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domingo, 15 de enero de 2023

¿Riesgos de improvisación en la transición energética?

Por: Bernardo Socha Acosta
La transición energética parece haberse convertido en un rompecabezas que nadie entiende, porque se supone, en el buen sentido de la lógica que, para ensillar, primero se deben comprar las bestias.

En el caso de Colombia se afirma que el gobierno le apunta a una Transición Energética Justa, con un plan sobre el cual el Ministerio de Minas y Energía diseña una hoja de ruta, que será publicada en mayo próximo.

Pero lo que el común de la gente opina, es que, se quiere reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles como gasolina, Acpm, el carbón y otros, sin haber puesto en operación las fuentes que van a sustituirlos de forma equilibrada.

El programa se define como el componente de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de energía para hacerlos más sostenibles y su objetivo es transformar un sistema energético basado en los combustibles fósiles, en un sistema energético basado en las energías renovables.

Dicen los críticos que desde ya el gobierno viene adoptando medidas para desestimular la compra de vehículos, medidas que se patentizan con el encarecimiento constante y desmedido de los combustibles. Con los altos precios de la gasolina, Acpm y demás, se está demostrando una primera improvisación que va dejando la huella marcada entre la clase trabajadora que tiene un vehículo para su diario desempeño laboral con el cual busca lograr el sustento, pero con esos precios de los combustibles, qué ilusión le queda al trabajador hacer esfuerzo para medio sostener un hogar, ya sea como taxista, transporte colectivo, de carga y de hasta mochilero.

En este o, cualquier país de gente trabajadora, el 90% de quien tiene un vehículo no lo tiene por lujo, sino como un medio para ganarse la vida. Ese 10% restante si tiene vehículos por lujo y por tener en qué invertir las grandes fortunas que le llegan, buena parte proveniente de esa franja de trabajadores que para cumplir su misión debe pagar, como por poner un ejemplo de tantos que hay, donde el transportador intermunicipal e interdepartamental debe quitar de sus ingresos hasta 10 mil pesos o más, cada vez que pasa un peaje y cuando encuentra hasta 2 o 3 por departamento, a cuánto se elevan esos gastos. Con esta consideración quiero hacer ver que el encarecimiento de los combustibles tan exagerado, es la muestra de la improvisación de la transición energética, porque, dónde están las alternativas con las que no se golpee al trabajador. Es cierto que todos debemos poner en un proceso de cambio, pero que no se le recargue todo al pueblo.

Es que la transición energética no puede convertirse en un nuevo azote de la clase trabajadora colombiana. La transición energética, si es que el gobierno está verdaderamente interesado en hacerla una realidad, debe ser un proceso armónico en el que las comunidades no se vean lesionadas en sus exiguos intereses.

Este proceso, hablando de la reducción de combustibles fósiles, debe tener un desarrollo equilibrado para que los fabricantes de vehículos automotores reciban también incentivos del gobierno tanto para producir como para poner en el mercado los nuevos automotores eléctricos que estén al alcance también de quienes trabajan, y no solo para privilegiar los poderes económicos.

Si la transición energética es un proyecto ya sustentado en la ley, este paso o cambio de, utilizar insumos contaminantes, para llegar a utilizar energías limpias, no puede traducirse en látigo para la franja de la población que mediante su trabajo hace posible la evolución de la economía colombiana. El gobierno estará en la obligación de velar para impedir que ese paso, de unas energías contaminantes, a un sistema limpio de energía como la eléctrica en los vehículos y la que se utilizará en las industrias con la energía solar y eólica, no sean motivos para castigar a quienes siempre llevan las de perder en el desarrollo de una sociedad. (bersoa@hotmail.com)

martes, 3 de enero de 2017

Los colombianos se declararon en alerta máxima

Comenzó uno de los peores años económicos de la historia 
                               Por: Bernardo Socha Acosta
El comienzo de 2017 se convirtió en la condena hacia la miseria para los pobres en Colombia. Se convirtió en el peor azote que un gobierno le haya asestado a un pueblo.   Esta gravísima situación no es  solo con el abusivo reajuste del IVA en la Reforma Tributaria, sino la cascada de reajustes que llegan muchas hasta el 62% y lo peor es que es como una dictadura, porque no hay ante quién elevar una queja. 
Alguien podría decir: para eso está el Congreso de la república que es teóricamente la representación popular.  Pero, mentira. Ese  llamado órgano del poder (legislativo) no defiende a los pobres de este país. Y para la muestra, se dedicaron a aprobar todo lo que el señor Ministro de Hacienda se le vino a la cabeza para recoger BILLONES  para la burocracia y la corrupción, con la famosa Reforma Tributaria que es un asalto contra las clases pobres.   
Los colombianos tienen de esta forma, el peor comienzo de año en la historia del país, gracias a la injusta política  del gobierno que con la complicidad del congreso de la república, le cayó la época negra jamás vivida, especialmente a los menos pudientes que es la mayoría, porque los privilegiados son muy pocos y son los vampiros de los pobres.
Esas mayorías de colombianos  parece quedar sumidas en el peor ataque económico contra la sociedad.  
Es que  no es solo el aumento del IVA  frente al reajuste de salario mínimo del 7%; es que los demás incrementos, como para citar algo, está  la oficina de registro de instrumentos públicos que incrementó el valor de los certificados de tradición y libertad, de 14.800 pesos, a 24.000, que representa un 62% y qué decir de los registros de propiedad raíz, ante la misma oficina. Y no es que esta actividad de finca raíz sea  solo de personas pudientes, sino que, el ataque va es contra esas familias de más escasos recursos que necesitan  tramitar sus humildes viviendas ante esa dependencia.   Y quien dice nada con estos, más que atropellos.
Con el incremento del IVA, del 16 al 19%  se desata uno de los peores  azotes contra la estabilidad salarial de una gran mayoría de colombianos que no  se imagina  las ruinas que le esperan en este año.
El pueblo colombiano pasará con estas medidas a convertirse en un conglomerado de indigentes desnutridos, porque ni para conseguir la canasta familiar va a tener oportunidades.
 Con el nuevo IVA, la única alternativa que le queda a la población, es privarse de una serie de bienes y servicios y hasta de unos cuantos artículos que hacen parte de la canasta familiar, reduciendo de esta forma los niveles de vida.
Quién puede entender a un gobierno  que con el respaldo del legislativo (congreso de la república) acentúa aún más las injusticias que son las que motivan que un pueblo en cambio de trabajar con amor e interés nacional, se vuelva rebelde y reniegue contra el sistema que lo rige. Dónde va a quedar la paz.  Tienen razón los críticos del proceso de paz, pero no esos críticos politiqueros ruines  que desde los privilegiados cargos que ocupan en el estado, pretenden hacer creer a los INGENUOS, que están en favor del pueblo; y no se les cree porque ya habiendo ocupado los más altos cargos del sistema, se han ido lanza en ristre contras los trabajadores. Entonces a esos pseudo-críticos no se les puede creer, porque lo que están esperando es caerle nuevamente a devorar lo poco que queda, hasta arrodillar al pueblo convirtiéndolo en menesteroso.
Hoy no queda más que esperar a que las centrales obreras que son las voceras de un alto porcentaje de colombianos, reaccionen como debe ser, porque el país no puede aceptar con sometimiento y resignación las nuevas cargas impositivas que el estado sin ningún reparo y consideración aplica contra la población menos favorecida.  ¡Ahora si tocará salir a protestar en las marchas obreras!  Y como lo han hecho sectores como los camioneros recientemente, no echar paso atrás hasta buscar una reivindicación justa.  El pueblo colombiano ya se está cansando de tantos abusos que se imponen desde las flamantes oficinas del estado burocrático colombiano. Pero hay que reiterar, qué hace el estado para recuperar lo que se roban los delincuentes de cuello blanco, que son billones y billones de los que se apropian y el gobierno solo encuentra al pueblo para arrebatarle con medidas impositivas lo poco que devenga. Esa es la peor injusticia. 

sábado, 10 de noviembre de 2012

CDMB vs. AMB = Intereses económicos

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista
Como un pugilato político es considerado por entendidos la disputa que libran la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), en razón a quién se queda con la sobretasa ambiental del área metropolitana, desde la suspensión de la Directora Elvia Hercilia Páez y el nombramiento del nuevo director, y los movimientos de la Directora del Área Metropolitana, Consuelo Ordóñez de Rincón.
Algunos dicen que existen intereses políticos y económicos por la torta presupuestal; una puja que busca el quiebre del cuello al cisne. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para cerrar las venas rotas de los dineros públicos; dictó un decreto el año pasado –que se cayó- haciendo fuertes señalamientos al trabajo técnico de las Corporaciones Autónomas Regionales.
El documento hacía referencia, qué es lo que tiene que hacer la autoridad ambiental. En ese decreto firmado por el Consejo de Ministros, se hacían fuertes señalamientos al manejo de la cuenca hidrográfica de los municipios de Matanza, Vetas, California y Suratá.
Pero como en río revuelto la ganancia es de pescadores, en el Congreso se estudiaba un proyecto para quitarle autoridad ambiental y entregarlo a las Áreas Metropolitanas, allí, nuestros padres de la patria cavilaban como hacerse a la gallinita de los huevos de oro. Pero afortunadamente, este proyecto de ley también se cayó.
Una historia empezaba: la gran disputa. Ganada en el primer round por el movimiento Político PIN, liderado por el Gobernador Richard  Aguilar Villa, bajo la sombra de su padre el Coronel® Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo y colocando como director de la CDMB al Abogado Ludwing Arley Anaya. Demandado después de su posesión porque no cumplía con los requisitos para ocupar tan importante cargo.
Al mes de su elección de Arley Anaya, la ex directora Elvia Hercilia, olvida las contradicciones con la directora del Área Metropolitana, Consuelo Ordoñez y empieza a urdir lo de la Autoridad Ambiental Metropolitana, con estructura, funciones y asignaciones salariales para su funcionamiento y se dicta el 31 agosto 2012 el Acuerdo Metropolitano No. 016, para acoger a los funcionarios que fueron despedidos en la CDMB (con el guiño de los senadores que apoyaron la elección del Alcalde de Bucaramanga)
Ante esta situación, ¿quién se queda con el manejo de los 16 mil millones de recaudo que hace en los Municipios del área metropolitana de Bucaramanga, la sobretasa ambiental que se paga con el impuesto predial? Y comienza una interpretación jurídica y la capacidad de quien tiene el poder para administrar el dinero.
Las voces desde los organismos de control político (Asamblea y Concejo) se hicieron escuchar e igualmente los organismo de control fiscal Municipal y Departamental (Contralorías) con un Control de Advertencia a los funcionarios públicos encargados de recaudar los dineros de la sobretasa ambiental y aprobar los presupuestos año 2013.
El tema ambiental y el manejo de los 33 mil millones, con radio en 13 municipios de la Provincia de Soto, despertó a los Mac Pato, mucho dinero. ¿Qué dice la ley y el Decreto1339 del 27 de junio de 1994, que reglamenta la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables?
De acuerdo a las transferencias de los recaudos que envían los tesoreros de los municipios y distritos a las Corporaciones Regionales por concepto de dicho porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1º. del Art. 46, deberán ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al periodo de recaudación.
Las Corporaciones Autónomas Regionales destinaran los recursos de que trata el presente artículo  a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para le ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la ley establece, sin dejar de lado el objetivo de la tasa que es el de reducir los vertimientos contaminantes a los ríos, además la generación de recursos para financiar la gestión e inversión ambiental. 
Ante esta pugilato por los dineros (del impuesto), en nuestro estado social de derecho, recuerdo el escolio del escritor y filósofo, Nicolás Gómez Dávila que escribió: “cada vez que me levanto y contemplo por la ventana de mi casa el panorama de la corrupción en Colombia, termino añorando los tiempos pasados, cuando la corrupción era más poquita”.
*Poeta y Escritor

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