La propuesta de reforma laboral no tiene equilibrio

Por Bernardo Socha Acosta

Nunca había leído un proyecto de reforma más utópico, que el planteado por el Ministerio del trabajo para la reforma laboral que necesita Colombia.

Parece que el proyecto fue redactado detrás de un lujoso escritorio de una confortable oficina, siguiendo un plan imaginario de sublimidad gubernamental para una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en la armonía que solo existe en un país de las maravillas.

Ese proyecto de reforma laboral que no tiene la sensatez de otros como el de la salud, por ejemplo, si está llamado a fracasar de entrada en el congreso, porque con una iniciativa como esta no perderá tiempo el legislativo. Recordemos que por esta y otras razones ya se hundió otro proyecto de esta naturaleza.

De los 90 y tantos artículos que tiene el proyecto, más de la mitad no se ajusta a la realidad nacional. Si bien tiene algunas novedades positivas, los artículos negativos le quitan todo el valor, porque no tiene equilibrio.

No parece que esa iniciativa haya sido inspirada por la actual Ministra de Trabajo, una persona de mucho talento, experiencia, imaginación y sindéresis. Leyendo el proyecto deja la impresión de haber sido encomendado a alguien que tenga afición de escribir historietas basadas en los cuentos de hadas, porque para un país como Colombia donde la pequeña y mediana fuerza empresarial sobrevive aun de grandes esfuerzos por las razones que todos sabemos, resulta incongruente desde cualquier punto de vista pensar que así pueda sobrevivir la debilitada oferta laboral que hay en nuestro medio.

Si la Ministra se equivocó con el contenido de este proyecto en el que más parece la fórmula lograda en el transcurso de un sueño, ella misma debiera proceder.

Ya hubo suficiente discernimiento por parte de los gremios sobre la inconveniencia del proyecto que pondría en gravísimo riesgo el poco empleo que hay en Colombia, precisamente por los problemas que estamos reseñando. E igualmente algunos trabajadores de plataformas de mensajería expresaron por los distintos medios de televisión su inconformidad porque con esos cambios lo único que les van es a causar reducción de sus ingresos.

Bueno, y en el supuesto caso que este proyecto se diera en el congresos -aunque no lo creo- la situación sería catastrófica porque muchas pequeñas y medianas factorías deberían cerrar sus puertas y llevarse los recursos de inversión a otra parte donde haya mejores oportunidades y tratamiento menos discriminatorio.

Esta situación aumentaría la crisis del desempleo en nuestro país y se incrementaría la informalidad laboral que tanto ha golpeado a la sociedad colombiana.

Un tema de tanta trascendencia para la economía social, tiene que estar basada también en una economía solidaria en la que las partes comprometidas tengan grandes beneficios y responsabilidades para que haya una armonía de las fuerzas de producción y laboral.

Un gobierno y un país a la deriva

Mario González Vargas

La condescendencia con la que sectores de opinión han tolerado las erráticas acciones del presidente Petro ha facilitado la continua y persistente tarea de deconstrucción social y política con la que pretende asegurar su indefinida permanencia en el poder. Todavía hay quienes lo demeritan, creyendo que el sátrapa en ciernes “no tiene ideas sino ocurrencias”, o que padece de trastornos mentales y, por ello, estarían dispuestos a concurrir nuevamente a un dialogo nacional, que no tiene más objetivos que el de permitirle la demolición de la institucionalidad y su sustitución por otra arquitectura que constituya la más radical expresión de su añejo y fracasado credo ideológico.

La historia contemporánea de Colombia no registra un escenario como el que padecemos de un gobierno convocando a la destrucción de la institucionalidad democrática y simultáneamente apelando a la solidaridad de los que se suponían sus defensores. Libre de esos obstáculos no necesita expresar voluntad de concertación, sino apresurar el derrumbe de los valores y de las formas que sostienen al régimen odiado, sin importarle las concesiones transitorias a las que se vea obligado, ni los padecimientos que provocarán en la sociedad colombiana, que son apenas meras exigencias de “la deconstrucción creativa”.

Ello explica su indiferencia con las crisis que se acumulan y su insistencia en una paz total que aporte los sustentos de los que aún carece para dar forma a la institucionalidad que procura levantar. Hoy, procede con el desfinanciamiento de las tres mayores EPS para activar una crisis sanitaria que cobrará millones de desamparados, que no resolverá con médicos ambulantes, ni con un sistema hospitalario público pobre y huérfano de tecnologías avanzadas. Se dispone a perdonar a miles de delincuentes, bajo el manto de insurgentes políticos, así sean solamente asesinos perversos, porque considera irrelevante si tienen o carecen de carácter político para negociar con ellos. “El objetivo es hacer creíble el artículo 22 de la CN, en particular para los excluidos sometidos a dinámicas armadas”, como lo dijo sin sonrojarse el Comisionado de Paz en la Corte Constitucional. "Estas categorías jurídicas, político o no político, no pueden volverse un obstáculo para lograr ese anhelo de la pacificación", sentenció el ministro Osuna. Las consecuencias no se hicieron esperar con la amenaza sistemática a la vida de los opositores que en nada conmueve a quien corresponde garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos.

El gobierno afina sus metas y sus métodos. Desdeña a gobernadores y alcaldes en la defensa de sus comunidades, y poco se inquieta con los bloqueos de carreteras por todo el país que amenazan la seguridad alimentaria y empobrecen a la ciudadanía y a los sectores productivos. Distante se muestra con la seguridad en el proceso electoral. El bien común le es ajeno porque asume como redención la estatización de toda actividad en la nación. Cartilla vieja conocida, como también lo son sus estragos sociales y la entronización de castas gobernantes que se quieren eternizar. Las intervenciones de los magistrados en la reciente sesión de la Corte Constitucional sobre la paz total ojalá se confirmen en las sentencias, como prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas.

El fenómeno inestable de las vías a los Llanos

Por Bernardo Socha Acosta

Cuando se presentan catástrofes por fenómenos naturales surgen múltiples reacciones pero todo mundo ignoramos de plano que la naturaleza también reclama sus derechos que en diferentes formas se le han arrebatado y no siempre de la mejor manera.

Con los fenómenos naturales, muchos quedan convertidos en la leyenda de la torre de Babel. Todos hablan, pero nadie se entiende porque ahí es donde aparecen los profanos y supuestos sabios que todo lo saben.  Unos le echan la culpa  a unos  y estos acusan a otros  pero no miran la  real y propia responsabilidad, o irresponsabilidad, del porqué de los acontecimientos y así transcurre el tiempo en medio de las vacilaciones y hasta torpezas de muchos en las que le causan daño a los demás.

Cuando se habla de fenómenos naturales nada ni nadie puede prever los acontecimientos. Lo que si podemos es ser más previsivos porque cuando la naturaleza se ensaña en una demostración de reclamo por las equivocaciones del pasado, algo peor puede sobrevenir y contra la naturaleza nadie puede luchar.

Los permanentes problemas que se vienen presentando con las vías de transporte a la llanura colombiana, es solo el resultado de la forma como los habitantes de las zonas de la cordillera oriental, y otras, explotan la tierra sin brindarle un mínimo de protección y compensación por lo que le quitamos.

Al dejar la superficie de la tierra expuesta a las lluvias, corrientes de aire y el maltrato de animales y de personas, facilitamos que el agua que debiera ser absorbida por los bosques, cauce brotes erosivos y represamientos subterráneos con alto riesgo de deslizamientos y tragedias materiales y humanas, sumado a la quebrada topografía que hay en esas zonas.

Foto: Slideshare

La filtración del agua en grandes cantidades al interior de la superficie causa sus naturales reacciones que todos podemos entender. Que no queramos, es otra cosa. Pareciera que tengan que sobrevenir hechos peores para que comprendamos la magnitud que estamos viviendo por las imprevisiones, especialmente en zonas de ladera de las cordilleras, sumados a las fallas geológicas.

Y hablando de improvisaciones y confusiones de quienes están cerca de los acontecimientos, hay quienes creen que con simples muros y talanqueras y torpedeándole el paso a quienes necesitan trabajar van a remediar lo que han construido erróneamente en toda su vida.

Quienes laboran la tierra solo les ha interesado sacar sus frutos sin devolverle un mínimo de protección a los predios; han acabado con miles de hectáreas de bosque que son la protección innegable de la tierra. Está bien que se labore la tierra para producir los alimentos, pero que se conserven también abundantes franjas de protección de vegetación con los bosques.  

Lo que hoy estamos experimentando, es la demostración, de cómo la naturaleza da señales de estar reclamándole a la humanidad un mejor tratamiento de lo que ha puesto en sus manos para el disfrute en la vida.

El mundo de la naturaleza, si bien está para nuestro beneficio y hasta para que lo mejoremos con nuestras acciones, nos reclama cuando intentamos destruirla porque su uso y beneficiarnos deben ser de manera recíproca. Es decir, la naturaleza también espera de nosotros un buen trato.

En resumen, podríamos decirse que la afligida y ofendida naturaleza nos está devolviendo lo que sembramos mal.

Y en medio de la natural confusión que todo esto genera, ni las autoridades, ni los medios de comunicación, ni nadie hace pedagogía de cultura en esta materia porque solo se limitan a mirar el presente con ironía y postura farisaica.  Lamentablemente lo que vemos y oímos de algunos comunicadores (algunos) y muchos politiqueros, es una pedagogía mezquina, de intriga, de instigación violenta, embeleco, e hipocresía que es lo que abundan en estos casos, porque de bueno no tienen nada y solo aprovechan las circunstancias para tratar de hacer politiquería barata y venenosa.

Y para finalizar digamos que muchos de quienes se encuentran en la zona afectada,  no tienen ni idea de lo que hacen, ni deben hacer,  y lo único que continúan haciendo equivocadamente, es buscando las víctimas rio arriba…

¿Por quién doblan las campanas?

Mario González Vargas

El presidente Petro parece no haber entendido aún que debe moverse en medio de un escenario político de enorme inestabilidad, que no puede conjurar con discursos grandilocuentes y con nuevos llamados a difusos acuerdos nacionales, difíciles de convenir en medio de los escándalos que lo afectan y adobados con una permanente retórica pendenciera, que se han materializado en una inmensa perdida de capital político.

En el año que completó solo sobresalen las huellas que deja el desgobierno, alimentadas con la escasa comunicación con sus ministros, que se ha tornado en desconfianza, y que no se resolverá con ultimátum a cada uno de ellos, huérfanos de direccionamiento y poco versados, por su condición de activistas, en las artes de gobernar y las exigencias de ejecutar.

Si en algún momento el presidente acarició la posibilidad de lograr algunos consensos con sus opositores que permitieran condiciones para un clima más propicio a la colaboración de las fuerzas políticas y a la comprensión de la ciudadanía, y garantizaran la superación de los amenazantes retos que confronta en el inmediato futuro, su inveterada propensión a la reyerta, imitada por algunos de sus ministros, encendió nuevas hostilidades que tienen por efecto acrecentar la soledad que ya empieza a hacerle compañía.

Ignorar el gobierno las advertencias del registrador sobre las dificultades que se ciernen sobre las elecciones de octubre, como despectiva y retadoramente lo hizo a través del ministro del interior, podría calificarse de ingratitud, si a ellas no se hubiesen sumado la MOE, las Federaciones Nacionales de Departamentos y Municipios, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, todas coincidentes con las inquietudes de los gobernadores y relacionadas con el control que todas las organizaciones armadas ilegales ejercen, cada una sobre amplio número de municipios, que les permitirán viciar impunemente la expresión política de sus moradores.

Resulta incomprensible entender la mansedumbre y pasividad del gobierno con el Eln y sus reiteradas violaciones al cese al fuego, convenido hace pocos días, que no deben tolerarse por la empatía del comisionado de paz, párvulo de crianza del director de la comisión intereclesial de justicia y paz, máxime cuando se conoció el macabro plan del Eln de asesinar al Fiscal General, a la senadora María Fernanda Cabal y al General® Zapateiro, y se evidenciaron desacuerdos inducidos entre los más altos mandos de la Fuerzas Militares.

Al sicariato, extorsión, secuestros, desplazamientos, reclutamiento forzado de menores, violaciones al cese al fuego, divisiones provocadas en el alto mando militar, se le quiere sumar la interferencia electoral, sin que presidente y ministro de defensa se den por aludidos. Pareciera el minucioso plan para debilitar y vencer a la democracia y sus instituciones, a ciencia y paciencia de quien fue elegido con la bandera de convertirnos en ejemplar potencia de la vida. Aumentan los temores de la aplicación de la máxima del progresismo político, la deconstrucción creativa, con la que en otras naciones han logrado espantar las libertades. La última luz de esperanza es la de que en medio de la incompetencia del gobierno tal axioma termine por aplicársele al gobernante y a su séquito cercano.

Qué impresión hay por tratamiento a hospitales públicos

Por Bernardo Socha Acosta

Si después de conocer el aterrador informe que, sobre el presunto abuso de las EPS contra los hospitales públicos del país, no resulta un doliente que se apersone y decida reversar los aberrantes hechos que se cometen contra la salud del pueblo, sería suficiente motivo para no volver a creer en nada ni en nadie después de este cuatrienio, el que diga que va a gobernar.

Es que las cifras aterradoras del presunto abuso de las EPS en Colombia, deja perplejo a cualquier ciudadano.

Sí, a cualquier ciudadano. Pero, entonces ¿qué clase de personas hemos elegido al llamado, flamante y respetado CONGRESO de la república?, si no hace nada ante semejantes actuaciones que atentan y afectan la salud e los colombianos.

O, ¿es que las mal llamadas MAYORÍAS del congreso solo van a cobrar sueldo y no hacen nada, pero absolutamente nada bueno por los colombianos? Porque es el congreso de la república y los entes de control, los responsables de conocer estos oprobiosos hechos que son los que han exacerbado los sentimientos de muchos ciudadanos y jóvenes, que han preferido escoger la REBELDÍA como única manera de protestar y mostrar su desprecio por la degeneración del estado, sin que haya una entidad que se enfrente a estos abusos.

Ese informe que concentra cifras desde 2018 (léalo aquí) reseña que las deudas de las EPS, a la fecha se aproximan a $11 BILLONES. Y por qué no se han pagado esas deudas a los hospitales, si las EPS le cobran sagradamente a los afiliados o pacientes, no solo las mensualidades de salud, sino el llamado copago cuando se tramita una cita médica y hasta para recibir los medicamentos que en muchas ocasiones se limitan a un sobre de Aspirineta o un sobre de acetaminofén.

Y volvemos a preguntarnos, para qué existen entes de control, y una rama legislativa (el CONGRESO) si no se hace nada, porque si se actuara esos hechos se solucionarían. Si existen desde 2018, esos hechos, es porque nadie ha hechos nada en una actitud que podría considerarse cómplice. Entonces para qué entes de control y un congreso de la república que le cuenta a los colombianos BILLONES Y BILLONES anualmente sin que eso se revierta en NADA.

Esto que hoy estamos conociendo, es gracias a la gestión del actual gobierno, porque en el pasado reciente hubo un silencio absoluto y sospechoso, que debiera merecer una severa investigación por partes de las entidades que les corresponde si es que existen y que sus responsables paguen.

O, es que los colombianos seguimos en el antiguo pasado donde mandaban los jefes de las entidades que más tuvieran influencia política e influencia de los corruptos para poder devorar los bienes de este país, y han puesto al pueblo más sufrido a tomar otras vías, hasta las de hecho.

Hoy cuando los señores congresistas debido a la campaña politiquera no están deliberando sino 2 días de la semana, para hacer campañas en los departamentos y municipios, es cuando el pueblo tiene que saber de qué clase de político son los candidatos. Ojo y cuidado con los que no hacen nada en el congreso.

El sendero del cambio en la crisis política

Mario González Vargas

El escándalo desatado por la violación de los topes establecidos para la financiación de la campaña del presidente Petro y por la posible recepción de dineros ilícitos es el tema que desafía poderosamente al régimen democrático colombiano. A pesar de las normas constitucionales y legales establecidas para disuadir su práctica, los atajos se han multiplicado y gozado de impunidad en los procesos electorales posteriores al escándalo del proceso 8.000, amparados en la ética flexible que caracteriza el ejercicio de la política en Colombia.

De poco han servido las normas constitucionales y legales para enervar y castigar las diabólicas mañas de uso corriente en el opaco mundo de la política, avaladas por el silencio temeroso de las gentes, pero no por ello cómplices de sus victimarios.

El Acto Legislativo No 1 de 2009 introdujo el artículo 109 constitucional que estableció que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobados, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Adopta una responsabilidad objetiva que excluye el supuesto de no haber tenido conocimiento del ilícito para arropar su conducta bajo el manto de que “todo ocurrió a sus espaldas”. Al CNE le corresponde determinar si tal violación de topes se produjo y remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la que decidirá si existen los motivos para acusar ante el Senado al presunto infractor y, de encontrar evidencias de conductas ilícitas, enviará las pruebas a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento, previo juicio político. La Corte Constitucional ha considerado que la vulneración de los topes debe considerarse gravísima por sus proporciones y efectos para sustentar la sanción de separación del cargo, condiciones hoy satisfechas con las pruebas ya conocidas, posiblemente complementadas con las que resulten de las investigaciones que se adelantan contra Armando Benedetti y Laura Sarabia y con las mentiras de Roa.

La situación que vivimos exige el correcto desempeño de las autoridades que integran la institucionalidad y pone a prueba su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, de los que dependen la vigencia y fortalecimiento del régimen democrático. El reto es inmenso para el CNE, el Congreso y la Justicia que han sufrido reparos justificados, y aún algunos de ellos padecen circunstancias que han demeritado su accionar y comprometido la confianza ciudadana. La recta aplicación de sus competencias constituye garantía irremplazable para la superación pacífica y necesaria de una situación que debería confirmar el fortalecimiento de la democracia y no su decaimiento.

Todos esperamos que las instituciones permitan divisar la salida del entuerto creado y permitir su desenlace, aún en un ambiente enrarecido, cuyos efectos nocivos pueden llegar a ser insostenibles para el orden jurídico e institucional de Colombia. No es el momento para encubrir la evidencia que aflora por razón de sentimientos partidistas e intereses inconfesables. En estos tiempos convulsos el mejor y más convincente cambio es el de que las instituciones cumplan con independencia y transparencia las funciones que les son propias. Lo contrario sería desandar el camino que con tanto esfuerzo estamos construyendo para vivir en el país que queremos merecer.

El desacato como herramienta de deconstrucción

Mario González Vargas

El presidente Petro confunde la tarea de gobernar con la acción de confrontar. Su negativa a cumplir con la petición de la procuradora de suspensión del alcalde de Riohacha para evitar una eventual comisión de delitos, confirma su desapego con las obligaciones que le impone la ley. Invocar la sentencia de la Corte IDH, que antaño le favoreció, para enervar la aplicación de una medida cautelar que no ha sido objeto de análisis en la sentencia aludida, e ignorar que no existe norma que lo habilite para ejercer control de convencionalidad, competencia de los jueces, constituyen conductas reiterativas de ignorancia supina que ninguno de sus ministros se atreve a disipar.

La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que las sanciones disciplinarias de la Procuraduría no contrarían lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana de 1969. Ha expresado “que la extensiva y desmesurada comprensión de la Corte IDH hace de sus competencias, no se compadece con los estándares internacionales vigentes que no se limitan al examen de su texto, sino que incluyen diversos tratados posteriores sobre la misma materia para ajustarlos a los cambios sociales y a las nuevas realidades con el fin de lograr un entendimiento coherente de la actualización del derecho internacional público”.

Por otra parte, la norma del artículo 23.2 de la Convención es extraña a la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros y contraria a las normas de las Convenciones contra la Corrupción de la OEA y de la ONU. No deben ignorar los que ahora permanecen petrificados en 1969 que, por similares interpretaciones y decisiones, el Tribunal Europeo de Justicia se ha visto enfrentado a fundados desacatos a sus fallos que minan su credibilidad y respetabilidad y deterioran el sistema de justicia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que “la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 de la Constitución, ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica”.

La Procuraduría no es hoy la misma del año 1969. La Asamblea Constituyente de 1991 la convirtió en ente autónomo e independiente, no administrativo, con capacidad para disciplinar a todos los servidores, incluidos los de elección popular, y desde entonces la Corte Constitucional ha reiterado y ajustado esa competencia, últimamente con la sentencia C30 de 2023.

Por lo tanto, Colombia no ha eludido “su compromiso de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, como dispone la Convención Americana de Derechos Humanos, sin necesidad de verse compelida por órdenes de una Corte anclada en las instituciones prevalecientes en 1969.

Le asiste razón a la procuradora en su reclamo al presidente, porque no conviene permitírsele arrasar con la institucionalidad vigente, construida con legalidad y actualización, para cobijar la corrupción y consentir la deconstrucción de las instituciones democráticas.