Las drogas – Salud pública – De las
tinieblas a la luz
Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
En Colombia,
el más reciente estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en 2011,
hecho por los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, y Justicia y
Derecho, a población escolar entre los 11 y 18 años, dado que el inicio del
consumo se presenta comúnmente en esta etapa de la vida; identifica que es un
problema real, en aumento, sobre el cual hay que hacer prevención, y arroja alarmantes cifras como: el 45% consume
alcohol entre los 14 y 17 años, el 17% tabaco o cigarrillo; el 7% consume
marihuana, el 2,8% cocaína, y otras sustancias como el éxtasis, pegantes, bazuco,
energizantes, y la familia de las
benzodiacepinas, que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central
y que clínicamente son utilizados como sedantes, ansiolíticos o
anticonvulsivantes, 1.9%.
En comparación con el estudio realizado
en 2008, por el entonces Ministerio de Protección Social, hecho a la población
en general, que identificó al 56% de la población con problemas de alcoholismo,
mayor vulnerabilidad hombres entre los 18 y 35 años, seguida de la marihuana
2.7%, mayor vulnerabilidad jóvenes de 14
a 24 años; la cocaína y la heroína con el 2.3%, y otras sustancias con el 1.6%,
no se ha hecho nada, y el paradigma aumenta velozmente, consumiendo ahora a
nuestros niños y jóvenes, que en la adultez ya significan un estorbo
socio-económico.
Sumado a este flagelo
por efecto se asocian otros índices como la accidentalidad, conducta violenta y
hasta la muerte, y en ese mismo sentido la OMS - Organización Mundial de la
Salud- reconoce la adicción, como la
segunda causa de muerte en el mundo.
Por lo tanto, bajo ese escenario elevar la adicción a las
drogas y otras sustancias psicoactivas como el alcohol, a enfermedad y problema
de atención pública en Colombia, es darle el necesario e inmediato rostro de la
educación preventiva, que se debe hacer de manera incluyente entre programas
del Estado, sensibilización y socialización en los colegios, y concientización
de los peligros en casa, y la precisa rehabilitación orientada por especialistas.
Apoye
la iniciativa en el Congreso, presentada por el compañero de partido y senador,
Juan Manuel Galán Pachón, considerada la primera ley que obliga al Estado
atender integralmente a todos los adictos, que pasa a sanción
presidencial, y coloca al país a favor
de la renovación de las políticas antidrogas, que tradicionalmente se han
enfocado en la restricción y la persecución de quienes consumen las sustancias;
con esta norma superamos la represión y el castigo, reconociendo que los
adictos tiene un derecho a la resocialización, y generamos un imaginario social
dirigido esencialmente hacia la educación y prevención. Frente al tabaco ha
habido avances legislativos, pero ante el alcohol y las drogas, teníamos esa
deuda con los colombianos.
Pese
a que otras iniciativas en el Congreso han afirmado que la rehabilitación de
los adictos le puede costar al Estado entre 7 y 24 millones de pesos, que la población de adictos supera los 300
mil enfermos, estoy de acuerdo con el senador Juan Manuel Galán, que le cuesta
más al país no tener un sistema de tratamiento para los adictos y los
consumidores, y óptimos programas de prevención; además las obligaciones vienen
en concordancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional
que en varias sentencias ha ordenado al Estado y al gobierno no desamparar a
los adictos, y brindarles tratamiento.
Entendemos que esta
norma va en dirección de incluir la adicción como una enfermedad que debe ser
atendida dentro del POS -Plan Obligatorio de Salud-, en un tratamiento completo
farmacológico y psicosocial, y que se considerara de manera gradual y
progresiva, dado los altos costos de infraestructura y recurso humano especializado
que requiere. También se que los dueños de las ESP, están en desacuerdo, porque
les afecta el bolsillo, y hasta pronostican que la gente se atenderá en garajes
improvisados, por la falta de dinero; pues los
pocos centros que existen no tienen auditorías y la mayoría no están
debidamente habilitados.
La ministra
de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, afirmó esta semana que
"además de que ya se han definido formas de tratar a estos pacientes con
guías estructuradas, como la del alcohol, se están determinando criterios de
habilitación para que los centros que se dediquen a esta tarea lo hagan con
calidad". Esa batalla y riesgo debemos asumirla por el
bienestar de nuestras presentes y futuras generaciones.
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