La Constitución es un orden jurídico fundamental, integral y estable impuesto a todos los miembros de la sociedad, lo mismo a los gobernados, que a los gobernantes.

No contento aún, el Presidente Uribe, con la primera inexequibilidad de su reelección, encubriendo su obsesión autoritaria, nacida de la ambición poder, echa a un lado los atributos constitucionales y se apresta a otra reelección inconstitucional, ahora por vía de un Referendo, tramposo, para enmascarar la dictadura bajo una apariencia democrática. Otro golpe de estado.

El Comité del Referendo, desconoce los caminos jurídicos también, como una satánica conspiración de malvados contra el Estado Social de Derecho, liderado por el nefasto personaje LUIS GUILLERMO GIRALDO - ¿Recuerda el hecho punible, de los años ochenta, destacado como “El robo a Caldas”?- Ahora, con agazapadas trapisondas, distorsionó los límites señalados por la ley a los aportes; como los de DMG, para la recolección de firmas. Contó don LUIS GUILLERMO, en esta marcha de oprobio, con la silenciosa complicidad de la Asociación Colombia Primero, para inducir en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, subsumiendo las conductas en el DELITO DE FRAUDE PROCESAL, que traduce la descomposición moral en que se encuentra el país.

Con el ascendiente del Presidente milagrero, el Congreso consideró que lo de menos es qué se vota, y aprobó el proyecto, con diferencia de fechas – de ahí la conciliación probablemente prevaricadora- que le permitiría a Uribe un tercer mandato, sin una idea clara sobre el porvenir constitucional de la nación.

El Congreso, olvidando los intereses nacionales fue convertido en un negocio de trastienda venal, en el que aparecen comprometidos los gamonales del país político y el Gobierno de Uribe con sus desmesuras fascistas. La aprobación del proyecto en esta atmosfera turbia, nos explica porque se procedió con tanta presteza e ingravidez, en el sentido moral del vocablo, con displicencia de la Constitución y la Ley. Es por eso, precisamente, que lo hicieron en ausencia del pronunciamiento del Concejo Nacional Electoral y la Registraduría que aun no se conoce, no obstante constituir un presupuesto fundamental, para que se formaran juicios verdaderos sobre la “verificación de la autenticidad de los respaldos”, los aportes máximos, etc; en fin, la certificación del CNE, acerca del cumplimiento inexcusable, de todas las pautas que la norma atingente ha señalado para una iniciativa popular. Estamos presenciando los colombianos y el mundo entero, una comedia de equivocaciones morales y jurídicas en directo detrimento de nuestras instituciones. Un nuevo golpe de Estado.

De esta manera es claro se desató en la patria, el vestigio tenebroso de las furias del Averno. Las de esos regímenes antiguos, con las iniquidades del poder ilimitado y devorador de todos los tiempos: fascismos y comunismos, con su inenarrable destrucción del Estado de Derecho.

Pues bien. La investigación que ha comenzado la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo su “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti, por el delito de prevaricato, cometido por los 86 parlamentarios, no se refiere al voto en sí, al “privilegio” consagrado en el Articulo 185 de la Constitución, sino a las conductas omisívas de análisis y síntesis de las certificaciones previas al voto, que debía primar por seguridad jurídica, uno de los valores fundantes del Estado de Derecho. No entienden de modo cabal cual es su misión en la rama legislativa y en qué consisten sus responsabilidades, ni para qué son sus funciones dentro del contexto jurídico con el cual contamos. Así mismo, deberán investigar como antecedente el hecho concreto, e individualizado en el deprimente espectáculo del Ministro Valencia Cossio, con ese cabildeo ante algunos congresistas. Episodio que la opinión pública pudo apreciar por televisión, con el propósito de “convencer” posiblemente, a quienes se manifestaban remisos, por medio de gajes y prebendas, haciendo uso de sus encomiendas burocráticas, como se puede inferir lógicamente. Las respuestas no las ignoramos. Otro golpe de Estado.

No obstante, que el artículo 185 de la Constitución ya citado, les otorga a los congresistas el “privilegio de la inviolabilidad”, “por las opiniones y votos”, no se ve por donde, pueda ser tan absurdamente absoluto en la norma que consagre una patente de corzo a la impunidad, rebasando uno de los Principios Fundamentales de nuestra Constitución, que consagra la responsabilidad ciudadana ante la ley y con mayor razón la de los “servidores públicos”, que son los congresistas (Artículo 6, C. N )

Refiriéndose al alcance del artículo 185, mencionado, de la Carta Política , el gran jurista JORGE CORDOBA POVEDA, en 1998, cuando denuncie a los representantes que precluyeron la investigación contra el Señor Presidente SAMPER, expresó: “Piensen ustedes que mañana a través de una Ley del Congreso, por ejemplo, le entregáramos las islas de San Andrés y providencia a Nicaragua. ¿Podemos decir que las personas que hicieron la Ley no tienen que responder ante el País y ante la Ley penal?”.

El Congreso, que según clásica definición es el cuerpo soberano de la República, negocia con sus atributos, y deja de ejercer su función crítica, halagado por el poder clientelista en contra de los intereses nacionales. Otro golpe de Estado…

…Todo, a ciencia y paciencia de un Gobierno que ha contado con el abominable ex asesor JOSE OBDULIO GAVIRIA, que cumpliendo como testaferro, órdenes superiores, de la “Casa de Nari”, lanza denuestos contra la Corte Suprema, en el vano intento de deshacerse de la mala sombra que lo acompaña, como allegado y ex asesor también, del más grande capo del narcoterrorismo, su primo Pablo Escobar.

Hoy en Colombia hay unos estados dentro del Estado, con el predominio de los paramilitares, con la complicidad de funcionarios del poder público, imposible de concebir en otros tiempos y en otras situaciones. De ahí la audaz y degradante visita de “JOB” el vocero de DON BERNA, a la “Casa de Nari”, entronizada por el también poderoso narcotraficante GUSTAVO TAPIAS OSPINA. ¿Qué pactaron sórdidamente con el fin hostigar y mancillar a la Corte Suprema?.

Las interceptaciones y seguimientos criminales, están encaminados en igual forma para servirle a los delincuentes “parapoliticos y narcotraficantes”, como altavoz contra la justicia, que tiene un carácter independiente y soberano.

La historia ha demostrado, que la peor desgracia de un pueblo es vejar su justicia. Y desde luego, sin justicia, la autoridad de cualquier país es ilegitima.

Esta deformidad estatal, nos tiene en el umbral totalitario, como el descrito por Zamiatin en su obra Nosotros, en donde sus habitantes se encuentran ubicados en horribles ciudades, con sus casas de vidrio, para que el poder ejerza su inescrupuloso imperio, manteniendo a los ciudadanos en la postración y en la indignidad
No sabe uno si reír o llorar, pero el Gobierno descaradamente ofrece doscientos millones de pesos, como recompensa a quienes denuncien a los delincuentes incursos en las interceptaciones y la vigilancia policial. Esto, nos hace recordar el adagio latino: “Nemo auditor propriam turbitudinem allegans” (No puede oírse a quien alega su propia torpeza)

Y bien. ¿Quiénes son los que cohonestan el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, y respaldan la inconstitucional reelección, como un destino sacralizado por Uribe?, cualquier colombiano lo sabe: los bribones de una cuantiosa cosecha de contratos, con sus negocios venales; la casta de burócratas, con sus intereses particulares y desprecio por el país, que se dividen a su antojo los dineros públicos; los “parapoliticos” y paramilitares genocidas, que conocen los medios para intimidar a los ciudadanos, conducta comprendida en los delitos contra los mecanismos de participación democrática, en sus “distritos electorales”, creados por Jorge 40 en el país. Esta es la nueva clase económica prepotente y enriquecida de la noche a la mañana, que ahora cuentan con una amnistía disfrazada bajo el nombre de principio de oportunidad, como sí sus genocidios equivalieran a delitos políticos; así mismo, las clases media y alta atrapadas en el orden formal que encubre el desorden real...
...Uribe, ha soslayado, en términos inconcebibles, las medidas destinadas constitucionalmente a proteger a la infancia cruelmente vulnerada en sus mínimos derechos, es el reflejo del fracaso sociopolítico…

domingo, 29 de marzo de 2009

CARTA A LOS SANTANDEREANOS


Queridas y queridos paisanos:

El mismo día de mi elección como Gobernador se me acusó de estar inhabilitado para el cargo, porque mi hermano trabaja en la Procuraduría General. A pesar de mis explicaciones en contrario, fui demandado ante el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, donde se expidió un fallo absolutorio.

Dicha providencia fue apelada ante el Honorable Consejo de Estado, Corporación que confirmó la sentencia de primera instancia, señalando que no existe ninguna clase de inhabilidad, y que puedo continuar ejerciendo las funciones sin ninguna limitación.

La Justicia, en la que siempre confié, puso punto final a una controversia jurídica en la que participé con ecuanimidad y razones jurídicas, respetando a la jurisdicción y a la contraparte, dispuesto a acatar la determinación que los Jueces tomaran según su leal saber y entender. Es lo que corresponde a un buen ciudadano.
Continuaré, pues, trabajando por los santandereanos, cumpliendo el compromiso de obrar con seriedad, responsabilidad y transparencia. De ahí no me voy a mover

Se ha cumplido una tarea satisfactoria. Hemos trabajado para poner la casa en orden, organizar las finanzas y mejorar los ingresos. Aún tenemos dificultades, pero las iremos superando. Logramos controles que frenan la corrupción e impiden el despilfarro.
Con dedicación y amplia participación ciudadana elaboramos el mejor Plan de Desarrollo de Colombia, según Planeación Nacional, Fonade y las Agencias de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, Alemania y la ONU.

Vamos a ejecutarlo integralmente. Comenzamos el año pasado, con altos niveles de inversión social en obras públicas, educación, salud, agricultura y desarrollo, incidiendo en todas las provincias y las grandes ciudades. La contratación se efectuó con diligencia y honradez. Les doy la buena noticia de que cada día hay menos “alepruces” merodeando el presupuesto oficial.

Nos dedicamos a mejorar la seguridad y a lograr convivencia. Los derechos humanos, el cuidado a los niños, la igualdad de género, el respeto a las minorías étnicas y la cooperación con tercera edad y población desplazada, fueron objeto de nuestra celosa atención.

Propugnamos porque la nación nos cumpla sus compromisos especialmente en materia de vías, que actualmente están en licitación. Prestamos la mayor atención a los aspectos de competitividad, mantenemos directa relación con empresarios, academia y los sectores sociales. Apoyamos la inversión. Crear condiciones para el empleo ha sido una prioridad.

Cumplí mi compromiso de no vender el 14% de las acciones que el Departamento tenía en la Electrificadora de Santander, y de evitar su privatización. Sin gastar un peso hoy somos propietarios de casi el 23% de una empresa que vale más y sigue siendo pública. Hago gestiones para que el Hospital Universitario pase a la Universidad Industrial de Santander, en busca de un excelente servicio. Y prestamos la mayor colaboración para que se construya la Hidroeléctrica del Rio Sogamoso, sin causar perjuicios a nuestra gente ni al medio ambiente.
Con la ayuda de un equipo de mujeres y hombres competentes que me acompañan en el gobierno y de la Asamblea Departamental, no he ahorrado esfuerzos para cumplirles bien, fiel y honradamente.

Ahora hay que hacer mucho más. Ya comenzamos el Plan Vial Departamental; en julio emprenderemos el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico; esta semana presentamos la nueva política de vivienda, entre otros. Son programas de grandes inversiones, para el bienestar del pueblo, sin antecedentes en nuestro departamento.

Adelantamos la prometida tarea de recuperar los valores santandereanos de la honradez, la solidaridad, la austeridad, la franqueza, el cumplimiento de la palabra, el respeto a la mujer y el coraje para emprender grandes acciones.
En mi gobierno no nos contentamos con hacer lo posible. Estamos realizando todo lo que es necesario para ser el primer Departamento de Colombia, como ustedes lo merecen.
Siempre adelante, ni un paso atrás. Palabra de Santandereano.

Horacio Serpa Uribe
Gobernador - Volver a Inicio >casinos online
casino online

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...