Los colombianos se preguntan a una sola voz, si después de un informe de la Contraloría general de la Republica sobre la problemática de salud por la deuda que las EPS tienen para con las clínica, hospitales y proveedores de medicamentos (IPS) por más de 32 BILLONES de pesos, por qué no hay acciones contundentes para obligarlas a pagar, así sea con la venta de sus activos, muchos adquiridos con esos dineros extraviados.
Y tienen razón los colombianos, porque
es que es mucha la plata que está en juego en detrimento de los que pagamos
como afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la millonada que el estado
o gobierno paga por la llamada capitación en salud (Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se
conoce que la UPC es el valor anual que se paga por cada afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir los valores del Plan
Obligatorio de Salud (POS), tanto en el régimen contributivo como en el
subsidiado.
Los colombianos, no pueden tolerar un
abuso más de las EPS que lo hacen con el consentimiento, así sea indirecto, de
las mal llamadas mayorías del Congreso. Y es que, con la negativa de aprobar un
proyecto de REFORMA A LA SALUD, el congreso de la república es uno de los
directos responsables de la crisis. La estructura de salud tiene una oscura
cañería por donde se desvían BILLONES de
pesos desde hace unos 20 años, enriqueciendo el patrimonio de muchos avivatos
que quieren seguir como sanguijuelas chupándole la sangre a los colombianos
afiliados a esas Entidades Promotoras de Salud -EPS-
El falso argumento de algunas EPS, es
que la plata no les alcanza. Entonces por qué si, algunas… les alcanza para
pagar campañas políticas; o, pagar actividades sociales, como almuerzos, pago
de honorarios a algunas de las juntas directivas. Pero eso no es un secreto porque
se conocen numerosos hallazgos por mal manejo de los dineros de la salud que
hizo la Contraloría. Ese mal manejo contempla también, el desvío de los dineros, no solo de los
afiliados sino los del estado, para gasolina, viajes, etc, etc. Pero es más,
hay millonarios cargos por los servicios
médicos a beneficiarios fantasmas; cobros por medicamentos no entregados, intervenciones
quirúrgicas con costos millonarios y muchos más desvíos de recursos. Pero aun
hay trucos fraudulentos más graves; y es que se ha detectado doble contabilidad,
para engañar en cualquier necesidad por investigación.
El modelo de salud que tiene sus
oscuros propósitos de enriquecer a los ladrones de cuello blanco, se dio desde
que se formuló la ley 100 hace más de 30 años. Sería tanto el apetito e ilusión
de enriquecimiento con esa ley, que se crearon más de 100 EPS. De estas ya han desaparecido unas, 58 que han sido
liquidadas entre 1998 y 2022, según la Superintendencia de Salud. Otras
seguramente han cerrado sus puertas porque posiblemente eran EPS de garaje.
Y es que, una de las garrafales fallas
de la ley 100 de 1993 que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud
en Colombia, es la ausencia de una rigurosa auditoría para que se controlara el
gasto de los dineros de la salud, tanto de los afiliados, como del estado. Los
autores de la ley (gobierno de la época) y en el congreso de la república, no previeron
de esa AUDITORÍA, seguramente con una doble intención porque así se abría la
puerta de la infame cañería, por la se desviarían
los dineros de la salud, y ahí efectivamente
están los más de 32 BILLONES de pesos que no se saben dónde están. O, si se sabe dónde y quienes los tienen, pero
cómo para eso no hay JUSTTICIA. Pero para exigirle al estado más presupuesto,
si hay sentencias. Esa es la justicia para los colombianos, mientras miles de
pacientes claman por medicamentos y otros mueren por la crisis de la salud.
Así como recientemente hubo una condena
en segunda instancia contra un ejecutivo de la famosa EPS (Salucoop) así, ya debiera haber unas cuantas más
sentencias por esos mismos y otros delitos.
La ciudadanía también se pregunta
escandalizada, ante esta aberrante desviación de billonarios recursos
económicos de los colombianos y del estado, dónde hay más sentencias judiciales
de responsabilidades, condenando a quien corresponda a que paguen por los
delitos de la pérdida de dineros. Sabemos sí de sentencias judiciales, pero
condenando al estado a hacer más aportes para el pago por capitación, pero para
qué, si la plata no llega a la salud, sino a los bolsillos privados.
Y con todos los trucos fraudulentos que
ya ha diagnosticado la Contraloría general sobre el mal uso de recursos de la
salud, nadie duda, que si hay un arqueo de contabilidad entre los ingresos de dineros
y los gastos e inversiones en salud, las diferencias serian abismales, porque
jamás los colombianos usuarios de la salud han recibido atención medica por
esos elevadísimos costos. (32 billones de pesos)
Y finalmente, los entendidos en materia
judicial se preguntan, por qué no se ha decretado una auditoría forense,
orientada a investigar estos gravísimos hechos de corrupción.
