Contribuyentes y usuarios de energía no deben pagar sobrecostos

Por: Bernardo Socha Acosta.

La decisión de la Contraloría General de la República, de confirmar la sentencia de responsabilidad fiscal por el caso Hidroituango, contra algunos políticos exfuncionarios oficiales, y personas jurídicas, debe llenar de confianza y tranquilidad a los colombianos por tener un ente de control estatal que no le tiembla la mano ni le teme al qué dirán los poderosos y se atreve a denunciar un descalabro de recursos del tamaño de $4 BILLONES largos, que para desgracia de Colombia, tendrían o pagarían los contribuyentes del erario y los usuarios de la energía eléctrica.

La posición de la Contraloría es ejemplar y pedagógica para mostrarle a los que están pensando en lo lucrativo que resultan esos super-contratos  de mega-obras, que quienes la hacen la pagan, como dice el adagio o la comedia famosa: ‘’ No hay plazo, que no se cumpla, ni deuda que no se pague’’.

Ojalá que la decisión bien fundamentada de la Contraloría General, no resulte una falsa ilusión para los colombianos que esperan resultados y sanciones contra los responsables, porque podría llegar otro ente superior que diga que, en HidroItuango no está pasando nada y que esos 4.3 BILLONES de pesos confirmados como un daño fiscal, están bien fundamentados. Pueda ser que no ocurra esa extraña sorpresa.  

Es que para infortunio de nuestro país, nos tienen acostumbrados – y nadie dice nada- a que los billonarios desfalcos por sobrecostos y similares, por esa clase de contratos con destino a mega-obras, los pague el pueblo injustamente con la acción cómplice del  estado.

Sin anticiparnos a otros hechos, aquí si hay que reconocer que por fin llegó a la Contraloría General de la República de Colombia, (Felipe Córdoba Larrarte) una persona dotada de la responsabilidad y el sentido de pertenecía. Este contralor y sus colaboradores si saben para qué es ese ente de control estatal y por fortuna también nombro a funcionarios idóneos que conozcan de contabilidad y que no lleguen solo a calentar puestos y beber tinto, mientras otros más vivos hacen de las suyas con los dineros que tanto sacrificio le ha costado el pueblo pagarlos en impuestos, sobretasas, contribuciones y las tarifas de los servicios públicos.

Y decíamos que ojalá no nos ufanemos por los resultados de investigaciones fiscales hechas por los funcionarios de la Contraloría general y que al final quedemos con la desilusión, como ocurre cuando la policía demora muchos tiempo de investigación y seguimiento a peligrosas bandas de delincuentes responsables de asaltos, asesinatos, atracos, violaciones y otros delitos, y más se demoran las autoridades uniformadas en presentarlos a la justicia, que los delincuentes quedar libres, porque ese parece ser el karma negativo al que está condenado nuestro país, si no es que llega un gobierno y un congreso de la república que cumplan con sus obligaciones. bersoa@hotmail.com

Cooperación en vez de intervención

Mario González Vargas

La presencia y activismo del secretario general de la ONU en Colombia, Antonio Guterres, expresidente de la internacional socialista, suscitó nuevamente el debate cada día más candente que sacude hoy al mundo, relativo a la coexistencia de la soberanía nacional con la que correspondería a las organizaciones internacionales. La primera se ejerce por el pueblo en estados con territorios definidos y reconocidos, mientras que la segunda resulta de una compartición que hacen los estados soberanos sobre temas que los atañen a todos, La soberanía nacional se funda en la existencia de un pueblo que la ejerce democráticamente y corresponde a la genuina expresión de su voluntad. La segunda es consecuencia de delegaciones precisas y de naturaleza limitada de los estados miembros. Paz, justicia, reconciliación y reparación por su naturaleza son inherentes a la soberanía nacional y competencia exclusiva de la voluntad popular, que entre nosotros resultaron vulneradas con el desconocimiento del plebiscito en el que la ciudadanía rechazó el acuerdo de paz sometido a su refrendación.

Por ello, las declaraciones del secretario Guterres traspasan los límites que le imponen el elemental respeto a la soberanía nacional. No le corresponde tildar de enemigos de la paz a quienes mayoritariamente rechazaron el acuerdo de la Habana (“El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz”.}, ni erigirse en supremo censor de nuestras soberanas decisiones, ni muchos menos impartir bendiciones y aprobaciones que no le atañen, ni le son permitidas. Hubiese sido preferible encontrar en él mensajes de reconciliación, llamados al entendimiento, invitaciones a la mutua comprensión, disposición para facilitarlas y voluntad para promoverlas con todas las herramientas a su alcance. Inducido acaso por su preferencia ideológica y la parcialidad política resultante, profirió cantos de alabanza a los supuestos logros del acuerdo de paz, ocultando sus fracasos en seguridad, verdad, justicia, reparación y no repetición, que revictimiza a quienes padecieron la violencia y conforta a una gran parte de los victimarios con impunidad, representación política y olvido de sus crímenes y fechorías. Curiosa comprensión de la reconciliación, que solo puede alcanzarse con la mutua aceptación de una verdad que incluya la admisión de las propias culpas y la contrición sincera, sin las cuales no alcanzaremos la paz, el sosiego y el perdón que requiere nuestro futuro. La cooperación es la matriz que indujo a la creación de la ONU y a la de todos los organismos que cobraron vida después de la hecatombe de la segunda guerra mundial en el siglo pasado Ese debe ser el talante y la naturaleza de sus acciones, porque de ellos deriva su credibilidad y su aceptación. De su preservación depende la autoridad de su timonel que es fundamental para preservar la imparcialidad y reconocimiento de sus competencias y actuaciones y el mantenimiento de los consensos que se requieren para el cumplimiento de sus principios y finalidades. No hay espacio para intervencionismos que se tiñen de ideologías y en favorecimientos que las impulsen, como lo sugieren algunas inclinaciones hoy al parecer enraizadas en su burocracia.

Qué le pasó a Intel con la revolución científica

Tomado de, The New York Time

La nueva revolución tecnológica tiene forma de chip

         Por Farhad Manjoo

   Es columnista de Opinión.

Intel, el gigante de fabricación de chips, reinó durante décadas como una de las compañías más avanzadas técnicamente de Silicon Valley.

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox.

Fue el cofundador de Intel, Gordon Moore, quien famosamente predijo que los chips de computadora se volverían cada vez más poderosos a niveles inimaginables. Y fueron los productos de Intel, la línea x86 de microprocesadores en el corazón de casi todas las computadoras personales, los que convirtieron la profecía de Moore en una “ley” aplicable de la tecnología. La promesa de que cada año los nuevos chips de Intel serían mucho más rápidos que sus viejos chips marcó el ritmo de los avances en toda la industria.

Sin embargo, en algún momento de la última década, Intel perdió el rumbo. Fue sorprendido por las nuevas tendencias —la utilidad cada vez mayor de los procesadores gráficos, la adopción generalizada de dispositivos móviles— y asediado por una serie de retrasos operativos humillantes. Pero ver qué empresa ha superado a Intel como el referente en materia de procesadores es aún más sorprendente. En reuniones con empleados a principios de este año, Pat Gelsinger, en ese momento director ejecutivo entrante de Intel, se mostró reacio incluso a pronunciar el nombre del enemigo. Según The Oregonian, Gelsinger se refirió burlonamente a la nueva empresa líder de chips como “una compañía de estilo de vida en Cupertino”.

Cupertino, California, por supuesto, es el lugar donde se ubica la sede de Apple, cuyo enfoque en el diseño, la estética y la funcionalidad a menudo la ha dejado vulnerable a la insinuación de Gelsinger de que sus productos son más artículos de moda que dispositivos competentes. No obstante, el mes pasado, Apple presentó nuevas computadoras portátiles fabricadas con base en sus propios procesadores diseñados a la medida, el M1 Pro y el M1 Max, que han logrado que esas burlas se vuelvan completamente absurdas. Seguir leyendo

Medida obligatoria de la vacuna contra coronavirus

Por: Bernardo Socha Acosta

Resulta contradictorio que en medio de una pandemia como la del coronavirus, dentro de la cual (dada su gravedad) las autoridades desde los distintos rangos han dictado las medidas de control para tratar de cortar la velocidad del contagio, pero cuando los gobierno anunciaron la obligatoriedad de la vacuna contra covid, la Organización Mundial de la Salud –OMS- parece haber salido a ponerle palos a la rueda, como para tratar de obstaculizarlo.

O, seguramente no fue bien socializada la posición de la entidad frente a las medidas obligatorias de la vacuna.

Pero, para nadie es un secreto que cuando se trata de proteger la salud de la población de forma colectiva, y sobreponerse a una amenaza del tamaño mundial que representa el coronavirus, las medidas sanitarias están por encima de cualquier consideración y es incomprensible que la misma Organización Mundial de la Salud quiera como oponerse a que el grave contagio reduzca al máximo sus ataques con argumentos de segundo nivel, antes que apoyar  las medidas.

Si no estamos equivocados, ‘’el artículo 1° del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud pública de importancia global, un evento extraordinario –como el caso del coronavirus- que constituye un riesgo para el bienestar general de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad.’’  Entonces porqué la OMS no se une a estas medidas que son sanas y solo buscan protección para la población sin lesionar intereses económicos.

Y sin pretender parecernos a un ‘leguleyo’ y para el caso de nuestro país, si miramos la Carta que nos rige, en su 1° artículo dice que, Colombia  está fundamentada  en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la nación y en la prevalencia del interés general, y antes por el contrario.

Entonces lo afirmado involucra, poner la dignidad humana en el centro, como lo más importante, y sería entonces con las medidas que sean necesaria proteger a la población, antes que los intereses particulares.

Por fortuna y a buena hora cursa en  el Congreso de la república de Colombia, un proyecto de ley para tomar medidas al respecto y ojalá que los congresistas politiqueros (leguleyos) no se atraviesen  como siempre  para impedir el bien común, como es colaborar para que la vacunación covid sea una herramienta para sobrellevar la presencia del coronavirus que tanto daño le ha causado al mundo y mucho a Colombia.

bersoa@hotmail.com 

Plegaria por la democracia

Mario González Vargas

La política es un escenario de confrontación de ideologías, visiones y soluciones que son propias de las sociedades democráticas. En ellas, resulta posible y fructífera la diversidad de opiniones cuando apuntan más a la búsqueda de convergencias que a la simplificación del debate en dos extremos contrapuestos e irreconciliables. Esa ha sido siempre la fortaleza de la democracia y la razón de los avances, sociales, económicos, científicos y tecnológicos que se prodigan en su seno. Hoy, todo parece apuntar a su sustitución por una polarización que degrada el debate público. La radicalización resultante persigue convertir al oponente en enemigo y facilita hacer de la violencia herramienta legitima de controversia. Acude a exacerbar las emociones para entronizar el odio hacia el otro y servir mejor a su expansión contagiosa en todos los ámbitos de la sociedad así manipulada.

Esa parece ser la situación que confrontamos para los debates electorales del 2022. Los promotores de la violencia durante el denominado paro nacional y prohijada por sectores de oposición, que hoy se congregan en el pacto histórico, avanzan disimulando cada vez menos su naturaleza totalitaria, sus odios renovados y sus propósitos de eternizarse en el poder. Esa nueva prédica goza de solidaridades en medios de comunicación que le dispensan generosa difusión, y se hizo mayoritaria en la Justicia bajo el cobijo de su politización, que le ha restado independencia, imparcialidad y, por consiguiente, legitimidad. Ha sabido combinar la movilización preelectoral y las demagógicas promesas, desatinadas e incumplibles, pero sugestivas para una población en crisis, con la captura, simpatía o inmovilización de otros sectores políticos que, a falta de ideas en algunos, hace que compartan su odio hacia quienes luchan por mantener la democracia y sus libertades. Coaliciones, así se llamen de la esperanza o de la experiencia, no se han percatado que su instrumentación implicaría desesperanza para todos e inexperiencia costosa en materia política. Resulta difícil comprender y aceptar que hagan gala de tanta ingenuidad o de tan inmensa egolatría, para servir de acólitos de los nuevos ritos practicados en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. De esa manera, se suman a un coro, sin apariencia de semejanza y complicidad, para estigmatizar como extremistas a quienes procuran defender las libertades que dispensa el régimen democrático. Deben aprender a mirar a su izquierda para hallar el extremismo cultural, ideológico y político que sacude al continente que se infiltró entre nosotros con Enrique Santiago, hoy presidente del partido comunista español, y que tuvo eco en quienes son afectos al régimen cubano y son solidarios con Chávez y su legado. Causa tristeza que no perciban que las banderas de la democracia y sus libertades puedan terminar arriadas ante los pies de sátrapas contemporáneos. Es la hora de la unidad y del acuerdo sobre lo fundamental. El País clama por el perfeccionamiento de su democracia, no por su sustitución. El futuro de Colombia depende de la capacidad de articular una propuesta que convoque hacia el nuevo país. Los que pretenden dirigirla deben comprenderlo y ayudar a construirlo. Lo otro sería décadas de oscuridad.

El respeto a la Constitución y las leyes

 EL RETORNO A LA DICTADURA

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 13 - 11 – 2021)

El Presidente Iván Duque, cuando el sol comienza a alumbrarle sus espaldas, decidió mostrar su verdadera faceta, como reacción al fallo que devolvió a su maestro y protector Álvaro Uribe Vélez, a la condición de imputado (de la cual nunca debió salir), y resolvió pasarse por la faja la Constitución y la ley, en venganza contra los colombianos.

Su anuncio frente al falló de un juez de Bogotá, ordenando la suspensión de la sanción del artículo que prácticamente acaba con la Ley de Garantías, desencajó al mandatario, lo desequilibró y le nubló la razón.

 Y así desquiciado y fuera de sus cabales, hizo en televisión el anuncio perentorio: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.

Sobra advertir que una ley ordinaria, como la que contiene el artículo que acaba con la Ley de Garantías, no puede derogar una ley estatutaria.

Su postura, solo se asimila a los intentos de reforma a la” justicia constitucional” del gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) y contradice totalmente sus críticas y se coloca a la par o quizás más allá de sus imaginarios enemigos Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Y mi observación respecto de la similitud entre Rojas Pinilla y Duque, no es a priori, pues el primero de ellos, simpatizante AAA del fascista generalísimo Francisco Franco de España, generó todo tipo de tensiones políticas entre la Corte Suprema y su gobierno militar con el propósito de controlar la justicia y limitar a su juez constitucional. El segundo, sin mencionar el apoyo non sancto a su campaña, ha intentado volver trizas la paz, a puesto a sus amigos y aliados en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, hace caso omiso a la crítica y se ha puesto al lado de quienes violan la ley y la constitución, asumiendo la defensa de su mentor, el expresidente Uribe, como lo ha hecho ahora, sin respetar la majestad de la justicia y las altas cortes.

Su postura en defensa del artículo metido como un “mico” en la Ley de Presupuesto, no determina sino un ataque directo a la mandíbula de los electores, que creen que irán a las urnas con las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto de manera libre, sin percatarse de que previamente, se habrá frustrado la voluntad popular, colocando las fichas del gobierno en los puestos claves del orden nacional, departamental y local y entregando el presupuesto a través de contratos millonarios amañados, colocando la balanza en favor de los corruptos.

Y lo peor, es que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, está infilrada, es un boquete abierto hacia el despilfarro, la desidia y la corrupción y al decir de algunos congresistas, ya tienen listo el fraude para impedirle al pueblo llegar con un candidato con sensibilidad social, defensor del medio ambiente y afecto a una economía inclusiva.

Nada detiene ni le importa al mandatario, prevalido de que los órganos de control del país están en sus manos y que su impunidad está garantizada, pues en caso de una denuncia, esta irá directamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en donde todos los procesos mueren por inanición.

¿Qué perspectiva de país le entregará el que dijo Uribe al próximo mandatario? Un  país endeudado, sin obras de beneficio social, arrinconado y desesperado, por la corrupción, la desidia oficial, la muerte de cientos de líderes sociales, protectores del medio ambiente y exmilitantes de las FARC.

Y las clases dirigentes siguen sin inmutarse frente a la realidad, pues saben que un pueblo sin hambre, culto y pensante, es un pueblo que no podrán manejar.

#DespiertaColombia.

Enseñanzas del Acuerdo de París sobre cambio climático

Cómo frenar el calentamiento global a corto plazo

Tomado de, The New Yor Times

Por Paul Bledsoe, Durwood Zaelke y Gabrielle Dreyfus

Si los años de sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales devastadores ocurridos desde que se adoptó el Acuerdo de París nos han enseñado algo, es que hemos subestimado la velocidad del cambio climático extremo y desestabilizador.

El mundo se ha calentado alrededor de 1,1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, en gran medida esto ocurre desde 1950, y las temperaturas siguen en ascenso. Por eso era tan importante que más de cien países se sumaran la semana pasada a una coalición encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones mundiales de metano, un potente gas de efecto invernadero, en al menos un 30 por ciento para 2030.

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Sin embargo, los delegados reunidos en la conferencia mundial sobre el clima en Glasgow tienen que hacer más: por la seguridad del planeta, tienen que profundizar sus acciones y ejecutarlas con más rapidez para limitar el aumento de la temperatura a corto plazo. Seguir leyendo 

Estragos de una Justicia politizada

Mario González Vargas

Dos recientes fallos de tutela de la Corte Constitucional acrecentaron las sospechas y temores de que la Rama Judicial, y en especial esa Alta Corporación, no obedezca en su actuar a los principios de independencia e imparcialidad que son sustanciales al reconocimiento de su legitimidad. Sustituir esos principios por los imperativos de la contienda ideológica y política corroe los fundamentos de la democracia y atenta contra la vigencia y respeto de los DDHH. Las sentencias 281 de 2021 y la aún no publicada, pero si reseñada por la Corre y atinente a la compatibilidad de normas procesales de la ley la Ley 600 con las Ley 906 de 2004 en el proceso que tiene al expresidente Uribe como procesado, constituyen una ruptura definitiva con las garantías que la Constitución exige para la salvaguardad del derecho fundamental del debido proceso.

La sentencia publicada se refiere a la acción de tutela de un general de la república que consideró afectados sus derechos fundamentales por la publicación por el movimiento Móvice de un mural en el que se señala una cifra de “falsos positivos” cometidos presuntamente bajo el mando de generales del Ejército, cuyos nombres y fotografías se incluyen acompañados con un número de casos, endilgándoles responsabilidad penal. Ese procedimiento, teñido de infamia, fue inexplicablemente calificado como ejercicio del derecho de participación en el control del poder político y enmarcado indebidamente “en los discursos reconocidos por el ordenamiento jurídico (art 40 num 6 CN) como protegidos”. De manera inverosímil, la Corte estimó que el mensaje, si bien pretendió difundir responsabilidad penal por “falsos positivos”, no configura venganza con intención de causar daño, ni se “evidencia señalamiento que pretenda imputar algún tipo de responsabilidad”. Asimismo, avala la denuncia, considerándola bien público, de hechos que el denunciante considera irregulares, sin que por ello se tenga que esperar fallos de autoridad judicial, cuya existencia no escapa a su conocimiento, considerando que la verdad extrajudicial satisface el derecho de las eventuales víctimas. Con esa valoración, emite una reflexión inconducente para afirmar que con su publicación se construye un relato que se incorpora como memoria colectiva y que permite garantizar su propia verdad, aún si ella resulta contraria a la verdad que emana de las investigaciones judiciales o develadas por la investigación histórica. Los ciudadanos tienen el derecho de denunciar hechos que consideran irregulares, pero no les asiste el poder de determinar por si solos la verdad. La libertad de expresión deja de serlo cuando incurre en abusos constitutivos de difamación y calumnia que colocan en estado de indefensión a los victimizados. Para ello existe la publicidad de los procesos penales y de las investigaciones históricas. La sentencia de la Corte hace trizas el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías constitucionales fundamentales.

En el caso de la sentencia no aún publicada, se viola descaradamente la garantía constitucional de favorabilidad penal sustituyéndola por el concepto erróneo de una supuesta equivalencia funcional, imposible por la enorme diferencia entre indagatoria e imputación, como que la primera tiene lugar antes de la investigación y la segunda como consecuencia de ella.

Estas sentencias culminan un proceso de politización de la Justicia. No extraña que al origen de ellas se halle Móvice.

La JEP en su laberinto

Mario González Vargas

No fue tarea fácil la de poner fin a 17 años de permanente escrutinio de la CPI con su observación preliminar relativa a la comisión de crímenes de guerra en el marco del conflicto armado suscitado por la subversión de las Farc, después acrecentado por el ELN, el M-19 y por los contingentes contrainsurgentes que ellos provocaron. El país sufrió los estragos de una violencia desatada que puso en entredicho la viabilidad del Estado y de sus instituciones, para cuya salvaguarda se realizaron esfuerzos, adherir al Estatuto de Roma y a la aceptación de la jurisdicción de la CPI de carácter subsidiario. Resultaba difícil prever la creciente influencia que sobre la burocracia de los organismos internacionales adquirirían las onegés de reconocido sesgo ideológico y permanente activismo político, con los que ejercieron preponderante influencia en la CPI y en su Fiscalía.

La elección del nuevo Fiscal de la CPI refleja un cambio significativo en esa tendencia que permitió, mediante el ponderado examen presentado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre los trabajos de los organismos de la Justicia colombiana y sus alcances, poner fin a la observación preliminar y la suscripción de un acuerdo de cooperación con la CPI, útil para construir esa paz que nos ha sido esquiva. A la JEP le corresponderá cumplir con aportes que hasta hoy no se han traducido sino en los desatinos en los casos de Santrich e Iván Márquez, y sin resultados en materia de verdad, justicia reparación y no repetición. Ello explica la reacción del oráculo Vivanco que no dudó en calificar la decisión de “equivocada, injustificada y contraproducente”, y de sentenciar que “el daño está hecho”, porque se les ha despojado de esa maléfica influencia que les permitía mantener al estado colombiano bajo la amenaza permanente de una espada de Damocles que ellos pretendían accionar a su antojo. El presidente de la JEP interpela groseramente al presidente Duque:” presidente para usted la JEP no existe”; curiosa manera de invocar el apoyo para el cumplimiento de las competencias de la JEP que, además. acompaña de amenaza:.” cualquier actuación o cambio en las condiciones actuales o cualquier obstáculo que se presente al trabajo de la JEP, inmediatamente traerá la intervención de la CPI”. Y agrega, “probablemente ya no mediante la continuación del examen preliminar, sino de una investigación formal”, La JEP debe tener conciencia de que en caso de no cumplir con sus funciones puede ser reformada y perfeccionada. Existe en virtud del acto legislativo que la incorporó a la Constitución y puede ser reformada y mejorada por esa misma vía. Conviene que atienda las conclusiones de la Procuraduría que “cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización”, y señala que “hubo escasa prevención, control, seguimiento y sanciones para quienes incurrieron en conductas como violencia sexual, tortura, trabajos forzados, despojos, desapariciones forzadas, secuestros, muchos de los cuales aún permanecen en la indefinición”.

La lucha por la defensa del planeta

 Tomado de, The New York Times

Por Justin Gillis

Comenzó en 1992. Delegados de todo el mundo —incluyendo un vacilante George H. W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos— se reunieron en Río de Janeiro para celebrar una “Cumbre de la Tierra”, en la que prometieron con seriedad dejar de destrozar el planeta. Se redactó con prisa un nuevo tratado mundial y se le puso un gran título: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Era audaz, pues prometía estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera un peligroso calentamiento global. Y era ambigua, pues exigía a los países que no hicieran casi nada, excepto seguir reuniéndose y conversando. El Senado de Estados Unidos lo ratificó ese mismo año sin muchas dudas. 

¿Qué ha pasado con las emisiones desde que las naciones del mundo prometieron estabilizarlas? Han aumentado más de un 60 por ciento. Después de un descenso en 2020 provocado por la pandemia, han reanudado su inexorable ascenso. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera ya han alcanzado niveles alarmantes y, en ese sentido, el tratado fracasó. Las temperaturas globales también están aumentando, como lo predijo la teoría científica básica. Seguirleyendo