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miércoles, 8 de enero de 2014

Abuso de poder, se intentó imponer en el Acueducto

Jaime Durán Barrera
Por: Jaime Durán Barrera
Senador de la república
Las empresas de servicios públicos domiciliarios – ESP son entidades de naturaleza pública por la función social que desarrollan, las cuales no deben convertirse en agentes de empresas privadas que buscan el lucro particular.
Se equivocó por tanto el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – AMB cuando accede a prestar su infraestructura jurídica y logística para unirse a un negocio privado de seguros fúnebres que nada tiene que ver con el propósito fundamental de la entidad, cobrando de manera inconsulta y sin autorización de la ciudadanía, valores económicos por servicios no contratados, ni solicitados.
Vale la pena que las autoridades respectivas y la ciudadanía en general indaguen sobre el procedimiento público que estableció el AMB para seleccionar a las aseguradoras AON y AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A, beneficiadas con  el cobro de la citada póliza funeraria.
Aunque se haya tomado la decisión de reversar el cobro de la póliza fúnebre en la factura del recibo del agua, las autoridades competentes deben intervenir  para que el gerente del AMB  y el senador Honorio Galvis Aguilar asuman las responsabilidades frente  al abuso de poder,  pues no es desconocido para la opinión pública la trayectoria del Senador Galvis Aguilar con el sector asegurador.
El patrimonio de las familias santandereanas no puede ser alterado y perturbado por intereses que nada tienen que ver con el desarrollo social y el beneficio de la sociedad santandereana, y mucho menos buscando beneficiar causas políticas que desvanecen la pulcritud que debe darse en la administración de lo público.

sábado, 4 de enero de 2014

El cobro exequial es violatorio de la Ley del consumidor

La Superintendencia de Industria y comercio debe conocer de este caso
Por: Bernardo Socha Acosta
Nadie puede estar contento con lo que acaba de hacer la compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, relacionado con un nuevo cobro en la factura de tarifas mensual.
Y no estamos contentos por varias razones. Entre ellas porque a nadie se le consultó un proyecto de esa naturaleza que debiera ser socializado, para que a quien le interesara autorizara a la Empresa a hacerlo. Pretender obligar a los suscriptores, se puede considerar un abuso como lo afirman centenares de usuarios que vienen protestando a través de las redes sociales.  Cuando se trata de una erogación económica para el suscriptor, no es nada fácil, así sea una mínima cuantía y eso va incrementando el valor de la factura, a la cual se le han venido agregando una serie de factores, que con razón protestan los usuarios.
No quisiéramos creer jamás  que la junta directiva se ocupara de aprobar un aporte exequial  para insertar en el recibo de cobro mensual del Acueducto. Eso sería descabellado. Y si no fue así, la junta está en la obligación de pronunciarse y llamar al orden al responsable, porque si siguen dejando pasar cosas tan arbitrarias como esta, qué no podrán  ocurrírseles más tarde en contra de algo más de 200 mil suscriptores.
Y como lo han afirmado algunas personas, esto que está pasando en el Acueducto, debe ser motivo de una sanción por parte de los entes de  control.  Dónde está la Superintendencia de Industria y comercio, para que se cumplan postulados contenidos en la Ley  del consumidor.
Es que jugar con la dignidad de los consumidores es sumamente grave, y así se contempla en el numeral 3, de deberes y derechos del CONSUMIDOR que dice: “Derecho a reclamar: derecho a acudir directamente al productor, proveedor o prestador de un servicio y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como a obtener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito.”
Aquí la compañía del Acueducto está causándoles un daño a los suscriptores por varias razones. El solo hecho de no poder pagar la factura en  el sitio más cercano a su residencia y tener que desplazarse pagando transporte y haciendo prolongadas colas en las oficinas centrales del Acueducto,  ya se está causando un daño.  Y donde hay daño, debe haber reparación. Entonces, que se pronuncie la junta o el gerente de la Empresa.
El numeral 11 de los derechos del consumidor, dice: “Derecho a tener pronta respuesta en las actuaciones administrativas. Derecho a obtener protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces.” 
De modo pues que nadie está inventándose algo ficticio para reclamar. Es la Ley del consumidor la que está por delante defendiendo a los  ciudadanos.
Cabe preguntarnos, ¿con qué grado de responsabilidad se está incurriendo en violación de la Ley 1480, de 2012, con este cobro del Acueducto, diferente al servicio propio? 

miércoles, 1 de agosto de 2012

¿Sin infraestructura para vivienda?


MAGDALENA, COMO EN LAS ÉPOCAS PARACAS
-----------------------------------------Por: Alejandro Arias
Vino al Magdalena, a Santa Rosa de Lima, el Ministro Germán Vargas Lleras y anticipó que el Departamento no ha aplicado para una sola casa de las 100 mil gratuitas del programa presidencial (Ver VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=auNKpZk7raI
Según explicó la Gerente del Plan Departamental de Agua el Departamento no aplicaba por casas ante la ausencia de infraestructura de acueducto rural y resulta que el mismo día se aplaudió porque se aseguraba el inicio de la construcción del acueducto rural. Pero la alegría fue corta, hasta que se supo que el acueducto rural dependería del Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Felicidad corta por una razón evidente: el PDA a lo largo de estos años tiene muy poco para celebrar y mostrar.
Los señalamientos fluyen con facilidad y del carrusel contractual no están ajenos ni los Nule, de acuerdo a las denuncias conocidas. Por otra parte en los municipios donde se hizo el acueducto no se ha entregado el alcantarillado, en otros donde se entregó el alcantarillado no está el acueducto y en los pocos donde ya se entregó el alcantarillado y el acueducto estos no funcionan porque no hay quien los opere.
Hoy las denuncias precisan que sólo de 5 municipios están enredados más de $ 100 mil millones entregados a esta entidad para la ejecución del proyecto del Plan Departamental de Agua sin que se hubiere obtenido resultado alguno. Proyecto que además ha sido tres veces declarado siniestrado. Debate para el que la Asamblea Departamental, no obstante las evidencias, terminó escurriéndose. (Ver HOY DIARIO DEL MAGDALENA 31JUL2012: http://bit.ly/z4F6Pz)
Vino David Luna y exaltó la inclusión, en el Plan de Desarrollo Departamental, el eje estratégico de la “Productividad de la oferta laboral y Trabajo Decente”. Pero el Viceministro de Relaciones Laborales de lo que no está informado es que no ha habido un solo gesto que permita pensar que la Gobernación del Magdalena quiera acabar con la tercerización o intermediación laboral en los diferentes sectores públicos del entre territorial.
Así lo confirmó Nidia Castañeda, Presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (Sindess), al precisar, por ejemplo, que en el Hospital Universitario Trocconis el personal administrativo y de servicios generales es contratado a través de la firma RedSalud y el personal de asistencia médica, como auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos, son contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios que nunca superan los dos meses.
Fórmulas de contratación que le niega estabilidad laboral, acceso a prestaciones sociales y demás garantías laborales a todos quienes son contratados por esta vía. Que de los siete meses corridos el Departamento no ha contratado con ninguna IPS Pública represando más de $ 5 mil millones afectando la calidad de los servicios, como el caso del Hospital Santander Herrera de Pivijay sometido a paro desde hace un mes.
Pero el tema de la salud no se queda ahí, también se ha denunciado corrupción en el proceso de selección de los gerentes de hospitales (Ver HOY DIARIO 17JUN2012: http://sdrv.ms/N9ONUV), el desangre del Hospital de Ciénaga que solo en el mes de enero de este año presuntamente se parrandeó $ 800 millones (Ver HOY DIARIO 28JUN2012: http://sdrv.ms/N0K7SS) y la entrega de los hospitales a las mafias (Ver HOY DIARIO 11JUL2012: http://sdrv.ms/NTlJ6g). Y aunque desde la Asamblea Departamental se lanzaron muchas de estas denuncias, para ello no hubo control político ni se conoce decisión de fondo.
Pero como si lo anterior fuera poco; el Gobernador del Magdalena y la Asamblea Departamental se inventaron una Tasa para la financiación del Fondo Cuenta Territorial para la Seguridad Ciudadana con cargos que van desde los $ 2.344 para el estrato dos hasta $ 23.445 para el estrato seis residencial y un porcentaje del valor del consumo eléctrico para los estratos comerciales e industriales que se cobrarán con el recibo de energía eléctrica. No obstante que para tal propósito algunos entes municipales ya cobran el 5% del valor total de los contratos de obra pública que suscriben y el 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que generan las concesiones. 
Decisión que desatiende, además, jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional así como conceptos de la Superservicios que proscriben la inclusión en las facturas, para efectos de cobros, de cargos que no correspondan a los servicios públicos domiciliarios o que no estén contemplados en el contrato de condiciones uniformes (Ver CONCEPTO 074 DE 1999: http://sdrv.ms/QczxuL, CONCEPTO 172 DE 2006: http://sdrv.ms/MawM89 y CONCEPTO 325 DE 2007: http://sdrv.ms/R1tplY
Tributo del que ni siquiera se sabe cuánto está proyectado recaudar, cuál será el plan de gastos y ni siquiera hay estudio de suficiencia financiera que garantice que nuestra gente podrá asumir el cumplimiento de este tributo pero en cambio sí se escuchan noticias que reportan que los primeros $ 65 mil millones por recaudar ya están pignorados.
Bastaron 3 días, menos de 2 horas y 45 minutos de debate en total y 3 sesiones para que la dichosa Tasa fuera aprobada por la Asamblea Departamental con sólo dos votos en contra.
Ni casas, ni agua, ni alcantarillado, ni trabajo decente y más cargas tributarias en contra de un pueblo empobrecido como el del Magdalena resultan ser el balance en 7 meses de administración que pasaron sin pena ni gloria ante una Asamblea que actuó sumisa como si los Diputados de las mayorías estuvieran a tiro de fusil como en las épocas paracas del Magdalena. 

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