jueves, 28 de mayo de 2020
Las insensibles acciones de empresas de servicios
Por Bernardo Socha Acosta
Se equivocaron en forma inelegante
algunos empleados de Empresas de Servicios Públicos domiciliarios en la
liquidación de las tarifas durante el tiempo de cuarentena por la pandemia del
Coronavirus.
Pero que les pasó a los operarios
encargados de la liquidación de esos servicios, que principalmente son, Gas,
electricidad, agua, aseo y alcantarillado. ¿El abuso es decisión de los empleados?... o es una directriz de los
gerentes de cada compañía prestadora de servicios domiciliarios. Pues, sea la una o la otra, es una violación
de los derechos del consumidor y un abuso que tendrá que ser castigado con rigurosidad por la Superintendencia de
Servicios Públicos que ya tiene buena parte de las denuncias. El gas y aseo por citar dos de los
comprometidos, si, no se abrió la dependencia, (ya sea tienda, oficina,
consultorio, lonchería, almacén, etc.), que consumo pudo registrarse de estos
servicios. Pues, ninguno. ¿Entonces, en qué cabeza puede caber, hacer un cobro
del servicio, y decimos, porque han llegado los recibos con cifras quizás más
altas que las habitual? No hay derecho a tantos atropellos.
Cerca de 90 mil quejas que
reveló el noticiero de Caracol Televisión, (según Diego Alvira) sobre el
particular, demuestra esa flagrante y odiosa equivocación o abuso que
cometieron, esas compañías. Y ese número de denuncias no es toda la realidad. Hay
muchas quejas que no se dan a conocer debido a varios factores.
Para cualquier persona con
mediana sindéresis, hay, o no abuso… Es de sentido común entonces, decir que,
es un cruel atropello que se está cometiendo y que la autoridad competente debe
castigar sin contemplación. ¿Cómo
pretende una empresa de servicios públicos hacer que le pague una tarifa por
servicios que no se ha prestado? Dónde
está la solidaridad. O si no la tienen, o no la conocen, dónde
está el principio de justicia social; o si tampoco la conocen, dónde está la
filosofía o el principio misional de una empresa de servicios públicos que se
debe a los consumidores.
Con esta actitud, se está
demostrando que en esa determinada empresa, hay unos directivos que son insensibles y además irrazonables ante la tragedia que estamos viviendo los
usuarios, o concretamente los dueños de
una determinada oficina o local de atención al público, porque ante la
obligatoriedad de la cuarentena no están
devengando ningún ingreso y que además
se suma el pretender hacerlo pagar por algo que no se recibió.
Esa actitud de esas empresas
prestadoras de servicio, (que creemos no
sean todas) es desafiante a la luz de la normatividad, y de la acción de la
autoridad, o una burla y humillación al consumidor. Nadie puede describir esta
reprochable actitud, tras haberse divulgado una serie de directrices del
gobierno nacional para buscarle un tratamiento diferente a estos
menesteres. O, más bien pareciera que algunas empresas prestadoras de servicios públicos, hubieran
pretendido hacer jugosas ganancias con
estos cobros irregulares, con el sacrificio y la mala hora que la pandemia del
Coronavirus le jugó a los consumidores de estos servicios.
Es realmente lamentable que esto ocurra, que
mientras la mayoría de integrantes de los gobiernos, nacional, departamental y
municipales, hacen ingentes esfuerzos para superar las difíciles dificultades que
ha traído el Covid 19, otros muy pocos, borran de un tajo las acciones buenas y solidarias de la
mayoría.
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Bernardo Socha Acosta
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sábado, 23 de mayo de 2020
Evolución o retraso, de las medidas contra el Coronavirus
Por: Bernardo Socha Acosta

Nadie puede demeritar o negar
los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano, junto con los
departamentos y municipios, por buscarle
de una u otra forma el freno a la enfermedad y de formular alternativas de
alivio a la zozobra social, pero las
medidas sancionatorias deben contar con alternativas en las que hagan tomar
parte a la población.
Ya es hora de que el gobierno
no se quede solo en reprimir totalmente a la población y si bien son necesarias
las medidas fuertes, no se puede
responder con atropellos económicos y sancionatorios cuando unas personas
desesperadas y FATIGADAS por el confinamiento pretenden salir en un puente
festivo a darse un descanso por el campo, una forma de Terapia, quizás de las mejores
que existen, para buscar un alivio a lo
que están o estamos viviendo, no por responsabilidad del gobierno, sino por irresponsabilidad, de no
se sabe quién… que puso con ese virus al mundo en apuros, que muchos han catalogado como peligrosa arma
biológica.
Pero, ante la situación del mal
que ya está hecho, como es la extensión mundial del Coronavirus, el
gobierno, si bien al comienzo eran válidas las fuertes medidas, no puede quedarse ahí. Tiene que evolucionar so pena de incurrir
en otro tipo de patología, quizás más
peligroso como son las enfermedades mentales que se derivan de
distintas causas, entre ellas el confinamiento,
el desespero económico, etc, etc.
Hay que considerar que, a una sociedad
desesperada, no se le puede tratar con violencia económica, que es en lo que
están cayendo las autoridades. Una familia que por su exaspero quiere irse a un
campo a descansar un fin de semana, donde encuentra abundantes alimentos, abundante
agua y alejados del desesperante, UNICO ruido de las motos, encuentra su mayor frustración cuando es atropellado
en su integridad con inmovilización de su vehículo, multa contra el vehículo y
multa contra las dos o cuatro personas que viajaban; aquí que le queda por hacer a esta frustrada
familia.
La actitud de quienes pretenden salir a descanso en un puente festivo,
a pesar de las restricciones y severas multas, no puede ser normal y alguna
patología grave puede estarse incubando.
A esas manifestaciones no se les
puede pretender corregir con violencia económica, porque si hay algo repudiable es la
humillación de quienes ostentan el poder del estado, con el uniforme y las armas,
como le ocurrió por estos días a un vendedor ambulante adulto mayor en una de las calles de Bogotá.
Y decía al comienzo de este
escrito, que el gobierno debe cambiar su estrategia, so pena de llegar al momento,
de que las medidas como remedio, resulten peor que la enfermedad.
Y es que, porque no se diseñan
medidas en las que se comprometa también la responsabilidad de los actores que
deseen hacer determinada acción. Por ejemplo, los casos que vimos en este
comienzo de puente festivo. Muchos querían salir quizás a muchas fincas cerca de
Bogotá; pues perfectamente podrían dejarlos salir, siempre y cuando se sometan
a un control en el que se compruebe en esos retenes, que son personas sanas, sin
ningún síntoma de la enfermedad, y lo mismo hacer cuando vuelva a regresar a Bogotá, o a cualquier otra ciudad. Que
estas personas comprueben que se encuentran
en perfectas condiciones. O aún, una
medida más fuerte y rigurosa, que sería el sometimiento a un AISLAMIENTO de quince
días, a su regreso. Esta medida comprometería a quien quera salir
fuera del perímetro urbano de su ciudad. Así quien quiera salir, lo piensa y
determina si cuando regrese se aislan por 15 días en forma obligatoria.
Estas son medidas que comprometen a las partes, en cambio de las humillaciones y
afectación económica que han tenido que pasar muchas familias.
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Bernardo Socha Acosta
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Etiquetas: Coronavirus, medidas, EvvolucionoRetraso
miércoles, 20 de mayo de 2020
Justicia y derechos
Mario González
Vargas
El COVID-19 es
un enemigo implacable que dirige sus ataques hacia los sectores de población
más vulnerables Hoy apunta a los reclusos, en medio de la crisis mayúscula del
sistema carcelario, que arrastra los efectos del desgreño en resolverla. El
hacinamiento es terreno abonado para el desastre, a pesar de ser calificado
desde el 2013 como un estado de cosas inconstitucional por la Corte
Constitucional. Su crónica irresolución cobra vidas indefensas en las cárceles
colombianas. A este gobierno le correspondió la difícil tarea de enfrentar la
emergencia con Decretos y Resoluciones, que serán efímeros sino se inscriben y
complementan con una política criminal del Estado que ponga orden y armonía en
ese escenario desvencijado de la justicia y el régimen carcelario.
No bastará con
disponer la libertad provisional de unos pocos reclusos considerados de menor
peligrosidad, o de temporalmente abstenerse de proferir medidas de
aseguramiento intramurales, como recomienda el Fiscal General, sino de
construir una sólida política criminal que imprima a la vez celeridad en la
resolución de los procesos y respeto por los derechos humanos en los estrados
judiciales y los espacios de reclusión. Implica, no solamente la sustitución
del Inpec que, con un diseño institucional de más de 70 sindicatos de
guardianes se desmorona en medio de su ineficiencia y corrupción, sino también
la mejora del sistema acusatorio para que sea herramienta de investigación
eficaz y de solución oportuna de los procesos judiciales, y respete que la detención
preventiva es excepcional y debe imponerse exclusivamente cuando: i) sirva para
evitar la obstrucción de la justicia por parte del imputado; ii) el imputado
constituya un peligro para la sociedad o la víctima; iii) sea probable que el
imputado no comparezca al proceso o que no cumpla la sentencia.(art 308 Código
Procedimiento Penal) El incumplimiento de la norma permite que en las cárceles
sean mayoría los investigados y no los condenados, que las investigaciones no
avancen y las sentencias condenatorias o absolutorias tarden décadas en
expedirse, porque el parámetro de eficiencia de jueces y fiscales es el número
de privaciones de la libertad. La justicia espectáculo entraña la violación de
los derechos humanos de los sindicados. Acudir a los órganos del Sistema
Interamericano de DDHH o a la Comisión de DDHH de la ONU, termina siendo, para
vergüenza nuestra, el último recurso para buscar debida, pero tardía justicia.
La reforma a la
Justicia exige mucho más que elevar la edad de los magistrados o aumentar el
periodo de su desempeño. El aumento de sus prebendas y privilegios no rescatará
su prestigio, que siempre debe fundarse en su imparcialidad, su independencia,
su saber y su moralidad, que deben prevalecer en todos los despachos de la
justicia. Confiemos en que el gobierno, en este estado de urgencia, logre
consolidar el Estado Social de Derecho que merecemos.
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jueves, 14 de mayo de 2020
Epidemia de la corrupción un calvario que no debe perdurar
Mario González Vargas
Al reanudarse las obras de
construcción para reanimar el desfalleciente sector productivo, estamos en
derecho de esperar que ellas se cumplan libres de todos los errores,
incumplimientos y corrupción que las han acompañado durante los últimos
decenios, con enormes afectaciones al erario público, a la infraestructura del
país y al prestigio de la ingeniería nacional.
No quisiéramos revivir escenarios de obras que cumplen diez o más años
para su entrega, cuando no inconclusas, ni la repetición de la inoperancia de
las interventorías, ni el desgreño para la imposición de sanciones sin
proporción con los daños causados, que pocas veces se han acompañado de inhabilidades
para nuevas contrataciones, estimulando así un carrusel que no tiene quien lo
ronde.
Los ejemplos abundan y algunos
provocan legítima indignación. El túnel
de la Línea ha tardado décadas y hoy es obra inconclusa; las Rutas del Sol, por
cuyos incumplimientos Odebrecht pretende impunidad para todos los delitos que
rodearon su contratación y su pobre ejecución; el puente atirantado de
Chirajara que se desplomó durante su construcción, sin que se conozcan
responsabilidades ni sanciones; el puente atirantado de Hisgaura, con un nivel
asfáltico propio de un acordeón, y cuya seguridad no está garantizada. Todo ello, sin contar con los edificios que
se derrumban a los pocos años de su construcción, o con la reiterada incapacidad
para sortear los desafíos de la naturaleza en la vía al Llano y en la de
Bucaramanga a Barrancabermeja.
Pero la tapa es lo acontecido
con la construcción de dos grandes puentes sobre el Río Magdalena: Santa Lucía,
que cruza el brazo izquierdo, y Roncador, que cruza el brazo principal, con una
inversión de 300.000 millones. En la obra, a cargo del Fondo de Adaptación,
concurrieron Cormagdalena e Invías. Cormagdalena demoró cinco años en expedir
el permiso para la obra que vino a entregar pocos días antes de su
inauguración, e Invías recibió los puentes sin atender a un defecto estructural
de enorme importancia: se construyeron sobre la principal arteria fluvial de
Colombia sin percatarse de las condiciones de navegabilidad. En el puente
Roncador, sus columnas distan entre si 160 metros, cuando lo requerido para el
paso de convoyes es de 190m. Crearon un cuello de botella para la navegación
del río que no tiene otra solución que nuevas y millonarias inversiones para
hacer obras de encauzamiento que requerirán permiso de Cornagdalena, que no las
contempla en su plan de inversiones. Implicaría pagar por algo que se pudo
evitar, porque el puente no puede obstaculizar la navegación, y reconstruirlo
sería mucho más costoso.
El gobierno debe velar por que
los procesos de selección de contratistas se ajusten a los más exigentes
principios éticos y consulten las capacidades técnicas, y las condiciones de
experiencia y solvencia económica que garanticen la ejecución de las obras, si
quiere que en los trabajos que se avecinan no se repitan las mañas, omisiones y
corruptelas del pasado. De nada habrán servido los sacrificios durante la
pandemia si seguimos condenados al mismo calvario.
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Bernardo Socha Acosta
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Etiquetas: MarioGonzalez, Corrupción
miércoles, 6 de mayo de 2020
Columna de opinión: Tarea descomunal y sin destino
Mario González Vargas
Con la expedición del decreto 601 de 2020 que faculta al
Comisionado para la Paz “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la
vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los
Grupos Armados Organizados-GAO- presentes en el territorio nacional”, el doctor
Ceballos se verá confrontado simultáneamente a persistente herencia del pasado
y a nuevas realidades del presente. El ELN, por treinta años, ha abusado de la
voluntad de paz de los colombianos, en tretas sucesivas que han desactivado a
su conveniencia y que hoy procuran desvergonzadamente reiniciar. El ELN ha
mutado en estos años, despojándose de su naturaleza subversiva para mudarla a
la condición delictual propia de las organizaciones que se lucran del
narcotráfico y se complacen en el ejercicio de la violencia como instrumento de
terror. Es un GAO más, como lo dispone este decreto, que permite aplicarle las
disposiciones del ministerio de defensa que autorizan las acciones militares,
comprendido el bombardeo a sus campamentos. El ELN, como las disidencias de las
FARC y todas las Bandas Criminales que compiten entre sí por las áreas de
cultivo de la coca y la preeminencia en el tráfico de la droga, en una guerra
sin regla distinta al aniquilamiento de la competencia y al control de las
poblaciones mediante el terror, constituyen la más clara amenaza humanitaria,
de seguridad y de salubridad que jamás haya confrontado el país. No profesan
ideología alguna, ni se caracterizan por estructuras jerárquicas rígidas; son
ejércitos de mandos pasajeros, cuyos reemplazos no presentan dificultades, porque
lo que importa son los réditos de sus actividades de narcotráfico, minería
ilegal y contrabando. El sometimiento de algunos de sus mandos no afecta la
continuidad de la empresa criminal.
El ELN y las disidencias farianas son engranajes del
escenario geopolítico que mantiene a Maduro en el poder, indispensables para la
insaciable sed de riqueza y de poder del tirano y su séquito. Tarea descomunal
la que le confían al diligente Comisionado que podría diluirse en el inmenso
desgaste político que le espera en medio del fortalecimiento del dominio
territorial que ya ostentan las GAO en algunas regiones del país, adormecido
por los cantos de sirena de una paz diseñada para ser siempre esquiva e
inconclusa. Así se lograría aplazar una
vez más el reto fundamental del Estado colombiano: consolidar el dominio del
territorio.
Llegar y permanecer en el territorio es el paso
fundamental que le permitirá a Colombia consolidarse como Estado Social de
Derecho y desarrollar una estrategia en un orden mundial en revisión, que
requiere en América Latina liderazgo orientador. Un país que une a su
estratégica ubicación geográfica, la riqueza de albergar idiosincrasias andina,
caribe, pacífica, llanera y amazónica, está llamado a promover los intereses y
coordinar esfuerzos e iniciativas para el ascenso de la América mestiza en el
nuevo orden mundial. Ese debe ser
nuestro destino y a ese objetivo debemos orientar todas nuestras capacidades.
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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Bernardo Socha Acosta
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