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viernes, 3 de agosto de 2012

ESTIGMATIZACION HISTORICA

----------------------------------Por Gerardo Delgado Silva
Nunca ha cesado la horrible noche, como dice el himno.  La conquista fue una masacre del diablo en nombre de Dios.  No otra cosa afirma Juan Ginés de Sepúlveda, vocero de conquistadores, capellán y cronista del emperador Carlos V, cuando escribió un tratado docto, sobre Las justas causas de la guerra contra los indios donde sostenía que era “lícito y necesario hacer la guerra a los indios y reducirlos a la servidumbre”.
Se empeñó en aplicar a los nativos del Nuevo Mundo la doctrina aristotélica de la esclavitud natural, según la cual una parte de la humanidad es apartada por la naturaleza  para ser esclavos al servicio de amos nacidos para una vida de virtud, libre de labores manuales.  Además, por cinco razones entre las cuales destacó: “Los indios eran idólatras y cometían pecados contra natura, por lo cual el sufrimiento infligido por la Conquista debía interpretarse como el justo castigo de Dios sobre ellos.”. Para justificar la coacción “evangélica”, con el término “idolatría”, se designaron las creencias, ritos, costumbres, cultos y ceremonias indígenas consideradas como signos del extravío al que habían sido conducidos por el diablo los crédulos amerindios. 
Al combatir a los infieles o convertirlos al catolicismo, los españoles se sentían ejecutando en tierra el trabajo de Dios quien, por su parte debía recompensarlos.
Y bien. Recordemos que con el triunfo de los españoles en Granada el 2 de Enero de 1492 sobre los árabes, se puso fin a una guerra de siete siglos.
Es incontrovertible que aquellos veteranos cesantes de los combates con los moros, se convirtieron en los conquistadores con sus pasiones, angustias y sus fuerzas siniestras del nuevo mundo.
Empero, la guerra como afirma el psiquiatra Francisco Herrera Luque, “regresa al hombre a niveles primitivos y le devuelve placeres atávicos de los que lo privan la paz y la civilización: el crimen, el incendio, el pillaje y la destrucción”.
Y es que parecería ocioso, aclarar que toda guerra invierte los valores a tal punto que el conciliábulo del nuevo movimiento político creado en el Club el Nogal, irónicamente denominado Puro Centro Democrático, al descoger analíticamente los pliegues verbales de esos virtuosos maestros del nuevo concepto de pureza, persuadidos de ser pulcros y egregios patriotas: el señor Álvaro Uribe con los llamados falsos positivos, José Obdulio Gaviria, el primo del patrón del mal, señor Pablo Escobar Gaviria, y el señor Fernando Londoño Hoyos con la sombra siniestra de Invercolsa; contemplan la adopción de políticas represivas como única solución a la “subversión terrorista”, sin mantener el equilibrio del razonamiento, la ponderación del juicio y el freno guión de la conducta, sin buscar a esos males sus hondas raíces sociales, sin entender que la violencia nunca acaba con la violencia o como en la frase de Tolstoi basada en los evangelios: El fuego no apaga el fuego.  Quienes somos esencialmente pacifistas por honda convicción moral, rechazamos enfáticamente la violencia.
El Estado no puede concentrarse sólo en esfuerzos represivos.  Deben por ejemplo desactivarse las causas de fondo.  Con la guerra se aviva la hoguera de las pasiones subversivas y los resentimientos.  En ocho años de desfallecimiento moral con el Gobierno del Señor Uribe, no fue capaz de resolver el conflicto derrotando las guerrillas, como lo prometió.  Sus electores abanderados parapolíticos  aherrojaron la Nación al abismo de todas las locuras imaginables desposeyéndola así del solio de potencia moral con que generaciones la honraron durante muchos años de ecuanimidad, de probidad y de justicia.  Lo que anhelan los señores del Puro Centro Democrático, ya se probó en la patria, y sus desastrosas consecuencias están a la vista. 
Ahora bien. No se puede negar el expolio y el exterminio de indígenas como móvil de los conquistadores, lo cual conmovió las conciencias de frailes eminentes que emprendieron desde 1511, con Antón de Montecinos  a la cabeza, y Bartolomé de las Casas, una decidida lucha por la justicia.
Hoy, sigue el desangre sistemático y selectivo contra líderes y autoridades indígenas.  Y en medio, atrapada entre todos los fuegos, ha quedado la población indígena, no solo en el Cauca, sino en todo el país.
Claman por el respeto a la vida, la naturaleza y la cultura y se oponen desarmados a la intervención de grupos armados ilegales ya sean las Farc, el Eln, los paramilitares, y así mismo fuerzas oficiales.
Todos los grupos los acusan de ser “colaboradores” de los otros, y piden que se entienda que no hacen parte del conflicto. Los indígenas del Cauca, constituyen uno de los sectores más organizados e independientes frente a los “actores” del conflicto.  Su peso específico lo ha demostrado con el modelo de desarrollo que encarna el Proyecto Nasa, galardonado internacionalmente. 
A nadie pueden serle extrañas las tragedias de los indígenas, sumidos en la miseria y el desamparo.  Se hace imperativo un acto vigoroso de solidaridad y de fortaleza moral en torno a la dignidad de estos compatriotas, para cubrir la inmensa deuda social a la que las élites y los gobiernos han hecho a un lado por tantos años, agravada por la catástrofe humanitaria detectada tiempo atrás por la ONU.
Así las cosas, para nadie es un misterio el reclutamiento de menores de edad en las filas de la abominable guerrilla y los paramilitares en nuestro país.  Es una práctica tan horrenda como extendida.  Y, lamentablemente combatida apenas de palabras. 
Evidentemente, el riesgo de reclutamiento comprende a los niños indígenas del país, para ellos no existe un blindaje, como tampoco circunstancias atenuantes. 
Empero, no se puede estólidamente afirmar que las protestas de los grupos indígenas en el evento del Cauca, constituyen una asonada y obedezcan a infiltración y estrategias de las Farc según el liviano Ministro de Defensa; que asombra con su ostensible ignorancia del Derecho Penal y por tanto de la conducta típica.  Por el contrario, es un despliegue clamoroso a favor del respeto al derecho fundamental a la vida,  y demás derechos humanitarios.  Importante, pues buena falta hacen en Colombia demostraciones de protesta que, en lugar de la violencia, recurren a la fuerza de la organización popular.  Porque, para acudir a las “razones de Estado”, como principio y fin de todo discurso, no haría falta más que abrir un libro cualquiera de política o de historia y encontrar en los “medios” de Maquiavelo o de Hitler la legitimación trasnochada a toda tentación de un Estado más autoritario, la única forma de garantizar lo que la política no podría: la reconciliación con tantos colombianos a quienes la guerra, el odio, la intransigencia y sobre todo nuestra indiferencia condenaron.  Al país hay que rehacerlo y ese no es solo un ejercicio de la fuerza.  Más allá de la estrecha lógica de amigo – enemigo, se requiere entender la particular atención que merece los indígenas.  Crear en Colombia un remanso grato y ennoblecedor de seguridad social en contraste con el turbión de tragedias vividas.  Es la oportunidad de una multitudinaria ratificación de la paz, del fortalecimiento de los Derechos Humanos en otras palabras, la realización del Estado Social de Derecho, y de las prácticas democráticas.  Esa paz, de la cual entonando un canto de esperanza a la vida, con significación moral y filosófica declaró Pablo VI: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.
Y Luis Carlos Sáchica, ese gran constitucionalista transido de patriotismo expresó: “La paz no es tan solo la ausencia de guerra; es un estado de ánimo colectivo que no depende de la organización jurídica”.
                                              
                                                                                                              Publicado por  Bersoa.com

domingo, 15 de julio de 2012

El dolor que dejan los artefactos explosivos

INDÍGENAS Y FFMM DOS LENGUAJES
Por: Alejandro Arias
E-mail: alejandroarias@dialnet.net.co 
Cuando conocí a Olga Isabel apenas habían pasado 11 días desde el momento en que le dio el último adiós a su hijo Geider José Carrillo Robles, soldado profesional muerto el 13 de marzo de 2012 en Caucasia (Antioquia) al pisar un artefacto explosivo improvisado en medio de una operación militar. (Ver FOTO GEIDER CARRILLO: http://sdrv.ms/Lp1bUq)
Geider José no era cualquier soldado profesional aunque reconozco que todos son héroes de la patria; pero Geider además era indígena, un indígena Arhuaco. (Ver FORMATO DE CONCENTRACIÓN Y RECLUTAMIENTO: http://sdrv.ms/NoUv8x)
Resultó casi frustrante para mí escuchar cómo Geider a pesar de todos las oposiciones que se dieron para que se enlistara a las filas finalmente obedeció a su corazón y ofrendó, como en la oración patria, su vida por defenderla. Y digo que me resultó frustrante porque mi presencia en su comunidad era para enterarme cómo en 50 años esa misma institución, por la que ofrendó su vida y esos jefes, compañeros y subalternos a los que seguro jamás hubiera abandonado en acción de guerra, han invadido y se han apropiado, burlando todo marco legal, sus territorios sagrados y ancestrales como el cerro el “Alguacil o Inarwa”.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas cuyos principios fueron acogidos mediante carta enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, comporta elementos de respeto muy explícitos que aterran su abierto desconocimiento por los agentes del estado.
Tal es el caso del artículo 30 que por ejemplo precisa que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”. Consulta que debe cumplirse antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
La Corte constitucional en reiteradas sentencias, a propósito de esta Declaración, ha sostenido que ésta refleja la posición actual de la comunidad internacional sobre la materia por lo que es una pauta de interpretación de los derechos fundamentales que debe ser tenida en cuenta por el juez constitucional. Lo que permite entender el grado de compromiso que adquirió y está obligado nuestro país en el respeto de los derechos territoriales indígenas.
No hay dudas en cuanto a la importancia del accionar de nuestras Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional sin excepción alguna pero no es de recibo que la institucionalidad pierda de vista los mínimos “modales” legales existentes a la hora de necesitar disponer de los más sagrado, cosmogónicamente hablando, de todo indígena: su territorio.

De hecho cuando se presentan este tipo de tensiones, entre los derechos fundamentales de los indígenas y cualquier otro derecho de carácter constitucional ha sido del criterio de la Alta Corporación Constitucional que solo son “admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas” y agrega que “la evaluación sobre la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad”.
No en vano la Corte Constitucional ha considerado y reiterado que los derechos fundamentales son los mínimos de convivencia social y que deben estar protegidos de la arbitrariedad de las autoridades
La ocupación de los territorios indígenas por parte de las FFMM en ejercicio de la soberanía nacional demandan de nuestras tropas unos mínimos vitales que salvaguarden y garanticen el respeto a la dignidad humana de nuestras etnias, regularmente sometidas a condiciones de indefensión por los agentes legales e ilegales del conflicto.
Que la guerrilla atropelle, que vulgarmente desplace y atente en contra de nuestras sociedades tribales es un hecho repudiable pero aún igualmente inadmisible es que so pretexto de “defender la democracia maestro” se atente contra la integridad cultural de quienes deben ser sus protegidos.
Mientras a la fecha casi una docenas de indígenas Arhuacos creen en la entrega total en defensa de la patria la patria en la práctica invade y vulnera lo más sagrado de los indígenas. Ojalá el estado políticamente decida buscar la forma para que Indígenas y FFMM no sigan hablando dos diferentes lenguajes.

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