miércoles, 25 de julio de 2007

EL ROPAJE QUE FALTABA


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Por: Gerardo Delgado Silva

Esta es una hora de tinieblas para el país. La actitud permisiva del liviano ministro del Interior y de Justicia, al prohijar la aspiración de unos desmovilizados paramilitares de hacer campañas políticas con el fin de acceder a cargos de elección popular, no es un gesto que contribuya a la democracia, a la justicia y a la paz; antes por el contrario es un despropósito en detrimento de nuestras instituciones jurídicas, que desarticula los principios morales y revela una rendición del Estado a los bastardos intereses de los depredadores, elevando oficialmente el delito como fuente del derecho.

Aristóteles el más grande sabio de la antigüedad, en su “Ética a Nicómaco”, considera que la política es la continuación de ésta.

Y bien. Los empleados públicos tienen que ceñirse a las funciones que les señalan la Constitución y las leyes de la República, y además, aquellas que se desprenden del orden moral de sus conciencias.

El actual ministro, incurre a menudo en pronunciamientos de carácter político, que son simples descarrilamientos constitucionales.

De ahí, que debería estar más preocupado de adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y de su eficacia, en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad, en esa llamada “Ley de Justicia y Paz”, y en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la criminalidad, en todo el espacio de nuestra patria.

¿Por qué el gobierno, con las afirmaciones del ministro, niega tácitamente la honda dislocación que ha sufrido la sociedad por la conducta de los desmovilizados, que no han abandonado el crimen pues mantienen los lazos que los atan a los nuevos integrantes, como se advierte en el informe de la OEA?

¿Estos son los horizontes ejemplares que se le abren a la juventud?

Entonarles un cántico a las aspiraciones políticas de los paramilitares, es agregar sin medida, una amargura amarguísima, a la absurda tragedia de las víctimas, es vejarlas como lo hizo personalmente el ministro, con la niña huérfana de uno de los diputados de Cali, comportamiento repugnante y cobarde, que equivale a colaborar con los verdugos, en una injusticia suprema.

Y sin más ideales que su posición clientelista en el poder, banaliza el concepto de justicia, de los derechos humanos que afirman el valor supremo del hombre, del derecho natural, es decir la moral social imprescriptible, y desconoce irrespetuosamente, el “Manifiesto Ideológico”, de su partido conservador, cuando no era mendicante, que decía: “El partido conservador, ante la crisis moral, (sin vislumbrar lo de ahora) quiere dar un grito de rebeldía y de liberación… La crítica depuradora ha sido siempre parte integrante del patrimonio histórico del conservatismo…”.

Lo que está oculto, y no ha tenido hasta el momento explicación, es que el gobierno al parecer considera correcta la recomendación de Tariq Alí: “Vamos a castigar los crímenes de nuestros enemigos y recompensar los crímenes de nuestros amigos”. (El País, 20–9–01).

Al respecto de esa aspiración política de los 30.000 desmovilizados, que no han recibido beneficios de indultos o de otra naturaleza, al tenor de la Ley de Justicia y Paz, que contempla también, la pena alternativa para los delitos de lesa humanidad, que no han cumplido con el derecho de las víctimas a la “verdad, justicia y reparación”, ¿se les deben allanar los caminos para sacralizar con la impunidad sus prácticas execrables y degradantes?

Ahora bien. Previendo simulaciones, en el año 2005, un grupo de Demócratas y Republicanos, en carta enviada al Presidente Uribe, según The New York Times y Chicago Tribune, solicitan en singular tarea, el “desmantelamiento efectivo de las estructuras de las organizaciones terroristas extranjeras, en este caso las AUC”.

¿El gobierno les cumplió a los congresistas, desmontando la estructura subterránea de narcos y paramilitares?

¿Entonces, porqué se extiende implacablemente un control en muchas de las instituciones de elección popular, encabezado por los parapolíticos? ¿Lo que buscan los desmovilizados, es el control absoluto de toda la sociedad?

¿No estarían en ventaja los desmovilizados prepotentes, para hacer política con sumas multimillonarias y las manos de hierro de las nuevas estructuras paramilitares que llegan a 84, según Indepaz, frente a ciudadanos decorosos, que nunca han incurrido en conductas desafiantes de las normas penales?

Es una indiscutible verdad. Cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado, nadie puede ser ligero, ni ingrávido, con pronunciamientos que induzcan a pensar en un ropaje de bendiciones, al pasado atroz de muchos facinerosos altos y bajos.

Pero el Estado, cierra los ojos ante el siniestro retoño de nuevos grupos, con un total de 9.078 integrantes, según Indepaz. Cualquier día puede sacárselos, como lo hacen los cuervos.

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martes, 17 de julio de 2007

Gracias a la seguridad democratica


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Media Colombia está copada de nuevo por grupos criminales ligados a narcotráfico y paramilitarismo En dieciséis departamentos se han identificado las denominadas estructuras emergentes, cuatro años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las autodefensas.
Por eso, la OEA, en su último informe, advirtió que el país está en riesgo de caer "en una profundización de la influencia del paramilitarismo asociada al narcotráfico".
La preocupación tiene asidero, además, si se tiene en cuenta que también salen a flote dos nombres que están detrás de esa expansión: Wílber Varela y Diego Montoya, los dos narcos más importantes del Valle.Estratégicamente, las 20 estructuras que, según la Policía Nacional, tienen 3.030 integrantes en todo el país y no están conectadas entre sí, se encuentran ubicadas en zonas de cultivos ilícitos y corredores de movilidad de coca. Se instalaron en La Guajira y Magdalena para enviar la droga por la costa Atlántica; tienen presencia desde Urabá, pasando por el sur del Cesar, hasta los santanderes, para usar la ruta del Catatumbo que conduce a Venezuela.En en el suroccidente del país, tienen hombres en cuatro departamentos para controlar la salida por el Pacífico. Y también hay grupos en Antioquia y Atlántico.
El Gobierno insiste en que esta no es una nueva generación del paramilitarismo, pero la realidad es que todos los grupos emergentes tienen un componente de desmovilizados (el Director de la Policía, general Óscar Naranjo dice que son un 12 por ciento) y de mandos medios de las autodefensas que nunca dejaron las armas y quedaron como remanentes en las regiones.
Los jefes 'paras' recluidos en la cárcel de Itagüí arguyen que son hombres sobre los cuales ya no tienen injerencia, pero un organismo de seguridad sabe que, además de Carlos M. Jiménez ('Macaco'), también Rodrigo Tovar ('Jorge 40'), Guillermo Pérez ('Pablo Sevillano'), Ramiro 'Cuco' Vanoy y un segundo de Francisco Zuluaga ('Gordolindo'), están vinculados al rearme. Se suma que ex comandantes, que huyen de la justicia, como Vicente Castaño y Pedro Oliveros 'Cuchillo' (que están en guerra) y los mellizos Víctor y Miguel Mejía Múnera están dedicados al mismo negocio y establecen alianzas con las autoridades.La OEA alertó sobre esta situación y la Policía desvinculó a 7 oficiales por omisión. El Ejército separó a 52 más.
Fuente: El Tiempo.
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viernes, 13 de julio de 2007

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN




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casino online Por: Gerardo Delgado Silva

Referirnos a este patriota consubstancial, de prodigiosa inteligencia critica, es evocar de un golpe toda una serie de nociones universales jurídicas, filosóficas y económicas que se fundieron en la vida de López Michelsen y que les dio cauce perfecto como una contribución permanente para enaltecer e iluminar esta patria que amamos. Debido quizá a su formación europea, en todos sus estudios procedió con una lógica rigurosa, que lo llevaron a deducciones racionales y exactas, sin incurrir en el fenómeno tan común en nuestro medio, de llenar páginas con vanas palabras.

El liberalismo estaba personificado en él, y así lo expandió en la conciencia colectiva por los cauces abiertos de la democracia escogiendo lo mejor para la patria, sin ataduras a odios, venganzas, sectarismos, sin “razones de Estado”, sin estar rodeado jamás de circunstancias insalvables, como el hecho tenebroso y degradante de la parapolítica que afrenta la tradición otrora respetable de nuestra nacionalidad.

Se educó en la admiración de las mejores cualidades de los hombres y entró en la vida pública como un jurista que le permitió imprimir a todas sus actuaciones políticas, el sello severo de la justicia permanente. Fue un faro de dignidad, de entereza y obstáculo infranqueable para las fuerzas que pretenden arrollar el Estado de Derecho.

Desde la presidencia, abrió a todos los colombianos sus brazos, su corazón y su inteligencia, entregándose a una labor de sanidad espiritual y cumpliendo una finalidad redentora con reformas y cambios a favor de los más desprotegidos y humillados, habida cuenta de la inmensa y aplastante deuda social del Estado.

Su política no fue de clase ni a favor de un grupo – no obstante que formó el MRL – ni de un partido. Fue una política nacional, una formidable misión de quien tuvo las virtudes propias del más grande estadista del siglo XX y de lo que va corrido de este siglo XXI.

En su “Mandato claro”, como desde 1938 cuando fue insigne profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional, a la cual le dedicó su obra “El Estado Fuerte”, demostró que el imperio del Derecho es, ante todo: La sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes, excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada.

Sabía que el hecho fundamental es el constitucionalismo, pues sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva y la aspiración de una paz estable.

Y aunque surgió en medio de la tempestad, nutrió con la savia ideológica de su pensamiento el discurrir histórico de la nación.

Su paso por todas las más altas posiciones públicas queda marcado por su calidad de símbolo, que siempre necesitan los pueblos para perpetuarse en ideales o en reivindicaciones. Y como intrépido defensor de los derechos humanos y de los instrumentos públicos internacionales ratificados por Colombia, no se cansó de clamar por el intercambio humanitario con las FARC, porque el mejor fruto de la política es el entendimiento, que proviene de la formación filosófica. La paz la llevamos todos dentro, muy adentro, como una razón vital.

Y desde la dorada cima de su madurez, no miró nada distinto que el destino de Colombia y la integridad de sus instituciones. Su muerte es un vacío que estremece a todo el continente.

domingo, 8 de julio de 2007

TRATADOS Y SOBERANIA



“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”, dispone el artículo tercero de nuestra Constitución Política.

Resulta evidente que, dentro del concepto de Estado de Derecho, ningún poder derivado puede, mediante tratados o convenios celebrados con otras potencias comprometer la soberanía que “reside exclusivamente en el pueblo”; por consiguiente los tratados que celebre la República de Colombia sólo serán válidos en cuanto éstos no vulneren la soberanía; por principio inalienable los tratados deben respetar y mantener la independencia nacional en todas sus manifestaciones.

Cuando están por cumplirse doscientos años del llamado grito de independencia del veinte (20) de Julio de 1810 que dio comienzo, en el Virreinato de la Nueva Granada, a la revolución liberadora del dominio colonial español, da vergüenza y causa pena admitir que por la decisión irresponsable y apátrida del Congreso de Colombia y por la imposición del Presidente de la República hemos enajenado nuestra independencia y nuestra soberanía nacional mediante la aprobación del Tratado de Libre Comercio que nos impone unas condiciones de sometimiento económico y político a los Estados Unidos.

El Tratado de Libre Comercio responde a las necesidades y exigencias de la economía norteamericana que busca quebrantar la soberanía, la autodeterminación, de los países de su área de influencia para convertirlos en vasallos y, mediante el sometimiento, apropiarse de las fuentes de abastecimiento de materias primas y asegurar un mercado cautivo para sus sobrantes y los productos que son desechados por sus consumidores nacionales; así, por la gracia del T.L.C. los colombianos consumiremos los desechos de pollo que se niegan a consumir los norteamericanos y de paso le daremos entierro de pobre a la producción avícola nacional que, en nuestro Departamento es una de las mayores fuentes de empleo; igualmente se restringirá el consumo de huevos, producto básico de la canasta familiar que sólo estará al alcance de los pocos consumidores que puedan pagar sus altos precios que generará la destrucción del inventario avícola.

Mediante el Tratado de Libre Comercio que se ha suscrito con los Estados Unidos el Estado Colombiano queda maniatado a los intereses de los monopolios trasnacionales que, con la intervención de tribunales internacionales hechos a su medida y el apoyo las autoridades colombianas, impondrán su voluntad a los industriales y agricultores nativos.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aprobado sin mayores análisis por el Congreso de Colombia y sancionado por el Presidente ALVARO URIBE como Ley 1143 de 2007 augura negros nubarrones para el país; al entrar en vigencia el T.L.C. los productores colombianos deberán pagar grandes regalías para acceder a las patentes concedidas a los monopolios sobre las semillas y los productos y procedimientos industriales y, además, deberán competir en condiciones adversas y desiguales frente a los grandes subsidios que le otorga el Gobierno de Estados Unidos a la industria y a la agricultura de ese país.

En un horizonte próximo, cuando comience la fatídica era del T.L.C. que se avecina, se vislumbra en nuestro país el desabastecimiento de productos agrícolas y ganaderos esenciales para la nutrición de la población y, desde luego, el crecimiento del desempleo, la violencia y la pobreza para las mayorías nacionales como contrapartida de las fabulosas ganancias que obtendrán los monopolios.

Ante este panorama desolador los colombianos debemos realizar un plebiscito nacional para recuperar la soberanía nacional y rechazar y dejar sin efecto los tratados de sometimiento al capital internacional y al imperialismo norteamericano promovidos por el gobierno uribista.

Bucaramanga, Julio 05 de 2007

REINALDO RAMIREZ
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martes, 3 de julio de 2007

ATROCIDAD SIN LÍMITE




Por: Gerardo Delgado Silva.

El crimen ignominioso llevado a cabo presuntamente por las FARC, en enfrentamiento con mercenarios, según el Nuevo Herald, contra once seres humanos, respetables por el hecho mismo de serlo, es una tragedia no sólo para las familias de los diputados, sino para la Nación que estará conmovida por generaciones.

Este turbión de hechos ominosos, es como si las fuerzas del mal, hubiesen conquistado el predominio sobre las del bien, sin llamar así a las unas y a las otras con un criterio maniqueísta, sino impresionados por las latencias de su realidad. Se sepultan muchos de los valores construidos a lo largo de los siglos, que rodean a nuestra civilización.

Cuando nació nuestro país, se vivieron masacres del diablo, en nombre de Dios. Conflictos desatados en la conquista española y luego un rosario de atrocidades que siguieron y no acaban, como una parábola sin tiempo, expresión dialéctica del rencor de Caín, con componentes políticos socioeconómicos y narcoterroristas. Dramático testimonio de nuestra sociedad enferma, para la cual no “cesó la horrible noche”, como reza el himno. Este paisaje patrio con una moral en ruinas, permite que legiones de monstruos en todos los rincones yergan su espanto dispuestos a controlar el Estado.

Empero, los hechos atroces de ahora, son repudiables e incondicionalmente condenables, sin que pueda servir de atenuante, la falta de piedad, la indiferencia y los oídos sordos del Presidente a los clamores de los secuestrados, de sus familiares y del país, a favor del convenio humanitario; pasando por alto los Protocolos de Ginebra.

La solución militar de los problemas de la violencia prevalece sobre la solución política. Días antes de conocerse el holocausto de los diputados, el Presidente desbordado dijo: “General, no apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos y bombardee a esos bandidos”; los resultados eran fáciles de adivinar. Resulta ajena y olvidada la suerte de los cientos de secuestrados, porque los derechos humanos en nuestra patria sólo han sido una retórica, un discurso para legitimar el poder, sin la más mínima consideración y protección en la práctica, de los derechos fundamentales, entre ellos la vida y la libertad que deben ser interpretados en los conflictos a la luz de los instrumentos públicos internacionales ratificados por Colombia.

Aún con las bocas calladas en medio del estupor y la indeleble tristeza, multitudinarias almas le hacen coro a ese motivo valioso del convenio humanitario, enaltecedor de la especie humana.

Sin embargo, el Presidente parece más preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al acuerdo, que significa paz y justicia. Porque como escribió Rousseau: “El mas fuerte nunca es lo bastante fuerte como para ser siempre el amo, a menos que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

La ira, la desmesura y la arrogancia nacen de la ambición de poder, “la razón de Estado”, como le ocurrió a Tántalo que se creyó más sabio que los dioses. Pero el poder, no es el fin del Estado, como no me canso de repetir sino la persona, su dignidad, por lo cual la Constitución Política, exige un respeto y protección a la vida como un valor supremo, un auténtico imperativo para el Estado Social de Derecho. Así lo reconocen todas las Constituciones de la desoladora posguerra europea, pues se había violado el derecho a la vida masivamente, con la tenebrosa pérdida de 50 millones de seres humanos.

Ha llegado la hora de reconocer que el acuerdo humanitario no es una actitud de debilidad gubernamental, y que la única salida a esta guerra endémica, es una solución negociada en sintonía con la comunidad internacional y la civilidad.

Israel, ha intercambiado sus soldados por palestinos retenidos en muchas ocasiones, y el mundo recuerda que por un solo soldado, en 1979, liberó a 76 palestinos.

Hace 105 años liberales y conservadores pusieron fin a la terrible guerra sectaria, de heroísmo inútil llamada “de los mil días”, después de suscribir tres tratados.

Es imposible que esta guerra, en el suelo que pisaron nuestros antepasados, se resuelva con más guerra, en tanto que se desatiendan las raíces remotas del conflicto, sin que se rompan los lazos que atan a muchos colombianos al odio y a la venganza en fanática expresión. Tolstoi, basado en los evangelios, expresó: “El fuego no se apaga con el fuego”.

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viernes, 29 de junio de 2007

LA MUERTE DE LOS DIPUTADOS




La fatídica muerte de los once Diputados retenidos como rehenes por la guerrilla de las FARC constituye una muestra palpable de la irracionalidad de la guerra; los insurgentes y el Estado, dirigido esta vez por el Presidente Alvaro Uribe, se trenzaron en una disputa estéril e injusta que ignoró la dignidad y los derechos de sus víctimas; ninguna de las partes quiso ceder un ápice para salvar las vidas de estos líderes regionales, simples alfiles en este juego macabro, que permanecieron retenidos en las selvas inhóspitas de Colombia por más de cinco años, truncados sus proyectos de vida, alejados de sus familias en condiciones angustiosas y adversas cuyo largo cautiverio terminó con su muerte en un acto más de confrontación de una guerra que sólo los consideró una prenda útil para negociar pequeños intereses de los actores del conflicto.

En este caso como ocurrió en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ante las “razones de Estado” nada valieron los intereses de la vida, como importan poco o nada la suerte de los millones de colombianos que sufren en la indigencia, las enfermedades y la miseria o los niños que mueren por desnutrición o son víctimas fatales de simples dolencias curables; la justicia y la igualdad de los colombianos poco importa frente a las ganancias del capital y la creciente concentración de la riqueza en los monopolios nacionales e internacionales que, como las aves de rapiña, ahora disfrutan de la bonanza económica en un panorama de dolor y miseria.

De una u otra manera los colombianos somos víctimas del conflicto social y político generado por la desigualdad, la injusticia y la falta de oportunidades; el Estado colombiano promueve e implanta mediante la fuerza y la violencia un modelo económico que privilegia el lucro de unas minorías y niega y reprime los derechos de los ciudadanos; la educación, la salud y la vida han perdido su carácter de derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia para convertirse en el botín del desenfrenado afán de lucro de los mercaderes y los corruptos que emplean todos los medios, inclusive la violencia física y la muerte, para obtener sus egoístas y funestos propósitos.

En nuestro país el Estado Social de Derecho, basado en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad que predica la Constitución, es un simple embeleco, una ficción política que encubre los verdaderos intereses y designios del poder económico dominante. Frente a los intereses del capital la dignidad humana y la solidaridad son simples obstáculos, estorbos que se deben obviar, en cuanto puedan afectar los estados financieros de las organizaciones monopólicas.

Las familias de los diputados del Valle, comparten su dolor con muchas otras familias colombianas que también lloran hoy a sus muertos, desaparecidos y demás víctimas de la guerra; muchos colombianos han sido desplazados de los campos y aldeas que los vieron crecer; muchos colombianos deambulan tristes, sin rumbo y sin esperanzas por las calles de las grandes ciudades y otros tantos han abandonado el país empujados por la violencia y la miseria; poco a poco la mayoría de los colombianos perdemos este país que fue nuestro y que hoy es entregado sin ningún escrúpulo al mejor postor; poco a poco nos convertimos en extraños en la patria que nos vio nacer.

REINALDO RAMIREZ

Bucaramanga, Junio 29 de 2007

martes, 19 de junio de 2007

LAS PEZUÑAS DE LA PARAPOLITICA

Por: Reinaldo Ramírez


Es evidente para cualquier observador desprevenido que las pasadas elecciones en los Estados Unidos que le dieron al Partido Demócrata el control del Congreso de ese país están generando profundos replanteamientos en la cúspide del poder imperial, tanto en el aspecto político, como en el campo económico y militar.

El esquema económico neoliberal, basado en la concentración del capital y la globalización de la pobreza, está haciendo agua en todo el mundo capitalista; la exagerada concentración de la riqueza en los monopolios trasnacionales ha privado, en el mundo, a millones de personas de las condiciones mínimas de supervivencia y estas grandes masas humanas, que día a día se multiplican, carecen, por lo mismo, de ingresos para adquirir los bienes y servicios producidos por las fábricas que le dan rentabilidad y oxigenan el capital; por esta razón el capital termina asfixiado por su propio éxito.

La estrategia militar de la dominación y el mantenimiento del sistema económico imperial, igualmente está en crisis; los esquemas de dominación de los pueblos sometidos mediante sus tropas de ocupación y su chantaje nuclear sobre las demás naciones pierden a diario la eficiencia de otros tiempos; los métodos de represión violenta empleados por los Estados Unidos y las ventajas tecnológicas de su maquinaría bélica están siendo superadas por la resistencia empecinada de los nativos de los países dominados.

A partir de la década de los años ochenta el Gobierno de Ronald Reagan y sus sucesores, pusieron en práctica la creación de bandas paramilitares tanto en América Latina como en Asia; esté método criminal de contención social en países como Colombia, creció y se desarrolló bajo el estímulo y la protección de los poderes institucionales que, con la excusa de la lucha antisubversiva, cumplen la misión específica de apoyar a las fuerzas regulares de los estados, en la tarea de hacer el trabajo sucio y reprimir, matar y desaparecer a los descontentos.

En Nicaragua, país que luego de una cruenta guerra logró derrotar la vieja y decrépita dictadura Somocista que gobernó ese país con mano de hierro para defender los intereses norteamericanos, vimos surgir la llamada “contra” dirigida descaradamente por asesores gringos y financiada por el imperio, inclusive mediante el tráfico de drogas, con la misión específica de desestabilizar el Gobierno Sandinista e impedir la realización de sus programas de reconstrucción social y desarrollo de ese país.

En nuestro país, el proyecto paramilitar tuvo por modelo la contra nicaragüense y hace parte de la estrategia norteamericana de la guerra preventiva contra las fuerzas políticas y sociales que irrumpen en la sociedad y cuestionan su política de expoliación y dominación; sin embargo, el brutal proceder del paramilitarismo se ha desbordado y ha ganado el descrédito y el rechazo de la sociedad; ahora, alarmados y temerosos por el peligro que representan sus antiguos socios, sus gestores y beneficiarios tratan de recuperar el mando sobre sus huestes criminales cuyos jefes se sienten usados y discriminados; son concientes que en la repartija de los beneficios económicos y el poder político acumulados han sido ignorados.

Los comandantes y las tropas paramilitares, tanto los desmovilizados como los que continúan armados y en actividad, se han constituido ahora son un peligro para el establecimiento por la capacidad de chantaje que les otorga su poder militar y económico y la información que poseen; sus jefes políticos, escudados en el poder del Estado buscan eludir por todos los medios su responsabilidad en la creación y dirección de este aparato criminal; los creadores de esta monstruosidad están siendo víctimas de su propio invento.

En la actualidad los promotores del paramilitarismo en Colombia están intranquilos porque tienen pocas alternativas frente a los ejecutores de su política de sometimiento de la población a sangre y fuego: si los condenan a prisión, por leves que sean las condenas, los encausados pueden denunciarlos en cualquier momento y, si los dejan en libertad, como parece ser la estrategia, siempre existirá la posibilidad de que sus antiguos socios y aliados les hagan exigencias difíciles de satisfacer; por otra parte, ante la comunidad internacional es imposible justificar la impunidad de los autores materiales de los crímenes cometidos.

Por su parte, Estados Unidos se lavará las manos frente al paramilitarismo y terminará poniendo en práctica el mismo libreto empleado con Noriega, Fujimori, Pinochet y muchos otros gobernantes títeres que han defendido los intereses del imperio en Latinoamérica.
Bucaramanga, Junio 19 de 2007
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Comentario 1:
1 comentario -

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Feliciano Esparza dijo...
Doctor Reinaldo Ramírez. Su pensamiento es el de miles de colombianos y le agradecemos su comentario porque para muchos es una satisfacción que una persona como usted hable por otros que aun cuando tenemos esas ideas no las sabemos ordenar y no tenemos la oportunidad de expresarlas por un medio que llega a millones de compatriotas. Felicitaciones y siga ilustrandonos. atentamente Feliciano Esparza
20 de junio de 2007 16:06
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EL FOMENTO DEL CAOS





Por: Gerardo Delgado Silva

Es a todas luces mucho más estremecedora y grave la crisis que en el orden jurídico y moral conmueve al país, que la crisis social y económica con todas sus consecuencias previsibles. El curso tortuoso de los acontecimientos, nos obliga a insistir en que los valores, tan descaecidos ya, se preserven, se defiendan, con lo cual estaremos protegiendo los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política y en las normas éticas que rigen la conducta de la dignidad humana.

El país está viendo con desconcierto, en silencio, como el gobierno ha ido entregando uno a uno esos principios, confundiendo artificiosamente el apaciguamiento con la rendición del orden jurídico, comprometiendo el presente y el futuro de Colombia.

Como tantos sucesos que contrarían el camino recto de las cosas, la liberación de 200 guerrilleros, el llamado “gesto humanitario unilateral”, por el Presidente, no excluiría de su inspiración a los que están incursos en la parapolítica, ni a los paramilitares con sus delitos atroces vinculados con el narcotráfico.

Vivimos, sencillamente, en un ambiente de caos que día tras día se magnifica y se enrarece más. Para tal “gesto” de otorgar la libertad, sin celebrar acuerdos humanitarios, con las FARC, el Presidente carece de competencia, pues esa gracia especialísima, está atribuida privativamente a los jueces de la República, por el Código de Procedimiento Penal. La denominada “Ley de Justicia y Paz” o la de Orden Público, establecen unos beneficios que comprenden hasta el indulto, si concurren en el procesado unos requisitos entre los cuales es indispensable que se haya realizado una desmovilización, que implica la voluntaria entrega de las armas. El “gesto” del gobierno, pugna abiertamente con lo preceptuado en las leyes, pues los 200 guerrilleros de la masiva excarcelación, no son ya un grupo beligerante, sino un conjunto de sentenciados y por tanto excluidos de los beneficios de las leyes citadas.

Ahora bien. La competencia penal es de orden público y como tal señalada de modo preciso en la ley, sin que permita una extensión analógica, desnaturalización o cualquier dañoso arbitrio.

Por otra parte, es un principio de derecho público, de aceptación universal que así como los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, los funcionarios públicos desde el Presidente de la República, solamente pueden hacer lo que explícita o implícitamente les permitan la Constitución Política y las leyes.

Al medir las proporciones de estos acontecimientos, Jim Mc Govern, representante a la Cámara de los Estados Unidos y connotado defensor de los derechos humanos en el mundo occidental, ante el escarnio y befa de nuestro ordenamiento jurídico expresa: “…Yo no sé que estaba pensando el Presidente (Uribe) cuando liberó a todos estos guerrilleros. No sabemos claramente cual es la lógica detrás de todo esto. No sabemos que quiere lograr. Sólo esperamos que no sea una excusa para excarcelar después a más personas ligadas con la parapolítica…”. Y agrega: “…No vamos a avanzar en el TLC, mientras la impunidad en Colombia no cambie…” (Semana Junio 11 a 18 de 2007. No. 1310).

Así mismo, varios congresistas norteamericanos exaltando la democracia y la justicia que es el fin del Estado, rechazan indignados, la intención estrafalaria del Presidente colombiano, de adoptar una justicia tornadiza y permisiva para los transgresores “parapolíticos”, que entrañaría un perdón de sus conductas torticeras. Así se desprende de la nota enviada a la Secretaria de Estado. Y con acusadora precisión, señala el episodio del ex director del DAS, Jorge Noguera, solo concebible como producto del estado de degradación que está viviendo nuestra patria en los actuales momentos.

Paradójicamente, ¿por qué el olvido de los secuestrados, de los desplazados, de todas las víctimas? El olvido no resuelve la realidad fáctica de los derechos humanos fundamentales, violados ominosamente, sino que los empolva en los sepulcros de la memoria. Después el silencio y luego la impunidad. El llamado “gesto humanitario” está elaborado como un ejercicio de simulación, al margen de la dignidad de aquellas personas, es una apariencia de solidaridad, una insensata y despiadada indiferencia por su suerte, una exclusión arrogante de la esperanza, una manera absurda de colaborar con sus verdugos.

La justificación falaz de las “razones de Estado”, no delata la verdad, sino que encubre la mentira, dejando que en aquellos doloridos seres humanos, se acumule la sensación de haber vivido en vano.

Por ello, en esta hora de tinieblas, el G8, insta al gobierno colombiano a un “acuerdo humanitario entre las partes”, mecanismo contenido en los Protocolos de Ginebra, ratificados por Colombia y regulados por el Derecho Internacional Humanitario. Esta sí es la solución a la conmovedora tragedia de los cientos de secuestrados. El intercambio es un remanso grato y ennoblecedor en su absurdo drama y un freno a las corrientes vertiginosas de los conflictos, de la guerra, de la irracionalidad. Recordemos una vez más a Montaigne, cuando dijo: “No hay victoria sino se pone fin a la guerra”.

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lunes, 18 de junio de 2007

¡Dejemos así!





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casino online Jorge Iván Cuervo R.


Tomado de El Espectador, Sábado, 16 de junio de 2007

Cada vez se hace más evidente que el clima de opinión que por un momento parecía consolidarse en torno de llegar hasta las últimas consecuencias en conocer la verdad de la parapolítica y del paramilitarismo, como punto de partida para conocer también la otra verdad, la de las guerrillas y la de los abusos del Estado, y de esa manera hacer un corte de cuentas con la historia, se está desmontando lenta y progresivamente.

La aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, no exenta de dificultades y de dudas sobre sus verdaderos alcances para garantizar algo de verdad, algo de justicia y algo de reparación, en un horizonte de paz, está siendo bastante tormentosa, como quiera que los jefes paramilitares la están usando como espacio de estrategia política para maximizar sus expectativas individuales. Es así como de la mano de avezados abogados, han usado las debilidades de la ley, especialmente en lo que tiene que ver con la diligencia de versión libre -donde el fiscal de conocimiento tiene muy poca posibilidad de conducción- para explayarse a su conveniencia y modular sus confesiones en función de la precariedad probatoria que sustenta todo el proceso de la parapolítica.
De otra parte, los políticos vinculados por la Corte Suprema de Justicia están usando distintas estrategias para evadir la responsabilidad que les cabe: que se les declare sediciosos acudiendo a una reforzada interpretación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz -la cual, cuando fue presentada por el abogado de uno de ellos en Palacio, fue calificada por un asesor presidencial como “jurídicamente viable y políticamente presentable”-, la aprobación de una ley que les otorgue beneficios en función de diferenciar las responsabilidades y dosificar las penas, la presión para que el Gobierno conceda privilegios especiales que van desde la casa por cárcel hasta la excarcelación por confesión y, finalmente, la renuncia al fuero parlamentario para de esa manera lograr ser investigados por fiscales y jueces expuestos a las influencias de sus redes sociales y políticas en las regiones.
Pero no sólo se trata de lo que hacen los involucrados directamente en el proceso de la parapolítica. También varios formadores de opinión se empeñan en señalar que un proceso de verdad hasta las últimas consecuencias no es conveniente, ni es equitativo en relación con anteriores procesos donde no hubo este tipo de exigencias, argumento engañoso con el cual pretenden hacernos creer que si en el pasado las cosas no se hicieron bien, ahora tampoco es posible ni deseable hacerlo.
Hago parte de una generación que puede decir que no tiene compromisos con anteriores procesos de negociación, así que no nos sentimos vinculados por esa especie de chantaje histórico. Si para que conozcamos la verdad de ahora es necesario conocer la verdad de antes, pues entonces pensemos en una comisión de la verdad estilo Perú, donde queden consignadas todas las atrocidades de los distintos actores que fueron objeto de amnistías en su momento. ¿Cuál es el miedo a hacerlo? ¿Cuál es el miedo de enfrentar la verdad?
Es preciso señalar que no sólo han cambiado las circunstancias internacionales que legitiman los procesos de justicia transicional, sino que esta sociedad se ha transformado. No somos la sociedad del Frente Nacional ni la del narcoterrorismo de los ochenta; mal que bien hemos madurado, y hoy parecen estar dadas las condiciones para aprovechar esta oportunidad histórica y reinventarnos como sociedad.
El comediante Andrés López definió la cultura colombiana como la cultura del “deje así”, para significar que no nos gustan los cortes de cuentas ni asumir las responsabilidades, tanto en la acción individual como colectiva.
En medio de cortinas de humo lanzadas por el Gobierno, de la precariedad investigativa de la Fiscalía, de la desactivación paulatina de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la mano del señor Corlazolli -para eso lo trajeron-, de los chantajes de los jefes paramilitares, de la crueldad de las Farc con los secuestrados, queriendo sacar dividendos políticos del intercambio humanitario, de la indolencia de la llamada sociedad civil, hipnotizada por realities y telebobelas, no podemos permitir que se diluya el clima de opinión propicio para un proceso sincero de verdad histórica. Es preciso consolidar una masa crítica de opinión para impedir que no pase nada, que dejemos así, que hagamos borrón y cuenta nueva, que nadie responda ahora, porque nadie lo hizo en el pasado, y de esa manera dejar sembradas las semillas de un nuevo colapso de la ética pública.
jicuervo@cable.net.co
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