Crimen constitucional

Por: Diego Arango Osorio

Impacta y alarma al país ese perverso fallo de la Corte Constitucional, en que 5 magistrados autorizan el asesinato a criaturas vivas por nacer que habitan en el vientre materno, otorgándole a la madre el derecho de matar a su hijo.

Es inaudita esta aberrante sentencia criminal, donde aquellos 5 nombrados mas no elegidos, se abrogan el derecho de patear la misma constitución, cuya obligación es defenderla mas no abusar de sus cargos para retorcerla y violarla, burlándose del espíritu del constituyente al desconocer los artículos 11 y 12 de la carta magna que es taxativa garantizando que en Colombia no habrá pena de muerte, carta aprobada en 1991 por una legitima Asamblea y refrendada por el pueblo colombiano.

Matar criaturas inocentes e indefensas por su misma progenitora es un crimen abominable y mas aun cuando lo autorizan hacerlo hasta la semana 24, es decir los SEIS MESES de vida de la criatura, debidamente formada, es decir con el 66% de su cuerpo y espíritu y que en muchísimos casos comprobados personas que nacieron a los seis meses, hoy se desarrollan normalmente en su vida.

Mas vergonzoso aun ha sido la malsana actitud de numerosas mujeres de los partidos de izquierda, festejando alegremente esta licencia para matar a niños indefensos vivos en los vientres maternos, haciendo apología del crimen como garantía de sus libertades, al poder decidir ellas con sus cuerpos, ignorando conscientemente que el hijo que han engendrado no es de su propiedad, ni que pertenece a su cuerpo y vida, sino que es un lugar que ella misma en gozo de sus placeres o que el destino si se quiere o por un accidente como lo es una violación, le da autorización para asesinar a esa criatura con vida que está por nacer a la vida exterior.

Se manifestaron complacidos numerosos políticos, entre ellos candidatos presidenciales, congresistas hombres y mujeres casi todos de izquierda, festejando dizque la libertad de la mujer y el derecho a decidir con su cuerpo, como si el hijo que llevan sea de su propiedad. Otros, entre ellos el candidato del Partido Conservador David Barguil se pronunciaron firmemente en contra de ese perverso fallo indignados, para ello Barguil se propone impulsar una reforma constitucional que tumbe esa sentencia y garantice con firmeza la vida de los niños y niñas que habitan en los vientres maternos.

Los 3 casos autorizados anteriormente por la sentencia C355 de la Corte tampoco cobran validez total, porque todas esas circunstancias son accidentales, pues ninguna mujer busca una violación, tampoco una malformación o desea el inminente peligro, pues esta comprobado que muchos que nacieron bajo estas circunstancias hoy gozan de vida.

Finalmente la vida es sagrada, esto no tiene discusión, ni usted o yo hubiésemos deseado que nuestra madre se desembarazara de nosotros por cualquiera de esas circunstancias, por lo tanto esos cinco magistrados se convirtieron en los verdugos de aquellos inocentes e indefensos que serán sentenciados a muerte a causa de este perverso fallo que va en contra de la voluntad de Dios y de la mayoría del pueblo colombiano.

arangodiego@hotmail.com

La Justicia, una reforma prioritaria

Mario González Vargas

Ha venido creciendo la insatisfacción ciudadana con el desempeño de las instituciones que nos rigen estimulada por una inexplicable parsimonia de las autoridades concernidas. El caso más relevante concierne a la Justicia, exacerbado por los varios intentos fallidos por reformarla, siempre resistido por sus servidores con acciones y decisiones cada vez más lejanas de sus competencias y deberes.

Desde 1977 ha sido imposible culminar reformas al aparato judicial, a pesar de la crisis continua y galopante que ha comprometido su credibilidad y con ella su legitimidad. A su tradicional tardanza en fallar se fueron sumando su vanidosa pretensión de establecer el gobierno de los jueces, la insidiosa politización de sus procederes y decisiones, la resistencia sistemática, cuasi subversiva, a toda reforma, que en su momento ilustró el ex fiscal Montealegre, y la corrupción rampante en su seno que se tradujo en el denominado Cartel de la Toga en la Corte Suprema. Ninguna de la Altas Cortes escapó a ese proceso de descomposición que invadió también a la JEP, con sus sesgos ideológicos, su tardanza en el cumplimiento de sus deberes y su única hasta hoy “jurisprudencia” en el caso Santrich, por cierto, secundada por la Corte y el Consejo de Estado La Corte Constitucional culminó el desafuero invalidando cualquiera iniciativa de reforma a la justicia por considerarla sustitución de la Constitución. Se invadieron competencias que no se tenían y se transgredieron los límites propios de sus investiduras.

La sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto realizado dentro de las 24 semanas de gestación constituye el más reciente eslabón de ese constante y deliberado extravío. En ella, se asumió de facto una competencia constituyente espuria para resolver en claro desconocimiento, no solamente del art 11 de la Constitución que establece que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, sino también del art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que expresa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, y que “ese “derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”; disposición que hace parte del bloque de constitucionalidad. Esa misma protección se halla consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Colombia, ley 12 de 1991. El derecho a la vida no tolera excepción, como dijo la propia Corte en sentencia 133/94, expresando que la vida del por nacer merecía desde la concepción protección, porque la gestación es necesaria para la vida independiente del ser humano que existencialmente es diferente a la madre. No se debe tolerar la burla a la garantía de cosa juzgada, ni la irónica y aberrante concepción del aborto como derecho reproductivo y fundamental, sin respaldo en instrumento internacional alguno. Disparate que sugiere prevaricato y que exige procurar controles y transparencia en las decisiones de todos los operadores de la justicia, fundamentales en la reforma a la justicia que no da espera. Ella sería la primera en el propósito de armonizar la institucionalidad con los altos fines que demanda la ciudadanía.

El parroquialismo frente al aborto

Por Bernardo Socha Acosta

Para opinar sobre el siguiente tema, no se necesita obligatoriamente ser un médico, un abogado o cualquiera de las profesiones espléndidas, porque se necesita es mirar la realidad de lo que le ocurre a una sociedad, o concretamente al género femenino lamentablemente, cuando por un descuido, por una violación, o cosa por el estilo quedan embarazadas y ante el dilema de tenerlo o no, tienen que acudir a las clínicas clandestinas arriesgando su salud o su vida, para lograr un aborto.

Cuántos son los casos lamentables y dolorosos que se viven en Colombia por este parroquialismo  que todavía invade las mentes arcaicas de una buena parte de la sociedad.

En Colombia existe anualmente, según recientes estadísticas, unos 400.412 abortos provocados, de los cuales solamente 322 son procedimientos legales. Es decir que que el resto son clandestinos con el grave riesgo para la paciente y surge el interrogante,  dónde esta la PREVALENCIA  DE LA SALUD.

Y, en una sociedad donde el estado mantiene en el abandono a una alta franja de la sociedad, cada vez infortunadamente aumentan los embarazos no deseados y como resultado los abortos clandestinos, donde las jovencitas tienen que arriesgarse a morir en manos de inexpertos, porque así lo ha querido una alta franja de la sociedad  al oponerse a un sistema que proteja a las gestantes, facilitándoles acudir a una clínica legalmente establecida.

En una humanidad en constante evolución y cambios, nadie puede quedarse anclado viviendo del pasado con el riesgo del traumatismo o, de aquiriquir más enfermedades, de envejecer y morir prematuramente.

Y, que este tema, sea oportuno para recordar al científico que tuvo una visión extraordinaria del mundo sobre la evolución de las especies, el naturalista británico Charles Darwin, cuando escribió esta cita: "No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio".  Eso quiere decir que si no nos adaptamos al cambio estamos condenados a vivir en el pasado como los cavernícolas de la llamada era moderna. La decisión de la Corte al aprobar el aborto en Colombia es eso. Es adaptarnos a los cambios que exige el mundo de hoy. De lo contrario seguimos viviendo el tiempo de las cavernas cuando la atención de la salud se hacía únicamente con ‘rezos’ y prácticas rituales.

Y es risible oír a algunos de nuestros gobernantes rasgándose las vestiduras de manera hipócrita, y condenando aviesamente e irrespetuosa a la Corte, en una actitud disimulada o farisaica, sin detenerse a pensar que si continúan las prácticas clandestinas se amenaza la integridad de las jovencitas que lo hagan.

Los magistrados que lo aprobaron tienen una visión de cambio y no se quedan en el pasado esperando los cambios con palabras, sino con hechos. El ejemplo ya está en otros países desarrollados y no podemos con el prurito de que somos subdesarrollados negarles la atención en salud al género femenino que lo requiera.

bersoa@hotmail.com

De Piedad a la sin piedad

Mario González Vargas

Las revelaciones del ex asesor de Piedad Córdoba confirman que no hay verdad que permanezca oculta para siempre. Con ellas regresaron a la memoria de los colombianos las tragedias humanas que nos fueron impuestas por el accionar de los grupos alzados en armas y las tretas y manipulaciones urdidas desde la propia Justicia y encubiertas por los intereses políticos de los que actuaban desde las sombras. Sorprendieron a los que, como Piedad, se creyeron a salvo de la justicia y del juicio de la historia que condenará sus torvos procederes, confiados en el manto de inmunidad e impunidad que habían logrado extender sobre sus conductas y culpabilidades.

Recobran fuerza y pertinencia los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, invalidados presurosamente por una Corte Suprema pugnaz con el gobierno de entonces, y condenados al olvido, a pesar de haber encontrado en los obtenidos en las operativos contra el “Mono Jojoy” y Alfonso Cano, confirmación de la verdad de sus contenidos y, con ello, su pleno valor probatorio. Ya conocemos sin lugar a dudas la identidad de “Teodora de Bolívar”, sus afinidades con las Farc, sus objetivos políticos en complicidad con Hugo Chávez, y su desalmada conducta con los secuestrados, negociando su libertad a conveniencia de sus antojos de poder. Pierde vigencia la frágil sentencia del Consejo de Estado que la libró de toda culpa, y recupera vigor y aplicabilidad la merecida sanción impuesta a la inhumana Teodora” por la Procuraduría de Alejandro Ordoñez. Resulta cierto, otra vez, el conocido aforismo de que la justicia tarda, pero llega.

Invoca Piedad Córdoba el recurrido argumento de ser víctima de persecución política al que todo dirigente de izquierda acude cuando se ve confrontado a verdades incomodas, y que adoba con la insólita pretensión de inmunidad en razón de los altos fines que atribuye a su activismo político, confiando en encontrar eco en instancias judiciales nacionales e internacionales proclives a un sesgo ideológico que sabe favorable. Así ocurrió con Petro, sus bolsas de billetes y la sanción por la calamitosa emergencia de salubridad en el manejo de las basuras en Bogotá; con Iván Cepeda y sus visitas a centros carcelarios en procura de testigos; y con otros que, ante denuncias de mal comportamiento, se valen de idéntica alharaca ante autoridades sensibles a semejantes sinfonías. Esa es la concepción que en esa bandería se tiene de la justicia, presta a absolver al partidario y condenar al adversario, como se practica en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

No contentos con garantizar impunidad para los propios, ahora pretenden entronizar el delito de opinión. Iván Cepeda presentó proyecto en el que se consagra pena de privación de la libertad a quien obstruya acercamientos o diálogos autorizados por el gobierno con grupos armados, o critique la implementación de acuerdos de paz y procesos de reincorporación de sus miembros, que se castigarán con penas de reclusión y de interdicción de derechos y funciones públicas de diez a quince años de cárcel.

Nos amenaza el tránsito de Piedad a la sin piedad   

Democracia sin autoridad no es democracia

Carlos Ibáñez Muñoz

Se me tildará seguramente de facho, de derecha, conservador o algo por el estilo, pero sin lugar a dudas creo que la forma de perpetuar la democracia y fortalecerla es con diálogo, libertades , inclusión y con autoridad . Claro está que no la privilegio como exclusiva forma de gobierno.

Cuando no hay autoridad la sociedad se anarquiza, los derechos se pisotean, la ley se desconoce, la libertad se conculca y el Estado como regulador y armonizador de la vida colectiva se torna inviable.

La autoridad emana del poder público y este se estructura a través de la democracia y como tal está por consiguiente legítimamente constituida.

No concibo la autoridad al servicio de la tiranía o de las dictaduras, o la autoridad ejercida por fuera de los cánones legales y constitucionales.

Pero tampoco concibo una autoridad complaciente, relajada, flexible, condescendiente con el atropello, el delito, el delincuente y mucho menos manoseada.

Lamentablemente en America Latina el principio de autoridad hizo aguas, todo es permisivo, la ley se desconoce y no se actúa sobre el infractor, no se respeta a quien la ejerce debidamente y se le mofa y se le atropella. El principio emblemático de nuestro escudo patrio LIBERTAD Y ORDEN es una quimera o sueño, ya que no se practica ni lo uno ni lo otro. Peligrosamente cuando la autoridad tambalea hay LIBERTINAJE Y ANARQUÍA, y a partir de todo esto se estructura una maléfica cultura comportamental que guía al ciudadano, lo anarquiza y lo introduce en la conducta del TODO SE PUEDE y por ello viola la ley, los reglamentos, las directrices y las más elementales normas de convivencia.

Pero el principio de autoridad empieza a resquebrajarse desde el hogar, los hijos no obedecen a sus padres, son reyezuelos que hacen lo que les venga en gana y así se comportan en sociedad, los progenitores en muchos casos dan mal ejemplo y sus hijos asumen que es normal y sobresaliente el que de manera habilidosa se irrespete la cola, se viole una señal de tránsito, se arroje basuras en la calle, etc. ; tampoco respetan y acatan a sus profesores y las directrices educativas y en ese camino del desconocimiento se van adentrando en una cultura del mal comportamiento.

Los Estados demócratas se fajan por tener indemne el principio de autoridad, que es el soporte del acatamiento de la ley, lo ejercen y lo hacen respetar. No transan con el crimen, hay articulación estrecha con la justicia, ganándose el respeto y el acatamiento de los ciudadanos.

Acá un ladronzuelo capturado por la autoridad policial en flagrancia, a las pocas horas está en la calle y regresa a seguir delinquiendo. La ley vestida de un exuberante atuendo de formalidades no le permite al juez legalizar la captura cuando se desconoce un requisito formal de procedimiento y debe SOLTARLO.

Ya entenderán el porqué en otros países sus ciudadanos son disciplinados y respetan la autoridad y la ley . Sencillamente porque no hay contemplaciones y a todos por igual, ricos y pobres, poderosos y menesterosos, políticos y dirigentes se les aplica.

Restablecer el principio de autoridad y hacerlo respetar garantiza el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, restablece la concordia y convivencia ciudadana y fortalece la democracia.

Carlos Ibáñez Muñoz

Usa , febrero 2022.

Amenazas y sombras en las elecciones

Mario González Vargas

Todo indica que los efectos del pulso entre Rusia y los Estados Unidos en Ucrania han cobrado consecuencias en América susceptibles de afectar nuestra seguridad nacional y de alterar el proceso electoral en Colombia. Las declaraciones del Ministro Molano dieron lugar a un dialogo con el embajador ruso que se limitó al ámbito de la cooperación militar rusa en Venezuela con la provisión de armamento sofisticado al gobierno de Maduro, cuyos usos y destinos despiertan legitima preocupación que no parece haber sido satisfecha con las escurridizas explicaciones del representante de Moscú. Por otra parte, no se registró conversación sobre los hallazgos de la inteligencia colombiana que develaron el despliegue de unidades de radioelectrónica de avanzada tecnología en espacios fronterizos, con capacidades de interceptaciones de sistemas estatales y habilitados para actividades de desinformación, de creación de contenidos que manipulen emociones de los electores y de ataques cibernéticos, ya probadas en 2016 contra los EEUU y en 2019 en Europa. Nada tampoco se dijo de la existencia de continuos y cuantiosos giros a cuentas de ahorro de ciudadanos de escasos recursos en la antesala de las jornadas electorales. No sorprendió la veloz presencia de la delegación de los EEUU, presidida por la subsecretaria de estado Nuland, que enfatizó en “unas elecciones libres y justas”, sin involucramiento de actores externos, y ofreció colaboración para contrarrestar toda forma de intervención indeseable e ilegítima susceptible de alterar la voluntad ciudadana.

Son innegables los intereses políticos foráneos en las elecciones en Colombia. Maduro, Cuba, Nicaragua, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, constituyen la vanguardia de quienes pretenden el ascenso al poder de sectores afines ideológica y políticamente, cuyo triunfo convertiría las elecciones en Brasil en simple trámite y haría irreversible su pretensión hegemónica en toda Latinoamérica. Es evidente que Rusia, China e Irán buscan enraizarse en el hemisferio a manera de amenaza cierta y actual a los EEUU. Es un reto enorme e inédito para los colombianos, su democracia y sus instituciones electorales, cuya vulnerabilidad no ha sido atendida y parece acrecentarse con nuevas alarmas que despuntan amenazantes en el horizonte cercano. A la remoción sorpresiva y tardía de los registradores departamentales, se suman las inconsistencias no corregidas del registro de electores, la politización creciente del CNE y el silencio sobre el contrato con INDRA para la elaboración del software aplicable al escrutinio de los votos, su calidad, imparcialidad e integridad. Nada se conoce sobre su elaboración y características técnicas que generen confianza sobre su idoneidad, que difícilmente se acreditará a posteriori con tardía auditoría de los partidos y movimientos el día electoral. No generan confianza ni tranquilidad las observaciones a softwares de la empresa en otras elecciones, como tampoco que sea Petro, de la mano de Enrique Santiago, el único colombiano y candidato atendido por Indra. Las misiones de observación electoral carecen de competencia para auditar anticipadamente el software, lo que lo convierte en instrumento incuestionable. Las alarmas de la MOE se suman al desasosiego que no perciben muchos precandidatos ni el señor registrador. Nuestra democracia indefensa bajo amenaza.

Aflora el resentimiento por el éxito de los demás

Por: Bernardo Socha Acosta

Nada más sabio que, la envidia es la madre del resentimiento y la madre de todos los vicios. Y sin duda este defecto de las fallas capitales, se junta con los que hacen el papel de “fariseos” y a pesar de tener responsabilidades en la vida pública dejan sus obligaciones para ocuparse negativamente de lo que no deben hacer, como menospreciar el éxito de los demás.

Los tratadistas de la sicología afirman que la antipatía (resentimiento) es un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor.

Eso fue lo que todos pudimos observar la semana pasada cuando un aspirante a la presidencia de Colombia se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano. No se demoró en publicarse la noticia cuando cada uno de los críticos y fuentes de la envidia salieran con su insidia mordaz  para expresar el resentimiento y hasta decir que, ‘ojala no se le olvidara confesar sus pecados,? olvidando el pasaje bíblico que, “el que NO los tenga que arroje la primera piedra”.  Nos preguntamos, quién de los que ha venido ocupando cargos públicos, no tiene faltas. No creo que haya uno solo que no los tenga y muy graves, o gravísimas. Porque, no estén pagando culpas en una cárcel, no significa que sean unos santos inocentes.

Pero este es uno de tantos casos que los colombianos hemos podido vivir, escuchando a nuestos jerarcas  de la vida pública rasgándose las vestiduras y sollosando de resentimiento por la vida de los demás.

Y, podemos entender así que, el resentimiento que aflora en cada momento entre quienes tienen importantes obligaciones de estado, no los deja tranquilos y por ende no los deja hacer las cosas como debiera ser, y los que pagan los platos rotos son los colombianos.

Y de esta peste del resentimiento no escapa la mayoría de los que aspiran a gobernar al país. Da grima  ver a la mayoría de quienes se dicen dirigentes  con aspiraciones presidenciales, o al Congreso de la república y otros entes,  que se les ve en su actitud y pronunciamientos, cómo el resentimiento, la envidia, el odio por sus rivales y el deseo de venganza afloran a cada momento. Con qué espíritu creativo llega una persona de estas a formar parte de órganos del estado, o a ocupar cargos de las tres ramas del poder público, si están consumidos por sendos factores negativos.

Cuando se hace este tipo de análisis, llegamos a concluir de que, sería muy saludable que quienes ocupan cargos públicos o aspiran a ocuparlos, hagan un examen, en qué falta capital están incurriendo, para que tengamos unos verdaderos apóstoles del servicio que represente a un pueblo habido de mejores días. Veamos en qué incurrimos: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza... y quien sabe en qué más.  

bersoa@hotmail.com

Unidad en la diversidad democrática

Mario González Vargas

Un mejor entendimiento del proceso electoral colombiano debe comprender un examen de las variables sociales, culturales y políticas que hoy se expresan y que influyen en las decisiones electorales de los países. Pareciera que vivimos una era de transición que paradójicamente ha favorecido el resurgimiento de formulaciones políticas que considerábamos superadas en vez de estimular expresiones que correspondan a nuevos parámetros culturales y que exigen renovadas concepciones de la vida en sociedad. Esa dicotomía siembra la natural incertidumbre que se esparce por el mundo y que se expresa en el inconformismo generalizado de las instituciones estatales que parecen sin respuestas a los desafíos que se confrontan. Nadie parece escapar a ese flagelo, ni las potencias orbitales en competencia por la preeminencia, ni sus aliados, ni mucho menos los países comprendidos en sus zonas de influencia, como si estuviéramos todos condenados a la impotencia.

En Colombia se pretende la polarización entre una estatización que reviva el nefasto centralismo burocrático, anclada en el desmentido axioma del advenimiento inevitable del socialismo y resistida desde la orilla opuesta con la búsqueda de capacidades propositivas y renovadoras, a las que poco aporta la etérea pesquisa de un centro de ignotas coordenadas. Se nos quiere imponer la percepción de que el capitalismo, no solamente es en sí mismo injusto, sino también ineficaz, por lo que debe ser sustituido por la acción del Estado en la repartición de los recursos colectivos. Proclama el regreso al centralismo burocrático que pauperizó y derrumbó a la Unión Soviética y a sus estados satélites, y esclavizó a los ciudadanos de los países que en Asia, África y América se refugiaron en el despotismo para asegurar una triste supervivencia. Esa es la careta del progresismo que pregona que sin la izquierda radical no hay salvación y que ni siquiera con audiencia papal logra esconder su directa filiación con la utopía que se derrumbó con el Muro de Berlín en el año 89 del siglo pasado. Las coaliciones de Centro Esperanza y Equipo Colombia lograron evaporar su competitividad. A la primera, con un líder que se dedicó a jugar siempre en posición de fuera de lugar, se suma el retiro de Juan Fdo Cristo de la consulta; la segunda, prefirió vetar a sumar, sin suplir su orfandad de proposición con bandera distinta a la autovaloración de sus gestiones locales. Con ello, concentraron el impacto político en la votación de la consulta del Pacto Histórico. En contraste, las candidaturas que apuntan a la primera vuelta conjugan creatividad con representatividad y audiencia de sectores sociales diversos, más inclinados a construir país que a repetir fracasos. Rodolfo Hernández, Luis Gilberto Murillo y Oscar Iván Zuluaga, suman sectores distintos con potencialidades electorales y aspiraciones legítimas que no entrañan amenazas para nadie y son conscientes de la oportunidad de un país renovado, visión compartida por Salvación Nacional y Colombia Justa y Libres. Albergan una mayoría nacional a la que tienen que responder con unidad y determinación en la instancia decisoria si queremos asegurar el destino de Colombia en el mundo que se anuncia.