El cambio de tercio

Mario González Vargas

Después de más de cincuenta días de perturbaciones muchas veces acompañadas de muerte, vandalismo y destrucción, el saldo del paro nacional decretado por el Comité del Paro y acompañado por los partidos de oposición y sectores afines, arroja un resultado cercano a lo dantesco del que tardará el país años en alcanzar su recuperación. Los objetivos políticos perseguidos no se lograron, pero dejaron un sabor amargo en todas las personas y sectores que padecieron sus efectos y despertaron legitima reacción en el tejido social colombiano. El representante de FECODE no escondió el objetivo político de sus acciones al revelar que apuntaba a la derrota del Centro Democrática y la derecha en el 2022, sin importar los costos sociales y económicas impuestos al país. No en vano intenta hoy Gustavo Petro desmarcarse de las decisiones del Comité del Paro que él mismo instigó, alentó y acompañó, pero que hoy le resultan incomodas y perjudiciales a su desmedida sed de poder y que lo obligan a amnesia definitiva sobre sus acciones y solidaridades. Hasta el esperado informe de la CIDH, cuyo dictamen todos anticipamos, perdió relevancia ante el monumental y culpable desacierto de los responsables políticos de los delitos y violaciones de los derechos humanos que se vivieron a lo largo de los cincuenta últimos días.

Pero en términos del despliegue de todas las formas de lucha una infamia vencida se remplaza por otras que se pretenden más exitosas. Otros actores irrumpen en el conflictivo escenario en el que vivimos para apuntar también a los mismos objetivos de cambio del régimen institucional. El atentado terrorista en la Brigada en Cúcuta no puede entenderse como una acción caprichosa, sino que anuncia un cambio de tercio en el propósito de desgastar al gobierno y de llevar al poder a la extrema izquierda levantisca que no desecha ninguna forma de lucha por mortífera que resulte. No hay acción militar improvisada. Por el contrario, siempre obedece a minucioso planeamiento porque comporta objetivos políticos estratégicos. El carro bomba en Cúcuta reintroduce al terrorismo en el escenario político con la finalidad de repetir exitosamente el proceso con el que el anterior gobierno dividió al país, se burló de la voluntad popular y claudicó en un acuerdo de paz que sólo ha generado más violencia en Colombia. No tardarán los corifeos de la paz en clamar por nuevas negociaciones con dirigentes del ELN que reclamarán más privilegios e impunidades que los otorgados a las FARC, porque se saben inmersos en un escenario geopolítico favorecido por la presencia de actores extracontinentales en Venezuela, la solidaridad de la izquierda internacional y hemisférica, el sesgo de las burocracias de organismos internacionales y el activismo de ONG nacionales e internacionales y de los sectores afines nacionales. Pretenden condenarnos a repetir una historia dolorosa pero esta vez más incierta con ellos en el poder.

Opongamos legitima y pacífica resistencia porque en nuestra fortaleza y decisión descansan nuestros derechos y libertades que debemos conservar y acrecentar a partir del 2022.

Carta abierta de don Rudecindo a quienes con marchas quieren llegar al poder

Bernardo Socha Acosta

Causó sorpresa, indignación y hasta risa, la divulgación de noticias, en el sentido de que las marchas que se han venido realizando en Colombia y que tanto daño le han hecho al país, son para preparar el terreno en favor de quienes aspiran llegar a las corporaciones públicas entre ellos el Congreso de la república en el 2022, y al mismo tiempo, con el fin de cerrarle las posibilidades a un movimiento político en ejercicio.

Agrega don Rudecindo en su escrito: Parece mentira, pero es cierto, que unos llamados dirigentes piensen así, para iniciar una campaña de atracción a simpatizantes, sin darse cuenta que con ese estilo de actitud y actuaciones,  que tanto dolor y hambre les ha causado a los colombianos de bien, lo que están es, ganándose el rechazo absoluto de los electores y de quienes jamás han sufragado, porque lo que han hecho con esas marchas en las cuales se gestó el vandalismo bárbaro, no hay espacio para quienes han sido damnificados de ese paro nacional. (Estoy contando lo que dice don Rudecindo)

Más adelante hace hincapié don Rudecindo y afirma: Yo estoy de acuerdo con las marchas de protesta porque son legítimas del pueblo amenazado por un estado que creyó dominar a sus gobernados como en las peores épocas de dictadura fiscal, imponiéndole a los colombianos una REFORMA TRIBUTARIA que a todas luces era el peor YUGO para sacarle por las malas los pocos ingresos que tiene el pueblo trabajador, y la protesta era necesaria, pero no con el látigo de los bloqueos de vías porque esta forma de protestar resultó PEOR  que la reforma tributaria, teniendo en cuenta que, esa forma de protesta  -los bloqueos de vías- nos puso a aguantar física hambre, enfermedades y hasta la muerte. Igualmente, esa forma de protestar –los bloqueos- atentó contra la producción nacional. Cuántos litros de leche, cuantos huevos se perdieron, cuántas gallinas y pollos murieron por los bloqueos y cuánta legumbre que hace el manjar de los colombianos se perdió en la fuente, todo por los bloqueos. Esos gravísimos daños, jamás se los perdonaremos a los organizadores de los bloqueos, que son los mismos del paro, dice con sentido airado don Rudecindo en su carta.

Finalmente expresa el remitente de la carta: Señores del llamado comité de paro; sean más creativos si verdaderamente quieren ganarse la simpatía de los colombianos para futuras contiendas políticas, porque con lo que han hecho no se merecen sino el rechazo y el desprecio de un país que quiere ávido, tener líderes que defiendan al pueblo con las ideas y hechos cumplidos, pero no con violaciones de todo tipo y paradójicamente al mismo tiempo estar reclamando respeto por los derechos humanos,   si son los primeros en violentarlo.

(Nota: No transcribimos el manuscrito por sus fuertes términos)

Lo que esconde el informe de HRW

Mario González Vargas

Robert Bernstein dejó constancia hace dos años, poco tiempo antes de su deceso, en un artículo en el New York Times, del maltrato con el que se desnaturalizaba su legado como creador de Human Rights Watch (HRW). Expresó su preocupación por la desviación de la misión original de HRW de focalizarse en los abusos que caracterizaban a sociedades con regímenes que censuraban los derechos a la libertad de expresión, pero que se extendió a sociedades democráticas que, si bien no están exentas de cometer abusos, “tienen la habilidad de corregirse a través del debate público, una prensa libre y otros mecanismos que fomentan reformas”. Cuestionó los reportes de la ONG por apoyarse en historias que no eran verificables y señaló que muchos de los testigos procuraban ventajas políticas, con lo que se afectaba irremediablemente la credibilidad de HRW. Esa desviación se ha acentuado en los últimos años y parece tener vocación de perdurar, como lo indican declaraciones e informes recientes de HRW en Europa, el Medio Oriente y las Américas.

Kenneth Roth, director de HWR en Europa, provocó repudio con una declaración en la que se preguntaba: “¿la islamofobia puede ser más evidente? el gobierno francés recomienda el tapabocas, pero prohíbe el burca”, que desencadenó legitima indignación en un estado laico que lidia con el coronavirus y en una sociedad que proscribe la desigualdad de los sexos. Más recientemente, el informe sobre la situación israelí-palestina que acusó a Israel de violaciones de derechos humanos, pero guardó sepulcral silencio sobre los actos de terrorismo de la organización Hamas, suscitó rechazo, ya no solamente del gobierno israelí, sino también del Jewish Comittee, respetada organización de derechos humanos defensora de las libertades civiles y crítica de toda discriminación. A esa tendencia no ha escapado la HRW de Vivanco. Llama la atención la perfecta sincronización de su informe con la presencia de la CIDH en el país, en momentos en que el repudio ciudadano agotó la continuidad del paro, tan costoso en vidas y pérdidas económicas. Con el mismo deleznable procedimiento de atribuir verdad a testimonios no verificados, se pretende insidiosamente aportar a la CIDH elementos que le permitan atribuir a la Policía nacional sistematicidad en presuntas violaciones a los derechos humanos, al tiempo que olímpicamente se ignora el vandalismo que sistemáticamente acompaña las marchas y desmanes y las agresiones a los policías. Se quiere soportar interpretaciones violatorias del art. 15 de la CADH que sujeta el derecho a la protesta a restricciones fundadas en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. El objetivo es estigmatizar a la Fuerza Pública y señalar la supuesta debilidad de nuestra institucionalidad que les permita la presencia de un Grupo de Expertos Independientes, provenientes de las ONG que nutren de personal a la CIDH. No resulta difícil desentrañar el objetivo electoral que se persigue. Soldado avisado no muere en guerra.

La CIDH bajo escrutinio

Mario González Vargas

La oportuna actividad desplegada por la nueva canciller Martha Lucía Ramírez en la ciudad de Washington, le permitió compartir con el Secretario de Estado, congresistas de los partidos demócrata y republicano, los medios de comunicación, el secretario general de la OEA y la CIDH, no solamente una información más precisa y verídica del paro nacional y su desarrollo, sino también hacer claridad sobre las acciones y propósitos del gobierno para su pacífica resolución. Se llenó así, y con reconocida habilidad diplomática, un vació que se había extendido durante la gestión de la anterior ministra. En la reunión con la CIDH a la canciller se le informó de una audiencia sobre Colombia prevista para el 29 de junio en Washington, lo que motivó la posibilidad de que la CIDH realizara su visita a Colombia con posterioridad a la realización de la audiencia, que contaría con la presencia del gobierno, de los órganos de control y de las principales ONG, así como de representantes del Comité del Paro, como oportunamente lo hizo saber la CIDH en un primer comunicado. Los representantes del paro, las ONG y la oposición forzaron a la CIDH a solicitar la autorización de su presencia a la mayor brevedad por medio de un segundo comunicado que despierta inquietudes por la apresurada manifestación de otorgar verdad a las versiones no confirmadas ofrecidas por los sectores que la constriñen para su rápida presencia en el territorio nacional. El gobierno condicionó su acuerdo a la realización de una reunión, el día 7, de la Comisión con la institucionalidad y a la formulación del protocolo para el desarrollo de actividades en el país del 8 al 11 de junio, que es de usanza para las actividades en el territorio nacional.

Se entiende que los actores del paro vean en la CIDH oportunidad para reanimar un paro que da señales de agotamiento por la violencia, el vandalismo y los altos costos en vidas y destrucción de bienes públicos y privados, que les permitiría una mayor difusión en la comunidad internacional de su insidiosa versión de culpar al gobierno de todas las infracciones a los derechos humanos. A los colombianos nos asiste el derecho de que la CIDH logre una percepción de la situación difícil por la que atravesamos, libre de sospechas de proximidades políticas o de identidades ideológicas para las cuales no están diseñados los organismos del sistema interamericano de derechos humanos. Queremos confiar en la independencia e imparcialidad de los comisionados que contribuya a que el país, su democracia, que es la menos imperfecta en Latinoamérica, y el sistema de derechos humanos, salgan fortalecidos de esta exigente prueba que afrontamos y que parece extenderse por todo el continente. Todos los estamentos nacionales e interamericanos van a estar sujetos al escrutinio de sus acciones, observaciones y decisiones que deben apuntar al fortalecimiento de la democracia, único régimen que puede garantizar la paz, la convivencia, la alternancia del poder y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Permaneceremos expectantes.

Los desafíos del presente son de todos

Mario González Vargas

La violencia que se ha apoderado de las manifestaciones de los últimos días, con desdeño mayúsculo de la agresiva pandemia de muerte que nos golpea, tiene raíces y explicación en elementos que superan abrumadoramente las razones y factores que se le atribuyen. Ciertamente, éstos no obedecen solamente a insatisfacciones en el seno de la sociedad colombiana, sino que responden también a un proceso que se está propagando en un mundo globalizado y que supera y desborda los ámbitos locales y nacionales. Hay en curso la agresión de una formulación cultural fundada en la filosofía de la deconstrucción que se entiende asimismo como apocalipsis de felicidad, construida sobra la destrucción de los sistemas de valores vigentes. Se ve revolucionaria y por ende subversiva, radical y punitiva. Se expresa en las teorías del “decolonialismo” que se esmera en borrar la memoria histórica con el derrumbe de todo vestigio que la recuerde, con el racialismo que es un racismo de pretensión científica, superfluo en un mundo que se mestiza a pasos agigantados, con el feminismo concebido como guerra a lo masculino, con la destrucción del género en la distinción sexual y en el lenguaje, y con el desdeño de la razón, con los que se pretende reducir a quimeras todos los sistemas de creencias. Se vale del cultivo del odio para entronizar sus objetivos.

Las actitudes y el lenguaje de los que pretendieron fungir como intérpretes del paro y voceros del descontento social en los debates de las mociones de censura a Mindefensa, confirmaron su propensión a la invectiva y su decisión de hacer del odio el combustible de su accionar. Contrastaron con la ejemplarizante marcha del silencio de los caleños, premonitoria del rumbo que debemos seguir en el país para mejorar y fortalecer la democracia en la que todos oficiemos y seamos participantes y deliberantes. Estamos en pleno derecho de exigir la judicialización de los vándalos y delincuentes, de sus financiadores, organizadores y cómplices, como también de reclamar al gobierno por una acertada lectura de la crisis que vivimos, así como congruentes acciones que permitan la innovación en el pacto social y la reingeniería de nuestra democracia y sus instituciones. Para ello, es preciso tener claridad sobre la naturaleza del conflicto del que somos parte, descifrando su naturaleza y sus alcances y comprendiendo que somos hoy el campo de batalla de la disputa. En un mundo globalizado nadie puede escapar a la universalidad de sus efectos.

La tarea demanda altas dosis de creatividad del gobierno, pero también de todos los estamentos nacionales. Recuperar el orden y el territorio, vencer al narcotráfico y restablecer la convivencia social, preservar la independencia y autonomía nacionales de intereses vinculados a las disputas orbitales muchas veces enquistados en organismos internacionales, restaurar la confianza en instituciones que deben rediseñarse para merecerla, asegurar el crecimiento económico y social de todos los sectores nacionales y realizar elecciones libres y transparentes son los desafíos mayores del presente. Todos seremos responsables de lograrlo.

Carta abierta del ex-alocalde Carlos Ibáñez Muñoz

CONSTRUYAMOS UNA MEJOR PATRIA

Foto, archivo bersoahoy

La noche es húmeda, pegajosa y oleadas de calor encienden el rostro. El sopor invade el cuerpo y empieza la batalla del cerebro a no permitir el sueño.Sin embargo, por más que trato de conciliarlo mis sentidos alterados y sometidos a difíciles momentos no lo permiten.

No es para menos; muchos compatriotas compartirán esta sensación. Siento que la nación se deshace y que no hay gobierno, ni voluntades, ni liderazgo, ni actitud que permita conciliarnos y que la barbarie, el pillaje, el odio y el rencor reinan. Así se abre el telón y empezamos a presenciar como actores y espectadores la mala cinta de el triunfo de la muerte sobre la vida.

Cada contendor en su esquina, imbuidos de instintos perversos, y muchos con altas dosis de ignorancia, cual hazañosos, se proveen de pertrechos violentos verbales y guijarros de intolerancia con exacerbado acento que lanzan desde las redes y les sirve de fundamento a los vándalos para que despiadadamente y cruelmente arremetan contra las personas y los bienes en holocausto infernal.

La autoridad que debe manifestarse con legitimidad y con inteligencia sucumbe. Carece de contenido moral y ético ya que la fuente de la misma está envilecida. Se desborda , es desproporcionada, atropella y su impronta es la sangre y la muerte.

El liderazgo antes estaba centrado en los partidos políticos y a ellos se acudían como voceros legítimos del sistema democrático para que intermediaran ante el gobierno nacional y se tramitarán las necesidades y anhelos de la sociedad. Eran otras épocas, eran escuchados y respetados sus dirigentes porque su prestigio estaba cimentado en la honestidad y el desapego de sus intereses particulares. Era la patria por encima de cualquier circunstancia. Se tramitaban oportunamente las carencias sociales de todos los estamentos no dando lugar al paro y a la barbarie que nos azota. Ahora no, como un fardo pesado cargan con su desprestigio, construido a punta de deshonestidad y escándalos de corrupción, enterraron sus ideales y le dieron la espalda a la militancia, por ello hoy nadie los escucha, son vergonzantes y se convirtieron en sanguijuelas de la democracia. Son parásitos hibernando que no se asoman sino cuando se trata de colocar las bolsas para que las llenen con la contratación y el vil metal. En este tenebroso momento de la patria están escondidos, les da vergüenza aparecer porque son causantes de los males de la República que dejaron crecer por su incapacidad y ausencia de compromiso social.

Cómo conciliarnos y deponer las armas que exhibimos con arrogancia ? Pues con democracia y tolerancia. Con civilidad política, cambiando las costumbres malsanas del ejercicio de la misma, con una reforma política integral que cercene los males y tape los boquetes por donde se cuela la indolencia social y la negación de la participación democrática. Con reestructuración institucional , empezando por los partidos políticos, el Congreso de la Republica y las altas cortes de justicia. Replantear las funciones, periodos y el sistema de designación de los altos cargos de los organismos de control del Estado, conocidas popularmente como las IAS .

Para reconstruir la nación y dejar atrás la polarización demencial, y lograr la convivencia se necesita desprendimiento, persecución del interés colectivo, visión democrática, espacios de participación social, compromiso de los gremios de producción de bienes y servicios, organizaciones sindicales sólidas y responsables, una nueva clase dirigente y buenos ciudadanos.

¡ENTRE TODOS CONSTRUIREMOS UNA MEJOR PATRIA. !

Carlos Ibáñez Muñoz

Exalcalde de BUCARAMANGA

Mayo 23 de 2021 .

¡Por cuenta de los derechos humanos hay hambre en Colombia!

Por: Bernardo Socha Acosta  

Poner a aguantar hambre a una sociedad y someter a la muerte obligada a enfermos de alto riesgo, es quizás una de las peores formas y prácticas violatorias de los derechos humanos. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia, donde unos señores que se denominan comité de paro, están ejerciendo la peor tortura de todo un país, con el cuento reforzado de que bloquear vías es una forma legal de hacer presión al estado para que acceda a sus peticiones.

¿Será que no hay una forma civilizada de hacer peticiones y proponer cambios en las políticas gubernamentales? O será que en cambio de avanzar en la civilización estamos retrocediendo a las peores formas de la relación de una sociedad.     

Ver aguantar hambre a los conglomerados sociales, en medio de un país  que tiene toda la riqueza abundante en la producción agropecuaria,  y ver morir a centenares de personas porque unos señores del Comité de paro impiden que lleguen los medicamentos o que a un enfermo pueda ser llevado a recibir la atención profesional, es la vil regresión, peor que en las épocas donde los cavernícolas ejercían la autoridad para torturar a sus dominados. 

Pero aun peor. ¿Acabar con los bienes de familias que han sacrificado toda una vida para construir un pequeño patrimonio, tiene justificación?

Colombia está llegando a la peor época de la historia por cuenta de unos pocos. El llamado paro que ya va para un mes, ya está llenando la paciencia del 90% de los colombianos.

Tienen razón quienes afirman que a partir de este año no hay que creer en las bondades de los sindicatos ni en quienes los dirigen, porque, antes que ayudar a las colectividades a mejorar sus estándares de vida, impulsan pero al retroceso y a fomentar el hambre, miseria y la muerte. 

Y esta suerte de nuestro país, no puede estar en manos de particulares, es obligación del gobierno ejercer su autoridad.

Y finalmente no quiero dejar pasar la advertencia que  me hizo un dilecto amigo, en el sentido de,  que  como van las cosas, Colombia podría ser manejada por una junta militar, para que acabe con los abusos que ya se están cometiendo en nombre de la preservación de los derechos humanos.      

Antes de que sea tarde

Mario González Vargas

Las pretensiones del Comité del Paro para adelantar un proceso de negociación con el gobierno, más que una propuesta constituye un ultimátum. Sin duda, obedece no solamente a la necesidad de aferrarse a una representación de todos los sectores que conforman las marchas, de la que evidentemente carece, sino también a ganar espacio y tiempo para su oculto propósito de someter o derrocar las autoridades legítimas. El gobierno tiene que lograr claridad sobre la estrategia y los fines de sus oponentes. Nadie vence en una confrontación si no conoce a su adversario y desentraña sus objetivos.

La realidad de la situación es bien diferente a la planteada por el Comité, como distintos son también las razones y los objetivos de quienes concurren a las calles del país. Mientras el Comité formula ultimátum y las organizaciones criminales financian bloqueos y vandalismo que persiguen la remoción del gobierno y la humillación de la institucionalidad, los sectores sociales claman por sus legítimas reivindicaciones para una sociedad que responda mejor a sus expectativas de educación, empleo, equidad y garantías culturales y sociales con las que avizoran su futuro. Hay entre ellos un abismo sideral que el gobierno debe entender en la conducción de los acuerdos que restablezcan la convivencia y el orden indispensables a una normalidad con futuro.

No será tarea fácil porque se ha entronizado en medios nacionales y en la órbita internacional una narrativa que desfigura lo que acontece y que pretende atribuir a las instituciones y las fuerzas del orden propósitos que les son ajenos. El que marcha protesta, pero el que bloquea o vandaliza delinque, aunque se pretenda asimilarlos para erosionar la legitima acción de la institucionalidad. La normatividad internacional dispone que “el ejercicio del derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley”, que comprende razones fundadas en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Iguales mandatos hacen parte de la ley colombiana. A pesar de su activismo, los agitadores políticos no lograrán esconder que el hampa controla retenes en el Valle del Cauca y el Cauca y que los múltiples bloqueos en otras regiones del país atentan contra la vida, la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos inermes e indefensos ante semejante atrocidad humanitaria. El costo es inmenso en vidas y en el aparato productivo de la nación, que arroja suma superior a los 500 mil millones diarios, que crecerá al ritmo de la prolongación del paro y sus desmanes. Frente a esa orgía de destrucción, el gobierno debe hacer gala de creatividad que facilite acuerdos con los jóvenes y distintos sectores sociales, así como la recuperación económica. El aguante ciudadano tiene límites a los que se está llegando. La cancillería de Marta Lucía Ramírez fortalece al gobierno, y debe acompañarse de mayor representatividad y participación de sectores nacionales. Antes de que sea tarde.

Entre destruir y construir

Mario González Vargas

En el país crecen la incertidumbre y el desconcierto por razón del sentimiento creciente de que el caos que se avizora termine convirtiéndose en una supuesta e ignota normalidad. Es un temor justificado por la prolongación de las marchas, bloqueos y vandalismo que las han acompañado y que demuestran que los fines perseguidos desbordaban el supuesto objetivo del retiro del malhadado e inoportuno proyecto de reforma tributaria. El 28 de abril constituyó el abrebocas de un festín de mayores alcances, al que concurren diversos sectores en ejecución de una planificada estrategia de sustitución del régimen político y de sus instituciones. La buena voluntad del gobierno de abrir amplio diálogo que permita entendimientos sobre políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad colombiana, se ha visto maltratada por la displicencia de Comité de Paro en acudir a ese llamamiento, mientras proliferan las acciones delictivas en ciudades y regiones de Colombia.

No tienen prisa, porque hay que darle tiempo al despliegue de todas las acciones que debiliten la autoridad legítima y socaven el apoyo ciudadano. Convirtieron la protesta social pacífica en acciones delincuenciales que vulneran los derechos de las personas a la vida en medio de la pandemia que soportamos, a la seguridad alimentaria de la población, a la salud pública, al libre tránsito de personas y de bienes, a la fluidez de exportaciones e importaciones, y con ello a la recuperación del aparato económico y del empleo. Son los gestores de pobreza y muerte. Las dimensiones de esas afectaciones crecen al unísono del dominio progresista en los medios nacionales e internacionales de información y del pobre desempeño diplomático de los agentes del gobierno, con la valiente excepción del embajador ante la OEA, y que parecen ignorar que la diplomacia no consiste en callar sino en saber decir.

Se percibe la dramática soledad del gobierno en los partidos y movimientos políticos que notifican, aún antes de su presentación, que no aprobarán reforma alguna; en el silencio de la mayoría de los aspirantes a presidente; y en la desatención del propio gobierno a los llamados para fortalecerse con la recomposición de su gabinete. Mientras tanto, detrás de bastidores, Petro incita a la rebelión, Álvaro Leyva asoma la posibilidad de elecciones anticipadas y el Arzobispo de Calí llama a un gobierno de transición que prohíje la salvación nacional, en la consideración de que la legalidad carece de legitimidad. Es un explícito llamado a la insurrección que no puede pasar desapercibido y merece la protesta que corresponde. El tiempo se agota y exige acciones urgentes. En política actitudes correctas valen por miles de palabras y deben acompañarse de decisiones acertadas. El orden es consustancial a la convivencia y la autoridad la responsable de su mantenimiento. Sin él prevalece la anarquía. La mayoría de los colombianos quieren el orden que garantice las libertades de la democracia y el ejercicio y preservación de sus derechos fundamentales. Se trata de escoger entre destruir lo que tenemos y construir lo que anhelamos.