Precios del SOAT motiva diversas reacciones

Por: Bernardo Socha Acosta

A mediados de este mes de diciembre 2022, hubo un gran revuelo en Colombia por los exagerados precios fijados por el gobierno y las compañías aseguradoras, a las pólizas, tanto la obligatoria como las voluntarias, precios que no se compadecen con la situación económica que vive la mayoría de quienes las necesitan.

Hoy de los cerca de 50 millones de habitantes de este país, más de 17 millones tienen un vehículo, incluyendo las motocicletas y no es que tener un vehículo sea una afición o un lujo. No, el vehículo es en la mayoría que lo posee, un elemento de trabajo, porque así lo ha dispuesto la evolución y la revolución industrial que, a propósito, tiene al mundo al borde de la catástrofe, por la falta de planeación, tema que será para analizar en otro momento.

Por ahora ocupémonos de los precios de las pólizas de seguros. El tema no es como para sentarse a pensar o a llorar; es hora de ir actuando para organizar una Asociación de defensa de los usuarios de pólizas, porque es que, como en nuestro país y en otros donde mandan son los dueños del dinero y quienes se agremian para fijarle al pueblo trabajador sus pautas, capprichos o disposiciones orientadas a no dejar perder el poder capitalista, pues el pueblo también tiene que responder con actos legales en su defensa, buscando los medios y las herramientas, como el derecho de Asociación para defender lo suyo e impedir que otros con más poder hagan lo que quieran para imponer sus avaros caprichos.

Es bueno preguntarse. De ¿dónde salen los motivos reales, o factores concretos para fijarle precios tan exorbitantes o escandalosos a los seguros de vehículos?

Si bien es cierto que hay una crisis económica en Colombia y en el mundo, también es necesario que, una mínima parte de esa crisis sea asumida por quienes manejan el dinero y no pretendan recargárselo todo al usuario como son los compradores de pólizas. Con esos precios queda demostrado que las Aseguradoras no quieren que les disminuya en nada sus JUGOSAS utilidades del negocio que anualmente les representa una GRAN FORTUNA.

Y hablando de estos poderosos ingresos por los seguros, dónde ha pensado ese gremio, de ofrecer un mínimo incentivo a los consumidores de pólizas que, pasan los años y no tienen un siniestro; solo se dedican a llevarle plata a esas agencias aseguradoras para enriquecerles las cuentas bancarias. Entonces, tengan un poquito de estrategia o inteligencia, para por lo menos crearle una mínima ilusión a los dueños de vehículo por evitar accidentes y tener que hacer uso de los seguros.

Pero por desgracia, como esa franja del negocio (aseguradoras) quiere hacer lo que les plazca con los dueños de vehículos encareciéndole cada año su valor, pues hay que también responder por las vías legales y si los dueños de vehículos se unen, coronan una batalla.

Habrá que pensar a través de una ley, si es que el congreso de la república quiere ayudar a los afectados de este flagelo, en concertar los precios de las pólizas, porque hasta el momento los valores los fijan, el poder del estado y el poder del dinero privado. Los usuarios tienen que agachar la cabeza y hacer lo que el poder estatal y el poder del capital digan y listo. El consumidor no tiene ninguna opción.

Si se logra crear el gremio de consumidores de pólizas, una de las tares sería comenzar por hacer que se institucionalice la estratificación de usuarios de esos seguros, principalmente del SOAT.

Así como hay estratificación para el pago de servicios públicos y otras actividades, también debe haberlo, principalmente para el SOAT que es un seguro obligatorio. Porque es que en este nivel de servicio también hay quienes tienen capacidad para dos o más automotores particulares por lujo, o por gastar un poco el poder económico que tienen. No así quienes poseen un modesto automotor para sus labores de conseguir el pan de cada día. Estos últimos debieran de pagar menos y los poderosos pagar más, como pareciera la política actual. Vamos a comprobarlo. O se logra dialogando, o habrá que también hacer una resistencia.

Vamos a dejar así estas consideraciones, pero hay que actuar, antes que nos convierten en borregos de silla y de carga y hasta nos aplique la ESPUELA para hacernos correr a comprar pólizas al precio que ellos se les antoje.

bersoa@hotmail.com

Una política de seguridad para la Paz

Mario González Vargas

La ilusión del cambio se ha venido enredando en una maraña de improvisaciones del gobierno, constantes, populistas y dirigidas a estimular la creatividad de las huestes de activistas que conforman mayoritariamente las nóminas de los altos cargos del estado. La última de ellas es sin lugar a dudas la de que “los campesinos pueden seguir sembrando coca mientras prueben cultivos sustitutos… hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”. Parece la versión actualizada de los incentivos prodigados en la negociación con las Farc, que significó el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, con todas sus perversas consecuencias sobre la seguridad ciudadana y nacional.

En un escenario que supuestamente ambiciona la conquista de una paz total, no debe soslayarse el influjo de la cocaína en el deterioro continuo de la inseguridad que afecta la preservación de la vida a lo largo y ancho de la nación y que se vale de la constante pérdida del control territorial por parte del estado. Las masacres ocurridas desde el 7 agosto siguen su curso ascendente y representan el 45% de las ocurridas en lo transcurrido del año, que se han escenificado en departamentos que ocupan el 57% del territorio nacional.

La paz total, sea con el Eln o con las organizaciones del multicrimen, como ahora se les apellida, no puede ignorar que los enfrentamientos entre ellos se deben a la cocaína y constituyen la causa principal de la espiral de muerte y dolor que estremece al país. El cambio en la lucha contra el narcotráfico debe ser prioritario, y percatarse que todo crecimiento de la cocaína en los departamentos fronterizos con Venezuela gozará seguramente de la aquiescencia de sus gobernantes enjuiciados por las autoridades pertinentes de los Estados Unidos.

La formulación de una política de seguridad, más allá de las enunciaciones teóricas y gaseosas de la llamada seguridad humana de la ONU, constituye prerrequisito urgente para potenciar la defensa de la vida en Colombia. Las primeras decisiones del gobierno no apuntan en esa dirección, como que tampoco asoman aún en los temas con el Eln, a pesar de que, entre agosto y noviembre de este año, la UIA registró que uno de cada tres enfrentamientos armados entre organizaciones al margen de la ley tuvo la participación directa del Eln. Para nadie es un misterio que el Eln, el Clan del Golfo y las dos disidencias de la Farc, se disputan a sangre y fuego el control de territorios para imponer sus condiciones en el mercado de la base de coca.

El gobierno no puede pretender que con la inercia que le impuso a las Fuerzas militares, con la decapitación de sus mandos, la reducción de su presupuesto y la consiguiente afectación de sus decisiones estratégicas, puedan ellas responder a las urgencias que confrontan, porque todas redundan en desmedro de la capacidad en la planeación operacional. La advertencia de los EEUU era previsible. Razón tienen los que piensan que una política apropiada de seguridad libraría al gobierno de toda sospecha.

El engaño de los especuladores para aumentar precios

Por: Bernardo Socha Acosta

Si las autoridades de control no hacen nada, como es habitual, los consumidores estaremos expuestos a un grave sometimiento de abuso de algunos especuladores que se amparan en el comercio para cometer abusos y atropellos que bien podrían calificarse como atracos.

Con el oportunista y absurdo cuento de la inflación, el valor del dólar, los palos de ciego que da el Banco de la República al reajustar las tasas de interés y el incremento del salario mínimo, algunos avivatos especuladores y aprovechados comerciantes e intermediarios, se están valiendo de la ocasión para ponerle precios escandalosos a su acomodo a los productos de la canasta familiar, sin que se vislumbre una acción contundente de las autoridades.

Hace algunos días un vocero de los que hacen pan decía que, si el dólar seguía el alza, no habría remedio que subirle los precios a ese producto de la canasta familiar y que los panes que hoy tienen un costo de 200 pesos, tendrían que quedar a 500, porque los costos de la harina de trigo no permitían menos. Si eso fuera así, ese alimento estaría subiendo en más del doble del precio hoy. Y así sucesivamente con otros artículos que están en manos de esos traficantes del hambre.

Está demostrado que hay fuerzas oscuras que desde la sombra del frustrado poder político han creado directa o indirecta, falsos fantasmas que están aprovechando la ocasión para crear su propia teoría del costo de vida, con el fin de enfrentar al consumidor con el gobierno.

Un comerciante sensato y verdadero representante de un gremio honesto y servidor de la comunidad, nos decía que, si el gobierno y los entes de control no sentaban su autoridad y fijaban medidas estrictas, el próximo año 2023 sería la época de los vulgares intermediarios y especuladores que muchos para crear ambientes malsanos de reacción política están cometiendo atropellos para buscar el descontento de los consumidores.

Es hora de que los entes de vigilancia y control desplieguen su capacidad para fijar directrices porque los acaparadores e intermediarios están ávidos de conseguir lo que ellos quieren a costa del pueblo colombiano más necesitado.

Pero también se requiere de freno para los intermediarios de los alimentos de la canasta familiar provenientes del primer sector (el campo) donde los inescrupulosos compradores ofrecen irrisorios precios al campesino, para ellos revenderlos a dos o tres veces su valor, y así crear el falso fantasma de la carestía.

El gobierno tendrá que reforzar las medidas de control y vigilancia para que los precios de los principales productos de la canasta familiar no sufran los atropellos que le quieren imponer algunos de los inescrupulosos comerciantes que quieren aprovechar la ocasión para su enriquecimiento a costa de las necesidades de la población.

bersoa@hotmail.com

¿El advenimiento de una autocracia sin precedente?

Mario González Vargas

Desde la posesión del presidente Petro la promesa de cambio se ha visto menguada por la incompetencia de la mayoría de sus ministros, el recrudecimiento de masacres y la continua pérdida de control territorial por el estado, bien menguado que se hallaba desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. Quizás ello explique que el presidente se haya concentrado en la ejecución de una estrategia más poderosa, que le permita debilitar las instituciones y actores del régimen vigente y sustituirlos por los pilares que ambiciona para el advenimiento de un nuevo régimen redentor, que ponga fin a las distorsiones e inequidades de una sociedad capitalista, caracterizada como oprobiosa y decadente.

Inició su periplo con la cooptación del Congreso, obtenido con el uso indiscriminado de todos los favorecimientos que determinaron el declive de ese poder esencial de la democracia, para contar con su obsecuencia, que tanto había combatido en Cámara y Senado. Prosiguió, casi simultáneamente, con la decapitación de los mandos de la Fuerza Pública que desarticuló a las fuerzas militares y de policía y las sometió al progresivo fenecimiento de su espíritu y de sus doctrinas de seguridad nacional y convivencia ciudadana, favoreciendo el temeroso acogimiento a las nuevas concepciones impregnadas de una mal disimulada venganza por las derrotas infligidas en pasado reciente.

Se entrometió en el sector privado, con ademán autocrático, para remover directivas e incorporando en esas responsabilidades a personas que compartan sus designios o se sometan a obedecerlos, en ejercicio de esa creencia arbitraria y desueta pero acendrada en la izquierda, de que el sector privado apunta siempre a la consolidación de un capitalismo culpable de la pobreza y exclusión de las masas olvidadas. Camacol, la Federación Nacional de Cafeteros y el Consejo Gremial se convirtieron en sus primeras presas, a las que seguramente adicionará otras, si no se le hace entender (¿vana esperanza?) la importancia de los gremios en la consecución de economías y sociedades prosperas incluyentes y democráticas.

El último eslabón de esa estrategia de subyugación pretende violentar la separación de poderes y afectar la independencia y autonomía de la Rama Judicial del Poder Público, que no pueden ser intervenidas por otro poder, ni sus decisiones interferidas o desacatadas cuando se han expedido con apego a los mandatos y procedimientos de ley. Designar a los jóvenes de la llamada primera línea voceros o gestores de paz, imputados y condenados por delitos de extrema gravedad, para decretar su libertad fundado en el supuesto de que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias, constituye abierta usurpación de competencias de la Justicia y una violación inaceptable de la independencia y autonomía de la Rama Judicial y, por lo tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo han expresado los altos dignatarios de las Cortes, la Procuradora, el Fiscal y hasta congresistas del partido liberal y otros conmilitones tan asiduos en aprobar toda decisión presidencial. Habrá francachela para los delincuentes redimidos.

Ninguno recuerda a las víctimas desamparadas en su dolor, ni se percata de que usurpar competencia para liberar, autoriza también al usurpador para encarcelar.

Ganar la batalla contra las utopías

Mario González Vargas

Vivimos un mundo convulsionado que ha puesto a prueba los valores e instituciones que prosperaron con posterioridad a las guerras mundiales del siglo pasado. La pandemia mortífera, el desbarajuste de lo político y lo social, cuyos logros permitieron décadas de paz, de crecimiento económico, de avances e invenciones tecnológicas, abrieron la puerta a otras reivindicaciones y paradigmas que apuntan a la “deconstrucción creativa” de lo existente y a la formulación de códigos ajenos a lo vivido y construido en el pasado. Primera experiencia en la historia de las civilizaciones en la que se pretende prescindir del pasado y dar curso al complejo adánico de un nuevo nacimiento de la humanidad que hoy se expresa a través del “wokismo” y de la cultura de la cancelación. Su contenido político se condensa en la engañosa expresión de progresismo, que acoge a todas las tendencias de la izquierda de antaño, reconvertidas en profecías de una era que condena al olvido el pasado que, por el solo hecho de serlo, resulta ignominioso.

En América latina florece esa nueva ola que ha logrado instalarse en la casi totalidad de sus naciones y que pugna por encontrar terreno fértil en los estados de la Unión Europea y en el seno del gobierno de los EEUU. Lo acontecido esta semana en el Perú devela la súbita reacción popular contra la creencia emergente, que erosiona el dogma de infalibilidad que supuestamente la protege. Ciertamente, se dio en la versión incompetente de la nueva fe, pero ya había acontecido en Chile con la negativa a la nueva constitución que convirtió a su inexperto gobierno en mero notario de la voluntad popular, y se avizora con fuerza en Bolivia en repudio al régimen que parece tornarse en criminal como último recurso para la preservación de su autocracia en construcción, y así emular con los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Del gobierno de Brasil se espera que no recaiga en el régimen cleptocrático que ya experimentó en el segundo mandato del reelegido expresidente Lula. Argentina, desgraciadamente se hunde en la versión más desastrosa que combina ineptitud y populismo con corrupción crónica.

Colombia es hoy el reciente escenario de la nueva fe en su versión redentora. En el gobierno comparten responsabilidades el presidente populista, con arraigo en un izquierdismo trasnochado, con su vicepresidenta, autentica representante de la cultura de la cancelación. Dos vías disimiles para objetivos que se suponen compartidos, de cuya gravitación dependerá su unidad. La paz total es su objetivo y la cruzada ambiental su legado. Ambos propósitos exigen sacrificios como reincorporar a la sociedad, vía perdón y olvido, a toda gama de delincuentes y sus haberes, incluidos los del narcotráfico, y paradójicamente auspiciar el decrecimiento que nos regrese al ambicionado mundo bucólico. Lo único que parece ignorar nuestro aprendiz de mesías es que toda utopía termina en fracaso.

La alternativa consiste en comprender los cambios y en entender que construir es un proceso de inclusión de nuevas y fecundas realidades humanas. La batalla es cultural y no se puede perder.

Los colombianos reclamamos mejor atención en salud

Por: Bernardo Socha Acosta

Un pésimo precedente está sentando un grupo de congresistas que, por intentar hacerle un mal al gobierno, le están negando a los colombianos el mejoramiento de la atención en la salud.

Pretender negar, o ignorar,  que los colombianos necesitamos mejorar los procesos de prestación de los servicios de salud, es cerrar los ojos a la realidad  y convertirse en sordos del clamor de tantos pacientes que hoy sufren las deficiencias de un sistema ya anacrónico.

Y, también entendemos las obvias razones que tienen esos dirigentes que se oponen a mejorar la salud, porque no quieren desagradar a su jefe o patrón, pero están defendiendo una ley que si bien transformó la salud en su época, hoy es una norma que  con cerca de 30 años, resulta obsoleta e inaplicable, y solo afecta gravemente a los que necesitamos de la atención salud. Se trata de la ley 100 de 1.993 que ya está desactualizada, rancia y mandada a recoger. La ley 100 de salud,  frente a los procesos de crecimiento poblacional, avances tecnológicos y avances en la medicina, es urgente reformar como lo ha planteado el actual gobierno.   Por qué oponerse a mejorar las cosas que ya están ocasionando tropiezos en la prestación del servicio. Esas actitudes negativas podrían interpretarse no solo como retrogradas, sino como una actitud de defensa de lo malo, y presuntamente la defensa  de un negocio que podría estar beneficiando a unos pocos. O, por qué esa férrea oposición… ¿por simple y equivocada interpretación de respeto a quienes formularon esa ley?  Pues eso debiera representarle a esos congresistas, o mal llamados padres de la patria, el rechazo popular para próximas contiendas políticas e impedirles que vuelvan al congreso.  Quien se oponga a las propuestas que buscan mejorar los servicios a la población, no debe estar en un escenario donde se formulan las leyes, y menos estar devengando una jugosa mesada, o sueldo que paga el pueblo y para, qué.  ¿Para mantener a unos representantes y senadores que a medio descuido meten la zancadilla para burlarse de sus electores? Bastante osados los ciudadanos que los eligen.

Es innegable desde cualquier punto de vista que la salud para los colombianos hoy resulta un calvario. 

Un solo ejemplo de tantos, puede ilustrarnos de la necesidad de una mejor atención. Ese ejemplo es cuando un paciente debe acudir hasta 4 o 5 veces a la EPS para conseguir un insumo o medicina, ya sea porque se lo negaron,  o por error de sus funcionarios que no están capacitados para tramitar los documentos que manejan internamente y entonces el pagano es el paciente.

Esta denuncia es real y la podríamos sustentar en cualquier momento y ante quien la necesite para conocer la realidad del calvario que tienen  que padecen centenares de pacientes.

Y esta posición de algunos congresistas, obedece al cansancio que muchos de ellos, herederos de grandes fortunas y otros cansados de hacer lo mismo, quieren ufanarse del equivocado poder que ostentan, con dominación popular.   

Esa despectiva actitud contra la población colombiana más necesitada, la están demostrando algunos congresistas y sus cortesanos, porque no son capaces de disimular la ira y la envidia, cuando otros triunfan contra sus intereses mezquinos con los que han  ejercido su dominación política.

Entendamos que hoy la salud debe ser un servicio moderno y oportuno, porque para eso sufragamos las cuotas mensuales.   

bersoa@hotmail.com

La deconstrucción bajo el signo de la mendicidad

Mario González Vargas

En cuatro meses el gobierno del Pacto Histórico ha puesto en marcha un inaudito proceso de deconstrucción de la institucionalidad, fiel a los mandamientos ideológicos que lo nutren y a los proféticos anuncios del candidato a lo largo de su campaña, que por sus dimensiones catastróficas fueron desestimados por la incrédula opinión pública.

La reforma tributaria fue tan solo un abre bocas ante el decrecimiento propuesto por la ministra de Minas y Energía, que hoy se pretende sustentar con la entrega de la seguridad energética de Colombia en manos del sátrapa Maduro y de sus compinches, y con la anunciada reforma de la salud por la ministra del ramo, cuyos resultados no serán otros que los de arrebatarle esa condición indispensable de vida a los colombianos. La ineptitud de la primera trajo consigo la devaluación del peso, la suspensión de la inversión y el inicio de un proceso preventivo de fuga de capitales. El arrebato de la segunda, hoy amenaza al sistema con la escasez de medicamentos. Por esos desatinos la ministra Vélez enfrenta una moción de censura, mientras que la Ministra Corcho procede con inusitada prisa al derrumbe del sistema que nos permitió sortear exitosamente las más cruenta amenaza a la salud que hemos vivido como nación.

La ministra de salud, ideologizada al extremo, califica al sistema como el espanta- pájaros de neoliberal, tildándolo de perverso, que la impulsan a su desmantelamiento fundada en los apocalípticos mensajes del presidente, y que hoy se traducen en propuestas asiduamente formuladas en trinos fríamente calculados para incitar al caos y generar pánico. Esboza la sustitución de lo existente por sistemas de reconocido fracaso, como el de Chaves y Maduro, y anuncia el desfinanciamiento del sistema y la desaparición de las Eps aduciendo que “no es que las queramos eliminar, sino que ella mismas se han eliminado”. Con improvisada soberbia procede a una hecatombe laboral en el ministerio con la insubsistencia de más de 200 funcionarios y contratistas, que representa una pérdida sustancial y sin precedentes de su capital institucional. Con igual celeridad e irresponsabilidad, se propone hacer lo mismo en el Instituto Nacional de Salud, al que mucho le debe el país en “los avances de la capacidad de diagnóstico y en la vigilancia epidemiológica con las que ha contribuido a la extensión de más de 30 años en la expectativa de vida de los colombianos en el último siglo”.

Su estrategia consiste en crear crisis y anarquía, que autoricen la deconstrucción de lo existente y la elaboración de una propuesta alternativa alimentada por la politización del sistema en manos exclusivas del sector público, escenario prohibido en un sistema pluralista ajeno al sectarismo político, así como la divagación ideológica que todo lo daña y trastorna, como nos lo enseña nuestra propia y convulsionada historia. La ministra Corcho, segundada por el superintendente Ulahy Beltrán, siembran pánico, convencidos de que abonan terreno fértil para una reforma, aún incógnita, pero que, una vez presentada, será de todos modos aprobada por unos partidos que hoy padecen del síndrome de la mendicidad.

Motociclistas que afectan la convivencia y el medio ambiente

Por: Bernardo Socha Acosta

Un colectivo de padres de familia con menores de siete años y varias personas de la tercera edad, algunas de ellas postradas en sus lechos de enfermos enviaron una comunicación a este medio de virtual, pidiendo que hagamos algo contra los protagonistas del INFIERNO de las motos ruidosas que están causando entre los niños las peores enfermedades nerviosas y empeorando las condiciones de personas de avanzada edad, sin que haya una autoridad que haga cumplir normas al respecto vigentes.

Los firmantes de la comunicación cuyos nombres nos abstenemos de revelar por motivos obvios de seguridad, anunciaron darle poder a un abogado para que interponga una ACCIÓN popular pidiendo por una parte que se le impongan sanciones a la autoridad que le corresponde hacer cumplir las normas sobre protección ambiental en relación con la contaminación sonora.

La Acción Popular está fundamentada -dijeron- en la facultad que tiene esa norma de proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, etc.

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Agregaron que, si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el grado en que esa perturbación se produce y la omisión de autoridad pública, esperan no solo que se le aplique severas sanciones a los motociclistas INFRACTORES a través de retener de la policía y de tránsito, sino a la autoridad que le corresponde hacer cumplir disposiciones legales.

En el oficio enviado a esta redacción sostienen que los altos decibeles que generan las motos acondicionadas para tal fin, (hacer ruidos) están enloqueciendo a las comunidades y creando una perturbación nerviosa en los niños que tienen que padecer este flagelo. El ruido es tanto que al paso de esas contadas motos, activa las alarmas de vehículos, apartamentos y oficinas.

Desde ya los querellantes alertaron a la Superintendencia del Medio Ambiente como organismo encargado de fiscalizar la emisión de cualquier ruido que se considere molesto según la ley 28611 de 205 para que haga los requerimientos, acatando que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.

Precisaron que adoptaron hacer uso de la ACCIÓN popular porque se trata de una demanda colectiva, primero porque no hay AUTORIDAD que responda y en segundo lugar porque esta es una acción que se interpone cuando una autoridad pública o un particular pone en riesgo los derechos o intereses de un colectivo o grupo de personas como esta ocurriendo con unos pocos MOTOCICLISTAS que están incomodando y atentando contra la salud de los habitantes.

Los firmantes del oficio enviado a esta redacción sostienen que los motociclistas ruidosos afectan la convivencia y el medio ambiente en todo el país y el resultado de esta Acción popular que anuncian, deberá ser un punto de partida para recobrar la tranquilidad ciudadana que se han encargado de atropellar unas cuantas personas irresponsables y farolonas.

bersoa@hotmail.com