Diabólicas maniobras contra los pueblos azotados por covid 19

Por: Bernardo Socha Acosta

Nadie, por más indignación que produzcan los hechos,  puede entender, porqué, si tanto el gobierno como las organizaciones científicas  de la medicina y la salud,  repiten a cada minuto que para controlar el contagio del Covid 19 se debe cumplir una serie de protocolos, como el tapabocas, por qué no se encuentran para la venta en droguerías, farmacias, supermercados y mucho menos en las tiendas de los barrios.

Cómo entonces las personas pueden auto-protegerse de la pandemia, cuando ni siguiera el gobierno toma medidas para que estos elementos, puedan ser adquiridos. Pero, si se logran encontrar tras realizar operaciones de búsqueda por internet, se encuentran pero a unos precios que no están al alcance de los consumidores y los distribuidores que son muy pocos, alegan que  son esos los precios, porque tienen que ser importados. Pues los precios de los tapabocas se convirtieron en un artículo de lujo. Por el momento se encuentran pero después de hacer miles de maromas  y  pasando de costar, antes de la pandemia, $12.000  la caja de 50 unidades, a un costo de $50.000 y más, por la misma cantidad.  Y hablando de tapabocas, hay empresarios de la confección que viendo la situación en la que estaba el país y para mantener las nóminas, cambiaron de línea de producción, por la de tapabocas, se endeudaron y ahí están vía al fracaso, porque el gobierno prefiere importar los tapabocas, -que hasta de mala calidad son-, que comprar la producción nacional. Y, repetimos, los importa,   pero aún no se encuentran a la venta por ninguna parte. Entonces, cómo quiere que la gente se proteja.

Aquí, con estas acciones, es donde, nos obliga a darle crédito a quienes aseguran a pie junto, que el gobierno (o los gobiernos) y las organizaciones científicas de la salud, se convirtieron  en unos espectadores cómplices de la PANDEMIA, porque lo único que al parecer protegen es, la gallinita de los huevos de Oro que está enriqueciendo a los poderosos que fabrican todos esos elementos (por demás costosos) para atender a la población infectada. Es que el maldito virus que se convirtió en la desgracia de los pobres, ha sido el mejor invento  para, por un lado acabar con un poco de seres humanos  quitándoles la vida y por otro, quienes logran defenderse del ataque, son llevados a la mendicidad extrema, para finalmente dejar un saldo muy privilegiado de ricos super-poderosos que han venido aumentando sus  fortunas en forma incalculable, y todo con el sufrimiento  y la vida de una inmensa franja de población que tiene que soportar toda clase de embates.

Pero, lo del refrán de la gallinita de los huevos de oro, no se queda ahí. Porque llegó la pandemia y tras muchas muertes en diversos países y sobre ellas la realización de muchos estudios, diagnósticos y experiencias, un buen número de médicos con sentido humanitario y gran nivel científico,  hizo reveladores dictámenes con medicinas de emergencia,  sobre la forma que se podía atender a los pacientes contagiados –ante la falta de una vacuna- y que no sufrieran otras patologías, para poderlos aliviar del ataque del Covid 19,   pero estos médicos y sus recomendaciones farmacéuticas fueron  subestimados por las organizaciones científicas y detrás por algunos gobiernos que más que defensores de su pueblo se pusieron del lado de quienes rechazaron una posible fórmula para salvar vidas.  Y esos gobiernos prefirieron apartarse de suministrar una ayuda a tiempo a los pacientes, para dejarlos que el virus invadiera la mayor parte de los órganos, de manera que necesitaran ser llevados a Cuidados intensivos donde necesitaran respiradores artificiales que debieron ser importados a costos increíbles, porque al parecer los que formularon, diseñaron  y construyeron los laboratorios de muchas universidades del  país, (para el caso de Colombia) no fueron avalados por la organización  encargada de dar el visto bueno, en una actitud -pareciera- cómplice para que la importación de esos elementos no quede a mitad de camino y el propósito de los grandes fabricantes si cumpla sus objetivos. De razón que versados críticos en la materia califican todas estas maniobras como la diabólica burla y subestimación por parte de los poderosos y sus aliados, contra una sociedad que hoy  con la pandemia del Coronavirus le tocó la peor suerte y sin la menor posibilidad de defenderse, porque quienes tienen la ‘sartén por el mango,’ aseguraron la fórmula de cómo torturar y esclavizar a un pueblo inerme que no   tiene la mínima posibilidad de protestar públicamente, sopona de morir humillado, con el peor arma del virus, Covid 19.  

Y, finalmente digamos que,  pareciera que la sentencia es morir envueltos en las perversas maniobras de quienes todo lo pueden ante el mundo y sus aliados, porque las organizaciones encargadas de velar por la salud y el bienestar de los pueblos, no dan una sola muestra de avalar ninguna de las fórmulas farmacológicas  que han propuesto prestantes médicos que han visto factible que algo se puede hacer cuando la vida está en peligro, pero ante la negativa de las altas esferas, nadie se atreve  a contradecirlos de frente, ante la mirada afligido de quienes claman mejoras de salud, que no les queda otra alternativa,  sino, morir esperando un medicamento de  ayuda, o  definitivamente auto-medicarse, porque no hay más que hacer. Triste final para los enfermos de Covid 19...

Correo: bersoa@hotmail.com

El valor de la palabra de obispo

         Mario González Vargas

Resulta ilusorio pensar que los efectos de la pandemia del COVI-19 lograrían desvanecer los distintos problemas que confronta el país. Nos lo ha recordado el Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, con su ominosa declaración en la que atribuye al gobierno de Iván Duque “una venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”. Se trata de la imputación del más grave de los delitos contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, que por su propia gravedad y naturaleza no puede formularse simplemente por sentimientos de animadversión política, por quien se halla investido de la labor de propagar el evangelio y con ello promover la reconciliación entre los colombianos. Por ello, le asiste la obligación de presentar las pruebas que sustentarían sus graves afirmaciones, o una honorable retractación, con propósito de enmienda, para no verse incurso en diligencias judiciales por razón de su intemperancia. Le convendría al Arzobispo desistir de su carácter de militante para sumarse a la búsqueda de la paz que nos compromete a todos, incluida la Iglesia de la mayoría de los colombianos.

 

El acuerdo de paz con las FARC-EP, a pesar de la ilegitimidad de origen que lo afecta por decisión de la voluntad popular, ha venido ejecutándose con las naturales dificultades propias de los acuerdos de su misma naturaleza. El mayor desafío que hoy confrontamos es el de las Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el dominio de territorios en donde compiten por los réditos del narcotráfico y ejercen, en ausencia de la institucionalidad, un brutal control sobre las comunidades que tienen que padecer el dantesco terror del que son víctimas. Todas ellas, y especialmente el ELN y las disidencias de las FARC, son engranajes de un escenario geopolítico para consolidar el poder dictatorial de Maduro y la supervivencia del régimen castrista en Cuba. Representan el mayor desafío a la soberanía, seguridad e integridad territorial que jamás haya confrontado Colombia desde los días de su independencia. La respuesta no puede centrarse en una negociación con el ELN, tan proclive a desgastar a los gobiernos en tratativas prolongadas que abandonan a su antojo y conveniencia. Implicaría eludir y posponer la presencia activa de la institucionalidad en todo el territorio nacional y que hoy constituye la ineludible obligación del Estado Colombiano. Consolidar el Estado Social de Derecho es tarea imprescindible para la seguridad, la justicia, la cohesión y solidaridad sociales, el desarrollo económico, las libertades y la provisión igualitaria de los servicios del Estado a todos los ciudadanos. Permitiría sembrar semillas de paz en los territorios y en las comunidades más violentadas por la criminalidad que nos ha afligido por décadas. Es una tarea irrenunciable, porque de ella depende el futuro de la Nación. La paz requiere el imperio de la ley en todo el territorio. Esperemos que así lo entienda Monseñor Monsalve para que su palabra recobre consideración y respeto.

La amenaza de un memoricidio

             Mario González Vargas

Se dice comúnmente que la Historia es maestra y que ignorarla condena a las sociedades a la repetición de sus más indeseables capítulos. El pasado es en efecto un organismo de siglos, cuyo conocimiento ambiciona avizorar el futuro y contribuir a su realización. Por ello, las obras maestras de la historiografía acuden al examen del pasado para desentrañar el potencial que las acciones, hechos y realizaciones de antaño pueden devenir en el ignoto futuro. Permite así que la imagen del mundo pasado inspire al hombre en la construcción de mundos y sociedades mejores. Ello explica el que la memoria histórica haya cumplido un papel esencial en el desenvolvimiento de las civilizaciones que ha estimulado la crítica constructiva de sus falencias y con ello el germen creador de sus más notorias elaboraciones culturales.

Hoy, en el escenario de la civilización occidental, el derribo y la decapitación indiscriminados de estatuas levantadas para la recordación de hechos, gestas y personajes de su historia, denotan una radical ruptura en el proceso de transmisión entre generaciones de una cultura común y de una memoria colectiva, que se expresa con violencia y arrogancia inauditas y corresponde al grado de barbarie que engendra la ignorancia de los bienes de su cultura y civilización. Es la pretensión de construir una nueva ideología nihilista, por su naturaleza radical, que hoy asoma en el mundo occidental, y que se nutre del desconocimiento de la complejidad de la historia y de los valores que han permitido el crecimiento social, político, económico, científico y tecnológico de las sociedades humanas. Ese ideologismo activista que proscribe la conciencia y con ella el conocimiento, solo apunta a la destrucción final de un mundo que él no se siente capaz de elevar a más altos valores y estados de sabiduría. Por ello, no es de extrañar que cuestione con violencia toda la historia, como si de sus cenizas pudieran las sociedades renacer más humanas, vivificantes y superiormente creativas. Cuanto quisiéramos que los que derruyen estatuas comprendieran que, en vez de destruir, les correspondería aportar siquiera algo de los bienes culturales que les debemos a los que ellos bárbaramente decapitan, Pero en el horizonte de esas hordas no hay espacio para la creación, porque la devastación que persiguen responde al irracional objetivo de expiar sus monumentales carencias.      

La sociedad que borra su pasado compromete su porvenir. No hay un solo ejemplo que nos indique que del olvido de lo que hemos sido se engendrarán los nuevos valores que identificarán a las organizaciones sociales y a las culturas del futuro. Desterrar el pasado de la aventura humana significa que el porvenir se convertiría en el ejercicio estéril de retrotraer al ser humano al mero dictado de sus instintos, que no le alcanzarán para escuchar los mandatos de su espíritu. Las democracias se enfrentan al mayor flagelo que han confrontado. De su destrucción sistemática no quedarán ni siquiera sus rastros.  Tanta estupidez confirma que las civilizaciones expiran por razón de sus propias culpas.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

¿La Ivermectina, una respuesta de emergencia contra el Covid 19?

Por: Bernardo Socha Acosta.

Generalmente las cosas buenas reciben el rechazo de personas que, algunas se consideran que habían podido hacer lo mismo, otras,  que generalmente les gusta   esa posición de oponerse a todo y unas terceras que no tienen ni idea de lo que están criticando y lo hacen por un  desconocimiento del tema.

Eso ocurrió en la ciudad de Cali, donde la invasión de contagios del Covid 19  amenaza la estabilidad del don más preciado como es la vida de sus habitantes y algunos profesionales del área de la salud, en búsqueda de una alternativa viable que aporte soluciones adoptaron, con conocimiento de causa, que el medicamento IVERMECTINA, puede ayudar al tratamiento de personas contagiadas.

No se demoró, el alcalde de Cali,  Jorge Iván Ospina, en divulgar el proyecto del medicamento, para que salieran personas a criticar y escandalizarse, seguramente ignorando las propiedades del medicamente, para decir que ese producto es para uso veterinario, para animales, sin hacer primero las consultas de rigor. Incluso –que vergüenza- lo criticaron profesionales de la medicina a nivel gremial.

A propósito de todo este escándalo y controversia, nos dedicamos a investigar si realmente este producto, IVERMECTINA,  era solo para uso veterinario y encontramos que Laboratorios ACOFARMA, produce el medicamento para uso humano, (Según M0026280-IVERMECTINA Uso Humano Versión: 1 Fecha de revisión: 09/07/2018) lo que deja sin fundamento las críticas y versiones en el sentido que tal medicamento es solo para animales.

Sobre el tema, encontramos que la Ivermectina, no es un producto preventivo, sino un medicamento para tratar   una serie de parásitos complejos, como estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis y por su puesto  hasta este momento los entes encargados de aprobar tal producto para una determinada patología  no lo han hecho para el Covid 19. Quienes lo consideraron viable, lo hicieron sobre la lógica, de que, si sirve para ciertos parásitos intestinales en humanos, puede eliminar el virus del Covid 19, formulado por el médico en las condiciones que presente cada paciente afectado.

Y, si hay una pandemia como el Covid 19 que está atacando mortal y severamente a la población, que además le ocurre porque no colabora en el uso de los protocolos de autocuidado,  pues, como dijo el médico y alcalde de Cali, no pueden las autoridades quedarse de brazos cruzados viendo morir a su gente, sin adoptar  alternativas que puedan salvarle la vida.

Y como otro aporte más sobre la Ivermectina,  transcribo textualmente lo que dice GENFAR en relación con el uso de gotas en suspensión para humanos…

¨*Advertencias y precauciones - Ivermectina

En los pacientes con microfilariosis, pueden presentarse reacciones cutáneas, oftalmológicas o sistémicas debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti), estos fenómenos pueden confundirse o agregarse a reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco, por lo que no deben perderse de vista estos eventos, para tomar las medidas de sostén pertinentes; la seguridad y eficacia en niños menores de 15 kg de peso no ha sido establecida.*

Y finalmente hay que decir que, para la opinión pública, deja mucho que pensar que la ciencia médica orientada y representada desde Instituciones como la Organización Mundial de la salud –OMS- y   entes como el Invima, no hayan agilizado de urgencia estudios de una gran variedad de productos que han sido potencializados como posibles atenuantes o paliativos del virus Covid 19, mientras se logra la producción de la tan esperada vacuna. Y ante estas falencias de la ciencia,  la pandemia del Covid 19,  sigue ensañándose y enseñoreándose contra la población mundial, contraviniendo el mandato de que  la condición  humano debe estar por encima de todo.

bersoa@hotmail.com

Los desafíos de la Pandemia y la inseguridad

    Mario Gonzalez Vargas

Las recientes opiniones de la alcaldesa de Bogotá relativas a la inseguridad creciente que afecta a la capital es una muestra más de su ignorancia sobre los aspectos fundamentales de gobernanza y de su irrefrenable tendencia de culpar a otros de sus propias carencias. En medio de los desafíos que supone la pandemia para la vida y la subsistencia de los bogotanos, las desacertadas actuaciones de la alcaldesa, no solo desconciertan, sino que también acrecientan la percepción de su incapacidad para mantener el control de la ciudad en tiempos excepcionales.

El uso amenazante del twitter para eludir las responsabilidades inherentes a su condición de máxima autoridad de policía, demuestra su dificultad para aplicar políticas y asegurar la coordinación de su ejecución. Atribuir responsabilidades al gobierno nacional y a la Policía de Bogotá por omisiones propias de la Alcaldía, es indicio claro y preocupante de su extravío en el cumplimiento de sus competencias y en el entendimiento de sus responsabilidades. El Distrito tiene la capacidad técnica para formular y ejecutar políticas de seguridad apropiadas a la situación que se vive y cuenta con una policía profesional y capacitada en el ejercicio de sus competencias.  El gabinete tiene al secretario de seguridad, que ha sido factor importante en la construcción de políticas de seguridad desde las administraciones de Antanas Mockus, y al secretario del interior que demuestra formación y buen juicio en el desempeño de su trabajo. Asimismo, el comandante de la Policía Distrital es un general formado en la reforma de ese Cuerpo, adelantada con éxito desde 1993, y hoy reconocido en el hemisferio por su profesionalismo y sus resultados. Hace falta entonces claridad en la dirección y asertividad en el mando, que permitan la ejecución de políticas que ya existen, la coordinación con la Policía y la participación de redes ciudadanas y de la Cámara de Comercio, hasta ahora olvidadas por la alcaldesa.

Asumimos que el Distrito cuenta con el diagnóstico de la situación de la seguridad y seguramente con la formulación y planeación de lo que debe ejecutarse. El presidente del Concejo ha señalado que desde el mes de febrero de este año se había advertido del crecimiento de la inseguridad en Bogotá, y es de esperar que esa preocupación haya sido recogida en el Plan de Desarrollo, aprobado sin mayor debate en el Cabildo. Si ello es así, la responsabilidad de su ejecución es de la alcaldesa, que debe controlar su temperamento agresivo y priorizar sus responsabilidades sobre sus mal disimuladas ambiciones. Tranquilidad y ecuanimidad son virtudes cardinales en los gobernantes.

Para superar los retos que confronta, Claudia López debe superar las ficciones que han acompañado a la izquierda en la comprensión del concepto de seguridad que en esos lares suele confundirse con represión. Es de esperar que desde el ejercicio del gobierno distrital la alcaldesa comprenda la importancia del orden público en materia de convivencia y derechos humanos. Sería valiosa contribución a la modernización de esa anacrónica bandería política.

Enseñanza de un día sin IVA en Colombia

                              Por: Bernardo Socha Acosta

Pocas veces tenemos la oportunidad de encontrar en la cotidianidad, un mecanismo para medir el grado de ignorancia en su esplendor de algunas franjas de la población.

Pero esta vez la encontramos sin tanta labor de búsqueda y de investigación. El tema tiene que ver con la realización del primer día sin IVA  en Colombia  en el cual se midieron  variantes que nadie se imaginaba  entre algunos colombianos.  Y nos referimos concretamente al momento que estamos viviendo en medio de una pandemia que ha sido luctuosa sin distinguir, género, raza, estratos sociales y edades.

Lo que muchos consumidores hicieron en varios centros comerciales del país no tiene razón de ser. Sobrepasarse todos los protocolos de bioseguridad, naturales y artificiales, para ingresar en una impresionante estampida al interior de esos establecimientos,  deja mucho que desear y demuestra que muchos actúan de manera irracional, sin el menor respeto por la vida, ni por los demás,  y mucho menos por los controles que las autoridades y los dueños de almacén han establecido para la propia seguridad de sus visitantes.

Esa indisciplina nos muestra por que alguna franja de la población ha propiciado con su actuar el estado calamitoso que tenemos, y que lo sufren ellos y extienden  como manto de ruina sobre toda una sociedad, convirtiéndose en un círculo vicioso que ha hecho fracasar a quienes quieren hacer algo por sus semejantes. Veamos no más, que, con esa indisciplina de esos consumidores, debieron cerrar algunos almacenes que tampoco habían sido muy dogmáticos al establecer las medidas de bioseguridad.  

Pero veamos también que, con esa esplendida ignorancia e indisciplina de algunos consumidores, pareciera que muchos colombianos necesitaran a un policía detrás para que actúen como buenos ciudadanos porque solos no respetan ni su propia vida, ni la de los demás.

Y estas sorpresas que nos trae la vida, no es para que algunos gremios especializados y hasta algunas autoridades satanicen el momento que se dio a través de una ley de la república ( días sin IVA) que tiene como intención de estimular el comercio y el bolsillo de los consumidores.

Para esas autoridades que se han desesperado y  que han criticado el hecho, hay que decirles que hay dos alternativas para próximos eventos. Uno endurecer las reglas contra los consumidores necios e indisciplinados, o esperar que los esos indisciplinados hayan aprendido la lección (porque muchos fueron sancionados y otros se llevaron el coronavirus) y ya tengan un mejor comportamiento, conscientes de sus obligaciones y derechos como buenos ciudadanos.

Correro: bersoa@hotmail.com

¿Pensando en la niñez? O en un deliberado protagonismo

Por: Bernardo Socha Acosta

El congreso de la república de Colombia, está a punto de entregarle al país  al Libertinaje con un proyecto de Ley que lejos de contribuir al bienestar nacional, se convertirá en la pesadumbre diabólica de los padres de familia, de las autoridades y del país en general, de ver cómo una SOCIEDAD  entera se derrumba sin remedio, nada más por el capricho de unos cuantos llamados padres de la patria que pretenden un deliberado y afanoso protagonismo frente a la delicada situación del país.

Y, se trata del proyecto de Ley que prohíbe toda forma de castigo físico a los niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores. Y está bien que se legisle alrededor del bienestar de la niñez; pero es que ya hay legislación suficiente en favor de la niñez, lo único que falta es que se aplique, como pasa con tantas normas.  

Y si nos referimos al trato cruel contra los niños y adolescentes, este delito se clasifica con mayor fuerza, es en los estados de pobreza máxima, por el hambre. Y el hambre es un trato cruel de lo peor en una sociedad.  Uno de los tratos crueles lo comete es el mismo ESTADO que ha sido indolente y ha dejado que cada vez más aparezcan lamentablemente franjas de población que forman los tugurios. Y, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Pues de los poderes públicos del estado que cada día más ahondan las diferencias y las injusticias sociales,  de las que ha sido responsable el mismo Congreso de la república.   Allá en esas franjas es donde se maltrata a la niñez, porque hay miseria absoluta y ahora nuestros congresistas se ponen a legislar, como dando palos de ciego y como rudamente ignorando la realidad nacional que en alto grado ha construido esa rama del poder público.  

Desgraciadamente con este proyecto los congresistas (algunos) se están metiendo es con la vida privada de los núcleos familiares para desautorizar de plano a los padres y maniatarlos, en lo que debe ser una buena formación de la futura sociedad. Con estas desautorizaciones lo único que están propiciando los congresistas que defienden el proyecto, es que tengamos un país en el que los niños, adolescentes  y jóvenes hagan lo que les plazca, porque desafortunadamente no podrán comprender  qué es bueno y qué es malo, porque unos llamados padres de la patria impidieron su lógica formación desde la niñez.

Y es que esos congresistas están más confundidos que, lo estará esa juventud que se levantará en medio de tantas dificultades económicas y las amenazas delincuenciales, factores que esta nueva sociedad no podrá distinguir porque, por una Ley se les impidió una buena formación desde su niñez.  

Es claro que un niño que no se forma en sus principios básicos, no podrá entender  nada de lo que significan las cosas buenas y lo que representan las cosas y las acciones malas, que van directamente ligadas con su entorno social y todo, porque unos señores sentados donde se hacen las leyes, legislaron equivocadamente porque seguramente no tenían más que hacer o, no comprendían que habían cosas más importantes que reclama la sociedad colombiana.

Si se aprobara ese proyecto, los más beneficiados finalmente van a ser los grupos criminales, porque tendrán jóvenes indoctos que desobedecen a sus padres y toman su camino equivocado que terminará  en las filas de la criminalidad donde por infortunio de Colombia es donde se ofrecen falsas oportunidades de  vivir como personas.

Correro: bersoa@hotmail.com

Memorias de un plan orquestado para cubrir hechos

El caso de Carlos Caicedo podría ser uno de los más álgidos y que mayor atención ha demandado 

                    Por Alejandro Árias

Cuando muchos (incluido quien escribe) teníamos en los elementos indiciarios a Carlos Caicedo como potencial determinador de los homicidios de la unimagdalena, hace 4 años esa hipótesis cayó por completo.

Nuevos actores develaron que detrás de toda esa trama había un plan orquestado para cubrir una serie de homicidios de estado, incluidos los de la unimagdalena, y aprovechar los mismos para detener a Carlos Caicedo en su carrera política para luego asesinarlo y con él sepultar la investigación que revelara quienes son los verdaderos determinadores de estos crímenes.

El vínculo con el que se conectó a Caicedo Omar con las muertes de Otero, Morelli y Maduro estuvo centrado en una supuesta entrega de una lista derivada de unos supuestos acuerdos entre éste y los "paras" celebrada en el conjunto residencial bavaria reservado a instancia del exparlamentario Alfonso Campo.

Hipótesis que se mantuvo como eje de la investigación y que se desmoronó cuando se precisó que la famosa lista había sido el resultado de una labor de inteligencia de agentes del estado (Ejército, Policía y DAS) entregada a los "paras" para que éstos ajusticiaran a las personas que ahí figuraban bajo el rótulo de pertenecer a la izquierda/guerrilla. Dentro de ellos Carlos Caicedo Omar.

Así mismo también se pudo cronológicamente precisar que cuando la reunión a la que fue sometido Caicedo Omar cumplir en el conjunto residencial bavaria reservado con los "paras", que presuntamente derivaría en un acuerdo, tanto el decano, el vicerrector y el estudiante ya habían sido asesinados. Y dos días antes de dicha reunión el mismo Caicedo Omar se había librado de haber sido asesinado en el centro comercial plazuela 21 a manos de “Yoyo” Rojas, hecho que éste ha confirmado en diversos escenarios.

Circunstancias éstas que en esencia fueron atendidas por la fiscal 190 de delitos contra los DDHH para concluir que en contra de Carlos Caicedo Omar no se halló un sólo indicio que lo vinculara con los homicidios de Julio Otero, Roque Morelli y Hugo Maduro al resolverle situación jurídica el 30 de enero de 2019. Razón por la cual se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y en cambio impuso unas medidas restrictiva de la libertad que posteriormente fueron tumbadas en segunda instancia.

Este hecho judicial dio fuego y empoderó a Carlos Caicedo políticamente. Una vez más quedaba demostrado que Carlos Caicedo era víctima de una nueva celada criminal para acabarlo política y personalmente. Lo que además lo convirtió en una amenaza para sus enemigos políticos como sucedió en el 2011, cuando se sentenció su inocencia luego de cinco años privado de su libertad y llegó a la alcaldía con un triunfo histórico.

Es ahí cuando el Clan Cotes, bajo el liderazgo del narcotraficante Álvaro Cotes Vives, decide jugársela pagando falsos testigos cuyos falsos testimonios permitieran construir una causa indiciaria mínima que justifique la imposición de una medida de aseguramiento y quitarlo del camino. Sin importar que 5 o 10 años después Caicedo demostrara su inocencia. De acá a allá ya estaría destruido políticamente, han afirmado los aliados del Clan Cotes en esta empresa.

Pero la empresa criminal de enlodar a Carlos Caicedo sufrió dos traspiés. El primero cuando José Gregorio Rojas denunció ante la fiscalía haber sido objeto de sobornos para declarar contra Caicedo y segundo cuando Adán Rojas a nombre suyo y de su hermano denunciaron ante los magistrados de justicia y paz no sólo haber sido objeto de un soborno sino el haber recibido el pago de 100 millones de pesos y haber grabado y recogido las pruebas de cómo estaban siendo instruidos por abogados y fiscales pagos para incriminar falsamente a Caicedo Omar con estos crímenes.

Hechos éstos que no solo quedaron consignados como denuncia en la diligencia pertinente de justicia y paz sino en la sentencia aprobada mediante Acta 022 en el proceso radicado 08-001-22-52-002-2013-80003 con la que se profirió sentencia condenatoria contra los postulados Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, José Del Carmen Gelves Albarracín, Norberto Quiroga Poveda, Daniel Eduardo Giraldo Contreras, Carmen Rincón, José Daniel Mora López, Afranio Manuel Reyes Martínez y Eduardo Enrique Vengoechea Mola previa acusación de la fiscalía 9 nacional especializada de justicia transicional de fecha 18 de diciembre de 2018. Sentencia que hoy está en firme.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla concluyó, en cuanto a la situación de Carlos Caicedo, que "mentir en la justicia transicional es mucho más perjudicial porque están de por medio las víctimas del conflicto armado, se ataca directamente a uno de los pilares fundamentales del proceso como lo es el principio de verdad y de paso se afecta no solo a la construcción del contexto sino la memoria histórica y ello se debe evitar a todas luces por los organismos de control encargados de llevar a buen puerto las investigaciones; el caso del señor CAICEDO OMAR es un claro ejemplo de ello, testimonios encontrados de manera distinta en los postulados a la ley de justicia y paz, dan paso a la existencia de la duda razonable, que como se dijo anteriormente convierte en victima a la persona denunciada, le permite la exoneración total de responsabilidad tanto en el proceso transicional o en la investigaciones que pueda adelantar la justicia permanente; (...)".

Por su parte, ante la justicia ordinaria el caso de Carlos Caicedo volvió a cambiar de radicación. Esta vez por cuenta de su nueva condición de aforado desde que tomó posesión en el cargo de Gobernador del Magdalena. Por lo que la fiscal 190 de delitos contra los DDHH perdió total competencia para continuar dicha investigación debiendo pasar la misma a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia quienes deben darle ahora impulso a esa investigación en el estado en que quedó hasta el 31 de diciembre de 2019.

No así la situación del narcotraficante Álvaro Cotes Vives quien por orden la sentencia proferida por la sala de justicia y paz debe ser investigado por la justicia ordinaria conforme quedó consignado en dicho fallo.

Para el Clan Cotes y sus aliados políticos y del empresariado, la única opción que tienen, frente a este caso, es meterle plata a falsos testigos y apostar a que la Fiscalía General de la Nación haga su “jugadita juridicopolitica”. La apuesta es detener a Carlos Caicedo y hacerle el quite a las investigaciones nacidas con las denuncias de los sobornos que hoy pesan en contra de ellos.

Alejandro Arias, periodista y abogado

https://sumariotv.com/

A propósito del Covid 19 en la capital colombiana

                    Mario González Vargas

Las autoridades del Distrito Capital no han sido exitosas en la contención del COVID-19. La Alcaldesa, más preocupada en emular con el presidente por el liderazgo del combate al enemigo silencioso que en diseñar y ejecutar políticas que permitan su control y frenen su expansión, actúa de acuerdo a su fe ideológica y al unísono de su crecido ego. Los resultados negativos se acumulan y amenazan convertir a Bogotá en un “ghetto” que haría más gravoso el remedio que la enfermedad. Sus últimas decisiones avizoran un cerramiento de la capital con los incalculables nocivos efectos sociales y económicos para Bogotá y el país. Esas situaciones suelen ser propicias para imponer medidas y aclimatar procedimientos que en tiempos de normalidad hubiesen sido inadmitidos.

Las aplicaciones diseñadas por la alcaldía pretenden ejercer control sobre la movilidad, ubicación, archivos, fotos, conexiones de wifi, almacenamiento de información y en general sobre todos los aspectos que constituyen la privacidad del ciudadano en la sociedad en que vivimos. Constituyen una intromisión indebida en la intimidad de los ciudadanos y entronizan la vigilancia del estado a los más inviolables derechos de los ciudadanos. El decreto 131 de 2020 dispone la obligación para las personas de acreditarse e identificarse en el registro de movilidad segura en la plataforma, y que las autoridades de Policía podrán verificar en cualquier momento la debida inscripción e imponer las sanciones correspondientes, en caso de que no se haya hecho el registro respectivo. El que haya reculado ante la masiva protesta ciudadana, omitiendo la obligatoriedad, no desvanece la amenaza de vernos sometidos en un futuro cercano a la intromisión del estado en el control de nuestras libertades. Estas disposiciones de los decretos distritales adoptan las formas y los medios vigentes en la República Popular China, con los que supuestamente ese régimen hiperdictatorial logró controlar la expansión del letal virus. Adoptar esa política resultará más letal para las libertades ciudadanas y afectará la vida misma que supuestamente se pretende proteger.

Vivimos tiempos revueltos en los que el COVID-19 y el reacomodamiento del orden mundial hacen parte del escenario geopolítico y se entremezclan en la disputa en curso.  Ello explicaría la demora de la China en advertir al mundo sobre el inicio de la pandemia, como lo evidencia que el mismo día de diciembre en el que XI JImping omitió su mención ante el Pleno del partido Comunista Chino, Taiwan alertaba a la OMS sobre la aparición y difusión del virus, sin que ésta divulgará ese hecho por sugerencia del gobierno chino. Desde entonces, desde los púlpitos de la izquierda internacional se nos ha querido vender la fórmula china para vencer el COVID-19 como la más eficiente y protectora de nuestras vidas, ocultando el precio a pagar en libertades confinadas y olvidadas.

Bogotá puede convertirse en Colombia en el primer pulso en ese nuevo escenario. De la vigilancia que se ejerza sobre las decisiones de la alcaldesa depende que Bogotá no se convierta en el primer “China Town” de Colombia.