domingo, 27 de septiembre de 2020

El pulso que el presidente, ni Colombia pueden perder


Mario González Vargas

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela sin precedentes ha resuelto violar las normas que la rigen, con el propósito de consumar un golpe de estado en modalidad judicial contra las demás instituciones del Poder Público. Ese fallo notifica al ejecutivo y al legislativo el advenimiento de la tiranía de los jueces que padeceríamos en el futuro. Revoca el fallo de 1ª instancia que desechó la tutela por improcedente y pretende consumar su arbitrariedad al amparo de una decisión constitutiva de un presunto delito de prevaricato para someter al régimen de libertades a sus torvos caprichos.

La tutela, temeraria, viola la ley por infringir los requisititos del decreto 2691/1991 por versar sobre asuntos anteriormente fallados y sobre hechos ya acaecidos, y por carecer de respaldo probatorio y sus accionantes de legitimación activa, los que, además, no ejercieron los mecanismos judiciales ordinarios a su alcance. No contenta con ello, la CSJ optó por desconocer la separación de poderes y las prerrogativas presidenciales en el manejo del orden público, ordenando al Congreso aprobar un estatuto que rija la protesta pacífica y exigiendo al presidente, por una parte la expedición de un acto administrativo que obligaría a los miembros de la Rama Ejecutiva a neutralidad en las manifestaciones no violentas, y por la otra, otro acto reglamentario de la aplicación de las jurisprudencias de la Corte Constitucional y Corte IDH y las recomendaciones de Naciones Unidas en relación con el uso de la fuerza en las manifestaciones de protesta social. Quebranta la Constitución al imponer deberes a la Defensoría, Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional, ajenas a sus competencias; y ordenar al Congreso aprobar un estatuto que rija la protesta social, y asignar deberes de acción y omisión a la Policía que ponen en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos ajenos a las manifestaciones. Se trata de ordenes no fundamentadas en la parte motiva del fallo. La CSJ no puede abrogarse competencias que no tiene, ni colegislar y coadministrar mediante fallos que constituyen violación flagrante de la CN, porque ejerce atribuciones que le son prohibidas.

El definitivo destape de la CSJ encarna un desafío de enormes consecuencias para el régimen constitucional colombiano. Por ello, el golpe de estado en curso no permite dilaciones ni contemporizaciones, sino que clama por acciones que lo contrarresten y desactiven. Ante la violación flagrante de la Constitución el presidente tiene la obligación de asegurar su respeto por parte de todos los poderes del Estado. Elegido por el pueblo, prevalece sobre la CSJ que tiene prohibido desbordar sus competencias y cuyas vacantes son provistas por sus miembros en procedimiento cuyos secretos merecen investigación penal

Este es el último eslabón de un proceso político adelantado desde la burla del plebiscito por sus perpetradores y la izquierda, hoy incrustada en la Justicia, y que amenaza poderosamente la vigencia e integridad de la democracia colombiana, Es un pulso que el presidente no puede perder.      

El papel pasivo del Congreso de la república frente al covid 19

 Por: Bernardo Socha Acosta

Ya transcurridos 6 meses de haber llegado la desdicha de la pandemia del Coronavirus a Colombia y de estar bien avanzado el descenso de contagios, con 700 mil pacientes recuperados (hoy) de los 806 mil casos (a la fecha) no se puede pasar inadvertido de, quiénes lo ignoraron y dejaron de hacer cualquier acción en la búsqueda de soluciones a tantos problemas que esa enfermedad ha representado, especialmente, como siempre, para la población vulnerable.

Comencemos por decir que el Congreso de la república, con el rol que juega ante los colombianos, cuando cada uno de los integrantes de las dos cámaras  legislativas busca a los electores por todos los departamentos y municipios del país, para pedir su voto, nos ha dejado sorprendidos por la frialdad, insensibilidad y desconocimiento social que ha tenido. Para el congreso de la república no le ha merecido ninguna atención.

Para el congreso de la república, la  desgracia del covid 19 que mantuvo, no solo en aislamiento preventivo a los colombianios, sino que para una gran mayoría fue uno de los más graves castigos por las privaciones económicas, esa alta corporación pareció ignorarlo.

Es que en una tragedia como la vivida por tantas familias colombianas, que sin la menor posibilidad de devengar un centavo para cubrir las más elementales necesidades del ser humano, es donde se mide la comprensión y sentido humanitario de quienes integran instituciones como el congreso de la república, uno de las organismos del poder público, que bien hubiese sido la gran oportunidad de reivindicarse con el sufrido el pueblo colombiano, haciendo una pequeña donación de sus ALTISIMAS dietas (más $30 millones mes en efectivo) pero no fue así.

Qué lástima que las mesas directivas de las dos cámaras, no hubieran tenido la iniciativa de crear un fondo solidario  que demostrara  el sentido de corresponsabilidad de ese ente para con el pueblo colombiano que cada cuatro años vota por ellos para mantenerlos en esa corporación que en muchas veces legisla, no propiamente en beneficio del conglomerado social, sino de intereses particulares, prevalidos del poder que les dio el pueblo.

El congreso de la república de Colombia, fue totalmente ajeno a todas las preocupaciones y necesidades que la pandemia en su momento más crucial, representó.  Ese poder público pareció ignorar todo lo que pasó a su alrededor, seguramente por su indolencia y desidia que lo ha caracterizado a través de los últimos años o décadas. Esas circunstancias limitan al congreso de la república, para entender que Colombia está en camino de un pasadizo peligroso  de la mayor gravedad y no precisamente por el coronavirus, sino por la pandemia mayor que es la politiquería corrupta y el desaforado apetito de poder que les impide ver con claridad los problemas que estamos viviendo.  Cuándo despertará esa llamada rama del poder público; seguramente cuando el pueblo adormecido despierte, reacciones y elija a sus verdaderos voceros.

Finalicemos diciendo que el coronavirus en Colombia ha sido una verdadera tragedia, porque la enfermedad ya ha matado –según la historia- un número mayor de personas (25,296) que las dejadas en  la tragedia de Armero. De modo que es y seguirá siendo la mayor tragedia donde instituciones del estado que tienen mucha relación con los colombianos, lo ignoran a pesar de estarse LUCRANDO. Es hora de pasarle cuenta de cobro, con sobrada razón. 

bersoa@hotmail.com

domingo, 20 de septiembre de 2020

Falta de planeación para ciclo-rutas, el peor fracaso de la alcaldía

Por: Bernardo Socha Acosta

La necesidad de hacer campañas y promover medios de transporte no contaminantes, es una necesidad de lógico sentido, no solo en Bucaramanga, sino en todas las ciudades de Colombia y del mundo, para que no sigamos aumentando la movilidad con medios de transporte impulsados por combustibles derivados de los fósiles. Eso lo tenemos muy claro quienes consideremos que gozamos de un sentido racional y sosegado como para actuar sin el riesgo de estar cometiendo los errores más deplorables, lamentables y garrafales que causan daño a los demás como está pasando con la administración del actual alcalde de la capital de Santander.

Y esto lo digo y lo corroboraron más de una decena de personas con quienes realice un sondeo, sobre las obras que continuó adelantando el gobierno de Bucaramanga, relacionadas con las ciclovías.  Las ciclovías son tan necesarias como como es tan indispensable una malla de calles y carreras que faciliten la evolución de una ciudad y una sociedad que está en constante crecimiento. El progreso no se puede detener y quienes lo hagan son seres con una mentalidad recortada. Está bien –y nadie lo está negando- que se realicen obras para incentivar la utilización de la bicicleta como medio de transporte, pero hagámoslo bien sin el riesgo de hacerle daño a los demás y poner en riesgo la vida de los ciclistas con la atracción gravitacional de los vehículos grandes con los pequeños. 

Y pretender incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, no justifica que las autoridades prevaliéndose del poder, cometan los peores y más infames actos, como es,  desmembrar una vía arteria preferencial como la carrera 21, que fue ampliada con sacrificios, no solo de la administración municipal del momento, sino de los dueños de inmuebles que debieron despojarse de ellos para dar paso al progreso. 

Acabar con un carril vehicular de una vía arteria como la carrera 21 que facilitaba el fluido automotor de sur a norte, es algo que no tiene perdón… Hacía unos 5 meses que no transitaba por esa carrera, por motivos de la pandemia y por algunos otros factores ajenos y este fin de semana utilicé esa vía y quedé, en medio de la ira y la sorpresa, estupefacto, al ver que pasaron, primero, tantos años de ser una carrera  reducida pero tan utilizada por la industria del transporte  y por fin hubo una administración municipal con visión de futuro y tras muchas circunstancias se logró la ampliación, para que fuera un eje vial preferencial de Sur a Norte. Ahora llega una administración municipal con un negativo sentido de futuro global y en una acción bárbara  acaba con un carril con el prurito de hacer obras para el transporte en bicicleta. Eso no tiene el mínimo sentido. Esa es una acción infantil carente de cualquier sindéresis.  En una acción de verdadero gobierno progresista y con  perspectiva de ciudad y sociedad, hubiera destinado otra de las vías que no tienen la circulación vehicular  que tiene la 21, para que hubiera hecho esa ciclo-ruta o coclovía, quizás con más garantía para los ciclistas, porque en las condiciones que se hizo no es favorable para un ciclista que puede de un momento a otro accidentarse por el harto flujo automotor que tiene la carrera 21 hecho que puede inesperadamente ocurrir una tragedia, sabiendo que la tracción que produce un vehículo en marcha puede atraer a los ciclistas y causarles daño y hasta la muerte.   

Ahora dirán los defensores de tan absurda idea, que esos proyectos se realizan en otras ciudades y por qué aquí no se pueden... Si, nadie lo está negando, pero en circunstancias geográficas diferentes. Por ejemplo, en Bogotá se pueden hace ciclo-rutas paralelas a grandes autopistas, pero como hay suficiente espacio, se deja un buen separador entre los carriles vehiculares y la ciclo-ruta. Aquí no porque no hay espacio y es necesario hacer la cliclo-ruta por otra vía de casi nula circulación de automotores de gran tonelaje. Pero lo que se hizo por la carrera 21, repito, es una bestialidad y no una gran azaña. 

De tal manera que cometer esa calaverada que no demuestra más que una desproporción mental  y un sentido de retroceso que no lo comete ni el peor ignorante. Y, no lo comete una administración municipal sensata, porque no se puede acabar un servicio público como es el de movilidad, máxime cuando la carrera 21 tenía reciente transformación porque fue ampliada con carriles que ayudaban a la comunidad a desplazarse con mayor fluidez. 

Ahora en ese eje vial, el común denominador, es la acumulación vehicular, los graves trancones, el despertar del mal genio de conductores y pasajeros, accidentes, muertes y una serie más de aspectos negativos, porque la tradicional y cómoda carrera 21 se acabó.  Ahora las personas que van a laborar tienen que irse dos horas antes para llegar a tiempo a sus fuentes de trabajo, todo porque la administración municipal, sin ningún sentido futurista, quiso hacerles una obra a los ciclistas, pero con la corta reflexión, no se imaginó que esa cliclo-ruta es una grave amenaza  para quien se atreva a desplazarse por ahí, repetimos, porque los vehículos grandes atraen por acción de la física a los pequeños y los lanza a las ruedas con las consabidas consecuencias. En cambio, si hubiera hecho una ciclo-rura por una vía de menos tráfico, no habría ese grave peligro.  Entonces al final, esa obra se va a convertir en otro de tantos ELEFANTES blancos que hacen los gobiernos sin ninguna PLANEACIÓN, sino con el ánimo de fanfarronear. Esta ciclo-rura puede convertirse en un trampolín de la muerte.

bersoa@hotmail.com

sábado, 19 de septiembre de 2020

Una reforma que necesita ajustes

 


      Mario González Vargas

El video que muestra la acción repudiable de dos agentes de la Policía Nacional en contra del ciudadano Javier Ordóñez, desató la natural indignación ciudadana, no solamente por la crudeza del sometimiento físico de la víctima, sino también por su posterior fallecimiento en las instalaciones del CAI próximo al lugar de los hechos. El entendible repudio que despertó la violencia de los dos agentes involucrados, suscitó comprensible protesta social que se vio acompañada de la acción vandálica de todas la organizaciones criminales y terroristas, siempre al acecho de torcer acontecimientos que favorezcan sus propósitos delincuenciales y sus objetivos políticos. Prevaleció injustamente la condena anticipada a toda una institución fundamental para el orden público, el ejercicio de las derechos y libertades públicas, indispensables a la seguridad y convivencia ciudadanas y a la gobernanza de las autoridades. Sirvió de oportunidad inesperada para que desde la izquierda se intente una vez más el desprestigio de los cuerpos de la Fuerza Pública, tan necesarios al mantenimiento del orden, pero tan vilipendiados por los adversarios del sistema económico y democrático que nos rige. 

Con esa orquestación maliciosa por el desmantelamiento de la estructura actual de la Policía Nacional, bajo la necesidad de una reforma estructural, no solo se desechan los logros alcanzados desde 1993 en el proceso de reforma de la institución, sino que se persigue convertirla en el dócil instrumento de autoridades políticas locales que desvirtúa y desnaturaliza su misión constitucional. La reforma iniciada en 1993 ha venido adelantándose con las necesarias modificaciones que exigen los tiempos, y se han evidenciado en un notable profesionalismo de nuestra policía que hoy asesora muchas de las fuerzas del orden en el continente en la transformación de sus visiones, misiones y operaciones.

Necio sería desconocer la necesidad de realizar ajustes que aconsejan situaciones que han venido aflorando y la que acaba de suceder, que ponen de relieve escenarios que han entorpecido la continuidad del proceso de reforma y golpeado el prestigio de la institución. En los últimos diez años, se ha reducido el presupuesto de la Policía, lo que inevitablemente ha afectado el reclutamiento, salario, prestaciones, formación, capacitación, equipamiento y operatividad de la Policía y congelado ascensos desde patrulleros hasta intendentes. En los últimos años se viene erosionando la unidad de criterio en los más altos niveles de comando, que ha desarticulado la cadena de mando, sembrado confusión y favorecido la inestabilidad en el control de situaciones de grave afectación del orden social. La inteligencia, que ha sido el mayor activo de la reforma, inexplicablemente falló en la previsión y contención de la barbarie vandálica   Hay una crisis de liderazgo que el gobierno debe atender con premura.

Debe restablecerse la figura del Comisionado para la Policía, veedor ciudadano que ejerza la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y verifique el respeto de los DDHH y el cumplimiento de las normas para el funcionamiento de la institución. Restablecer ese vínculo es crucial para la confianza de la ciudadanía en su más cercana institución.

lunes, 14 de septiembre de 2020

¿El derrumbe de la justicia Transicional?

Mario González Vargas
El intercambio epistolar de Álvaro Leyva con Salvatore Mancuso implica un cambio de tercio en la estrategia de la oposición auxiliadora de las Farc, para extender un manto de impunidad sobre todos los delitos perpetrados durante el conflicto armado. Con el cruce de cartas se abandona el perverso ejercicio de baranda en los despachos judiciales, tan caro a Iván Cepeda, para situarlo en escenario de aparente juridicidad, consistente en confesiones destinadas a ocultar los pecados propios por medio de acusaciones indiscriminadas contra los enemigos en el conflicto. 

En el cruce epistolar se dibuja un pacto de trueque para incluir al arrepentido criminal en el beneficio de la sanción restrictiva de la libertad, a cambio de tener como verdad los señalamientos que profieran contra los estigmatizados como enemigos de la paz. Para apuntalar el simoníaco acuerdo, el senador Barreras presentará un proyecto de ley, cuya aprobación permitirá el ingreso de los jefes paramilitares a la JEP, cabeza de un sistema de justicia transicional insólito en el DIH, porque diseñado en convenio con sus beneficiarios y a la medida de sus intereses. Asistimos a la aplicación del concepto de que la paz está por encima de la justicia, formulado en mala hora por quien fuera presidente de la Corte Suprema y hoy prófugo de la justicia por el proceso denominado como el Cartel de la Toga. Ese lavado de responsabilidades parece contar con el asentimiento del Nobel de Paz, cuando, contrito, afirma “Siento, y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron muy engorrosos, somos un país muy santanderista, y se lo aplicamos a una justicia que es especial, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo”. 

Y refuerza su habilidad de prestidigitador afirmando que “Este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando, si encontramos un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea. Siempre y cuando sea de consenso". Entierran la socorrida tesis de la intangibilidad del acuerdo de paz, porque ya identificaron el sustento normativo de esta opereta de impunidad en el artículo 63 de la ley de Justicia y Paz que dispone: “LEY FUTURA MÁS FAVORABLE. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores”

Los paramilitares como los militantes de las FARC que se acojan a la JEP tienen como primordial e insustituible responsabilidad las de decir la verdad y reconocer sus crímenes. Si no lo hacen, se les aplicarán las penas ordinarias de 15 a 20 años de reclusión. Los comandantes farianos en sus comparecencias han negado la verdad, lo que presagia la actitud de Mancuso y Cia. ¿Asistiremos al derrumbe de la Justicia Transicional de manos de sus autores y beneficiarios?     

lunes, 7 de septiembre de 2020

El deterioro del sistema Interamericano de DDHH


       Mario González Vargas
La reciente sentencia de la Corte IDH tiene profundas consecuencias sobre el derecho disciplinario en nuestro país y en todo el continente. Como la sentencia condena al estado colombiano por la violación al artículo 23.2 de la Convención Americana de DDHH, la atención del gobierno debe centrarse en el análisis de la providencia y especialmente en sus alcances, como que dispone la competencia exclusiva de Juez Penal para sancionar a servidores públicos de elección popular, y ordena al estado modificar su ordenamiento jurídico, juzgado incompatible con la norma convencional. 

La Corte IDH, en atención a la petición de Gustavo Petro, después de 51 años se percató de la supuesta incompatibilidad de las normas constitucionales y legales colombianas con la Convención Americana de DDHH, a pesar de las muchas peticiones, en igual sentido, que por décadas no han merecido la atención de la CIDH. Inquieta la extensiva y desmesurada comprensión que hace de sus competencias de interpretación y aplicación de la Convención, que no se compadecen con los estándares internacionales vigentes. Desdeña las interpretaciones sistémica y teleológica de los tratados internacionales, que no se limitan al examen de su texto, de 1969, sino que incluyen diversos tratados posteriores sobre la misma materia para ajustarlos a los cambios sociales y a las nuevas realidades, con el fin de lograr un entendimiento coherente de la actualización del derecho internacional público. Por otra parte, la norma del artículo 23.2 de la Convención es extraña a la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros y contraria a las normas de las Convenciones contra la Corrupción de la OEA y de la ONU. No debe ignorar la Corte que, por similares decisiones, el Tribunal Europeo de Justicia se ha visto enfrentado a fundados desacatos a sus fallos que minan su credibilidad y respetabilidad y deterioran el sistema de justicia.

El Sistema Americano de DDHH vive una crisis que se evidencia también en la indolencia de la CIDH, que demora hasta un decenio la admisibilidad de las peticiones, sin consideración a su carácter de urgencia, que solo interrumpe cuando comparte credos ideológicos, y que, además, se transluce en el insólito reto que hoy plantea a las indiscutibles competencias del Secretario General de la OEA. Tal como funge hoy, la CIDH asume la condición de parte que solo debería ejercerse por la víctima, sin intermediación, porque solo a ella le asiste la legitima pretensión a la restitución de su derecho y a la reparación consiguiente.

Colombia debería promover el protocolo de reformas a la Convención que fortalezca el Sistema de DDHH en América. En el sistema europeo se suprimió la Comisión en 1998, lo que favoreció la celeridad en la atención de los derechos vulnerados. Sería oportunidad para hacer claridad sobre el alcance de la interpretación, que no puede ni debe extenderse a “crear derecho o a “desarrollar la Convención, sino solamente a interpretarla, como reza su mandato.
La elección de Margarita Cabello constituye aporte sustancial a esta tarea. 

jueves, 3 de septiembre de 2020

Colombia de plácemes por entierro de otro intento de Fracking


Por: Bernardo Socha Acosta
Pretender lograr la sostenibilidad energética de Colombia a través de la explotación de yacimientos de hidrocarburo a través del ya conocido y tan cuestionado  fracking, no es solo un capricho atrasado y atentatorio de la riqueza hídrica nacional,  sino una demostración de obscurantismo y de ignorar las oportunidades que tiene el país de aprovechar otras fuentes energéticas como la solar y la eólica que no contaminan y no le hacen daño a la naturaleza ni a la población.

Las pretensiones del gobierno y de las bancadas del congreso de la república que se jactan de ser una aplanadora que dominan a sus contrincantes y al país, son las peores acciones políticas  que los colombianos no podemos aceptar. Y no podemos aceptar ni tolerar, porque, quienes con sentido de solidaridad social, cuidamos y valoramos el agua, debemos condenar con airadas pero categóricas posiciones, estos propósitos, o mejor, despropósitos de quienes han sido elegidos por voluntad del pueblo en busca de una ejemplar representación en el ente donde se hacer las leyes.  

Por fortuna los congresistas que demuestran ser de la nueva época, y valoran un recurso vital como el agua, se sobrepusieron  y desenmascararon un llamado MICO que llevaba camuflado (como simpre) el proyecto sobre reforma a la ley de regalías. Felicitaciones por ese acto de soberanía e independencia política,  porque   fueron superiores a los intereses de quienes no miden las funestas consecuencias que traerá para el futuro del país y en especial de la población, una explotación de reservas fósiles para aumentar la oferta energética nacional, mediante sistemas malsanos como el Fracking, que para hablar en castellano, no es más que un sistema para fracturar de manera hidráulica la corteza terrestre rocosa del subsuelo para extraer de forma no convencional petróleo y gas.

Pero, el sistema Fracking, no solo es una amenaza a la estabilidad de los niveles del agua, sino los graves riesgos y amenaza de contaminación hídrica, que producen los mortíferos y peligrosos químicos que utiliza esa técnica para obligar al petróleo y gas a salir hacia la superficie luego de la fracturación de rocas.


Y es que el hecho de que el estado colombiano sea el dueño del subsuelo, como lo consagra la Constitución, (art. 332) no le da derecho a los congresistas ni al mismo gobierno, pretender arruinar otros recursos más valiosos como el agua y un ambiente sano, libre de tóxicos.

La población colombiana se pregunta, el por qué, el gobierno y el Congreso de la república en cambio de seguir insistiendo en buscar energía de las fuentes fósiles, no invierten en aumentar la oferta energética mediante otras fuentes de las que gozamos en abundancia por ser un país sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida, como el sol y los vientos para producir energía limpia de cualquier contaminación.

Y finalmente los colombianos debemos estar de plácemes porque fracasó una parte del Congreso de la república  que intentaba una vez más imponer el sistema Fracking para explotar yacimientos de hidrocarburos, gracias a una parte progresista de congresistas que logró el entierro del llamado mico que tenía el proyecto de reforma a la ley de regalías.
bersoa@hotmail.com

lunes, 31 de agosto de 2020

Quien es el interesado en prestarle 370 millones de dólares a Avianca

              Por: Bernardo Socha Acosta
El gobierno del señor Iván Duque, está borrando con el codo lo poco que ha hecho con la mano. A quién se le ocurre que el Ministrico de hacienda otorgue un crédito millonario, sí crédito, a la Compañía Avianca, tomando recursos de un Fondo que debe tener la mayor garantía para cumplir sus obligaciones misionales. 

El crédito como ya todo mundo lo sabe, es por 370 millones de dólares, y no se sabe qué garantías tenga para que no se vaya a convertir en otro desangre más de los que tanto tienen las arcas públicas.

Pero lo más que da ira y debe causar repudio entre los colombianos, es que luego que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla hace el anuncio como si fuera plata de su bolsillo, sale el presidente de la república, Iván Duque, a congraciarse dándole su respaldo como si estuviera haciendo una gran AZAÑA en favor de los 48 o 50 millones de colombianos. Y la Azaña se la está haciendo, pero a un grupo económico privilegiado.

En esta decisión,  sí los colombianos debemos, no pedirle, sino exigirle al Congreso de la república y a los entes de control, para que actúen  y defiendan los dineros del estado, que son dineros de los colombianos.

370 millones de DÓLARES en un préstamo del gobierno a la Empresa  AVIANCA? Increíble.  Eso si es como para que los colombianos nos sentemos a llorar, de ver cómo deliberadamente el gobierno sigue mostrando   su capacidad de hacer lo más  absurdo que gobierno alguno haya hecho ante la mirada impávida de un pueblo que se debate en medio de una pandemia que bastantes malos resultados viene dejando en materia de salud y pobreza, como para que los flamantes gobernantes despilfarren los dineros que según el mismo Ministro de hacienda y el presidente, el país no tiene para atender las necesidades que ha generado el Coronavirus, pero para prestar 370 millones de dólares, si hay plata.

Este préstamo multimillonario, no es más que una fatal y desafortunada  decisión del gobierno para congraciarse con un pulpo económico, porque los dueños de  AVIANCA no son unos proletarios que tengan en riesgo una empresa colombiana. No. Ellos (los accionistas de Avianca) son integrantes de un grupo de capital muy solvente que tienen las puertas abiertas de la banca mundial y el préstamo que el gobierno de Colombia le aprobó, es  apenas una gota de agua en un océano, para ellos, pero para Colombia es un saqueo de las arcas, de mucho dinero. Además, fuera una empresa colombiana, habría la posibilidad de ser solidarios, pero Colombia apenas tiene una mínima parte de acciones en Avianca. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno en hacerle ese préstamo, que bien puede estar en riesgo?

Y ya la procuraduría general de la nación se pronunció al respecto y será por el momento el único ente de control que lo haga.

Ahora falta que el congreso de la república siente  su posición firme y no lo haga con paños de agua tibia, porque el Ministro Alberto Carrasquila (de hacienda) mira a los colombianos y al mismo congreso de la república como bichos raros que se entrometen en los asuntos que él quiere manejar, como si fueran negocios particulares, porque pretende manejar los intereses nacionales a su capricho.

Y no extrañemos que muy pronto nos sorprenda, anunciándole al país, (como ya lo hizo en plena pandemia) sobre la necesidad de presentarle la nueva reforma TRIBUTARIA a los que él considera sus asalariados  cortesanos  (el Congreso de la república)  con mensaje de urgencia para que se la aprueben lo más pronto,  para capitalizar más recursos de los gobernados y seguir haciendo préstamos  a grupos financieros, como en una actitud de ganarse puestos privilegiados para cuando salga del Ministerio de Hacienda.

Si los colombianos con toda esta burla no despertamos, estamos definitivamente llamados a ser de nuevo ESCLAVOS  de quienes tienen el poder y no hay congreso de la república ni entes de control.
bersoa@hotmail.com

domingo, 30 de agosto de 2020

Conjurar una amenaza inminente


        Mario González Vargas
Las trágicas muertes que se producen en el país en territorios sembrados de coca, pero huérfanos de la presencia de la institucionalidad, revela el mayor reto que el Estado colombiano enfrenta porque desnuda la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la vida de los colombianos y la seguridad e integridad del territorio nacional. Conjurar ese inmenso desafío requiere no solo de la unión nacional, hoy esquiva, sino también de una alerta conciencia ciudadana sobre los peligros que se ciernen sobre Colombia.

La violencia en algunos territorios nacionales no debe verse solamente como efectos residuales de la violencia guerrillera, porque obedece a dinámicas diferentes y a escenarios geopolíticos que desbordan ampliamente a los que alimentaron la confrontación con las organizaciones subversivas. Hoy, la lucha no es simplemente por el poder, a la usanza de las Farc, ni se concentra exclusivamente en el narcotráfico y la minería ilegal y los réditos que ellas generan, con las que se persiguen  dominio de territorios carentes de institucionalidad, sino que responde a intereses geoestratégicos que apuntan al derrumbe de la democracia colombiana y a la alineación del país en las filas progresistas que no renuncian a un colectivismo trasnochado que aún perciben como la punta de lanza contra el sistema capitalista. Su tarea se ha visto facilitada por la desidia del Estado para extender y asegurar su presencia en todo el territorio nacional, lo que ha permitido la expansión de grupos armados ilegales a expensas del aparato estatal, y que gozan, además, del apoyo de Maduro que ha convertido a Venezuela en la retaguardia y santuario de todas las organizaciones criminales que siembran la muerte en Colombia. En ese contexto el terror se convierte en instrumento de control de territorios y comunidades y las masacres en el procedimiento extremo y sangriento para hacer de la violencia la herramienta de poder. En esa contienda, sin límites de humanidad, toda atrocidad se le adjudica al gobierno y todo esfuerzo por mitigar la violencia se estigmatiza como violación de derechos humanos, quizás porque se percatan que en Colombia hemos sido más exitosos en cimentar la democracia que en construir Estado.

Esa guerra de todas las organizaciones criminales entre ellas, y de ellas contra el Estado, se ve ahora potenciada por la adquisición de misiles iraníes por Maduro para uso del ELN, las Disidencias de las Farc, Nueva Marquetalia y demás grupos criminales que suponen una amenaza nunca experimentada por Colombia y que goza de solidaridad en sectores políticos legales del país. Hoy más que nunca se requiere una política de seguridad integral, con visiones regionales, que apunte al control territorial, la protección de la población y la desarticulación de los aparatos criminales. La creación del cuerpo élite, la aspersión aérea de cultivos de coca y el plan de zonas futuras, son un buen principio, pero deben complementarse con el desmantelamiento de las estructuras criminales y el fortalecimiento y presencia del Estado en todo el territorio que le permita ejercer el monopolio de la violencia legítima.          

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