Que la Corte Suprema dé ejemplo

Mario González Vargas

En medio de la profunda crisis ética que sacude a la Corte Suprema de Justicia, no se entiende que su presidente decida terciar maliciosa e intempestivamente en unas diligencias judiciales que ahora escapan a su competencia, y en las que se declaró impedido cuando cursaron por su despacho. En sus engañosas declaraciones, no contento con descalificar a priori el trabajo de la Fiscalía, cuyos argumentos solo se conocerán en la audiencia programada por la juez de conocimiento para el 6 de abril de 2021, la síndica de contubernio con la defensa, contra la que también arremete por supuesta violación de la reserva sumarial, actitud que evidencia cuando menos confusión, por no decir ignorancia del sistema acusatorio.

Nada tenía que decir el magistrado Hernández y al hacerlo violó intencional y descaradamente sus obligaciones y deberes de imparcialidad e independencia, consustanciales a la recta administración de justicia y por ello a su indeclinable legitimidad. Sus afirmaciones constituyen reprobable e inaceptable intimidación a la juez competente y a su independencia, por ser ella subalterna suya en la organización jerárquica del aparato judicial colombiano. Con ello, solo revela sus pasiones políticas, sus sesgos ideológicos y las malquerencias que ellos engendran, que con anterioridad había desplegado, junto a su colega Barceló en insólita entrevista en reconocida cadena televisiva. No es ese comportamiento correcto, aceptable y legitimo en quien desempeña la presidencia de la más alta Corte de la Jurisdicción Ordinaria en Colombia.

Con su indebida e inapropiada intervención no solo vulneró la garantía constitucional al debido proceso, derecho fundamental de todo ciudadano inmerso en procedimientos judiciales y administrativos en Colombia, sino también los estándares internacionales sobre independencia judicial reconocidos por la ONU, y con ello pretendió afectar la integridad moral de la Fiscalía y de la defensa, lo que al menos constituye falta disciplinaria gravísima a título de dolo. No se trata de un desliz ocasional, sino de una actitud que riñe con los más altos estándares éticos y profesionales de quien ostenta la representación de la Corte Suprema de Justicia y que contribuye al malhadado declive de la institución que hoy sospecha con inquietud la ciudadanía colombiana. 

Es, por lo tanto, una actitud que no se debe pasar por alto. Vivimos ciertamente tiempos de incertidumbre que reclaman conductas apropiadas y legitimas en quienes integran y conducen las instituciones colombianas. Tiempos azarosos exigen personas que en sus conductas obedezcan a las más altas cumbres de probidad, competencia, saber y capacidad para mantener la cohesión de la nación. No podemos resignarnos al manejo errático de las autoridades en quienes depositamos la capacidad de preservar la integridad de nuestras instituciones, fortalecer nuestra democracia, consolidar nuestros derechos fundamentales y auspiciar tolerancia, dignidad y convivencia entre todos nosotros.

Este lamentable episodio debe responderse no solo con la audiencia el 6 de abril que nos confirme la majestad, imparcialidad, independencia y legitimidad de la justicia, sino también con las decisiones internas de la Corte Suprema de Justicia para que no se repita en el futuro

La Conducción Legitima de las Hostilidades

Mario González Vargas

El reciente de bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc-Ep al mando de alias “Gentil Duarte” que produjo 12 bajas en las filas de la organización criminal, entre ellas al menos la de un menor de edad, revivió la controversia sobre la legalidad de operaciones armadas en las que resulten comprometidos menores de edad víctimas del delito de reclutamiento de forzado por parte de sus captores.

Con el objeto de hacer claridad sobre la legitimidad de la acción militar y responder a las falaces opiniones de sus críticos, conviene hacer claridad sobre el marco normativo aplicable a esas operaciones. En el ordenamiento interno, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penal prohíben y sancionan el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento de los menores de 15 años en los conflictos armados, tipificado por el Tratado de Roma como un crimen de guerra no susceptible de amnistía e indulto.  Y los Protocoles adicionales al Convenio de Ginebra regulan los principios rectores y la conducción de las hostilidades en los conflictos armados de carácter internacional o interno, que atañen al objetivo militar, al concepto de ventaja militar y a los principios de distinción y de proporcionalidad en el ataque. Todos ellos fueron debidamente observados por las Fuerzas Mllitares. El principio de distinción obliga a las partes a diferenciar siempre entre población civil y combatientes y a no dirigir ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. El reclutamiento de menores conlleva el constreñimiento a la víctima para participar activamente en las hostilidades y la convierte en objetivo militar, como que su baja, neutralización total o parcial, o captura, ofrece una ventaja militar definida. Son objetivos militares legítimos las posiciones que alberguen combatientes, sus materiales y armamentos, medios de transporte y comunicaciones militares. Hubo proporcionalidad en el ataque porque no hubo muertos ni heridos entre la población civil, ni daños a bienes civiles que hicieran excesiva la ventaja militar concreta y directa prevista.

Toda la algarabía que se ha nuevamente desplegado apunta maliciosa y simultáneamente a acrecentar el oprobioso reclutamiento de menores con la finalidad de levantar escudos humanos que impidan las acciones militares de la fuerza pública. Constituye la más atroz y vituperable estrategia de los delincuentes para proteger sus vidas y acciones violentas, mediante el sacrifico de vidas inocentes, sea por canalla ajusticiamiento o por su conversión en carne de cañón.  La inmensa mayoría ni siquiera alcanzará a conocer el triste destino de “Gabino” y del mismo “Gentil Duarte” reclutados cuando niños y hoy avezados criminales protegidos por una cohorte de antiguos subversivos o sus cómplices, que ahora pretenden fungir como los adalides de los derechos humanos y de la democracia.

El ministro Molano ha dado muestras dicientes de su carácter y determinación que alimentan la confianza ciudadana en la posibilidad de lograr una paz hoy inconclusa, pero no inalcanzable.  

Superar la Estrategia del Caracol

 Mario González Vargas

En las elecciones del 2019 las victorias de los candidatos alternativos, principalmente las logradas en Bogotá, Medellín y Cali, suscitaron la percepción de apertura en el escenario político colombiano. Fueron celebradas con bombos y platillos, replicadas por la mayoría de los medios y consideradas por comentaristas y usuarios de las redes sociales como el advenimiento de una nueva época en el manejo de la política y del poder. Hoy, esa efervescencia se ha diluido en un sentimiento de desencanto generalizado, por cuenta de erráticas decisiones y de la ejecución de agendas que permanecieron ocultas en el trasegar de las campañas.

Claudia López ha resuelto controvertir en vez de gestionar y administrar. Enfrentó la pandemia con improvisaciones que pretendió ocultar con su permanente rencilla con el presidente y su gabinete, actitudes que siguen cobrando vidas en la ciudad y que representan la mayoría de las muertes en Colombia. La seguridad ciudadana se descompuso al ritmo de su inquina con la Policía, cuya labor sistemáticamente obstaculiza y procura demonizar y deslegitimar. Los subsidios y ayudas se entregan a manera de dádiva y sus destinatarios son reprendidos y humillados en el ejercicio de sus labores de subsistencia. La ejecución de sus programas se concentró en superar a Petro en el reparto de mermelada y su único galardón ha sido el de sus retractaciones por mandato judicial.

El novel alcalde de Medellín no obra por impulsos temperamentales, sino con el claro propósito de subsumir lo privado en lo público en obedecimiento a su credo ideológico, mediante la ejecución de las herramientas procedimentales necesarias para tal efecto. No importa que con ello amenace la prosperidad de la ciudad construida gracias a la colaboración del sector privado en la realización de las políticas públicas y en la satisfacción de los servicios al ciudadano. Allí, ni el alarde tecnológico del alcalde logró contener la propagación del virus y su enorme costo en vidas. Allí, también, revivió la mermelada que se dispensa a raudales a quienes comparten su agenda y objetivos, sin que tampoco lograra combatir la inseguridad y la delincuencia que diariamente golpea e intimida al ciudadano.  

En Cali, el alcalde ha resuelto espantar los flagelos del virus y de la inseguridad con otros programas, pero igualmente ineficientes, buscando conjurar sus efectos con un relajamiento permisivo ante la fiesta y la rumba, seguramente considerados antídotos ante las amenazas presentes.

Las políticas en las tres ciudades parecen la aplicación de la “estrategia del caracol” que permite el desmantelamiento de la casa, con conservación de su fachada, hasta la hora de su destrucción final. Podría inspirar las propuestas presidenciales progresistas en las que Colombia Humana suscita miedos y la batuta indecisa y etérea de Fajardo despierta incertidumbre, porque en esos lares el canon ideológico prima sobre la realidad.

La paz no se decreta, se construye. Crear normas y situaciones pétreas equivale al imposible esfuerzo de detener el futuro. Necesitamos un acuerdo que permita reconciliar el pasado reciente con las exigencias del futuro inminente.