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martes, 29 de marzo de 2022

El debate de precandidatos presidenciales

Por Bernardo Socha Acosta
Un trascendental debate en el que se analizaron pormenorizadas variables de temas que marcan hoy el  interés nacional e internacional, se cumplió en la capital colombiana organizado por la Universidad Externado de Colombia alrededor de tres ejes temáticos: agenda joven, drogas y equidad de género.  

En este debate participaron cinco de los precandidatos a la presidencia de la república que someterán sus nombres a la consideración de los ciudadanos el próximo 29 de mayo. Los aspirantes asistentes fueron: Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, Luis Pérez, Enrique Gómez y Milton Rodríguez, quienes abordaron variados temas surgidos del interés de los estudiantes de ese plantel superior.  


Las preguntas del estudiantado de diferentes ramas fueron entre otras, cómo se van a mejorar la educación para los jóvenes de más escasos recursos que deben acudir al Icetex para financiarse. Dentro de las respuestas se hizo hincapié en la urgente necesidad de facilitar canales educativos gratuitos;  incentivos a los talentos emprendedores, la participación equitativa de las mujeres y los hombres en diferentes áreas, tratamiento de género para que la mujer tenga las mismas oportunidades con los hombre, entre otros.

Surgió así mismo la idea de incentivar las fuentes de empleo digital como ya operan en otras partes desarrolladas del mundo como otra manera de ayudar a generar empleo de tanta mano de obras calificada cesante, como lo afirmó Luis Pérez.

En el área de la producción se debatió uno de los problemas más sentido en materia criminal por el poder de la drogadicción y la manera de enfrentarlo a través de la industrialización y el uso medicinal del cannabis que le reportaría al país altos dividendos no solo con las exportaciones, sino el alto número de mano de obra que esa agroindustria generaría para la recuperación del campo.

Otro tema que mereció el mejor análisis de los precandidatos se relacionó con las cuestionadas Reformas Tributarias las que fueron calificadas por Luis Pérez como los nidos de la corrupción al afirmar que con esas reformas se canalizan millonarios impuestos que va la mayor parte para los chocantes privilegios con las EXENCIONES de impuestos a grandes capitales y una mínima para beneficiar las arcas nacionales. En este punto el precandidato propuso la reducción del IVA del 19% al 6% con el cual se recaudan, si se eliminan las EXENCIONES, los mismos ingresos destinados al presupuesto nacional.

La protección de los recursos naturales entre ellos el potencial hídrico de Colombia fue bastante discutido por los precandidatos, tras la propuesto hecha por el aspirante Gustavo Petro.

Foto: Infobae

Sobre la eliminación del Servicio militar obligatorio, todos tuvieron de acuerdo  en la necesidad de abolirlo para crear un Servicio Social acorde con los tiempos, con mejor operatividad y que se beneficien las regiones.

Este fue uno de los mejores debates, donde prevaleció la idoneidad, la inteligencia y el respeto por los demás, punto que destacó el dirigente Milton Rodríguez.  

Ellos son los precandidatos: Íngrid Betancourt del partido Verde Oxígeno; Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional; Gustavo Petro del Pacto Histórico; Luis Pérez del movimiento Piensa en Grande y John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres.

bersoa@hotmail.com

miércoles, 29 de agosto de 2012

Cartas del lector

Amigo Bernando Socha:
Como abrebocas, vale la pena leer el reportaje que hace el joven e inteligente periodista Manolo Azuero a Juan José Reyes para introducirnos en el debate.
El paramilitarismo como conocemos y lo sufrimos en Colombia forma parte del proyecto de dominación imperial de Estados Unidos frente a la América Latina o mejor la América indígena; en Colombia se replicó el proyecto de los contras que asoló y ensangrentó a Nicaragua y al resto de centroamérica durante la década de los años ochenta.
El paramilitarismo se desarrolló en Colombia como una estrategia del Plan Colombia, con el patrocinio del Gobierno de la mano de los militares; fue auspiciado y apoyado por los terratenientes, los empresarios y sus voceros naturales: la llamada clase política.
Detrás de las matanzas y el desplazamiento y expulsión de los campesinos estuvo la expropiación a sangre y fuego de sus tierras; hoy, más de seis millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, en su mayoría, están dedicadas a los cultivos industriales de banano  y palma aceitera para satisfacer las necesidades económicas y asegurar las ganancias del primer mundo; el capital trasnacional ha obtenido sus pingues beneficios de esta tragedia nacional con las grandes concesiones mineras otorgadas a precios de quemazón; también, el desmonte de Ecopetrol y la entrega del petróleo y los demás recursos naturales a los intereses privados; en sintesis los colombianos hemos sido expropiados mediante la violencia paramilitar patrocinada por nuestro propio Estado que se ha plegado sin sonrojarse a los intereses imperiales de Estados Unidos.
Reinaldo Ramírez
La "elección popular" de alcaldes y gobernadores, la imposición de la Constitución de 1991, la violencia y la corrupción han sido parte fundamental de la estrategia neoliberal de debilitar, quebrantar y fragmentar el Estado para impedir la ejecución de un proyecto de desarrollo económico que defienda y promueva los intereses nacionales.
Los colombianos no podemos hacernos ilusiones: el paramilitarismo sigue vivo y goza de buena salud.

Atento saludo,  
Reinaldo Ramírez  

miércoles, 28 de septiembre de 2011

No hay que echarle tierra a la igualdad

Por Horacio Serpa Uribe
.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.  Es una vergüenza. Y el centro de este debate gira alrededor de la propiedad de la tierra. El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD, que será presentado hoy al Gobierno Nacional, concluye que “el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones”.
El documento revela que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en Colombia es del 0,85, el máximo es uno, lo que ubica al país entre los más desiguales del mundo, superado en la región por Brasil, que está en 0,87.  Colombia ocupa el puesto 79 entre 193 naciones. Esa enorme concentración de la propiedad de  la tierra explica por que es la causa de la guerra en Colombia. Actores: la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico.
Es, además, el origen de la concentración del poder político, económico y social. Es la razón de 3.6 millones de desplazados forzados, principalmente mujeres y niños; de la más enorme contrarreforma agraria que el país recuerde que hizo que 6.6 millones de hectáreas pasaran a manos de paramilitares, narcotraficantes y políticos corruptos;  de luchas sociales que expresan la inconformidad de quienes padecen pobreza, exclusión, marginalidad, olvido. Es, en concepto del PNUD, el factor que frena el desarrollo humano.
Por ello nada tan pertinente como la aplicación de la ley de víctimas y tierras,  que ha significado la más importante acción del Estado para reconocer los derechos de quienes fueron despojados de sus tierras, en una acción criminal coordinada por actores armados, agentes del Estado y dirigentes políticos. Lo que se ha revelado  muestra una conspiración que no puede quedar impune. Hasta ahora han sido devueltas 495 mil hectáreas a sus antiguos dueños. La tarea en este campo es monumental y de ella dependerá, en gran medida, la construcción de bases sólidas para un proceso de reparación, justicia y paz en Colombia.
Los desmovilizados de los grupos paramilitares, en sus declaraciones ante los fiscales de justicia y paz, han revelado los métodos crueles de despojo de la tierra en sus zonas de influencia. Ese proceso de desangre y desplazamiento forzado, por desgracia para todos, sigue ocurriendo. Los bandidos no se resignan a perder lo que consideran suyo. La guerra continúa. Y la pobreza aumenta.  
La prioridad es la reconciliación nacional. Eso lo tiene claro el Presidente Santos. Pero hay que ayudarlo a avanzar en ese camino. Nuestra obligación es estimular el proceso de justicia y paz, la aplicación de la ley de víctimas y tierras y la creación de una institucionalidad para la reconciliación. Los cambios profundos que se han iniciado no pueden tener reversa. Deben conducir a la equidad, a la fractura de la desigualdad, que como dice el PNUD, se transmite de generación en generación e impide el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.
Bucaramanga, 27 de Septiembre, 2011

domingo, 1 de noviembre de 2009

Las cifras del debate que perdió el gobierno


-------------------------Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de octubre de 2009.
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En el debate sobre “Agro, Ingreso Seguro” (AIS) se demostró que lo que impera en el sector es lo escaso e inseguro del ingreso, salvo para un grupito y, en especial, para los 45 que financiaron con $549 millones la campaña de Álvaro Uribe y que recibieron recursos de AIS por $33.497 millones de pesos. ¡La mejor de las pirámides!

Las cifras y los análisis demostraron el desastre de casi todos en el agro y que AIS se diseñó para que los escasos recursos oficiales se distribuyeran dentro de una concepción plutocrática y de amigotes.

El 65% de los habitantes del campo vive en la pobreza y el 33% en la indigencia. Hubo 2.14 millones desplazados entre 2002 y 2008, período en el que el agro creció menos que el conjunto de la economía (3.29 vs 4.91% promedio anual). El Índice de Gini, que mide la concentración de la propiedad rural, ha empeorado en este gobierno y llegó a 0.875, probablemente el peor del mundo. Están subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola. El área cultivada cayó de 3.74 a 3.5 millones de hectáreas. El 66% de los que tienen empleo gana menos de un salario mínimo. Las exportaciones agrarias están estancadas, pues pasaron de 4.33 a 4.44 millones de toneladas, mientras que las importaciones, que eran de 6.33 millones de toneladas en 2002, llegaron a 9.8 millones. Y están en pésimas condiciones, entre otros, cafeteros, arroceros, paneleros y lecheros.

Al mismo tiempo, el escaso respaldo oficial al agro se concentra en unos pocos muy poderosos. Según Cega-Uniandes, el 1% se queda con el 71% de los créditos redescontados y con el 64% de la cartera sustituta de Finagro. En 2000, el 1% tomaba el 17.7 de los recursos de ICR y hoy ese mismo porcentaje toma el 45.3%. El 1% se apropia del 45% de los respaldos del Fondo de Garantías y del 58.7% de las garantías pagadas ($630 millones en promedio). De otra parte, el 33% de los ICR (89.900 millones de pesos de 2006) van para palma, el barril de alcohol carburante tiene un costo de 142 dólares y el de gasolina de 58 dólares, alcohol carísimo que, como el diesel de palma, también muy caro, nos obliga el gobierno a consumir.

En cuanto al total de los créditos AIS, 161 usuarios de más de $1.000 millones cada uno absorbieron el 30% de los recursos y 79.474 créditos de menos de $20 millones tomaron el mismo porcentaje. En ICR, 1.108 beneficiarios recibieron la mitad de los recursos, lo mismo que 75.338, y en diez departamentos, 17 beneficiarios concentraron el 45% de los recursos. A Coltabaco-Philips Morris le prestaron $29.587 millones, a cinco ingenios les dieron cinco veces más que al Tolima y dos veces más que a Caldas, y en Cauca un ingenio recibió el 40% de lo correspondiente al departamento. En Bolívar, dos se quedaron con el 73% de los recursos. Y dos empresas de Corficolombiana, que controla el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibieron 6.024 millones de pesos, un tercio del total de todo el Meta.

En el debate se recordaron las denuncias de prensa sobre las familias fuertemente favorecidas con regalos para riego y drenaje, así: una con $6.895 millones, otra con $2.973 millones y una más con $2.429 millones. Y otros $8.210 millones se los repartieron entre cinco.

Esta descarada concentración de los recursos coincide con el escaso respaldo del Estado al agro, como también lo demuestran las cifras: a pesar de la alharaca sobre las “muchas” platas de AIS, lo cierto es que, según el gobierno, el programa apenas apoya un poco más de cien mil proyectos productivos al año, cuando en Colombia hay casi 2.7 millones de productores agropecuarios. En el caso del crédito, otorga menos de 30 mil al año, es decir, solo 30 por municipio.

Entonces, la política agraria debe ser profundamente modificada, empezando por el programa “Agro, ingreso seguro”, cuyo nombre, demagógico y politiquero para servirle a Andrés F. Arias, debe eliminarse. El Estado debe proteger y apoyar en serio toda la producción –empresarial, campesina e indígena–, pero haciendo énfasis en el respaldo a los pequeños y medianos, que son quienes más lo necesitan y de cuyo progreso depende el avance de toda Colombia.
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