Cae en un 60% producción cafetera en Colombia

Sal a las heridas de los cafeteros

Por: Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 30 de marzo de 2012

Tomado del sitio robledosomostodos.com 

Hay gran molestia entre los cafeteros. Entre los pequeños, los medianos y los grandes, los campesinos y los empresarios. Y no es para menos. Porque la cosecha es la menor desde 1976, los precios externos e internos del café caen en picada y, como echándoles sal en las heridas, el presidente Juan Manuel Santos se empecina en aumentarle la contribución al café, ese impuesto especial que maneja la Federación de Cafeteros, a la que la Contraloría acaba de acusar de manejos irregulares en el Fondo Nacional del Café, con un detrimento patrimonial de sesenta mil millones de pesos.

Si las cuentas por fin le salen este año a la Federación, la cosecha apenas superará los siete millones de sacos. Para entender la escasez de esa cifra basta con saber que en 1991 pasó de 16 millones. Cuánta caída en el ingreso, pobreza, desempleo y ruina, directa e indirecta, hay tras esas cifras. La situación de hoy es, además, el agravamiento de una crisis que con altibajos lleva veinte años, desde cuando se entronizó el libre comercio en el mundo cafetero, drama larguísimo que a muchos les ha agotado la capacidad de resistencia.

También como expresiones de la crisis, el país carece de inventarios de café, porque no hay excedentes y se vendieron los nueve millones de sacos que había en bodegas en 1991, se esfumó el enorme patrimonio del Fondo Nacional del Café y no andan nada bien sus finanzas. Hasta ocurrió lo impensable. En 2011, la mitad del café que bebimos los colombianos –743 mil sacos– fue extranjero, y eso sin contar el contrabando. ¡El país no es capaz de producir el café que puede vender, ni en el mercado externo ni en el interno! Crisis muy profunda que también se expresa en la notable pérdida de participación del grano de Colombia en el mercado mundial –que creció de 92 a 134 millones de sacos entre 1990 a 2010–, de donde ha sido desplazado por países que han afrontado mejor las circunstancias.

¿Y las causas? Sin duda cuentan la inseguridad en las zonas productoras y el invierno. Pero hay mayores. La revaluación está liquidando al agro y a la industria. Y el gobierno, neoliberal hasta el absurdo, ni se inmuta, porque, ingenuidades aparte, hay poderosos que ganan así. Si se mira desde 1990, en la base de la crisis se hallan los bajos precios del café impuestos por las trasnacionales, precios que se transmiten de uno a uno al mercado interno. También es determinante la incapacidad de los gobiernos y la Federación para enfrentarla. Se dejó envejecer los cafetales, según prueban las cifras que se dan de renovaciones, y los plantíos no han podido abonarse y atenderse como se debiera.

En medio de este drama, el ministro de Hacienda ratificó en el Senado que el gobierno se propone aumentar la contribución cafetera que administra la Federación, incrementándola del alto nivel de seis centavos por libra en el que ya está. Si esa idea era inconveniente en noviembre pasado, cuando Santos la anunció, ahora es un despropósito, casi una provocación, porque entre esa fecha y hoy el precio interno cayó de 962 a 659 mil pesos por carga, con lo que el gravamen al café ya no castiga las ganancias –de los que las tenían– sino las pérdidas. ¿Sacarles más plata de los bolsillos a unos cafeteros empobrecidos? Y después preguntan por qué andan indignados.

Mención aparte merece que Juan Manuel Santos pretenda aumentar, con más gravámenes, los recursos que administra la Federación de Cafeteros, preciso cuando la Contraloría General de la República la acaba de acusar de un detrimento patrimonial de 60 mil millones de pesos del Fondo Nacional del Café. El ente de control considera ilegal que Eco Seguros, de propiedad del Fondo y que administra la Federación, le donara a esta entidad treinta mil millones de pesos, por ser una transferencia de recursos públicos a un privado, práctica prohibida por la Constitución. También rechaza que la Federación le cobrara al Fondo 21 mil millones de pesos por administrar dineros que no son de este sino de terceros. Y le imputa cargos por haber dejado perder otros nueve mil millones de pesos en empresas del Fondo en liquidación (http://bit.ly/H305vT ).

Coletilla: en Colombia la gasolina es más cara que en Estados Unidos porque paga impuestos del treinta por ciento y Ecopetrol cobra por su petróleo precios altísimos. De esta forma los colombianos le pagan al Estado parte de los impuestos que no se les cobran a monopolios y trasnacionales.

Convidados de piedra

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá

Rorge Robledo

Un proyecto centralizador que convierte a municipios y departamentos en convidados de piedra. Todo está reglamentado para que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Se disfrazan como regionales los proyectos que hoy son de responsabilidad de la nación.

Ponencia negativa al proyecto de ley que reglamenta la distribución de las regalías presentó hoy el senador Jorge Enrique Robledo en la sesión de Comisiones Quintas conjuntas (ver video: http://t.co/51pwLNtv), pues el texto redactado por el gobierno “confirmó mis peores advertencias” y puso en evidencia que se va a despojar de sus derechos a los municipios de hoy y de mañana.

El grado de dictadura del gobierno nacional sobre municipios y departamentos es inaudito, añadió. Aunque se crean cuerpos colegiados para dar impresión de democracia, todo el poder lo concentra en Planeación Nacional y en ministros y el texto está calculado para que solo pueda hacerse lo que el gobierno quiera y para que todo, desde la fiscalización hasta la ejecución, pueda privatizarse. Municipios y departamentos quedaron convertidos en convidados de piedra.

Señaló que el gobierno nacional incurre en una práctica engañosa al presentar porcentajes y no simulaciones en dinero. “No es cierto, como dijo el ministro Echeverri, que la mermelada se reparta equitativamente por toda la tostada de la geografía nacional.”

Precisó que el 30% de los recursos irán a una especie de fondo de inversión, regido por el derecho privado, que utilizará las regalías para especular en los mercados financieros internacionales, plata que se podría terminar perdiendo.

“La ley tiene dos enormes micos –dijo–. Permite que se les rebaje a los crudos pesados el 40% del valor de las regalías y modifica el precio base para la liquidación”.

Exigió una auditoría pública y seria tanto para los que pagan regalías como también para los que se las gastan. A las trasnacionales no puede seguir creyéndoseles por buena fe, como lo ha denunciado la Contraloría.

Concluyó denunciando que es un proyecto “fuertemente centralizador a favor de macroproyectos para macrocontratistas” y en contra de los proyectos locales, de interés municipal o departamental, desechados por el gobierno como “chichigüeros”. Todo en Colombia se les va a entregar a los monopolios y a las trasnacionales en la lógica del libre comercio.

Conveniencia y legalidad de de Ais

El epílogo de agro ingreso seguro

Por: Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 5 de agosto de 2011.

Se acerca a su definitivo final el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), que se ha desarrollado sobre dos temas principales: la conveniencia del programa y la legalidad de las decisiones. Pocos no le dan veredicto político condenatorio a los fines de AIS, pues solo por ignorancia o astucia puede defenderse algo tan retardatario. Y si bien los procesos jurídicos no han concluido, van bastante mal para Andrés Felipe Arias.

Como lo expliqué en el debate en el Senado, Agro Ingreso Seguro nació torcido. Porque se presentó tras la falsedad de que impediría el desastre agrario del TLC con Estados Unidos y con un nombre calculado para engañar sobre una inexistente seguridad de ingresos, que el TLC deterioraría todavía más. Además, el día en que se votó la ley de AIS en el Senado, en nombre del Polo advertí que esos recursos se utilizarían para hacer clientelismo político y gremial, como en efecto ocurrió. Ese programa se usó para tomar escasos dineros públicos para el agro –apenas 100 mil subsidios al año y hay 2.680.000 predios rurales– y distribuirlos de manera muy concentrada, entre unos pocos magnates.

Aunque el uribismo más cerril la niegue, fue escandalosa la concentración de los recursos. En la línea de crédito –apenas unos 27 mil préstamos al año–, el 7% de los beneficiados se quedó con el 70% de la plata y 161 recibieron $416 mil millones, lo mismo que les tocó a 79 mil. En el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), 1.108 recibieron una suma igual a 75.338 ($321 mil millones) y en riego y drenaje a 107 les tocaron los mismos recursos que a 6.309 ($36.760 millones). Otros ejemplos: en créditos durante 2007, cuatro ingenios azucareros recibieron tres veces más que todo el Tolima y dos veces que Caldas; en Bolívar dos empresas se quedaron con el 73% del total y a un banquero le tocó el 30% de la plata del Meta.

Esta política plutocrática –que es la misma de Santos, aunque lo oculten– también la destapó el escándalo de Carimagua y un estudio de Uniandes y el Cega. Según este, en programas diferentes de AIS, entre 2000 y 2007, el 5% de los favorecidos se quedó con el 71% de los créditos redescontados, el 1% con el 64% de la cartera sustituta, el 1% con el 45% de las garantías del FAG y el 10% con el 72% del ICR, 33% del cual fue para los palmeros, cifras que los llevaron a concluir: “Estos apoyos están altamente concentrados por producto y aun por beneficiario”.

El más escandaloso de los favoritismos se dio en torno a los subsidios de riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido. Una familia recibió $6.985 millones, otra $2.973 millones y otra más $2.429 millones; ocho poderosas familias recibieron $20.597 millones. Para completar, 45 grandes propietarios rurales que le donaron $550 millones a Álvaro Uribe para su segunda campaña a la Presidencia recibieron de AIS $33.497 millones y diez que le aportaron $128 millones para el referendo de la reelección recibieron de AIS $16.549 millones. Esas fueron las verdaderas pirámides, concluí.

También demostré que la reglamentación y las decisiones de AIS las controló el Ministerio de Agricultura y no el IICA. Y puse en evidencia que la concentración de la plata era un objetivo del programa, en especial en el riego. A una finca le aprobaron cinco proyectos: Campo Grande 1, 2, 3, 4, y 5, luego ni siquiera intentaron ocultarla.

En cuanto a la legalidad o no de las actuaciones de los funcionarios –porque una cosa puede ser indeseable pero legal, o viceversa– en el debate pregunté por qué se usó de manera arbitraria el IICA, organismo de la OEA, tras la que intentaron escudarse los implicados, agregué que a mi juicio había por lo menos una violación de las normas cuando se revivió un proyecto de riego que había sido negado y les pedí a los órganos de la justicia que investigaran a fondo, como tiene que ser. Porque los congresistas no somos autoridades judiciales, la suficiente información nos resulta imposible de conseguir y el debido proceso es un criterio democrático irrenunciable.

Hasta donde van los procesos, no puede ser peor la situación de Andrés Felipe Arias. La Procuraduría lo condenó, la Contraloría le abrió proceso y le embargó sus bienes y la Fiscalía lo puso tras las rejas por peculado en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos. Y son pocos, muy pocos, los que creen en los trinos de Álvaro Uribe que explican todo este caso como una persecución política.

Mafiosos al Capitolio

Fuente: elespectador.com

Por: María Teresa Ronderos
Colomnista de elespectador

“HACE POCO, EL ETERNO SENADOR por el Magdalena denunció el intenso mercado de votos en el litoral y la inminente llegada de representantes de la mafia al Capitolio. Lo que aún no ha dicho es si llegaron o no, y si llegaron cuáles son…”.

La cita no es de la actual camada legislativa con 65 legisladores procesados por nexos con paramilitares. Ni se refiere al vaticinio de Mancuso, quien en 2002 dijo que las Auc tenían un tercio de las curules del Congreso. Y no es de mediados de los noventa, cuando el Proceso 8.000 llevó a poco menos de 30 congresistas a la picota por recibir generosas donaciones del cartel de los Rodríguez Orejuela.

La frase es de Klim, el gran humorista político que durante medio siglo atacó con sus inteligentes burlas los eternos males patrios, y fue publicada en El Espectador en 1979. Estaba escandalizado por la infiltración de dineros de los barones de la marihuana en las elecciones de 1978 que acababan de pasar.

Treinta y dos años y ocho elecciones parlamentarias después, la historia se repite, pero en progresión geométrica hacia el infierno. Hoy son más los involucrados y su descaro es mayor. ¿Hay algún político condenado que haya demostrado arrepentimiento porque su avaricia ha dejado a su pueblo en ruinas? Ninguno. Votebien.com acaba de publicar un vergonzoso cuadro de pobreza y corrupción: Chocó, 48% en indigencia; Sucre, 70% en pobreza; Caquetá, 62%; Huila, 60%; Santander con 78 puntos en el índice de corrupción de Transparencia, el más alto del país… ¿Hay alguna campaña que haya asumido la responsabilidad de semejante vergüenza? Nada.

Miren el caso del ex representante por Caquetá Luis Fernando Almario, campante aspirante a la Cámara por el PIN: salpicado hace 15 años por el 8.000 y señalado por paramilitares desmovilizados de haberse reunido con Macaco, está en juicio, acusado de complicidad con las Farc en la masacre de los Turbay Cote. No está condenado, es cierto, y por tanto se debe presumir su inocencia. Pero ante semejante trayectoria, y los gravísimos cargos que se le imputan, no debería estar libre y feliz haciendo campaña. Pero nadie se lo ha impedido, ni Corte Suprema, ni Consejo Nacional Electoral, ni el partido. Nadie.

Hay muchos otros casos igualmente sórdidos. Decenas de parapolíticos en cada departamento de Colombia buscan preservar el aparato que les permitió delinquir candidatizando ahora a parientes y amigos, pero las denuncias resbalan como gotas al mar.

Peor aún. Tanto destape hace que los ciudadanos independientes miremos la política con asco y prefiramos no participar. Y así les dejamos el espacio a los corruptos de siempre, los que se lucran de la miseria que han ayudado a construir. Para ellos, los votos son boletas baratas para una lotería muy lucrativa. “Cuestan apenas cien mil pesos por el combo Cámara-Senado en Cartagena”, denunció esta semana un candidato.

Romper este círculo vicioso exige taparse la nariz y escarbar entre la basura hasta escoger a un justo que nos represente bien. La matemática es simple: si votáramos los casi 30 millones que podemos hacerlo, y no sólo los 10 u 11 millones que participan, ganaríamos los libres. Pero la realidad es más complicada. Es más probable que entre la indecencia de los malos y la indiferencia de los buenos, este 14 marzo repitamos la historia y nos pasemos el siguiente cuatrienio preguntándonos, como Klim en 1979, cuántos representantes de las mafias llegaron al Capitolio.

Apertura de investigación contra el senador Jorge Enrique Robledo: ¿un montaje político?

Por: La Silla Vacía , 19 de diciembre,
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Ayer, el Procurador General abrió investigación disciplinaria contra el senador del Polo Jorge Enrique Robledo y el concejal Jaime Caicedo por la Farc-política. Y comisionó a un investigador para que durante los próximos dos meses establezca si estos funcionarios tienen “posibles vínculos con grupos al margen de la ley”.

Como base para abrir la investigación, la Procuraduría cita la información del computador del ex guerrillero de las Farc Raúl Reyes.

La Silla Vacía tiene en sus manos copia del proceso contra el senador Robledo y de las pruebas que según la Policía aparecen en el famoso computador del guerrillero. Pero, si algo demuestran las menciones a Robledo, es que las Farc consideran a este senador un enemigo de su lucha armada. Lo tildan incluso de uribista.

El trámite de la indagación preliminar también tiene varias irregularidades, que tienden un manto de sospecha sobre la actuación de la Dijín y de la Procuraduría en este caso específico de Farc-política. Y por eso, Robledo ha dicho que va a denunciar al Procurador Alejandro Ordoñez por prevaricato.

El trámite

El 1 de junio de 2009, el Brigadier General Luis Gilberto Ramírez Calle, director de Investigación Criminal de la Dijín, le envía al Procurador Alejandro Ordoñez un oficio sin su firma con informes detallados sobre los posibles vínculos de los congresistas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja con las Farc.

En el mismo oficio, agrega: “Así mismo, presento a consideración el informe preliminar en el que se relaciona a los señores Jorge Enrique Robledo y Jaime Caicedo Turriago para establecer la presente comisión de faltas legales”.

El informe preliminar que adjunta es una página fechada también el 1 de junio, en la que aparecen las fotos de Robledo y del concejal Jaime Caicedo como “servidores públicos mencionados o referenciados por terroristas de las Farc en sus comunicaciones” (ver informe preliminar con la información sobre Robledo. La de Caicedo fue tapada aunque nosotros la vimos completa).

Este documento de una sóla página, específicamente alude a tres cosas: dice que Robledo aparece referenciado en 27 informaciones de los computadores y memorias USB incautados a Reyes; figura en “un listado opcional para formar parte de una “propuesta del Nuevo Gobierno” de las Farc en 2003; y que Reyes ordena publicar algunos de sus artículos en la página web de las Farc.

Con base en ese informe preliminar, exactamente una semana después, el 10 de junio, y como era su deber, la Procuraduría abre una indagación preliminar contra Robledo por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

Los testimonios contradictorios

El 25 de septiembre, la Procuraduría visita la Dijín y entrevista al coronel Jaime Vega Álvarez, subdirector de la Dirección Criminal, donde reposarían las pruebas contra Robledo.

El coronel explica que si bien conoce globalmente el proceso contra el senador del Polo, es el investigador del caso el que conoce los detalles. El coronel Vega tampoco puede aportar copia de ninguna prueba contra Robledo, ni siquiera de las 27 menciones que aparecen supuestamente en el computador de Reyes, y que según se deduce de las preguntas, la Procuraduría aún no conoce.

“Solicitaría que en diligencia con presencia del funcionario a cargo, Capitán Coy, se ampliase esta información pues es la persona que conoce al detalle el procedimiento que como directivo de esta unidad simplemente conozco de manera global”, dice en la diligencia el coronel Vega.

El 1 de diciembre, el capitán de la Policía Ronald Hayden Coy Ortíz rinde declaración bajo la gravedad del juramento en la Procuraduría como parte del proceso contra Robledo.

Sorprendentemente, aunque acepta haber elaborado los informes contra Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, no sabe nada del proceso contra Robledo. Y la razón es simple: para la fecha de elaboración del informe contra Robledo, Coy ya estaba en otro cargo. A partir del 8 de febrero de 2009 –tres meses y medio antes del primer oficio remitido por la Dijín a la Procuraduría- había sido trasladado a Nariño, como jefe de la Sijín. Específicamente, el día que se elaboró el informe preliminar, Roy dice que se encontraba en Tumaco adelantando una investigación en contra de la banda criminal “Las Águilas Negras”.

“Del senador Robledo no recuerdo con claridad haber elaborado documento alguno para ser enviado a organismo judicial o de investigación competente”, dice el capitán en su declaración juramentada.

Una vez le muestran el informe preliminar dice que en realidad no se trata de un informe de policía judicial ya que este tiene que ir con un formato preestablecido y con los anexos. Que en realidad parece simpelmente un informe preliminar del investigador de campo y que eso explicaría porque no estaba firmado. “En mi concepto personal es un informe preliminar muy básico, sin los 27 correos anexos donde aparece referenciado el nombre del senador Robledo para saber el contexto en el cual es mencionado su nombre dentro de los dispositivos”.

Dada la insistencia de la Procuraduría en la diligencia con el capitán Coy por la existencia de esas 27 referencias a Robledo en el computador de Reyes, se deduce que hasta esa fecha no formaban parte del expediente. Lo curioso, es que la Dijín había supuestamente rendido el 6 de julio un informe dirigido a Pablo Enrique Murcia, Fiscal 20 Especializado de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo con esta información que al parecer se anexó al expediente solo en diciembre, pocos días antes de que el Procurador abriera investigación formal.

Las 'pruebas' contra Robledo

En este informe judicial firmado por el Sargento Jaime Humberto Lizarazo, de la Dijín, y este sí, escrito con el debido protocolo, aparecen 14 –no 27- referencias a Robledo.

De las 14, cinco referencias, son órdenes de Reyes a un guerrillero para que suba artículos publicados en medios nacionales o en su página web o declaraciones públicas de Robledo al portal de las Farc. Las nueve restantes exonerarían a Robledo, antes que dar pie para abrirle una investigación. LEER MÁS. http://globersoa.blogspot.com/

LA SALIDA EN FALSO DE GARZÓN CONTRA EL POLO

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Jorge Enrique Robledo, Bogotá, diciembre 15 de 2007

Como bien lo resumió El Tiempo en su titular de primera página del 9 de
diciembre de 2007, el alcalde Luís Eduardo Garzón se despachó contra el Polo
Democrático Alternativo y Carlos Gaviria (www.senadorrobledo.org). Curiosa
manera de presentarle a su partido su aspiración presidencial. Y esto ocurrió
sin que mediara ataque en su contra, ni un intento suyo por tramitar sus
opiniones dentro del Polo. En los días siguientes intensificó la andanada y
se sabe que hará nuevas críticas en un libro que preparó desde hace meses y
que está por salir. En legítima defensa, entonces, unos comentarios.

Lo primero que llama la atención es la actitud dura y agresiva, incluso de
rompimiento, de Garzón con las posiciones del Polo y de sus dirigentes, en
tanto es comprensivo, elogioso y hasta unitario con las orientaciones y las
personas con las que la extrema derecha gobierna a Colombia. Así, alaba a
Álvaro Uribe porque “cambió la situación económica” del país y
confiesa que en su alcaldía “nos subimos al cuarto de al lado del TLC y
ayudamos”. Como si fuera gran cosa, afirma que “a Uribe le tengo una
crítica de fondo: desinstitucionaliza el país, porque el Estado quedó en
él” y porque “los consejos comunitarios desinstitucionalizan”. En
contraste con lo único que le critica “de fondo” al presidente más
retardatario de la historia de Colombia, expresa que se “diferencia
enormemente de aquellos” dirigentes del Polo que son “anti-Uribe,
anti-Bush…”, como si no supiera que las grandes contradicciones del partido
con ellos se explican porque sus políticas le impiden a Colombia resolver sus
problemas, entre ellos la pobreza que hambrea a treinta millones de
compatriotas.

En contravía con la realidad, Garzón dice que Carlos Gaviria se opone a que
ingresen al Polo “quienes vienen” de otros partidos, cuando lo que está
determinado y muestra la experiencia es que sus puertas están abiertas para
todos los colombianos que cumplan con un solo requisito: coincidir con las
concepciones de la izquierda democrática. También silencia que tenemos
definida la posibilidad de llegar a acuerdos programáticos con otras
organizaciones políticas y dirigentes, tal y como ocurrió en las pasadas
elecciones. La verdadera diferencia con Garzón se destapa cuando él pone como
ejemplos de las personas con las que quiere unirse a tres miembros de la
cúpula uribista: Francisco Santos, Lina de Uribe y Luis Alberto Moreno, el
colombiano con el que la Casa Blanca maneja el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en contra de América Latina. No hay truco capaz de ocultar
que son los objetivos los que tienen que determinar con quién es posible y
deseable la unidad, porque no se puede hacer misa católica con cardenales
protestantes.

En el acto inaudito de repetir las afirmaciones que emite el aparato de
propaganda que conspira contra el Polo y el país desde la Casa de Nariño,
Garzón insinúa la infamia de que Carlos Gaviria consiente la combinación de
las formas de lucha, concepción a la que Gaviria se ha opuesto desde siempre.
En la misma línea de agredir a quien como candidato presidencial de la
izquierda democrática sacó 2.6 millones de votos, jugó un papel fundamental
para unificarla y es capaz de ganar la presidencia en 2010, Garzón dice que
Gaviria está “nítidamente en el tema de la revolución”, retórica con la
que busca satanizar el programa de reformas democráticas del Polo. ¿Y no es
casi increíble que los dos únicos cambios que propone en su larga entrevista,
luego de autocalificarse como abanderado del reformismo, sean el Congreso
unicameral y la elección popular del Procurador, cambios baladíes que no
modifican en nada el desastre económico y social del país y que –dice
Garzón– tienen la venia de Uribe?

En otra notoria equivocación, Garzón deja la idea de que si no lo escogemos
como candidato presidencial ni nos plegamos a su exigencia de mover el Polo
hacia la derecha, para que quepa la cúpula uribista, divide el partido y crea
otro al que ya le tiene hasta nombre. Sin duda, mucho de su amenaza de promover
el rompimiento de los acuerdos programáticos y estatutarios que le dieron vida
a la unidad de la izquierda democrática se explica porque él sabe que está
en comprobada minoría dentro del Polo. Ojalá corrija y contribuya con la
construcción del partido que requiere la salvación de Colombia.

Coletilla: dándose licencia para hacer y decir cualquier cosa, hasta la más
regresiva, Felipe González afirma que él y Garzón pertenecen “a ese
ámbito indeterminado que llamamos izquierda”.

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