Las insensibles acciones de empresas de servicios

Por Bernardo Socha Acosta

Se equivocaron en forma inelegante algunos empleados de Empresas de Servicios Públicos domiciliarios en la liquidación de las tarifas durante el tiempo de cuarentena por la pandemia del Coronavirus.

Pero que les pasó a los operarios encargados de la liquidación de esos servicios, que principalmente son, Gas, electricidad, agua, aseo y alcantarillado. ¿El abuso es decisión de los empleados?... o es una directriz de los gerentes de cada compañía prestadora de servicios domiciliarios.   Pues, sea la una o la otra, es una violación de los derechos del consumidor y un abuso que tendrá que ser castigado con  rigurosidad por la Superintendencia de Servicios Públicos que ya tiene buena parte de las denuncias. El gas y aseo por citar dos de los comprometidos, si, no se abrió la dependencia, (ya sea tienda, oficina, consultorio, lonchería, almacén, etc.), que consumo pudo registrarse de estos servicios. Pues, ninguno. ¿Entonces, en qué cabeza puede caber, hacer un cobro del servicio, y decimos, porque han llegado los recibos con cifras quizás más altas que las habitual? No hay derecho a tantos atropellos.

Cerca de 90 mil quejas que reveló el noticiero de Caracol Televisión, (según Diego Alvira) sobre el particular, demuestra esa flagrante y odiosa equivocación o abuso que cometieron, esas compañías. Y ese número de denuncias no es toda la realidad. Hay muchas quejas que no se dan a conocer debido a varios factores.

Para cualquier persona con mediana sindéresis, hay, o no abuso… Es de sentido común entonces, decir que, es un cruel atropello que se está cometiendo y que la autoridad competente debe castigar sin contemplación.  ¿Cómo pretende una empresa de servicios públicos hacer que le pague una tarifa por servicios que no se ha prestado?  Dónde está la solidaridad. O si no la tienen, o no la conocen,   dónde está el principio de justicia social; o si tampoco la conocen, dónde está la filosofía o el principio misional  de una empresa de servicios públicos que se debe a los consumidores.

   

Con esta actitud, se está demostrando que en esa determinada empresa, hay unos directivos que son insensibles y además irrazonables  ante la tragedia que estamos viviendo los usuarios, o concretamente los  dueños de una determinada oficina o local de atención al público, porque ante la obligatoriedad  de la cuarentena no están devengando ningún ingreso y  que además se suma el pretender hacerlo pagar por algo que no se recibió.

Esa actitud de esas empresas prestadoras de servicio, (que creemos no sean todas) es desafiante a la luz de la normatividad, y de la acción de la autoridad, o una burla y humillación al consumidor. Nadie puede describir esta reprochable actitud, tras haberse divulgado una serie de directrices del gobierno nacional para buscarle un tratamiento diferente a estos menesteres.  O, más bien  pareciera que algunas empresas  prestadoras de servicios públicos, hubieran pretendido  hacer jugosas ganancias con estos cobros irregulares, con el sacrificio y la mala hora que la pandemia del Coronavirus  le jugó  a los consumidores de estos servicios.

Es realmente lamentable que esto ocurra, que mientras la mayoría de integrantes de los gobiernos, nacional, departamental y municipales, hacen ingentes esfuerzos para superar las difíciles dificultades que ha traído el Covid 19, otros muy pocos, borran de un tajo  las acciones buenas y solidarias de la mayoría.

Evolución o retraso, de las medidas contra el Coronavirus

           Por: Bernardo Socha Acosta

El gobierno nacional va a tener que modificar o cambiar la estrategia para el control de la pandemia del Coronavirus, de lo contrario el pueblo colombiano que no va a morir del Contagio, va a morir de otras patologías, como la mental por ejemplo y algunas otras que pueden generar las ya, burdas y rústicas medidas.

Nadie puede demeritar o negar los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano, junto con los departamentos y municipios,  por buscarle de una u otra forma el freno a la enfermedad y de formular alternativas de alivio a la zozobra social, pero las medidas sancionatorias deben contar con alternativas en las que hagan tomar parte a la población.

Ya es hora de que el gobierno no se quede solo en reprimir totalmente a la población y si bien son necesarias las medidas fuertes,  no se puede responder con atropellos económicos y sancionatorios cuando unas personas desesperadas y FATIGADAS por el confinamiento pretenden salir en un puente festivo a darse un descanso por el campo, una forma de Terapia, quizás de las mejores que existen,  para buscar un alivio a lo que están o estamos viviendo,   no por responsabilidad del  gobierno, sino por irresponsabilidad, de no se sabe quién… que puso con ese virus al mundo en apuros,  que muchos han catalogado como peligrosa arma biológica.    

Pero, ante la situación del mal que ya está hecho, como es la extensión mundial del Coronavirus,   el gobierno, si bien al comienzo eran válidas las fuertes medidas,  no puede quedarse ahí. Tiene que evolucionar so pena de incurrir en otro tipo de patología, quizás más peligroso como son las   enfermedades mentales que se derivan de distintas causas, entre ellas el confinamiento, el desespero económico, etc, etc.

Hay que considerar que, a una sociedad desesperada, no se le puede tratar con violencia económica, que es en lo que están cayendo las autoridades. Una familia que por su exaspero quiere irse a un campo a descansar un fin de semana, donde encuentra abundantes alimentos, abundante agua  y alejados del  desesperante, UNICO ruido de las motos, encuentra su mayor frustración cuando es atropellado en su integridad con inmovilización de su vehículo, multa contra el vehículo y multa contra las dos o cuatro personas que viajaban;  aquí que le queda por hacer a esta frustrada familia.

La actitud de quienes pretenden salir a descanso en un puente festivo, a pesar de las restricciones y severas multas, no puede ser normal y alguna patología grave puede estarse incubando.  A esas manifestaciones  no se les puede pretender corregir con violencia económica, porque si hay algo repudiable   es la humillación de quienes ostentan el poder del estado, con el uniforme y las armas, como le ocurrió por estos días a un vendedor ambulante  adulto mayor en una de las calles de Bogotá.  

Y decía al comienzo de este escrito, que el gobierno debe cambiar su estrategia, so pena de llegar al momento, de que las medidas como remedio, resulten peor que la enfermedad.  

Y es que, porque no se diseñan medidas en las que se comprometa también la responsabilidad de los actores que deseen hacer determinada acción. Por ejemplo, los casos que vimos en este comienzo de puente festivo. Muchos querían salir quizás a muchas fincas cerca de Bogotá; pues perfectamente podrían dejarlos salir, siempre y cuando se sometan a un control en el que se compruebe en esos retenes, que son personas sanas, sin ningún síntoma de la enfermedad, y lo mismo hacer cuando vuelva a  regresar a Bogotá, o a cualquier otra ciudad. Que estas personas  comprueben que se encuentran en perfectas condiciones.  O aún, una medida más fuerte y rigurosa, que sería el sometimiento a un AISLAMIENTO de quince días, a su regreso.   Esta medida comprometería a quien quera salir fuera del perímetro urbano de su ciudad. Así quien quiera salir, lo piensa y determina si cuando regrese  se aislan por 15 días en forma obligatoria. Estas son medidas que comprometen a las partes, en cambio de las humillaciones y afectación económica que han tenido que pasar muchas familias.

Justicia y derechos

     Mario González Vargas

El COVID-19 es un enemigo implacable que dirige sus ataques hacia los sectores de población más vulnerables Hoy apunta a los reclusos, en medio de la crisis mayúscula del sistema carcelario, que arrastra los efectos del desgreño en resolverla. El hacinamiento es terreno abonado para el desastre, a pesar de ser calificado desde el 2013 como un estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional. Su crónica irresolución cobra vidas indefensas en las cárceles colombianas. A este gobierno le correspondió la difícil tarea de enfrentar la emergencia con Decretos y Resoluciones, que serán efímeros sino se inscriben y complementan con una política criminal del Estado que ponga orden y armonía en ese escenario desvencijado de la justicia y el régimen carcelario.

No bastará con disponer la libertad provisional de unos pocos reclusos considerados de menor peligrosidad, o de temporalmente abstenerse de proferir medidas de aseguramiento intramurales, como recomienda el Fiscal General, sino de construir una sólida política criminal que imprima a la vez celeridad en la resolución de los procesos y respeto por los derechos humanos en los estrados judiciales y los espacios de reclusión. Implica, no solamente la sustitución del Inpec que, con un diseño institucional de más de 70 sindicatos de guardianes se desmorona en medio de su ineficiencia y corrupción, sino también la mejora del sistema acusatorio para que sea herramienta de investigación eficaz y de solución oportuna de los procesos judiciales, y respete que la detención preventiva es excepcional y debe imponerse exclusivamente cuando: i) sirva para evitar la obstrucción de la justicia por parte del imputado; ii) el imputado constituya un peligro para la sociedad o la víctima; iii) sea probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumpla la sentencia.(art 308 Código Procedimiento Penal) El incumplimiento de la norma permite que en las cárceles sean mayoría los investigados y no los condenados, que las investigaciones no avancen y las sentencias condenatorias o absolutorias tarden décadas en expedirse, porque el parámetro de eficiencia de jueces y fiscales es el número de privaciones de la libertad. La justicia espectáculo entraña la violación de los derechos humanos de los sindicados. Acudir a los órganos del Sistema Interamericano de DDHH o a la Comisión de DDHH de la ONU, termina siendo, para vergüenza nuestra, el último recurso para buscar debida, pero tardía justicia.

La reforma a la Justicia exige mucho más que elevar la edad de los magistrados o aumentar el periodo de su desempeño. El aumento de sus prebendas y privilegios no rescatará su prestigio, que siempre debe fundarse en su imparcialidad, su independencia, su saber y su moralidad, que deben prevalecer en todos los despachos de la justicia. Confiemos en que el gobierno, en este estado de urgencia, logre consolidar el Estado Social de Derecho que merecemos.

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Epidemia de la corrupción un calvario que no debe perdurar

          Mario González Vargas

Al reanudarse las obras de construcción para reanimar el desfalleciente sector productivo, estamos en derecho de esperar que ellas se cumplan libres de todos los errores, incumplimientos y corrupción que las han acompañado durante los últimos decenios, con enormes afectaciones al erario público, a la infraestructura del país y al prestigio de la ingeniería nacional.  No quisiéramos revivir escenarios de obras que cumplen diez o más años para su entrega, cuando no inconclusas, ni la repetición de la inoperancia de las interventorías, ni el desgreño para la imposición de sanciones sin proporción con los daños causados, que pocas veces se han acompañado de inhabilidades para nuevas contrataciones, estimulando así un carrusel que no tiene quien lo ronde.

Los ejemplos abundan y algunos provocan legítima indignación.  El túnel de la Línea ha tardado décadas y hoy es obra inconclusa; las Rutas del Sol, por cuyos incumplimientos Odebrecht pretende impunidad para todos los delitos que rodearon su contratación y su pobre ejecución; el puente atirantado de Chirajara que se desplomó durante su construcción, sin que se conozcan responsabilidades ni sanciones; el puente atirantado de Hisgaura, con un nivel asfáltico propio de un acordeón, y cuya seguridad no está garantizada.  Todo ello, sin contar con los edificios que se derrumban a los pocos años de su construcción, o con la reiterada incapacidad para sortear los desafíos de la naturaleza en la vía al Llano y en la de Bucaramanga a Barrancabermeja.

Pero la tapa es lo acontecido con la construcción de dos grandes puentes sobre el Río Magdalena: Santa Lucía, que cruza el brazo izquierdo, y Roncador, que cruza el brazo principal, con una inversión de 300.000 millones. En la obra, a cargo del Fondo de Adaptación, concurrieron Cormagdalena e Invías. Cormagdalena demoró cinco años en expedir el permiso para la obra que vino a entregar pocos días antes de su inauguración, e Invías recibió los puentes sin atender a un defecto estructural de enorme importancia: se construyeron sobre la principal arteria fluvial de Colombia sin percatarse de las condiciones de navegabilidad. En el puente Roncador, sus columnas distan entre si 160 metros, cuando lo requerido para el paso de convoyes es de 190m. Crearon un cuello de botella para la navegación del río que no tiene otra solución que nuevas y millonarias inversiones para hacer obras de encauzamiento que requerirán permiso de Cornagdalena, que no las contempla en su plan de inversiones. Implicaría pagar por algo que se pudo evitar, porque el puente no puede obstaculizar la navegación, y reconstruirlo sería mucho más costoso.

El gobierno debe velar por que los procesos de selección de contratistas se ajusten a los más exigentes principios éticos y consulten las capacidades técnicas, y las condiciones de experiencia y solvencia económica que garanticen la ejecución de las obras, si quiere que en los trabajos que se avecinan no se repitan las mañas, omisiones y corruptelas del pasado. De nada habrán servido los sacrificios durante la pandemia si seguimos condenados al mismo calvario.

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Columna de opinión: Tarea descomunal y sin destino

        Mario González Vargas

Con la expedición del decreto 601 de 2020 que faculta al Comisionado para la Paz “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados-GAO- presentes en el territorio nacional”, el doctor Ceballos se verá confrontado simultáneamente a persistente herencia del pasado y a nuevas realidades del presente. El ELN, por treinta años, ha abusado de la voluntad de paz de los colombianos, en tretas sucesivas que han desactivado a su conveniencia y que hoy procuran desvergonzadamente reiniciar. El ELN ha mutado en estos años, despojándose de su naturaleza subversiva para mudarla a la condición delictual propia de las organizaciones que se lucran del narcotráfico y se complacen en el ejercicio de la violencia como instrumento de terror. Es un GAO más, como lo dispone este decreto, que permite aplicarle las disposiciones del ministerio de defensa que autorizan las acciones militares, comprendido el bombardeo a sus campamentos. El ELN, como las disidencias de las FARC y todas las Bandas Criminales que compiten entre sí por las áreas de cultivo de la coca y la preeminencia en el tráfico de la droga, en una guerra sin regla distinta al aniquilamiento de la competencia y al control de las poblaciones mediante el terror, constituyen la más clara amenaza humanitaria, de seguridad y de salubridad que jamás haya confrontado el país. No profesan ideología alguna, ni se caracterizan por estructuras jerárquicas rígidas; son ejércitos de mandos pasajeros, cuyos reemplazos no presentan dificultades, porque lo que importa son los réditos de sus actividades de narcotráfico, minería ilegal y contrabando. El sometimiento de algunos de sus mandos no afecta la continuidad de la empresa criminal.

El ELN y las disidencias farianas son engranajes del escenario geopolítico que mantiene a Maduro en el poder, indispensables para la insaciable sed de riqueza y de poder del tirano y su séquito. Tarea descomunal la que le confían al diligente Comisionado que podría diluirse en el inmenso desgaste político que le espera en medio del fortalecimiento del dominio territorial que ya ostentan las GAO en algunas regiones del país, adormecido por los cantos de sirena de una paz diseñada para ser siempre esquiva e inconclusa.  Así se lograría aplazar una vez más el reto fundamental del Estado colombiano: consolidar el dominio del territorio.

Llegar y permanecer en el territorio es el paso fundamental que le permitirá a Colombia consolidarse como Estado Social de Derecho y desarrollar una estrategia en un orden mundial en revisión, que requiere en América Latina liderazgo orientador. Un país que une a su estratégica ubicación geográfica, la riqueza de albergar idiosincrasias andina, caribe, pacífica, llanera y amazónica, está llamado a promover los intereses y coordinar esfuerzos e iniciativas para el ascenso de la América mestiza en el nuevo orden mundial.  Ese debe ser nuestro destino y a ese objetivo debemos orientar todas nuestras capacidades.

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