La patología ambiental del progresismo populista

Mario González Vargas

En Colombia estamos en mora de adelantar un debate serio e informado sobre la principal amenaza que se cierne sobre la vida en el planeta y que aún no constituye la prioridad ni de los ciudadanos, ni de los gobiernos, a pesar de los rasgos apocalípticos que se acrecientan con la prevalencia de una irracional despreocupación sobre sus descomunales efectos. Los objetivos acordados para combatir el cambio climático y sus efectos en el Acuerdo de París del 2015, no han sido cumplidos satisfactoriamente por sus signatarios, pero si utilizados como banderas electorales que los despojan de la seriedad, urgencia y capacidad de convocatoria que requieren para garantizarnos la supervivencia en la “casa común”. Ni siquiera la caída en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero durante el 2020, por efecto de la pandemia, ha logrado que la recuperación se adelante con nuevos conceptos e instrumentos para construir un cuerpo de políticas limpio, verde, seguro, que permita un cambio profundo y sistémico que sea sostenible y asegure la conservación y protección de la naturaleza y de la vida humana.

Entre nosotros, y con miras a las elecciones del 2022, se ha caído en vulgar caricatura con la que los sectores autodenominados alternativos, que gustan vestirse de verdes, suponen que la transición del petróleo y el carbón a fuentes de energía limpias se consigue a corto plazo con el aumento de la producción y exportación del aguacate. Reina la irresponsabilidad en un tema que hoy angustia a las nuevas generaciones, que encarna una amenaza actual, precisa y descomunal para la continuidad y supervivencia del género humano en la Tierra, que se ha multiplicado en los últimos años en todos los confines con desastres y destrucciones que no dejan dudas sobre lo que nos espera, si no reaccionamos a tiempo y apropiadamente. Hemos abandonado el manejo del tema en manos del populismo progresista, que lo articula y manipula a su antojo para acceder al poder, sin que nos percatemos que recibirá el mismo inocuo y falaz tratamiento que han dado sus gobiernos a los derechos humanos, bajo la égida de la hipotética igualdad, con la que han violentado la libertad, la democracia y el bienestar de los pueblos. Conservar y proteger la naturaleza y la vida no son conceptos ni postulados revolucionarios, sino premisas, acciones y políticas que salvaguarden los equilibrios indispensables a nuestra supervivencia, y consagradas en la Constitución. Si las soluciones de Petro llegasen a materializarse, podrían replicarse emulando el insólito tratamiento de las basuras que sumió a Bogotá en una crisis sanitaria sin precedentes, que hoy cobraría unos costos imposibles de satisfacer.

En Colombia contamos con capital humano y científico, con una política de Transición Energética con legislación propia, con una expansión importante de energías renovables, con capacidades para detener la deforestación y garantizar la protección del Amazonas, que no pueden feriarse para satisfacer un populismo enfermizo de quien cree jugarse en el 2022 su última oportunidad de satisfacer su patológica ambición de poder.

El motociclista ruidoso, le espera la peor suerte: Científicos

 

Por: Bernardo Socha Acosta

Los motociclistas que cohabitan con elevados decibeles de ruido asociados con altas velocidades deberán enfrentarse, no solo a la modificación cerebral, sino a severos traumas sicomotrices.

Los graves daños que sufre el conjunto craneoencefálico con el sistema nervioso, conlleva a complicarse la interpretación del habla, provocando una creciente dificultad para distinguir los sonidos, según el último estudio de la Escuela de Ciencias.

La exposición de una personas a recibir los altos decibeles del sonido, así sea captado por el sistema raquídeo como es el caso de los motocicletas a través de la vibración, va degenerando la normalidad cerebral  y como resultado el afectado va perdiendo su capacidad para el desempeño de sus ocupaciones habituales, asegura el diagnóstico de un equipo de investigadores.

El estudio selecciona 10 efectos nocivos del excesivo ruido:

Problemas cardiovasculares, debido al aumento de la presión arterial como consecuencia de una exposición a un nivel de ruido de 85 a 90 decibeles.

 A este efecto se suma el estrés y le sigue la depresión y los disturbios para conciliar el sueño.

Y la cadena de daños para el motociclista se incrementa con la pérdida auditiva que suma nuevos problemas por el detrimento de la comunicación, y finalmente los graves daños del sistema nervioso que pueden acarrear resultados catastróficos para esa franja de conductores de motos modificadas.

El trabajo del grupo de especialistas aclara que el uso de la motocicleta como medio de transporte popular, no es en sí el problema; el problema radica en la modificación de los sistemas de escape que adoptan algunos motociclistas creyendo que se van  destacar en su conducción y lo único que están es cavando su propia  desdicha.

En otro documento publicado por la Revistas digital, Pensar Salud, acerca de los graves daños por los altos decibeles se afirma textualmente:

Para tener en cuenta

Los ruidos son sonidos fuertes e indeseados que interfieren o impiden nuestras actividades, llegando incluso a configurar un tipo de contaminación: la contaminación sonora.

A finales del siglo pasado, la OMS recomendó que los niveles de ruido en el exterior durante el día no excedieran los 55 decibles (dB). Diez años después recomendó además un valor máximo nocturno de 40 dB para prevenir efectos adversos sobre nuestra salud.

Cada vez son más las fuentes de ruido que generan un verdadero problema ambiental, sobre todo en las ciudades. El transporte, ya sea público o particular, con los bocinazos, aceleraciones exageradas y alarmas, es solo un ejemplo.  A eso se suman las obras de construcción, los ruidosos servicios de limpieza y recolección de basura, los locales comerciales, bares y salones de fiestas. 

A la hora de determinar el grado de molestia de un ruido son varios los factores a tener en cuenta, entre ellos la intensidad sonora y el tiempo de exposición. Pero también influyen las características del sonido y la sensibilidad individual. El ruido tiene también un componente subjetivo, que al ser  vivenciado negativamente por una persona puede producir efectos adversos en la salud.

Y para complementar el anterior documento, esta redacción averiguó otros detalles que son de interés de la comunidad, como…

¿Cuál es el nivel de ruido permitido en Colombia?

En Colombia se ha establecido que el máximo permitido durante las horas del día en las zonas residenciales es de 65 decibeles (dB); en zonas comerciales e industriales, hasta 70 dB y en zonas de tranquilidad 45 dB; mientras que en las noches el máximo permitido es de 45 dB en zonas residenciales; 60 dB, en comerciales.

Recogimos quejas que sobre ruido nos han hecho llegar las comunidades de diferente sectores de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en relación con algunos Motociclistas que reiteradamente, en avanzadas horas de la noche  pasan por las silenciosas vías, causando atropello en la tranquilidad de las familias  sin que haya AUTORIDAD  alguna que haga algo contra estos abusivos motociclistas.

Y a propósito, qué entidad es la encargada estos municipios mencionados, de ejercer este control y la respuesta es, El Área Metropolitana como autoridad ambiental.

Dejamos entonces esta denuncia, como queja de las comunidades, para que el Área Metropolitana asuma su responsabilidad dentro de sus funciones.

Hermandad con Venezuela democrática

Mario González Vargas

El inicio de nuevas negociaciones entre el gobierno de Maduro y una representación menguada de la oposición, bajo los auspicios del gobierno mejicano, ha despertado más suspicacias e inquietudes que las que acompañaron los ejercicios anteriores que nuca tuvieron vocación de fructificar. Pero esta vez, no porque se avizore un final improductivo, sino porque parecen dirigirse hacia la normalización y reconocimiento del gobierno de Maduro, con absolución incluida por los delitos continuados que lo mantienen en el poder.

La sutil actitud del presidente mejicano y la febril actividad de los representantes del Reino de Noruega, siempre apegados a las formalidades y aparentemente desentendidos de las aristas políticas que entrañan semejantes ejercicios, abrieron los espacios para las imposiciones de los arfiles de Maduro con el veto al embajador Carlos Vecchio, consentido inexplicablemente por la contraparte, y con el pedido de inclusión de Alex Saab a la delegación gubernamental, con el claro propósito de calibrar el comportamiento de una comunidad internacional aturdida por lo sucedido en Afganistán que parece dispuesta a negociar un alivio escalonado de las sanciones vigentes y, de paso, devolver a Maduro la legitimidad de la que despojan a Guaidó. Ello explica la reticencia de Caracas de acordar el protocolo que habría de regir la actividad de los países amigos de la negociación, porque prefiere la soterrada solidaridad de la burocracia de la Unión Europea y del Parlamento Europeo

El gobierno de Venezuela hace parte hoy de una cofradía de gobiernos dictatoriales y homicidas, sujetos de sanciones internacionales, que se agrupan en torno a los intereses globales de Rusia y China, y cuentan con la solidaridad de potencias ascendentes, como Irán y Turquía, y que además provee refugio a organizaciones terroristas como Hezbollah. Por ello, en las Américas, la relegitimación de Maduro y sus secuaces no solo desconoce abiertamente el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), sino que también implicaría la revocatoria tácita de la Carta Democrática de la OEA, en tiempos en los que los estados miembros se ven amenazados por regímenes autocráticos provenientes de elecciones aparentemente válidas o de decisiones de gobiernos de perpetuarse en el poder. Las sombras que oscurecieron las elecciones en el Perú se agudizarán en los comicios de Nicaragua y se extenderían a las elecciones en Chile, Colombia y Brasil en detrimento de la democracia y la paz hemisférica, fundamentos de los principios y fines de la OEA. En Colombia no se debe ocultar a la opinión pública la magnitud de las amenazas y de los retos que se ciernen sobre nosotros y que atañen a la supervivencia de la democracia y del estado de derecho, a la conservación de la paz, y de la seguridad, nacional y a la intangibilidad de la integridad territorial en una dimensión que jamás hemos conocido. Constituye principal e ineludible obligación de los candidatos a la presidencia expresarse con claridad, si quieren merecer la confianza de los colombianos. De la capacidad que tengamos de ayudar a Venezuela a recuperar su democracia depende que honremos el legado del Libertador.

El Candidato de Artificio

Mario González Vargas

La rogada postulación de Alejandro Gaviria a la presidencia de la república no despertó el entusiasmo que trataron de ambientar algunos medios de comunicación, el expresidente Gaviria y afines al entorno de Juan Manuel Santos. Pese al ropaje de renovador que le endosaron, sus primeras declaraciones abundaron en generalidades y elucubraciones que desdicen del carácter que generosamente le prestan, cuando no se acompañaron de una manida retórica sobre las ejecutorias del gobierno al cual perteneció por seis largos años. Asimismo, no se percató que propugnar sin asomar siquiera soluciones, por el estado liberal y su pluralismo, condenar la corrupción, defender a los más vulnerables y proveer salud y educación, hacen parte del obligado repertorio de cualquiera aspirante. Priorizar la eutanasia, la legalización de las drogas y el libre consumo y mercado de la marihuana, y creer que el acuerdo con la Farc nos trajo la paz (solo el 20% de los colombianos lo creen así, encuesta País Libre ), demuestran preocupante ignorancia de los males que nos aquejan y profunda desconexión con los anhelos y reivindicaciones ciudadanos, y confirman un perfil continuista que polariza y entraba la ejecución de políticas que unan a la nación en la construcción de nuevos objetivos y entorpecen el alcance de los cambios que necesitamos. Pareciera que, desde su torre de marfil de la rectoría andina, no pudo captar las razones de la inconformidad ciudadana, su zozobra por la inseguridad que la estremece, la pérdida de legitimidad de las instituciones y el desapego creciente con las dirigencias gubernamentales y los estamentos políticos y partidistas.

Narcotráfico, violencia y ausencia de control territorial por parte del Estado constituyen los desafíos principales que enfrentamos y que amenazan la integridad, soberanía y la seguridad nacional, alientan la corrupción, deslegitiman las instituciones y desvertebran la acción del Estado. Creer que el problema del narcotráfico y de la droga debe afrontarse “con un enfoque regulatorio que respete los derechos humanos y enfatice la prevención” señala el profundo desconocimiento del poder de los carteles y de la precariedad del Estado en combatirlos. Igual ingenuidad registra frente al vandalismo, con su eslogan de responder “a las amenazas a la democracia con más democracia”, una frase de cajón para contento del progresismo que augura una renuncia de su eventual gobierno a su obligación de aplicar le ley y mantener el orden público, obligaciones irrenunciables del gobernante, sin las cuales perecen la seguridad y tranquilidad de los colombianos.

Pretende fungir como apóstol del respeto a quienes piensan distinto, pero relega al pasado a fuerza política adversa y descalifica y pretende estigmatizar a la candidata presidencial que encarna el antípoda de sus flaquezas, ingenuidad y tibiezas. Ingresa a la arena electoral confiado en que sus asesores de imagen logren, en el mercado político, convertirlo en novedad que esconda sus fragilidades y apoyos, en una contienda que no favorece el continuismo, ni la inexperiencia en el complejo manejo del gobierno y la política. No conoce el país, ni el país lo conoce. Ni a Dios podrá encomendarse.