sábado, 19 de junio de 2021

El cambio de tercio

Mario González Vargas

Después de más de cincuenta días de perturbaciones muchas veces acompañadas de muerte, vandalismo y destrucción, el saldo del paro nacional decretado por el Comité del Paro y acompañado por los partidos de oposición y sectores afines, arroja un resultado cercano a lo dantesco del que tardará el país años en alcanzar su recuperación. Los objetivos políticos perseguidos no se lograron, pero dejaron un sabor amargo en todas las personas y sectores que padecieron sus efectos y despertaron legitima reacción en el tejido social colombiano. El representante de FECODE no escondió el objetivo político de sus acciones al revelar que apuntaba a la derrota del Centro Democrática y la derecha en el 2022, sin importar los costos sociales y económicas impuestos al país. No en vano intenta hoy Gustavo Petro desmarcarse de las decisiones del Comité del Paro que él mismo instigó, alentó y acompañó, pero que hoy le resultan incomodas y perjudiciales a su desmedida sed de poder y que lo obligan a amnesia definitiva sobre sus acciones y solidaridades. Hasta el esperado informe de la CIDH, cuyo dictamen todos anticipamos, perdió relevancia ante el monumental y culpable desacierto de los responsables políticos de los delitos y violaciones de los derechos humanos que se vivieron a lo largo de los cincuenta últimos días.

Pero en términos del despliegue de todas las formas de lucha una infamia vencida se remplaza por otras que se pretenden más exitosas. Otros actores irrumpen en el conflictivo escenario en el que vivimos para apuntar también a los mismos objetivos de cambio del régimen institucional. El atentado terrorista en la Brigada en Cúcuta no puede entenderse como una acción caprichosa, sino que anuncia un cambio de tercio en el propósito de desgastar al gobierno y de llevar al poder a la extrema izquierda levantisca que no desecha ninguna forma de lucha por mortífera que resulte. No hay acción militar improvisada. Por el contrario, siempre obedece a minucioso planeamiento porque comporta objetivos políticos estratégicos. El carro bomba en Cúcuta reintroduce al terrorismo en el escenario político con la finalidad de repetir exitosamente el proceso con el que el anterior gobierno dividió al país, se burló de la voluntad popular y claudicó en un acuerdo de paz que sólo ha generado más violencia en Colombia. No tardarán los corifeos de la paz en clamar por nuevas negociaciones con dirigentes del ELN que reclamarán más privilegios e impunidades que los otorgados a las FARC, porque se saben inmersos en un escenario geopolítico favorecido por la presencia de actores extracontinentales en Venezuela, la solidaridad de la izquierda internacional y hemisférica, el sesgo de las burocracias de organismos internacionales y el activismo de ONG nacionales e internacionales y de los sectores afines nacionales. Pretenden condenarnos a repetir una historia dolorosa pero esta vez más incierta con ellos en el poder.

Opongamos legitima y pacífica resistencia porque en nuestra fortaleza y decisión descansan nuestros derechos y libertades que debemos conservar y acrecentar a partir del 2022.

sábado, 12 de junio de 2021

Carta abierta de don Rudecindo a quienes con marchas quieren llegar al poder

Bernardo Socha Acosta
Causó sorpresa, indignación y hasta risa, la divulgación de noticias, en el sentido de que las marchas que se han venido realizando en Colombia y que tanto daño le han hecho al país, son para preparar el terreno en favor de quienes aspiran llegar a las corporaciones públicas entre ellos el Congreso de la república en el 2022, y al mismo tiempo, con el fin de cerrarle las posibilidades a un movimiento político en ejercicio.

Agrega don Rudecindo en su escrito: Parece mentira, pero es cierto, que unos llamados dirigentes piensen así, para iniciar una campaña de atracción a simpatizantes, sin darse cuenta que con ese estilo de actitud y actuaciones,  que tanto dolor y hambre les ha causado a los colombianos de bien, lo que están es, ganándose el rechazo absoluto de los electores y de quienes jamás han sufragado, porque lo que han hecho con esas marchas en las cuales se gestó el vandalismo bárbaro, no hay espacio para quienes han sido damnificados de ese paro nacional. (Estoy contando lo que dice don Rudecindo)

Más adelante hace hincapié don Rudecindo y afirma: Yo estoy de acuerdo con las marchas de protesta porque son legítimas del pueblo amenazado por un estado que creyó dominar a sus gobernados como en las peores épocas de dictadura fiscal, imponiéndole a los colombianos una REFORMA TRIBUTARIA que a todas luces era el peor YUGO para sacarle por las malas los pocos ingresos que tiene el pueblo trabajador, y la protesta era necesaria, pero no con el látigo de los bloqueos de vías porque esta forma de protestar resultó PEOR  que la reforma tributaria, teniendo en cuenta que, esa forma de protesta  -los bloqueos de vías- nos puso a aguantar física hambre, enfermedades y hasta la muerte. Igualmente, esa forma de protestar –los bloqueos- atentó contra la producción nacional. Cuántos litros de leche, cuantos huevos se perdieron, cuántas gallinas y pollos murieron por los bloqueos y cuánta legumbre que hace el manjar de los colombianos se perdió en la fuente, todo por los bloqueos. Esos gravísimos daños, jamás se los perdonaremos a los organizadores de los bloqueos, que son los mismos del paro, dice con sentido airado don Rudecindo en su carta.

Finalmente expresa el remitente de la carta: Señores del llamado comité de paro; sean más creativos si verdaderamente quieren ganarse la simpatía de los colombianos para futuras contiendas políticas, porque con lo que han hecho no se merecen sino el rechazo y el desprecio de un país que quiere ávido, tener líderes que defiendan al pueblo con las ideas y hechos cumplidos, pero no con violaciones de todo tipo y paradójicamente al mismo tiempo estar reclamando respeto por los derechos humanos,   si son los primeros en violentarlo.

(Nota: No transcribimos el manuscrito por sus fuertes términos)

Lo que esconde el informe de HRW

Mario González Vargas

Robert Bernstein dejó constancia hace dos años, poco tiempo antes de su deceso, en un artículo en el New York Times, del maltrato con el que se desnaturalizaba su legado como creador de Human Rights Watch (HRW). Expresó su preocupación por la desviación de la misión original de HRW de focalizarse en los abusos que caracterizaban a sociedades con regímenes que censuraban los derechos a la libertad de expresión, pero que se extendió a sociedades democráticas que, si bien no están exentas de cometer abusos, “tienen la habilidad de corregirse a través del debate público, una prensa libre y otros mecanismos que fomentan reformas”. Cuestionó los reportes de la ONG por apoyarse en historias que no eran verificables y señaló que muchos de los testigos procuraban ventajas políticas, con lo que se afectaba irremediablemente la credibilidad de HRW. Esa desviación se ha acentuado en los últimos años y parece tener vocación de perdurar, como lo indican declaraciones e informes recientes de HRW en Europa, el Medio Oriente y las Américas.

Kenneth Roth, director de HWR en Europa, provocó repudio con una declaración en la que se preguntaba: “¿la islamofobia puede ser más evidente? el gobierno francés recomienda el tapabocas, pero prohíbe el burca”, que desencadenó legitima indignación en un estado laico que lidia con el coronavirus y en una sociedad que proscribe la desigualdad de los sexos. Más recientemente, el informe sobre la situación israelí-palestina que acusó a Israel de violaciones de derechos humanos, pero guardó sepulcral silencio sobre los actos de terrorismo de la organización Hamas, suscitó rechazo, ya no solamente del gobierno israelí, sino también del Jewish Comittee, respetada organización de derechos humanos defensora de las libertades civiles y crítica de toda discriminación. A esa tendencia no ha escapado la HRW de Vivanco. Llama la atención la perfecta sincronización de su informe con la presencia de la CIDH en el país, en momentos en que el repudio ciudadano agotó la continuidad del paro, tan costoso en vidas y pérdidas económicas. Con el mismo deleznable procedimiento de atribuir verdad a testimonios no verificados, se pretende insidiosamente aportar a la CIDH elementos que le permitan atribuir a la Policía nacional sistematicidad en presuntas violaciones a los derechos humanos, al tiempo que olímpicamente se ignora el vandalismo que sistemáticamente acompaña las marchas y desmanes y las agresiones a los policías. Se quiere soportar interpretaciones violatorias del art. 15 de la CADH que sujeta el derecho a la protesta a restricciones fundadas en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. El objetivo es estigmatizar a la Fuerza Pública y señalar la supuesta debilidad de nuestra institucionalidad que les permita la presencia de un Grupo de Expertos Independientes, provenientes de las ONG que nutren de personal a la CIDH. No resulta difícil desentrañar el objetivo electoral que se persigue. Soldado avisado no muere en guerra.

sábado, 5 de junio de 2021

La CIDH bajo escrutinio

Mario González Vargas

La oportuna actividad desplegada por la nueva canciller Martha Lucía Ramírez en la ciudad de Washington, le permitió compartir con el Secretario de Estado, congresistas de los partidos demócrata y republicano, los medios de comunicación, el secretario general de la OEA y la CIDH, no solamente una información más precisa y verídica del paro nacional y su desarrollo, sino también hacer claridad sobre las acciones y propósitos del gobierno para su pacífica resolución. Se llenó así, y con reconocida habilidad diplomática, un vació que se había extendido durante la gestión de la anterior ministra. En la reunión con la CIDH a la canciller se le informó de una audiencia sobre Colombia prevista para el 29 de junio en Washington, lo que motivó la posibilidad de que la CIDH realizara su visita a Colombia con posterioridad a la realización de la audiencia, que contaría con la presencia del gobierno, de los órganos de control y de las principales ONG, así como de representantes del Comité del Paro, como oportunamente lo hizo saber la CIDH en un primer comunicado. Los representantes del paro, las ONG y la oposición forzaron a la CIDH a solicitar la autorización de su presencia a la mayor brevedad por medio de un segundo comunicado que despierta inquietudes por la apresurada manifestación de otorgar verdad a las versiones no confirmadas ofrecidas por los sectores que la constriñen para su rápida presencia en el territorio nacional. El gobierno condicionó su acuerdo a la realización de una reunión, el día 7, de la Comisión con la institucionalidad y a la formulación del protocolo para el desarrollo de actividades en el país del 8 al 11 de junio, que es de usanza para las actividades en el territorio nacional.

Se entiende que los actores del paro vean en la CIDH oportunidad para reanimar un paro que da señales de agotamiento por la violencia, el vandalismo y los altos costos en vidas y destrucción de bienes públicos y privados, que les permitiría una mayor difusión en la comunidad internacional de su insidiosa versión de culpar al gobierno de todas las infracciones a los derechos humanos. A los colombianos nos asiste el derecho de que la CIDH logre una percepción de la situación difícil por la que atravesamos, libre de sospechas de proximidades políticas o de identidades ideológicas para las cuales no están diseñados los organismos del sistema interamericano de derechos humanos. Queremos confiar en la independencia e imparcialidad de los comisionados que contribuya a que el país, su democracia, que es la menos imperfecta en Latinoamérica, y el sistema de derechos humanos, salgan fortalecidos de esta exigente prueba que afrontamos y que parece extenderse por todo el continente. Todos los estamentos nacionales e interamericanos van a estar sujetos al escrutinio de sus acciones, observaciones y decisiones que deben apuntar al fortalecimiento de la democracia, único régimen que puede garantizar la paz, la convivencia, la alternancia del poder y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Permaneceremos expectantes.

domingo, 30 de mayo de 2021

Los desafíos del presente son de todos

Mario González Vargas
La violencia que se ha apoderado de las manifestaciones de los últimos días, con desdeño mayúsculo de la agresiva pandemia de muerte que nos golpea, tiene raíces y explicación en elementos que superan abrumadoramente las razones y factores que se le atribuyen. Ciertamente, éstos no obedecen solamente a insatisfacciones en el seno de la sociedad colombiana, sino que responden también a un proceso que se está propagando en un mundo globalizado y que supera y desborda los ámbitos locales y nacionales. Hay en curso la agresión de una formulación cultural fundada en la filosofía de la deconstrucción que se entiende asimismo como apocalipsis de felicidad, construida sobra la destrucción de los sistemas de valores vigentes. Se ve revolucionaria y por ende subversiva, radical y punitiva. Se expresa en las teorías del “decolonialismo” que se esmera en borrar la memoria histórica con el derrumbe de todo vestigio que la recuerde, con el racialismo que es un racismo de pretensión científica, superfluo en un mundo que se mestiza a pasos agigantados, con el feminismo concebido como guerra a lo masculino, con la destrucción del género en la distinción sexual y en el lenguaje, y con el desdeño de la razón, con los que se pretende reducir a quimeras todos los sistemas de creencias. Se vale del cultivo del odio para entronizar sus objetivos.

Las actitudes y el lenguaje de los que pretendieron fungir como intérpretes del paro y voceros del descontento social en los debates de las mociones de censura a Mindefensa, confirmaron su propensión a la invectiva y su decisión de hacer del odio el combustible de su accionar. Contrastaron con la ejemplarizante marcha del silencio de los caleños, premonitoria del rumbo que debemos seguir en el país para mejorar y fortalecer la democracia en la que todos oficiemos y seamos participantes y deliberantes. Estamos en pleno derecho de exigir la judicialización de los vándalos y delincuentes, de sus financiadores, organizadores y cómplices, como también de reclamar al gobierno por una acertada lectura de la crisis que vivimos, así como congruentes acciones que permitan la innovación en el pacto social y la reingeniería de nuestra democracia y sus instituciones. Para ello, es preciso tener claridad sobre la naturaleza del conflicto del que somos parte, descifrando su naturaleza y sus alcances y comprendiendo que somos hoy el campo de batalla de la disputa. En un mundo globalizado nadie puede escapar a la universalidad de sus efectos.

La tarea demanda altas dosis de creatividad del gobierno, pero también de todos los estamentos nacionales. Recuperar el orden y el territorio, vencer al narcotráfico y restablecer la convivencia social, preservar la independencia y autonomía nacionales de intereses vinculados a las disputas orbitales muchas veces enquistados en organismos internacionales, restaurar la confianza en instituciones que deben rediseñarse para merecerla, asegurar el crecimiento económico y social de todos los sectores nacionales y realizar elecciones libres y transparentes son los desafíos mayores del presente. Todos seremos responsables de lograrlo.

miércoles, 26 de mayo de 2021

Carta abierta del ex-alocalde Carlos Ibáñez Muñoz

CONSTRUYAMOS UNA MEJOR PATRIA

Foto, archivo bersoahoy
La noche es húmeda, pegajosa y oleadas de calor encienden el rostro. El sopor invade el cuerpo y empieza la batalla del cerebro a no permitir el sueño.Sin embargo, por más que trato de conciliarlo mis sentidos alterados y sometidos a difíciles momentos no lo permiten.

No es para menos; muchos compatriotas compartirán esta sensación. Siento que la nación se deshace y que no hay gobierno, ni voluntades, ni liderazgo, ni actitud que permita conciliarnos y que la barbarie, el pillaje, el odio y el rencor reinan. Así se abre el telón y empezamos a presenciar como actores y espectadores la mala cinta de el triunfo de la muerte sobre la vida.

Cada contendor en su esquina, imbuidos de instintos perversos, y muchos con altas dosis de ignorancia, cual hazañosos, se proveen de pertrechos violentos verbales y guijarros de intolerancia con exacerbado acento que lanzan desde las redes y les sirve de fundamento a los vándalos para que despiadadamente y cruelmente arremetan contra las personas y los bienes en holocausto infernal.

La autoridad que debe manifestarse con legitimidad y con inteligencia sucumbe. Carece de contenido moral y ético ya que la fuente de la misma está envilecida. Se desborda , es desproporcionada, atropella y su impronta es la sangre y la muerte.

El liderazgo antes estaba centrado en los partidos políticos y a ellos se acudían como voceros legítimos del sistema democrático para que intermediaran ante el gobierno nacional y se tramitarán las necesidades y anhelos de la sociedad. Eran otras épocas, eran escuchados y respetados sus dirigentes porque su prestigio estaba cimentado en la honestidad y el desapego de sus intereses particulares. Era la patria por encima de cualquier circunstancia. Se tramitaban oportunamente las carencias sociales de todos los estamentos no dando lugar al paro y a la barbarie que nos azota. Ahora no, como un fardo pesado cargan con su desprestigio, construido a punta de deshonestidad y escándalos de corrupción, enterraron sus ideales y le dieron la espalda a la militancia, por ello hoy nadie los escucha, son vergonzantes y se convirtieron en sanguijuelas de la democracia. Son parásitos hibernando que no se asoman sino cuando se trata de colocar las bolsas para que las llenen con la contratación y el vil metal. En este tenebroso momento de la patria están escondidos, les da vergüenza aparecer porque son causantes de los males de la República que dejaron crecer por su incapacidad y ausencia de compromiso social.

Cómo conciliarnos y deponer las armas que exhibimos con arrogancia ? Pues con democracia y tolerancia. Con civilidad política, cambiando las costumbres malsanas del ejercicio de la misma, con una reforma política integral que cercene los males y tape los boquetes por donde se cuela la indolencia social y la negación de la participación democrática. Con reestructuración institucional , empezando por los partidos políticos, el Congreso de la Republica y las altas cortes de justicia. Replantear las funciones, periodos y el sistema de designación de los altos cargos de los organismos de control del Estado, conocidas popularmente como las IAS .

Para reconstruir la nación y dejar atrás la polarización demencial, y lograr la convivencia se necesita desprendimiento, persecución del interés colectivo, visión democrática, espacios de participación social, compromiso de los gremios de producción de bienes y servicios, organizaciones sindicales sólidas y responsables, una nueva clase dirigente y buenos ciudadanos.

¡ENTRE TODOS CONSTRUIREMOS UNA MEJOR PATRIA. !

Carlos Ibáñez Muñoz
Exalcalde de BUCARAMANGA
Mayo 23 de 2021 .

sábado, 22 de mayo de 2021

¡Por cuenta de los derechos humanos hay hambre en Colombia!

Por: Bernardo Socha Acosta  
Poner a aguantar hambre a una sociedad y someter a la muerte obligada a enfermos de alto riesgo, es quizás una de las peores formas y prácticas violatorias de los derechos humanos. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia, donde unos señores que se denominan comité de paro, están ejerciendo la peor tortura de todo un país, con el cuento reforzado de que bloquear vías es una forma legal de hacer presión al estado para que acceda a sus peticiones.

¿Será que no hay una forma civilizada de hacer peticiones y proponer cambios en las políticas gubernamentales? O será que en cambio de avanzar en la civilización estamos retrocediendo a las peores formas de la relación de una sociedad.     

Ver aguantar hambre a los conglomerados sociales, en medio de un país  que tiene toda la riqueza abundante en la producción agropecuaria,  y ver morir a centenares de personas porque unos señores del Comité de paro impiden que lleguen los medicamentos o que a un enfermo pueda ser llevado a recibir la atención profesional, es la vil regresión, peor que en las épocas donde los cavernícolas ejercían la autoridad para torturar a sus dominados. 

Pero aun peor. ¿Acabar con los bienes de familias que han sacrificado toda una vida para construir un pequeño patrimonio, tiene justificación?

Colombia está llegando a la peor época de la historia por cuenta de unos pocos. El llamado paro que ya va para un mes, ya está llenando la paciencia del 90% de los colombianos.

Tienen razón quienes afirman que a partir de este año no hay que creer en las bondades de los sindicatos ni en quienes los dirigen, porque, antes que ayudar a las colectividades a mejorar sus estándares de vida, impulsan pero al retroceso y a fomentar el hambre, miseria y la muerte. 

Y esta suerte de nuestro país, no puede estar en manos de particulares, es obligación del gobierno ejercer su autoridad.

Y finalmente no quiero dejar pasar la advertencia que  me hizo un dilecto amigo, en el sentido de,  que  como van las cosas, Colombia podría ser manejada por una junta militar, para que acabe con los abusos que ya se están cometiendo en nombre de la preservación de los derechos humanos.      

Antes de que sea tarde

Mario González Vargas

Las pretensiones del Comité del Paro para adelantar un proceso de negociación con el gobierno, más que una propuesta constituye un ultimátum. Sin duda, obedece no solamente a la necesidad de aferrarse a una representación de todos los sectores que conforman las marchas, de la que evidentemente carece, sino también a ganar espacio y tiempo para su oculto propósito de someter o derrocar las autoridades legítimas. El gobierno tiene que lograr claridad sobre la estrategia y los fines de sus oponentes. Nadie vence en una confrontación si no conoce a su adversario y desentraña sus objetivos.

La realidad de la situación es bien diferente a la planteada por el Comité, como distintos son también las razones y los objetivos de quienes concurren a las calles del país. Mientras el Comité formula ultimátum y las organizaciones criminales financian bloqueos y vandalismo que persiguen la remoción del gobierno y la humillación de la institucionalidad, los sectores sociales claman por sus legítimas reivindicaciones para una sociedad que responda mejor a sus expectativas de educación, empleo, equidad y garantías culturales y sociales con las que avizoran su futuro. Hay entre ellos un abismo sideral que el gobierno debe entender en la conducción de los acuerdos que restablezcan la convivencia y el orden indispensables a una normalidad con futuro.

No será tarea fácil porque se ha entronizado en medios nacionales y en la órbita internacional una narrativa que desfigura lo que acontece y que pretende atribuir a las instituciones y las fuerzas del orden propósitos que les son ajenos. El que marcha protesta, pero el que bloquea o vandaliza delinque, aunque se pretenda asimilarlos para erosionar la legitima acción de la institucionalidad. La normatividad internacional dispone que “el ejercicio del derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley”, que comprende razones fundadas en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Iguales mandatos hacen parte de la ley colombiana. A pesar de su activismo, los agitadores políticos no lograrán esconder que el hampa controla retenes en el Valle del Cauca y el Cauca y que los múltiples bloqueos en otras regiones del país atentan contra la vida, la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos inermes e indefensos ante semejante atrocidad humanitaria. El costo es inmenso en vidas y en el aparato productivo de la nación, que arroja suma superior a los 500 mil millones diarios, que crecerá al ritmo de la prolongación del paro y sus desmanes. Frente a esa orgía de destrucción, el gobierno debe hacer gala de creatividad que facilite acuerdos con los jóvenes y distintos sectores sociales, así como la recuperación económica. El aguante ciudadano tiene límites a los que se está llegando. La cancillería de Marta Lucía Ramírez fortalece al gobierno, y debe acompañarse de mayor representatividad y participación de sectores nacionales. Antes de que sea tarde.

domingo, 16 de mayo de 2021

Entre destruir y construir

Mario González Vargas

En el país crecen la incertidumbre y el desconcierto por razón del sentimiento creciente de que el caos que se avizora termine convirtiéndose en una supuesta e ignota normalidad. Es un temor justificado por la prolongación de las marchas, bloqueos y vandalismo que las han acompañado y que demuestran que los fines perseguidos desbordaban el supuesto objetivo del retiro del malhadado e inoportuno proyecto de reforma tributaria. El 28 de abril constituyó el abrebocas de un festín de mayores alcances, al que concurren diversos sectores en ejecución de una planificada estrategia de sustitución del régimen político y de sus instituciones. La buena voluntad del gobierno de abrir amplio diálogo que permita entendimientos sobre políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad colombiana, se ha visto maltratada por la displicencia de Comité de Paro en acudir a ese llamamiento, mientras proliferan las acciones delictivas en ciudades y regiones de Colombia.

No tienen prisa, porque hay que darle tiempo al despliegue de todas las acciones que debiliten la autoridad legítima y socaven el apoyo ciudadano. Convirtieron la protesta social pacífica en acciones delincuenciales que vulneran los derechos de las personas a la vida en medio de la pandemia que soportamos, a la seguridad alimentaria de la población, a la salud pública, al libre tránsito de personas y de bienes, a la fluidez de exportaciones e importaciones, y con ello a la recuperación del aparato económico y del empleo. Son los gestores de pobreza y muerte. Las dimensiones de esas afectaciones crecen al unísono del dominio progresista en los medios nacionales e internacionales de información y del pobre desempeño diplomático de los agentes del gobierno, con la valiente excepción del embajador ante la OEA, y que parecen ignorar que la diplomacia no consiste en callar sino en saber decir.

Se percibe la dramática soledad del gobierno en los partidos y movimientos políticos que notifican, aún antes de su presentación, que no aprobarán reforma alguna; en el silencio de la mayoría de los aspirantes a presidente; y en la desatención del propio gobierno a los llamados para fortalecerse con la recomposición de su gabinete. Mientras tanto, detrás de bastidores, Petro incita a la rebelión, Álvaro Leyva asoma la posibilidad de elecciones anticipadas y el Arzobispo de Calí llama a un gobierno de transición que prohíje la salvación nacional, en la consideración de que la legalidad carece de legitimidad. Es un explícito llamado a la insurrección que no puede pasar desapercibido y merece la protesta que corresponde. El tiempo se agota y exige acciones urgentes. En política actitudes correctas valen por miles de palabras y deben acompañarse de decisiones acertadas. El orden es consustancial a la convivencia y la autoridad la responsable de su mantenimiento. Sin él prevalece la anarquía. La mayoría de los colombianos quieren el orden que garantice las libertades de la democracia y el ejercicio y preservación de sus derechos fundamentales. Se trata de escoger entre destruir lo que tenemos y construir lo que anhelamos.

domingo, 9 de mayo de 2021

El pueblo es superior a sus gobernantes…

Por: Bernardo Socha Acosta

La azarosa temporada que estamos, finalizando de desorden y de acciones de transgresión, es apenas una campanada de alerta dirigida a las tres ramas del poder público y los entes de control que han manejado a su arbitrio y en su favor las obligaciones para lo cual fueron creadas, desconociendo los derechos de la población.

 Cada rama del poder, comenzando por la ejecutiva, debe comenzar una etapa de contrición, para seleccionar las fallas en orden prioritario y comenzar a corregirlas.

Y qué decir de la rama legislativa, donde se han anquilosado unos grupos de poder político y han creado unas MONARQUÍAS desde las cuales han influenciado en la ejecutiva para en conjunto preparar y luego aprobar muchas normas que a pesar de lo punibles se aplican como normatividad favorable para un país que poco a poco ha venido cayendo en la peor confusión de su historia.

Y esa rama legislativa (congreso de la república) es quizás la responsable de la mayor parte de las flaquezas que está viviendo Colombia. Desde el Congreso de la república es donde se hace y se deshace, una gran parte de actos lesivos para el país y por ende para la sociedad.

Mientras no se reforme el Congreso de la república, Colombia seguirá soportando lo que ha comenzado a vaticinarse. Pero cómo se va a reformar un ente de poder como este, si los intereses politiqueros de las BANCADAS que se ufanan de tener el poder, no cesan en atacar y pretender competir unas con las otras en pro de sus malditos e insaciables intereses.

Pero al pueblo se le está rebozando la taza y los 11 días de expectativa y revueltas que se han registrado en Colombia, es solo una voz de alerta de lo que puede suceder, y si los abusos de poder de los principales entes que gobiernan al país no le permiten algo a quienes los sostienen (el pueblo) con el pago de exagerados impuestos, sobretasas y contribuciones, son impredecibles las consecuencias de un futuro.

Y para ser más didácticos y para finalizar, cuando hablamos de las normas punibles que  se aprueban como legales, hablamos de aquellas normas que facilitan la consumación de la corrupción, que como es de conocimiento público, ésta se apodera anualmente de algo más de $50 BILLONES, sin que sus responsables paguen lo que deberían resarcir. Muchos son juzgados y la mayoría absueltos, y algunos condenados y enviados a sus casas a pagar ridículas penas. Y todavía muchos integrantes de las ramas del poder público, tienen la desfachatez de preguntarse, por qué el pueblo se rebela. Y otro ejemplo en el cual el ejecutivo y el legislativo son responsables directos de la corrupción, es cuando se eligen funcionarios de los entes de control, elección en la cual se aprovechan del poder político para llevar a esos cargos a funcionarios de bolsillo que estén bajo su dominio y de paso no puedan cumplir con sus obligaciones de cuidar el erario.  Y, así muchas otras modelos que se ejercen en nuestro país para proteger la corrupción y luego buscar al pueblo para que tape con sus impuestos los faltantes que los cómplices del sistema han engrosado a sus cuentas privadas. Recordemos que el pueblo es superior a sus gobernantes y el pueblo es la voz de Dios.

bersoa@hotmail.com 

sábado, 8 de mayo de 2021

El Mandato Ciudadano

Mario González Vargas

La continuación y persistencia de la violencia y la destrucción indiscriminada de bienes públicos y privados y de asesinatos de particulares y agentes del estado en las marchas de los últimos diez días, confirman el creciente carácter terrorista que hoy prevalece en la tormenta que padecemos. Resulta imposible ignorar su minuciosa planeación, su concertada ejecución y su masiva financiación, que le han permitido extender sus tentáculos por gran parte del territorio nacional y complementar sus acciones criminales con los bloqueos que atentan contra la seguridad alimentaria de los colombianos y la atención de la creciente ola de contagiados, estimulada por sus llamamientos al desorden, y que hoy perecen en UCIS sin oxígeno y en las puertas de los hospitales sin espacios ni medios para la preservación de sus vidas.

Nadie puede llamarse a engaño. Los convocantes del Paro han perdido el control de la situación, si es que en algún momento lo tuvieron, que ha pasado a manos del ELN, la Nueva Marquetalia y otras organizaciones criminales unidas por el narcotráfico y sus vínculos con el sátrapa de Maduro y su brutal régimen. El mismo Petro, atiza las movilizaciones en actitud de extrema irresponsabilidad, porque su objetivo es el Poder al precio que sea necesario. Sabe mejor que otros, que en un mundo globalizado las contiendas políticas adquieren ese mismo carácter, y pretende todas las ventajas que pueden otorgarle el caos y la solidaridad del progresismo internacional que aspira al control político de los estados andinos. Conoce las preferencias de la burocracia de los organismos internacionales y ha sido usufructuario de sus sesgadas opiniones y decisiones. Por ello, su arúspice de cabecera, Álvaro Leyva, agita desde ahora la posibilidad de elecciones anticipadas como instrumento de unción de la Colombia Humana, de su líder, sus conmilitones y de todos los ambiciosos que gravitan a su alrededor, para despecho de una ciudadanía que intenta confundir para que no descifre a tiempo la sumisión que le espera.

Los colombianos enfrentamos un reto que, por sus dimensiones, los poderes que lo alimentan y las consecuencias que se pretenden alcanzar, nos era desconocido. En los últimos días ha perdido su engañosa careta y revelado su verdadero rostro que nos puede retrotraer a las tragedias sufridas en pasadas décadas de nuestra historia reciente, porque a su amparo renacería ese contubernio de criminalidad y establecimiento que estuvo cerca de encarnar la nueva institucionalidad. Por fortuna, ya se observa una reacción de la mayoría silenciosa y de la propia institucionalidad amenazada. El gobierno debe proseguir en su esfuerzo de lograr los consensos que fortalezcan la legitimidad de sus acciones y decisiones. El comunicado de los Órganos de la Justicia es el primer eslabón de una cadena de decisiones que apuntalen los diálogos y acuerdos indispensables a la recuperación económica, al fortalecimiento del régimen democrático y a la vigencia de las libertades que le son propias. Debe servir de ejemplo a los acuerdos con y entre las agrupaciones políticas. Ese es hoy el mandato ciudadano.

domingo, 2 de mayo de 2021

La Marcha Fúnebre

Mario González Vargas

Los desmanes, la violencia y la destrucción que se vivieron en el denominado paro nacional convocado por las Centrales Obreras, Fecode, Asociaciones de Estudiantes y alentado por la oposición extrema de Petro y sus conmilitones, revela una sociedad en cuidados intensivos, sin terapias a la vista que mitiguen siquiera los peligros que la acechan. Cunde el sentimiento de que se está perdiendo la sensatez y con ella la posibilidad de confrontar y superar los retos que afrontamos. Llamar a la protesta callejera, a sabiendas de las aglomeraciones que implica y del vandalismo que la contagia, sin eventualidad alguna de evitarlos en medio de una emergencia de salud pública que saturó la capacidad del sistema para preservar la vida, el derecho supremo de todo ser humano, constituye la culminación de la irracionalidad y del odio que hoy impregna a la política.

Hay, en todo ello, un mensaje sombrío que se acentuó con la prolongación indefinida de las movilizaciones, aglomeraciones y destrucciones, que deben obligar al gobierno y a sus malquerientes en los partidos y en la institucionalidad a concertar las acciones y medidas necesarias, no solamente para restablecer el orden, sino también para recuperar la legitimidad de las mismas, resquebrajada y alimentada por intemperancias, animadversiones y rencillas impropias de las responsabilidades que se les exige. El gobierno, imprudente en el manejo del proyecto de reforma tributaria, desoyó las advertencias de su propio partido y las de los independientes, que hoy cobra cuantiosa factura y debe inclinarlo a la satisfacción de los derechos sociales indispensables a la vida y dignidad que le son propias. Los independientes, deben entender que sus aportes no deben ser interferidos por sus vanidades, contrarias a sus deberes y responsabilidades. Y la oposición extrema, ojalá comprendiera que la perversidad en la política destruye las sociedades que aspiran a gobernar. La justicia debe investigar los delitos, sus autores ser judicializados, y el gobierno procurar el cumplimento de sus obligaciones constitucionales de garantizar vida y bienes de los colombianos y de mantener el orden público y restablecerlo cuando fuere perturbado. Son atribuciones fundamentales que no toleran incumplimiento ni despojo, pero exigen la legitimidad que se desprende de la confianza y respaldo ciudadano. No será fácil en medio de la incredulidad de la gente, de la rabia provocada por desilusiones repetidas, de las urgencias propias de la crisis que vivimos, que afectan por igual a sociedades de todos los continentes, y que no han encontrado aún cadenas de solidaridad auspiciadas por sus gobernantes. El fácil y culpable expediente de mandar a las gentes a la calle a saciar sus rabias, a la usanza de Petro y su Corte, siempre a buen resguardo, no solo es una traición despiadada a la ciudadanía, sino también un obstáculo a la posibilidad de leer e interpretar las situaciones que padecemos. Es la emulación de Nerón de reinar sobre las ruinas para entronizar su dantesca versión de una nueva sociedad. Es esa la marcha fúnebre que nos proponen.

martes, 27 de abril de 2021

El único negocio que ganó con el covid fue el bancario

¿Se les olvidó a los banqueros, que los colombianos si fueron condenados a pagar el 4 x 1.000 cuando ellos estuvieron en crisis?

Por: Bernardo Socha Acosta
Los usuarios de créditos de la mayoría de bancos colombianos se llevaron una extraña sorpresa, con motivo de la pandemia del covid 19, al creer ingenuamente que las entidades financieras (bancos) en verdad les harían una ayudita de intereses en sus obligaciones.

El gobierno tras tenderle la mano a los banqueros, para que se pusiera en marcha una ayuda para los deudores, salió con el alboroto a decir que ya habían pactado con las entidades crediticias  un alivio para que estas  también se unirían a la gran cruzada de ayudas a los afectados por la recesión que motivó el confinamiento y otras medidas.

Pero también, nadie se imaginó que esta encrucijada iría a ser la oportunidad para que los banqueros atesoraran más dividendos, a costa del gobierno y los acosados y sufridos clientes que creyeron en un alivio real, pero resulta que fue el momento para un nuevo golpe de suerte para los prestamistas y de adversidad para los usuarios del dinero.

Los bancos si hicieron algunos aparentes alivios ficticios, pero de momento, porque lo único que se hizo fue, bajar las cuotas mensuales para alargar los plazos de pago, poniendo, claro, a sus clientes a pagar más intereses y empeorando sus afujías económicas. Y así casi fueron todos los alivios, pero nada de quitar un solo centavo de los altísimos intereses. Y coste que nadie está pidiendo rebaja al capital.

¿Será que a los señores banqueros se les olvidó, que cuando surgió la crisis económica de 1.999, los colombianos si fueron condenados a pagar el 4 x 1.000 para ayudarles? Es que así paga el diablo a quien bien le sirve, dice el adagio popular.

Por eso hablamos del gran negocio de los banqueros con la pandemia del coronavirus, porque recibieron el apoyo del gobierno y recibieron los altos cánones de intereses de los clientes.

En resumen, el negocio bancario es el único que ha ganado mucho dinero con la desgracia de los clientes, a raíz de la pandemia.

En segundo lugar, el abundante lucro también llenó el apetito de los laboratorios farmacéuticos. En esta crisis que amenaza a todos los sectores creo que el mayor perdedor fue el pueblo, no solo de Colombia, sino de otros del mundo, especialmente de los países subdesarrollados. 
bersoa@hotmail.com

domingo, 25 de abril de 2021

Elecciones y Destino

Mario González Vargas
Nadie debe soslayar la gravedad de las realidades que vivimos que son propias de un mundo globalizado en el que resulta imposible escapar a las consecuencias que generan las confrontaciones de poder. La América Latina es hoy el nuevo escenario por el predominio orbital situación que no habíamos conocido desde la independencia de nuestras naciones, ni siquiera en el curso de las dos guerras mundiales del siglo pasado. El intento de instalar misiles soviéticos en Cuba fue rápidamente conjurado por los Estados Unidos, pero hoy, la presencia de Rusia, China, Irán, Turquía y la Organización terrorista Hezbollah en Venezuela, apoyada por el régimen cubano y aparentemente consentida por el progresismo internacional y los gobiernos continentales con afinidades ideológicas, encarna un desafío de inmensas proporciones para la seguridad y la paz en las Américas, que sin embargo no ha suscitado hasta hoy la estrategia, acciones y respuestas que amerita.

Esa inexplicable inacción ha favorecido iniciativas y acciones que le han permitido a los intrusos y sus aliados avanzar en sus propósitos, fortalecer sus alianzas y potenciar las intimidaciones contra los objetivos cuidadosamente escogidos. Las intervenciones combinan interferencias en procesos electorales con acompañamientos a acciones armadas de limpieza fronterizas y despliegue de tecnologías de inteligencia para conocer capacidades militares de sus vecinos (radares, sistemas de guerra electrónicos, de defensa aérea y comunicaciones), como ocurrió recientemente con el sobrevuelo de territorio colombiano por aeronave rusa con violación del permiso concedido. Actitudes inamistosas que se tratan de ocultar con mensajes de amigable convivencia a los Estados Unidos, como el de Raúl Castro en la pantomima de relevo generacional del poder en Cuba, o con la invitación del gobierno español a Maduro para participar en la Cumbre Iberoamericana en Andorra, cantos de sirena para gobiernos y sectores políticos acostumbrados al apaciguamiento del adversario que siempre resulta en la antesala del desastre. En razón de la vasta experiencia política, al más alto nivel, del presidente Biden, resulta paradójico y a la vez inquietante que el gobierno de los Estados Unidos no haya aún dado muestras de haber percibido las consecuencias del asentamiento con vocación de permanencia en el continente americano de armamento y asesores rusos, chinos, iraníes y terroristas, los mismos que confronta en otros continentes en medio de un conflicto inconcluso por el predominio orbital. El blanco de la intervención es hoy el de los Estados Andinos, y la punta de lanza de la misma es el denominado progresismo que encarna la confrontación cultural y de civilizaciones que tiene por primeras víctimas las libertades de la democracia y de la libre empresa, esenciales a la civilización a la que pertenecemos. La primera batalla se ganó en el Ecuador contra todo pronóstico. Perú, Chile y principalmente Colombia son los próximos teatros de operación. Es la primera vez que una elección nacional comporta tan significativos alcances y exige tanto discernimiento y responsabilidad. En el mundo que asoma, debemos obrar por el ascenso de los valores que encarnamos y que responden a la condición de Nuevo Mundo que aún ostentamos. Ojalá estemos a la altura del destino que procuramos.

miércoles, 21 de abril de 2021

…a la espera que el Congreso sepulte la Reforma Tributaria

Con los $50 billones que se roban los corruptos se cubriría lo que el gobierno aspira con la reforma
Por: Bernardo Socha Acosta

Parece que la peor amenaza de catástrofe jamás experimentada por los colombianos comienza a rebajar los graves riesgos –al menos así lo anuncian algunas bancadas políticas que tienen gran injerencia en las decisiones nacionales- hablando del infame proyecto de Reforma Tributaria.

La voracidad excesiva conque el Ministro de Hacienda y algunos otros funcionarios prepararon el texto del proyecto, creó el execrable ambiente social y político que mató de entrada la gallina de los huevos de oro, proyecto en el cual creía ciegamente el gobierno, así se convirtiera en la gestión más impopular y tirana de este país, pero no se sabe con qué oscuros propósitos.

Ese proyecto que se ha convertido en la mayor amenaza y azaroso temor de los colombianos es hasta ridículo, odioso e ignominioso porque pretende, como está el texto, acabar con franjas de la economía media y alta con los gravámenes propuestos, pero llegando incluso al atrevido atentado contra  asalariados de hambre. En qué cabeza de un ministro normal  le cabe, que una persona, por ejemplo, para citar uno de tantas extravagancias,  que una persona con 2 salarios mínimos mensuales pague impuestos. Que descaro de sentido verdugo y perverso  tiene una propuesta de esta naturaleza que no merece sino el rechazo, el repudio y el vilipendio  de una sociedad, contra autores de semejante injusto castigo.

Nadie puede entender, en qué país soñó el gobierno cuando diseñó semejante propuesta de látigo contra el pueblo colombianos trabajador, mientras  las mafias de la corrupción se apoderan anualmente de algo más de $50 BILLONES, y contra este cáncer maldito, nada hace el gobierno para buscarle una verdadera solución y un verdadero castigo contra sus autores, quienes antes son privilegiados por el estado.

Todo el mundo se pregunta por qué este gobierno buscó al pueblo trabajador y medianas  fuentes de desarrollo económico,  para pretender hacer de FALSO Samaritano, llevando eventuales migajas y sobras de los más poderosos para engañar los sectores menos favorecidos.

Si hubiera sido un proyecto de Reforma Tributaria verdaderamente estructural, no se habría metido con la clase trabajadora, y los sectores medios de la producción que son los que le aportan riqueza al país para su funcionamiento e incluso queda para que  los delincuentes de cuello blanco atesoren millones, ante la mirada complaciente de la pirámide gubernamental, que no quita, en cambio, los ojos buscando cómo esquilmar a los más débiles y dejarles camino abierto a los corruptos.  

Es que ante un proyecto de Reforma Tributaria  de tanta incidencia social y económica, y las gravísimas amenazas de TIRANÍA, nadie puede quedarse tranquilo hasta que el congreso de la república lo sepulte o como mínimo le cercene al menos el 60% de su infame y atemorizante propuesta.

bersoa@hotmail.com 

sábado, 17 de abril de 2021

Un Reto sin Precedentes

Mario González Vargas

Nadie pensó que el rocambolesco episodio de la fuga de “Santrich” a Venezuela incidiera en los recientes combates en la frontera colombo venezolana y sirviera de hilo conductor para comprender la amenaza sin precedentes que se cierne sobre Colombia y la paz hemisférica. Sin advertirlo, nos encontramos inmersos en una situación de intervención de potencias extra continentales que afectan la seguridad y la paz en el hemisferio. La presencia de Rusia, Irán, China, Turquía y la Organización terrorista Hezbollah, en apoyo al régimen criminal de Maduro, cobra alcances similares al intento soviético de instalar misiles en Cuba en los años 60 del siglo pasado y obedece a una inocultable rivalidad por el predominio orbital. El campo de batalla es la América Latina y el objetivo inmediato es el control de las naciones consideradas estratégicas por su posición geográfica, potencial humano y recursos naturales.

La alianza del régimen de Maduro con la Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich y con el ELN se inscribe en esa estrategia que persigue asegurar el control de territorios y poblaciones no solo por los réditos del narcotráfico, sino también para garantizar la explotación de los grandes yacimientos de minerales de alto valor industrial por las potencias extra continentales, y extender su influencia sobre los estados del área mediante la fuerza o la intervención en sus procesos políticos. Ello explica el intento de exterminar intrusos, como alias Gentil Duarte, la presencia de asesores militares rusos, de aviones de combate chinos, la intención de proveer a Maduro de misiles iraníes y la tarea silenciosa de penetración de Hezbollah para fomentar el terrorismo. Todo ello se facilita por la persistencia de sectores políticos en Latinoamérica que permanecen alineados en la lucha contra los valores de occidente, el capitalismo y la democracia liberal, y que hoy se congregan en el denominado progresismo que sirve de punta de lanza en la confrontación política electoral y se presenta como opción de nueva civilización.

Así se explica que al belicismo se le sume la interferencia en las elecciones a realizarse en estos años, mediante la captura de medios de comunicación, la intimidación del electorado, la manipulación de los datos, posibles por la vulnerabilidad y debilidades de los sistemas electorales que ofrecen resquicios propicios para el fraude o el rechazo de sus resultados.

En el Ecuador, la voluntad popular superó todo intento de falsificación. En el Perú, el progresismo internacional procurará la elección del candidato supérstite de Sendero Luminoso y en Chile aterrizan los Enriques Santiago para diseñar la nueva constitución. En Colombia, se dará la más intensa confrontación porque la amenaza bélica se acompañará del más intenso accionar de agentes cubanos, espías rusos, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de promesas de inversiones chinas, para seducir al electorado o, en su defecto, manipular e imponer el resultado electoral al amparo de la inquietante dubitación estadunidense ante las consecuencias de su inexplicable incomprensión, susceptible de contagiar al desprevenido ciudadano o de suscitar conflicto armado de impredecibles consecuencias. .

lunes, 12 de abril de 2021

El atropello miserable que traerá la Reforma Tributaria


 Por: Bernardo Socha Acosta

La mayoría de los colombianos se sienten ofendidos con la actitud del presidente de la república que intenta hacer creer y pasar por el Congreso de la república un proyecto de Ley de REFORMA TRIBUTARIA, con el engaño de un proyecto de solidaridad. 

En este proyecto   como en otros de este carácter, lo único que ha hecho el gobierno es rebajarles obligaciones tributarias a los grandes capitales y condenar a las familias trabajadoras a pagar más impuestos para cubrir la fronda burocrática y tapar los huecos que han dejado los ladrones de cuello blanco que han esquilmado o devorado el dinero que pagan los pobres en impuestos.

Para que la Reforma Tributaria que está promoviendo el gobierno  no se convierta en el mayor caldo de cultivo de un ALZAMIENTO POPULAR,  esa reforma deberá seguir las recomendaciones que hicieron el Fondo Monetario Internacional –FMI- y la CEPAL, en el sentido de gravar los patrimonios de los más ricos.

Los expertos en materia tributaria han dicho que en esta reforma se deben establecer impuestos al patrimonio que sean de forma progresiva y por encima del 1% que es el actual. Los analistas sostienen que los RICOS en Colombia no pagan tasas ni siquiera del 10%.

Aseguran igualmente los expertos que la actual estructura tributaria, está diseñada para que los pobres paguen más que los ricos.

El estudio de la comisión de expertos reseñando un gráfico (no está aquí) dice …

Los de menos ingresos pagan un poco más que personas de ingreso medio, la primera señal de inequidad. La línea muestra que los más ricos de los ricos pagan renta, un valor cercano al 2 por ciento de sus ingresos. El mismo porcentaje que pagan los contribuyentes que ganan un poco menos…

En el artículo publicado por la Silla Vacía, se afirma

Agujeros del sistema y trampas

La principal razón por la que los más ricos terminan pagando menos impuestos que los de menores ingresos, tiene que ver con que los ingresos de unos son distintos a los ingresos de los otros, y se gravan de manera distinta. En particular, entre más ingresos tiene un contribuyente, menos depende de su salario, y más de lo que la Dian llama ingresos no laborales.

Es tanta la desproporción tributaria que hay en Colombia, que un artículo de la experta, María Carolina Ramírez Bonilla, publicado en la República, sostiene que Los impuestos que pagan los ricos no representan ni 5% del valor de su renta. La misma experta observa cómo es este tratamiento en los Estados Unidos y Europa, donde hay equidad tributaria.

Frente a todos estos argumento y consideraciones, los colombianos le piden al primer mandatario de la nación, que no los pretenda engañar, poniéndole nombres sofisticados a la Reforma tributaria y si ha de ser para esquilmar aún más a los pobres, que desista de un proyecto que resulta inapropiado en medio de la situación que viven países como Colombia, debido a la pandemia.

Con el interés que el presidente le ha puesto al proyecto de Reforma Tributaria, pareciera que no ve la hora de sacarle más impuestos al pueblo y llevarle más beneficio y riqueza a los grandes capitalistas.

Ahora solo falta que el Congreso de la república respalde semejante despropósito del gobierno, de atropellar los más desprotegidos, que son, un 70% de colombianos a quienes les ha caído toda clase de plagas, incluyendo las pasadas Reformas Tributarias que ya aplicó este gobierno y que, como si fuera poco, quiere seguir congraciándose ante los poderosos y descargando sus desmedidos apetitos feudatarios contra el pueblo trabajador que muchas veces tiene que pasar hambre y ver con tristeza cómo cada día se suman en la peor miseria. Esquer pretender con esta Reforma cobrarle impuestos a una persona que gane más de 2 millones de pesos mensuales, es la más clara demostración de atropello MISERABLE.

bersoa@hotmail.com

Herramientas para una Paz amenazada

Mario González Vargas

El régimen dictatorial de Maduro, Diosdado y sus congéneres representa la mayor amenaza a la paz y seguridad hemisférica que se supone no podría enfrentarse y resolverse con los instrumentos que sirvieron para lograr la resolución del conflicto centroamericano y la paz duradera en esa región. Los acuerdos de Esquipulas y la creación del Grupo de Contadora fueron posibles porque se fundaron en el principio de que la resolución de los conflictos regionales correspondía prioritariamente a sus protagonistas y a los estados regionales con intereses en la consecución de la paz.

Hoy prevalece un escenario de confrontación orbital que favorece y estimula la intervención de potencias extra continentales en conflictos regionales, lo que supedita y somete cualquier solución a intereses y objetivos que desbordan los de sus directos protagonistas. La inicial participación de Cuba en las decisiones y actitudes del régimen chavista, se vio prontamente acompañada por la intromisión de Rusia, China, Irán, Turquía y la organización terrorista de Hezbollah, que no solo altera fundamentalmente los equilibrios e impacta la seguridad hemisférica, sino que también sustrae de las eventuales soluciones a quienes padecen los efectos directos del conflicto. El retiro de Argentina del Grupo de Lima y el prolongado silencio de éste, al tiempo que se aumentan las tensiones a lo largo de la extensa frontera colombo venezolana y la migración a distintos países del continente, son claro indicio del sentimiento de repliegue que asoma entre algunos de sus gobiernos. A ello, se suma la aparente indefinición del gobierno estadounidense ante una situación que le atañe directamente y susceptible de complicar un contexto de por si complejo para la seguridad en el hemisferio.

Colombia debe procurar una lectura acertada de la situación. La acción militar de las fuerzas del régimen de Maduro en el estado de Apure contra supuestas disidencias de la Farc que ellos prohíjan, unida a las expresiones belicosas del Diosdado Cabello y del canciller Arreaza, más que despertar interrogantes generan inquietudes por su lenguaje amenazante que no debe seguir desestimándose como retórica de aprendices de sátrapas, porque pueden reflejan un sentimiento de pérdida de control. Acudir a la comunidad internacional debe tener en cuenta los fracasos sucesivos de la ONU en sus misiones de paz y la reiterada incapacidad de la Unión Europea para asumir posición frente a situaciones de interés primordial, como el de la agresión a Armenia por Azerbaiyán o el de la amenaza del presidente de Turquía, Erdogan, a Grecia y Chipre en el mediterráneo oriental. La diplomacia eficaz se nutre de antecedentes susceptibles de incitar la adopción de nuevos tratados o de fortalecer la aplicación de los existentes. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya en aplicación en el caso del régimen venezolano, contiene las normas aplicables a eventos como el que enfrentamos para conjurar agresiones y belicismo, sin olvidar que la prudencia y la capacidad de disuasión diplomática y militar constituyen las mejores herramientas preventivas a la conservación de la paz. Ellas existen para ser aplicadas y deben desplegarse sin tardanza.

martes, 6 de abril de 2021

La Disyuntiva en las Elecciones del 2022

Mario González Vargas

En medio del torbellino de violencia que sacude al país, resulta aconsejable interrogarse sobre los alcances del acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Frarc-Ep, supuestamente diseñado para poner fin a décadas de confrontación armada y proveer a Colombia de los beneficios de una paz duradera y sostenible. Ese cautivante espejismo sirvió de falaz justificación para desconocer el resultado del plebiscito y la adopción del “Fast Track” para la conversión de sus disposiciones en normas constitucionales teóricamente destinadas a convertirnos en un paraíso de paz, y fraternidad.

El resultado no pudo ser más frustrante, como que las desproporcionadas concesiones consentidas a las Farc se materializaron en sistemáticos incumplimientos y nueva violencia, tan cruenta como la vivida por décadas, pero más esparcida por el territorio que el gobierno Santos no quiso recuperar para la institucionalidad, y que se vio cooptado por nuevas organizaciones criminales que se disputan el control de las rentas del narcotráfico, potenciadas por los perversos incentivos a los cultivos ilícitos pactados en la Habana y por la injerencia, complicidad y protección brindada por el régimen de Maduro, hoy la mayor amenaza que confronta la seguridad nacional. Ello atrajo a los más ambiciosos de las filas farianas, que prefirieron sumar esos nuevos réditos a las cuantiosas sumas legalizadas a la sombra del acuerdo de paz, con las que se contentaron los que, como Timochenko, optaron por un dorado retiro de la actividad criminal. Estos últimos, sumaron la formación de un partido político, curules en el Congreso e impunidad a sus delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, dispensada por una justicia diseñada con ellos y para ellos. Todo ello explica sus incumplimientos a las obligaciones contraídas en el acuerdo firmado, seguros además del desinterés de la comunidad internacional que prefiere pasar la página y enfrentar los nuevos retos globales que la acechan. Nada de verdad, ni de reparación, ni de garantías de no repetición pueden esperarse de ellos, porque se sacrificó la justicia, hoy además politizada y cuestionada por los sesgos y afinidades ideológicos que la rondan. Paz fallida y crisis institucional fueron sus secuelas.

El país está abocado a un realismo que le permita saldar sus deudas y discrepancias con lo acaecido. No tiene sentido continuar confrontándonos sobre el pasado que nos agota cuando las exigencias y los retos obedecen a realidades cambiantes y apremiantes. Urge sobreponernos a los problemas que nos dividen para comprender el mundo que está surgiendo, si no queremos padecerlo. Solazarnos en la judicialización de la política y en la politización de la justicia es la mejor receta para el desastre. No existe opción distinta a la de vencer a la criminalidad, controlar el territorio, recuperar la credibilidad de la justicia, fortalecer la seguridad nacional y las instituciones hoy alicaídas y recobrar la confianza ciudadana, para consolidar el régimen democrático y aportar consensos y legitimidad al nuevo gobierno. Estos, más que necesarios, son hoy indispensables si queremos tener futuro. Será la disyuntiva en las próximas elecciones.

sábado, 20 de marzo de 2021

Que la Corte Suprema dé ejemplo

Mario González Vargas

En medio de la profunda crisis ética que sacude a la Corte Suprema de Justicia, no se entiende que su presidente decida terciar maliciosa e intempestivamente en unas diligencias judiciales que ahora escapan a su competencia, y en las que se declaró impedido cuando cursaron por su despacho. En sus engañosas declaraciones, no contento con descalificar a priori el trabajo de la Fiscalía, cuyos argumentos solo se conocerán en la audiencia programada por la juez de conocimiento para el 6 de abril de 2021, la síndica de contubernio con la defensa, contra la que también arremete por supuesta violación de la reserva sumarial, actitud que evidencia cuando menos confusión, por no decir ignorancia del sistema acusatorio.

Nada tenía que decir el magistrado Hernández y al hacerlo violó intencional y descaradamente sus obligaciones y deberes de imparcialidad e independencia, consustanciales a la recta administración de justicia y por ello a su indeclinable legitimidad. Sus afirmaciones constituyen reprobable e inaceptable intimidación a la juez competente y a su independencia, por ser ella subalterna suya en la organización jerárquica del aparato judicial colombiano. Con ello, solo revela sus pasiones políticas, sus sesgos ideológicos y las malquerencias que ellos engendran, que con anterioridad había desplegado, junto a su colega Barceló en insólita entrevista en reconocida cadena televisiva. No es ese comportamiento correcto, aceptable y legitimo en quien desempeña la presidencia de la más alta Corte de la Jurisdicción Ordinaria en Colombia.

Con su indebida e inapropiada intervención no solo vulneró la garantía constitucional al debido proceso, derecho fundamental de todo ciudadano inmerso en procedimientos judiciales y administrativos en Colombia, sino también los estándares internacionales sobre independencia judicial reconocidos por la ONU, y con ello pretendió afectar la integridad moral de la Fiscalía y de la defensa, lo que al menos constituye falta disciplinaria gravísima a título de dolo. No se trata de un desliz ocasional, sino de una actitud que riñe con los más altos estándares éticos y profesionales de quien ostenta la representación de la Corte Suprema de Justicia y que contribuye al malhadado declive de la institución que hoy sospecha con inquietud la ciudadanía colombiana. 

Es, por lo tanto, una actitud que no se debe pasar por alto. Vivimos ciertamente tiempos de incertidumbre que reclaman conductas apropiadas y legitimas en quienes integran y conducen las instituciones colombianas. Tiempos azarosos exigen personas que en sus conductas obedezcan a las más altas cumbres de probidad, competencia, saber y capacidad para mantener la cohesión de la nación. No podemos resignarnos al manejo errático de las autoridades en quienes depositamos la capacidad de preservar la integridad de nuestras instituciones, fortalecer nuestra democracia, consolidar nuestros derechos fundamentales y auspiciar tolerancia, dignidad y convivencia entre todos nosotros.

Este lamentable episodio debe responderse no solo con la audiencia el 6 de abril que nos confirme la majestad, imparcialidad, independencia y legitimidad de la justicia, sino también con las decisiones internas de la Corte Suprema de Justicia para que no se repita en el futuro

sábado, 13 de marzo de 2021

La Conducción Legitima de las Hostilidades

Mario González Vargas

El reciente de bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc-Ep al mando de alias “Gentil Duarte” que produjo 12 bajas en las filas de la organización criminal, entre ellas al menos la de un menor de edad, revivió la controversia sobre la legalidad de operaciones armadas en las que resulten comprometidos menores de edad víctimas del delito de reclutamiento de forzado por parte de sus captores.

Con el objeto de hacer claridad sobre la legitimidad de la acción militar y responder a las falaces opiniones de sus críticos, conviene hacer claridad sobre el marco normativo aplicable a esas operaciones. En el ordenamiento interno, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penal prohíben y sancionan el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento de los menores de 15 años en los conflictos armados, tipificado por el Tratado de Roma como un crimen de guerra no susceptible de amnistía e indulto.  Y los Protocoles adicionales al Convenio de Ginebra regulan los principios rectores y la conducción de las hostilidades en los conflictos armados de carácter internacional o interno, que atañen al objetivo militar, al concepto de ventaja militar y a los principios de distinción y de proporcionalidad en el ataque. Todos ellos fueron debidamente observados por las Fuerzas Mllitares. El principio de distinción obliga a las partes a diferenciar siempre entre población civil y combatientes y a no dirigir ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. El reclutamiento de menores conlleva el constreñimiento a la víctima para participar activamente en las hostilidades y la convierte en objetivo militar, como que su baja, neutralización total o parcial, o captura, ofrece una ventaja militar definida. Son objetivos militares legítimos las posiciones que alberguen combatientes, sus materiales y armamentos, medios de transporte y comunicaciones militares. Hubo proporcionalidad en el ataque porque no hubo muertos ni heridos entre la población civil, ni daños a bienes civiles que hicieran excesiva la ventaja militar concreta y directa prevista.

Toda la algarabía que se ha nuevamente desplegado apunta maliciosa y simultáneamente a acrecentar el oprobioso reclutamiento de menores con la finalidad de levantar escudos humanos que impidan las acciones militares de la fuerza pública. Constituye la más atroz y vituperable estrategia de los delincuentes para proteger sus vidas y acciones violentas, mediante el sacrifico de vidas inocentes, sea por canalla ajusticiamiento o por su conversión en carne de cañón.  La inmensa mayoría ni siquiera alcanzará a conocer el triste destino de “Gabino” y del mismo “Gentil Duarte” reclutados cuando niños y hoy avezados criminales protegidos por una cohorte de antiguos subversivos o sus cómplices, que ahora pretenden fungir como los adalides de los derechos humanos y de la democracia.

El ministro Molano ha dado muestras dicientes de su carácter y determinación que alimentan la confianza ciudadana en la posibilidad de lograr una paz hoy inconclusa, pero no inalcanzable.  

sábado, 6 de marzo de 2021

Superar la Estrategia del Caracol

 Mario González Vargas

En las elecciones del 2019 las victorias de los candidatos alternativos, principalmente las logradas en Bogotá, Medellín y Cali, suscitaron la percepción de apertura en el escenario político colombiano. Fueron celebradas con bombos y platillos, replicadas por la mayoría de los medios y consideradas por comentaristas y usuarios de las redes sociales como el advenimiento de una nueva época en el manejo de la política y del poder. Hoy, esa efervescencia se ha diluido en un sentimiento de desencanto generalizado, por cuenta de erráticas decisiones y de la ejecución de agendas que permanecieron ocultas en el trasegar de las campañas.

Claudia López ha resuelto controvertir en vez de gestionar y administrar. Enfrentó la pandemia con improvisaciones que pretendió ocultar con su permanente rencilla con el presidente y su gabinete, actitudes que siguen cobrando vidas en la ciudad y que representan la mayoría de las muertes en Colombia. La seguridad ciudadana se descompuso al ritmo de su inquina con la Policía, cuya labor sistemáticamente obstaculiza y procura demonizar y deslegitimar. Los subsidios y ayudas se entregan a manera de dádiva y sus destinatarios son reprendidos y humillados en el ejercicio de sus labores de subsistencia. La ejecución de sus programas se concentró en superar a Petro en el reparto de mermelada y su único galardón ha sido el de sus retractaciones por mandato judicial.

El novel alcalde de Medellín no obra por impulsos temperamentales, sino con el claro propósito de subsumir lo privado en lo público en obedecimiento a su credo ideológico, mediante la ejecución de las herramientas procedimentales necesarias para tal efecto. No importa que con ello amenace la prosperidad de la ciudad construida gracias a la colaboración del sector privado en la realización de las políticas públicas y en la satisfacción de los servicios al ciudadano. Allí, ni el alarde tecnológico del alcalde logró contener la propagación del virus y su enorme costo en vidas. Allí, también, revivió la mermelada que se dispensa a raudales a quienes comparten su agenda y objetivos, sin que tampoco lograra combatir la inseguridad y la delincuencia que diariamente golpea e intimida al ciudadano.  

En Cali, el alcalde ha resuelto espantar los flagelos del virus y de la inseguridad con otros programas, pero igualmente ineficientes, buscando conjurar sus efectos con un relajamiento permisivo ante la fiesta y la rumba, seguramente considerados antídotos ante las amenazas presentes.

Las políticas en las tres ciudades parecen la aplicación de la “estrategia del caracol” que permite el desmantelamiento de la casa, con conservación de su fachada, hasta la hora de su destrucción final. Podría inspirar las propuestas presidenciales progresistas en las que Colombia Humana suscita miedos y la batuta indecisa y etérea de Fajardo despierta incertidumbre, porque en esos lares el canon ideológico prima sobre la realidad.

La paz no se decreta, se construye. Crear normas y situaciones pétreas equivale al imposible esfuerzo de detener el futuro. Necesitamos un acuerdo que permita reconciliar el pasado reciente con las exigencias del futuro inminente.           

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