Como vuelve la campaña política, vuelven las mentiras

¿Otro proyecto de reforma a la salud?, esta vez de liberales se anuncia

Por: Bernardo Socha Acosta

Los colombianos ya detectaron la maniobra de un grupito de liberales manejados por el señor expresidente Gaviria que no puede soportar con su orgullo, que alguien diferente a sus tradicionales intereses pueda hacer algo mejor por actualizar la vieja estructura de la salud en el país.

Estos hábiles políticos incluyendo otros grupitos de esa misma estirpe, que también han comenzado a descender de sus viejas escalas o pirámides dominantes, se inventan cuanta triquiñuela encuentran, con el propósito de seguirle manteniendo los espacios a sus áulicos para tratar de ostentar vigencia, en medio de una sociedad que por fortuna ya asimila la realidad frente  a las mentiras.

Pero los ciudadanos  debemos desenmascararlos y como ya se aproximan las elecciones regionales y municipales para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, fijadas por la Registraduría para el 29 de octubre de este año, 2023, debemos estar listos para rechazar todos aquellos candidatos que los representen, porque ellos volverán a ser los verdugos de las clases populares, no los líderes como nos lo hacían cree para que les hiciéramos venia.

Ahora esos liberales que, de esa ideología tradicional y respetable, no tienen nada, se inventaron que van a presentar su propio proyecto de ley para reformar la salud. Que descaro, qué insulto al país y con qué ingenuidad, piensan que los beneficiarios de la salud  van a creerle a ese grupo de liberales que realmente van a legislar por el bien de los ciudadanos.  Eso es mentira. Por qué hasta ahora se acuerdan de buscarle algo mejor  en materia de asistencia médica al país. Cómo se ve que intentan manipular a los colombianos porque ya se viene una nueva campaña politiquera.

Pero lo peor, es que esos mismos liberales apoyados por algunos grandes  medios de comunicación, se aprovechan de la buena fe de algunos honestos ciudadanos, para decirles mentiras y tratar de indisponerlos contra el gobierno, de tal manera que los respalden para seguirlos esclavizando y  ellos continuar riéndose de los ingenuos, convencidos y sufrido pueblo, al que han mantenido dominado y explotado por muchos años de la historia  nacional.

Con estas anunciadas “REFORMAS” de ese grupo de liberales, estamos a punto de CAER de nuevo en las peligrosas TRAMPAS,  que los codiciosos y ávidos de poder  buscan tenderle al que ellos llaman abusivamente su pueblo.

(bersoa@hotmail.com)   

“Libertad y Orden”

Mario González Vargas

El deterioro de los indicadores sociales y económicos en los siete meses trascurridos desde la asunción de Petro a la presidencia ha empezado a hacer mella en su capacidad para conducir el proceso de cambio prometido. A pesar de que el cambio es fenómeno consustancial a la especie humana, conducirlo con éxito ha sido tarea difícil y casi siempre inconclusa para alcanzar los réditos esperados.

No puede decirse que Petro haya incurrido en el uso del engaño y ocultamiento de sus verdaderas metas e intenciones, como lo hicieron en su momento en similares circunstancias, en las Américas, los adalides de igual credo ideológico: Castro, Ortega y Chávez. Nadie puede endilgarle a Petro el ocultamiento en la campaña electoral de la naturaleza y contenidos de sus programas y de las acciones mediante las cuales los convertiría en realidades. Pródigo fue en sus propuestas de “perdón social” para incorporar a toda clase de condenados o procesados por corrupción o delitos de lesa humanidad a su versión de la “paz total, como insistente también en la legalización de la coca y de su cultivo y en la presentación de reformas que fortalecieran el control y poder del estado y el marchitamiento del sector privado en la economía. Abundan en los anales del debate electoral sus preferencias sobre la deconstrucción creativa y el decrecimiento como fuente de inspiración de una nueva sociedad, así como las elucubraciones sobre una difusa economía popular y la suspensión de exploración y explotación de derivados de hidrocarburos para reemplazarlos por aguacates y turismo durante el periodo de transición a fuentes de energía amigables con el medio ambiente.

Nadie puede sorprenderse por los ceses de fuego fallidos con las organizaciones armadas criminales, que proliferan en los territorios huérfanos del control del estado, ni extrañarse por el proyecto de sometimiento que las favorezcan, y por el que abre las puertas de la cárcel a los peores delincuentes, indultados por voluntad presidencial, entre otros tantos que cursan el en Congreso. Intuitivo, el presidente destituyó al ministro que predijo la implosión controlada que sería su gobierno y silenció a quienes le hicieron coro en la descalificación de la reforma a la salud. Por consiguiente, los ministros serán los únicos responsables de la suerte de sus proyectos en el Congreso. Creer que en Petro cohabitan el radical ideológico y el mesurado demócrata puede hacer larga la fila de sus colaboradores ante el patíbulo. Realidades parecidas nos señalan las dificultades que enfrentan las oposiciones a gobiernos de extremo radicalismo progresista en el continente. En Chile, la ciudadanía, y no los partidos, puso fin al disparatado proyecto de reforma constitucional. Entre nosotros, el hundimiento de la reforma política podría desencadenar igual suerte para otros proyectos de similar factura, lo que provocaría el final de la coalición y agrietaría irremediablemente la gobernabilidad ya precaria. Ese cambio de tercio modifica el escenario de las elecciones de octubre, a las que ya aportan los gobernantes departamentales y municipales con la adopción del lema del escudo nacional, “libertad y orden”, poderoso mandato inequívoco para la estabilidad y futuro de nuestra democracia.

Crece desespero de transportadores y pasajeros

Piden que el impuesto de rodamiento sea para aportar soluciones

Por: Bernardo Socha Acosta

Bucaramanga. – Transportadores y pasajeros coincidieron en afirmar que a las autoridades de la capital de Santander les quedó grande solucionar un grave problema de movilidad que se ha venido acentuando en la Puerta del Sol, de sur a norte. 

Cuando cualquier usuario recorre la meseta de Bucaramanga o el Área Metropolitana en ese sentido ya sea desplazandose de Floridablanca por la autopista, o proveniente de de Girón, la alegría de transitar ambos  corredores viales que han sido mejorados en el pasado, se acaba cuando se aproxima al punto llamada Puerta del Sol. Seguir leyendo

 

El autismo del gobierno

Mario González Vargas

El gobierno del cambio ha dado muestras inequívocas de padecer un autismo persistente que empeora al unísono con los retos que confronta. Esa patología que obedece a la presencia de un “trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior”, ha guiado el errático comportamiento del presidente, del comisionado para la paz y de sus ministros del interior, de defensa y de justicia, frente a la multiplicación de las protestas, paros, bloqueos, atentados y tomas de instalaciones o de poblaciones, advertidas muchas de ellas por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Lo ocurrido en días pasados en el Caguán es ejemplo doloroso de sus efectos entre los responsables del orden público que prefirieron abandonar a los policías en manos de turbas de delincuentes conducidas y recompensadas monetariamente por las disidencias de las Farc, a las que hoy se les ofrece nuevamente un cese al fuego como garantía de negociación de paz. El protocolo elaborado tardíamente por el comisionado para dar continuidad al cese ya decretado el 31 de diciembre pasado, bien puede asemejarse a directrices para “boys scouts”, y no se compadece con las innumerables afectaciones que desde esa fecha se han producido en el país, fortaleciendo el control territorial de todas las organizaciones criminales y narcotraficantes, estimuladas por el obligado acuartelamiento de la fuerza pública. Además, acordar ceses al fuego con cada grupo armado ilegal sólo paraliza a la fuerza pública, pero constituye patente de corso para las confrontaciones entre ellos, y para el sometimiento de pueblos y comunidades al reclutamiento forzado de menores y otras violaciones a los derechos humanos, como lo atestiguan los lamentos de las víctimas en el Cauca y Valle del Cauca, y más recientemente en el bajo Cauca y el nordeste antioqueños y en las zonas mineras de Córdoba, que no tardaran en extenderse a otros teatros de confrontación armada ante la creciente multiplicidad de esas organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

El autismo del presidente y de su sequito se expresa también en el proyecto de ley de sometimiento con el que se pretende toda clase de beneficios para los actores de la violencia: indultos, principios de oportunidad e impunidad asegurada para todos los autores de asesinatos y masacres, así como la recompensa de conservar capitales hasta de 11 mil millones de pesos obtenidos en sus dantescos crímenes de lesa humanidad. Tan grande es la ignominia, que hasta el expresidente Santos y sus favorecidos jefes farianos expresaron su oposición, sin lograr que el presidente desista de lo que califica como “la construcción de un camino pacífico”.

Asistimos al paroxismo de la política de deconstrucción, tan cacareada por la izquierda radical, que arrasará con la democracia y sus libertades, con la seguridad humana y la capacidad de producir y disfrutar de los bienes y servicios inherentes a una vida digna y a una sociedad pacífica. ¿Merecemos los colombianos los padecimientos que nos receta el autismo de nuestros gobernantes?

Desgobierno y caos

Mario González Vargas

Gustavo Petro ha logrado la hazaña de poner en peligro su propio gobierno. Así lo constata alarmado su principal escudero Gustavo Bolívar. En los 210 días transcurridos, el presidente y su gabinete han dado pruebas incontrastables de improvisación y de su incapacidad de entender los retos que se confrontan, potenciada por el radicalismo ideológico del jefe de estado y la impericia y desaciertos de la inmensa mayoría de sus ministros. El presidente no ha logrado comportarse como jefe de estado, ni de gobierno, pero si silenciar las pocas voces que intentan aterrizarlo en la comprensión de las realidades que nos aquejan.

Su promesa de unir al país sólo fue flor de un día. Dio paso a una febril actividad dirigida a arrasar con la institucionalidad vigente para reemplazarla con una estructura estatizada y repudiada por las calamidades que provocó en el mundo, en especial en las Américas, con las experiencias desastrosas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su impaciencia lo alejó de los cauces del entendimiento para la consecución del cambio prometido, y lo dispuso a medidas improvisadas que sólo consiguen acentuar la zozobra y la incertidumbre que acrecientan los temores y erosionan la confianza ciudadana, de los partidos políticos y de la comunidad internacional en los méritos de su gestión.

La paz total se extravió en un cese al fuego unilateral, no convenido con los actores de la violencia y por lo mismo carente de mecanismos y de responsables de su verificación, sólo aplicable a la Fuerza Pública, y cuyo resultado ha sido el empoderamiento del control territorial de las organizaciones criminales que ensangrientan al país con su batalla por los réditos del narcotráfico. Lo acontecido en el Caguán revela el espíritu de sometimiento del gobierno, al haber enviado al contingente policial desarmado al control del orden público, y abandonarlo a la triste suerte de su indefensión y humillación, secuestrados, y uno de ellos asesinado. La calificación de semejante acto como cerco humanitario indica el grado de postración ante cualquier manifestación delincuencial de los grupos armados que gozan hoy de plena libertad para la consecución de sus objetivos. No sorprende entonces la pasividad del gobierno ante la dramática situación del orden público en el bajo Cauca antioqueño, en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, y en el Magdalena medio santandereano, con sus poblaciones confinadas, desabastecimiento de alimentos y medicinas y ruegos de sus autoridades desatendidos por el gobierno. Las denuncias contra el primogénito y el hermano del presidente por supuesta solicitud y recibo de dineros de actores ligados al narcotráfico para la campaña electoral o para beneficio propio, enrarecen aún más el difícil escenario del gobierno en el trámite de sus reformas. Los partidos toman distancia de sus contenidos, la justicia aplica y fortalece sus instrumentos preventivos ante eventuales violaciones de la ley y de la Constitución, y Fiscalía y Procuraduría adelantan las investigaciones que les competen. La institucionalidad cumple con sus deberes, no solamente para intentar rescatarnos del desgobierno y el caos, sino también para evitar la repetición del triste pasado que no se olvida.

La paz total y el mito de Sísifo

Mario González Vargas

La paz ha sido un anhelo frustrado que se ha intentado conjurar sin éxito por todos los gobiernos que se han sucedido en el tiempo. Es como si los colombianos estuviéramos marcados por un sortilegio macabro que nos condena a una violencia constante, pero ajena a nuestros deseos. Petro, en su mejor estilo de promotor de encantos, nos ofrece una paz total, con la que alcanzaríamos el nirvana que nos alejaría por siempre de repeticiones y recaídas que han ensombrecido el espíritu de los colombianos.

Ya lo habían intentado nuestros gobernantes por décadas, sin otro resultado que una repetida frustración. Juan Manuel Santos prefirió acariciar su personal vanidad a la conquista de una paz consensuada que asegurara el definitivo fin de la violencia y promoviera la reconciliación y la sanación de las profundas heridas en el alma de la nación. El acuerdo, impuesto con triquiñuela de tahúr por encima de la voluntad popular, solo logró desencadenar una nueva violencia, aún más mortífera e invasora que la provocada por las Farc y el Eln, porque las carencias que la alimentaron siguieron prevaleciendo en la vida nacional. La precariedad del control territorial por el Estado, el apoyo soterrado de la izquierda radical a la insurgencia y la explotación del narcotráfico y de todas las actividades económicas ilegales por los alzados en armas, acrecentaron el poder de la ilegalidad y amenazaron a una sociedad atemorizada y a una democracia que sufría por superar los retos que confrontaba.

No extraña que hoy padezcamos una expansión de las estructuras criminales que rivalizan por el control de las economías ilegales, que se ha acompañado de un creciente control territorial y de la extensión desmesurada de los cultivos de coca, de la minería ilegal y de todas las actividades delictuales que suelen desplegarse para protección de sus réditos. Se ha logrado retrotraernos al bandolerismo y a la degradación que se expresa en la multiplicación de masacres y crímenes de lesa humanidad que enlutan a la nación, sin capacidad institucional para combatirlos y erradicarlos, al tiempo que se multiplican las estructuras armadas ilegales por todo el territorio nacional. Las fuerzas militares y de policía ya no erradican cultivos, no incautan drogas ni destruyen laboratorios, y el gobierno las mantiene acuarteladas mientras las parafernalias de delincuentes ocupan las calles de las poblaciones y adoctrinan a sus indefensos moradores. Lo acontecido el jueves en el Caguán es la demostración cruenta de la postración que nos imponen, que al menos, por simple sentido del honor, debería provocar la renuncia de mindefensa. La paz total persiste en el proceso de legalización de las economías ilegales y de sus perpetradores, como lo denuncia el Fiscal General en el proyecto de humanización de las penas, y en el del acogimiento, con perdón y olvido y mal habidas riquezas en el proyecto de país “potencia de la vida” que desvela al presidente. Olvidadas permanecerán las víctimas, como ya aconteció en el acuerdo con las Farc, pero todos seremos apesadumbrados testigos de la reedición del mito de Sisifo en la perduración de la criminalidad en la vida nacional.

El precio de los combustibles pondría en apuro al gobierno

Por: Bernardo Socha Acosta

Los malos momentos de los colombianos requieren del concurso de quienes de forma generosa aportan su granito de arena para ayudar a construir y no a destruir como suelen hacerlo quienes precisan erradamente de ser los salvadores del futuro, cuando tuvieron 40 y 60 años gobernando y solo trajeron hambre y violencia, esa que estamos sufriendo hoy.

Todos los días lamentablemente vemos desajustes sociales y de la economía; y, sino miremos lo grave que está ocurriendo el Sur de Colombia con el secuestro de la fuerza pública y asesinato de policías.

Y luego de varios sondeos de opinión, encontramos que entre las acciones causantes del inconformismo popular contra el actual gobierno, está el reajuste permanente de los precios de los combustibles, hecho que debiera ser más gradual para evitar que esto se convierta en una peligrosa mina explosiva y hasta en una pesadilla, por tratar de hacer lo que no hicieron otros mandatarios.

Quienes saben que el reajuste de los combustibles es la respuesta a la nula acción de gobiernos pasados, también creen que la solución no se puede lograr sacrificando de un solo tajo a quienes trabajan (los transportadores) y causándole más problemas a los consumidores porque sin duda que el permanente reajuste de los combustibles está aportando un permanente encarecimiento del valor de la canasta familiar, y eso está también minando los ánimos del pueblo colombiano que podría revertirse en un nuevo estallido social.

Ojalá que los consejeros presidenciales y el equipo del gobierno sean sensatos y a tiempo conjuren una revuelta peor.

El problema de los combustibles comenzó a gestarse en 2007, con la ley 1151 aprobada por el congreso de la república y sancionada por el presidente de la época. Fue entonces con el artículo 69 de esa ley, sobre creación del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles (FEPC) adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que comenzó lo que hoy es un calvario que puede dar origen a graves problemas sociales. Los transportadores ya no aguantas más. Y como esos precios inciden en el costo de vida, pues los consumidores tampoco aguantas más el precio de los alimentos.

Esa medida (fondo de estabilización de precios) que se represó de mala o buena fe, es la que está tratando de resolver este gobierno para evitar problemas peores, pero los reajustes fijados a los combustibles para cada mes, son absurdos por su cuantía. Los incrementos se podrían hacer, pero con unos montos menores que no afecten gravemente el costo de vida.

El momento que vive Colombia, con una atapa de inflación, un desenfrenado costo de vida y una amenaza de violencia que se enfrenta al proyecto de paz total, exige mesura del gobierno, porque si bien está haciendo esfuerzos para buscar soluciones a graves problemas del pasado, como por ejemplo la entrega de tierras para que trabajen los campesinos y desmovilizados de las guerrillas y paramilitares, aun no se está produciendo nada para surtir la demanda de comida que clama el mercado. Entonces, es urgente frenar los reajustes en los combustibles.

El gobierno no puede intentar darle solución a todo de una vez, y menos cuando tiene unos sectores de la política tradicional que se han convertido casi en un cáncer maligno, que ni trabajan ni dejan hacer las cosas que necesita Colombia. (bersoa@hotmail.com)