A dónde llegarán los gorriones con sus astucias

Por Bernardo Socha Acosta

Una conferencia acerca de la misión que cada uno de los seres humanos hemos adquirido cuando nacemos, me llamó poderosamente la atención cuando el expositor se refirió a la malvada astucia de los gorriones.

Las misiones no son solo asuntos de religión, sino de las responsabilidades que a diario cada persona adquiere cuando viene al mundo. Y entre las responsabilidades está la de cooperar para que tanto la vida como lo bienes de la naturaleza cada día sean más enriquecedores de manera individual y colectiva, es decir para bien de todos, para que haya un país o un mundo mejor. Haciendo un comparativo a nuestra vida práctica, encontramos las teorías de los filósofos antinatalistas que seguramente se van a los extremos y opinan que, de no nacer para vivir mejor, la vida no se merece. Es decir que, si el ser humano no cumple con la misión encomendada, más vale no haber nacido…

Y asimilando lo anterior, todo parece copiado, de lo que le está ocurriendo a Colombia con los gorriones que ni trabajan ni dejan trabajar. Para los gorriones, está tan malo lo que se hace, como es tan malo lo que no se hace, porque creen y quieren hacerle creer al país que ellos son los buenos. Efectivamente parece que son los buenos, pero para acabar con los niveles de bienestar de muchos colombianos.

Y refiriéndonos a los niveles de vida de los colombianos tenemos que recordar algunos episodios de los que no quisiéramos acordarnos, porque han afectado a los más necesitados. Para citar solo algunos, de tantos horrores del pasado que son los que han llevado a la violencia, los odios y el hambre que hoy laceran a una gran parte de colombianos que ha preferido irse del país y otros seguir mendigando.

Léase bien, y miren a los que posan ser mejor que los demás. Cuando el entonces muy respetable presidente Pastrana en l998 creó el 1x1.000 fue un latigazo para los pobres que querían también tener una cuenta de ahorros como cualquier ciudadano legal, pero, el triunfo fue para los banqueros y politiqueros; en el año 2.000 el mismo presidente Pastrana para congraciarse más con los banqueros y sus llamadas bancadas políticas en el congresos, reajustó ese impuesto al 2x1.000. Y qué sorpresa para los colombianos más deprimidos, que llegó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y lo reajustó al 4x1.000 arguyendo que era temporal por 4 años, pero finalmente lo IMPUSO como impuesto permanente y así hasta nuestros días; hasta que llegó una partecita del cambio para los menos pudientes, económicamente. Pues a partir de este año quienes hagan transacciones bancarias por menos de 13 millones mensuales, no tendrán que pagar ese lastre de impuesto que habían establecido los que hoy dicen haber sido mejores gobernantes. Con qué cara un dirigente (si se le puede decir así) le pone la cara a los colombianos para burlarse seguramente de la amnesia que muchos padecen.

Pero eso no es todo. El señor Uribe ya para finalizar su gobierno le arrebató a los trabajadores las horas extras y buena parte de los derechos dominicales y festivos. Y así muchos de esos afectados tienen el valor de endiosarlo. Cómo será el poder para lavarle el cerebro a esos bienaventurados.

Si en Colombia fracasan los proyectos que para el bien nacional ha expuesto el gobierno, fracasará todo y entonces habrá que aplicar la filosofía ANTINATALISTA. ¡Mejor no haber nacido!

Nadie puede ser tan iluso y tan retrasado mental, pensar que proyectos como los de mejorar la salud para los colombianos sea malo; o pensar en una paz para todos sea un carma y una violación legal como ya algunos “sabios” lo han calificado; pero si la paz fracasa por esos padres de la patria, pues que entre el diablo y escoja, porque no habrá más que hacer. O, también será maldad que los campesinos reciban tierra para producir alimentos y darle de comer a esos “sabios” que al parecer creen ignorantemente que con billetes y monedas podrán alimentarse. O, será acaso que si los trabajadores pueden tener mejores niveles de vida con más capacidad adquisitiva para consumir bienes y fortalecer la industria, es ilegal. Proponer cambios en estos campos u otros, no es malo. Lo malo e inaudito es que esos políticos amañados no quieran hacerlo; solo sueñan seguir devengando sus 34 millones de pesos mensuales de sueldo que les pagamos los colombianos.

Ni el más ignorante puede creer que hacer cambios para el bien del país sea malo. Lo que los opositores desean es tener más gente mendigándoles para obligarlos a darles el voto cada vez que haya elecciones. Los politiqueros que mantienen embrujados a sus seguidores no les interesa que, éstos miren más allá de sus vetustas figuras, porque se les acaba, dónde chupar la sangre que le han sacado a los colombianos por tantos años. Parece que no se dan cuenta, o se hacen los miopes, para ver que la rebeldía de muchos, no es porque les guste irse a la aventurar de la selva en busca de mejores oportunidades, sino porque los han obligado a lanzarse a la ilegalidad, porque es la única alternativa que han dejado los politiqueros con su actitud malsana. Finalicemos diciendo que, esos politiqueros que parece que anhelaran la guerra en todo momento, a diario le auguran a Colombia un futuro incierto, con sarta de mentiras, asaltando la buena fe de algunos periodistas y medios de comunicación, que es para lo que tienen argucias, para el mal, no para el bien.

Escenarios de las elecciones de octubre

Mario González Vargas

El proceso para las elecciones regionales y municipales de octubre se anticipa como el de mayores amenazas de violencia en la historia reciente del país, sin que el gobierno se haya preocupado por adoptar medidas de prevención y protección que fortalezcan las condiciones de seguridad de autoridades, candidatos y electores, y permitan su desarrollo con todas las garantías que exigen el respeto de los derechos fundamentales.

Son muchas y reiteradas las preocupaciones que se han expresado con innegable sustento en la realidad cuotidiana. Alcaldes, Concejales, Personeros, presidentes de Juntas de Acción Comunal, se han visto constreñidos a abandonar muchos de sus municipios en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Guanía, Norte de Santander, Santander y Tólima. La MOE, los gobernadores, la Defensoría del Pueblo y hasta el CNE han solicitado al gobierno intervenir para que los actores armados no manipulen las elecciones, sin lograr que se inmute el Ministro de Defensa, ni se alarme el del Interior.

Impávidos y ciegos, pretenden ignorar las modalidades con las que las organizaciones criminales beneficiarias de ceses al fuego, y el Eln, someten a la población civil: caracterizan y empadronan a los habitantes; obligan a los ciudadanos a inscribir sus cedulas; señalan partidos y candidatos vedados en sus territorios, indicando así por quienes votar. Con ello, se alienta a los forajidos a convertirse en árbitros que determinen los resultados electorales, y se les facilita la instrumentalización de los diferentes sectores de la ciudadanía. No sorprenden entonces los repetidos secuestros de destacamentos de la Fuerza Pública en cumplimiento de legítimas tareas de mantenimiento del orden público, ni las extorsiones a los candidatos, a las autoridades, comerciantes, contratistas, empresarios, ganaderos y a la población en general.

No resulta entonces descabellada la sospecha de que tanta desatención del gobierno pueda relacionarse con la política de paz total y los alcances de las modalidades de participación ciudadana que en ella se privilegian, con carácter vinculante, para acuerdos parciales de inmediata ejecución en los procesos de paz con todos los alzados en armas, puesto que coinciden con la permisividad concedida a las organizaciones criminales en el proceso electoral. La estrategia del gobierno, abstenerse de poner orden y seguridad en los territorios, exige prometer la satisfacción de todas las fallidas esperanzas para evitar que eventuales resultados electorales adversos se conviertan en plebiscitos ciudadanos sobre la ineficacia e ineptitud del gobierno del cambio. Lo que empezó en la Guajira se extenderá a todo el país a modo de bazar de ilusiones. Los partidos políticos no pueden engañarse sobre las consecuencias del resultado electoral de octubre. Debatir sobre las urgencias y anhelos de las regiones no desvanece los imperativos del inmediato futuro de la nación. Las coaliciones no pueden prestarse para lecturas equivocas, sino reflejar las esperanzas para superar el incierto porvenir que el Pacto histórico pretende imponernos. Así se logró poner fin a las guerras civiles del siglo 19, así se tejió la reconciliación en el Frente Nacional, así se elaboró la Constitución vigente para perfeccionar los derechos y libertades cuya vigencia hoy reclamamos.

Orfandad legislativa de la clase trabajadora colombiana

Por Bernardo Socha Acosta

En Colombia hay unos 22 millones de trabajadores, entre 12.9 millones que laboran en la informalidad o sea en el rebusque, y 9.26 millones que son formales; es decir que son trabajadores con contrato, así sean temporales.

A esta fuerza laboral, el estado los tiene en cuenta para muchas cosas, entre ellas para pagar impuestos y para que en las elecciones elijan a congresistas y al presidente de la república.

Hace unas horas en la comisión séptima de la Cámara de representantes nos dimos cuenta que la clase trabajadora está huérfana y más que tener unos llamados congresistas para que los represente ante el estado, tiene unos reyezuelos que los ignora, subestima y desprecia.

Lo que cometieron las mayorías de esa comisión, porque no son todos, y ya sabemos de qué movimientos políticos son, (Centro democrático, liberales, conservadores, de la U y cambio radical) no tiene excusa y los trabajadores deben aprender a dar lecciones contundentes cada vez que los traten de utilizar para elegirlos en una corporación como la Cámara o el Senado. Hay que también darles con el látigo del desprecio para que ni el rastro regrese a una entidad que debe ser el fiel reflejo de la mano de un ciudadano que quiere tener verdaderos voceros y no verdaderos verdugos.

Pareciera que esos representantes inoperantes en comisiones, como la séptima de la Cámara, le tuvieran odio a los 22 millones de trabajadores y quisieran verlos esclavizados. Hay otras comisiones también que no funcionan por inasistencia de algunos miembros, que no demuestran sino desprecio por el pueblo que los eligió.

Estos 22 millones de trabajadores y sus familias necesitan mejores condiciones de vida, unos más y otros menos, pero todo necesitamos que el estado brinde mejores oportunidades para frenar esa carrera de empobrecimiento que lleva Colombia. La teoría de la línea de pobreza es cada vez más preocupante, pero, eso si no miran esos congresistas que torpedean proyectos de apoyo laboral.

Clic aquí para ver más fotos 

Y este preámbulo es para decir que los congresistas que hicieron posible el hundimiento de la Reforma Laboral, destaparon su desprecio contra los trabajadores.

Si bien fueron unos pocos los de la comisión séptima de la Cámara, los que hicieron esa demostración de desprecio a la fuerza laboral colombiana, los sindicatos deben apersonarse desde ya para iniciar una cruzada nacional contra quienes subestiman e irrespetan al trabajador.

Sería imposible que más de 22 millones de colombianos, que es la fuerza laboral colombiana, sin contar con los familiares, no seamos capaces de generar cambios en nuestras vidas y en nuestra sociedad, removiendo todo lo que no sirve en un ente como el Congreso de la república. Hay que barrer todo lo indeseable, para borrar igualmente esa mala imagen que tiene esa alta Corporación donde en otras épocas civilizadas no había llamadas mayorías y dejaban hacer las leyes que beneficiaban al pueblo. Hoy hay unas mal llamadas mayorías que lamentablemente el pueblo eligió, que pretenden esclavizarnos con su retrasada filosofía de poder, que lo único que hacen es frenar el progreso nacional.

bersoa@hoymail.com

Las lecciones y prospectivas del 20 de junio

Mario González Vargas

En la historia de los pueblos muchos supuestos redentores han resultado víctimas de sus propias narrativas. Pero quizás ninguno lo haya logrado en tan corto tiempo como nuestro presidente. Las marchas del 20 de junio, no sólo desmontaron la ilusa tesis de que el resultado electoral, por mínimo que haya sido el margen de la victoria, se transmuta en mandato intangible e ineludible para el pueblo y la institucionalidad, sino que también vaciaron de sentido sus arrogantes invectivas de “ir tan lejos como el pueblo lo quiera”, y reafirmaron su respaldo a la institucionalidad y su adhesión a los principios que hacen de la democracia el régimen de libertades deseado por los colombianos. Mensaje inequívoco que debería obligar al gobierno a la revisión de sus propósitos y a un nuevo direccionamiento de su gestión.

Así lo han entendido hasta algunos miembros de su bancada en el Congreso: “escuchen con humildad; entiendan que no tienen la única verdad; la soberbia no les permite gobernar”, fueron algunas de otras muchas expresiones de desconcierto de quienes entre sus filas no han perdido la razón. Crece en el país el rechazo a esa narrativa que pretende caracterizar a los opositores de oligarcas desalmados y de esclavistas supervivientes, maltrato que ahora se extiende a todo aquel que disienta, y con el que se pretende conculcar toda libertad de expresión de los ciudadanos y de información de los medios. Demagogia engañosa y sin sustento en una realidad que aprieta la vida cuotidiana del ciudadano y termina vaciando de legitimidad al propio gobierno.

Resulta evidente que en un escenario de dificultades económicas y de descomposición del orden público, de ineptitud en la gestión de gobierno, de sombras sobre la financiación de la campaña a la presidencia, de desencanto por incurrir Petro en las mismas conductas que había logrado satanizar, de desafecto ciudadano y de la incertidumbre del sector productivo, y sin mayorías claras en el Congreso que el presidente se encargó de dinamitar, su horizonte se halla hoy reducido y su credibilidad en vilo por un cambio que no logra construir ni precisar. La gobernabilidad se encuentra comprometida y su mandato se percibe desfalleciente.

Sus opciones se reducen a enardecerse más o a concertar. La primera pareciera encontrar apoyo en el círculo más cercano y radical del Pacto histórico, que aún responde a una ideología paleontológica que expresó en su conferencia en Berlín sobre el significado del derrumbe del oprobioso muro de contención de las libertades, y cuyas herramientas se pretenden esconder en los términos de las negociaciones por la paz total, que lo llevarían a bordear el abismo. La segunda, improbable, exige grandeza, y entender que cada amenaza a la unidad y concordia nacional que hemos confrontado en el pasado se ha superado con acuerdos, no alimentando el sectarismo, sino en concertaciones para salvaguardar los mayores intereses nacionales.

Vivimos en época de cambios y a esa realidad no debemos sustraernos. Al gobierno le correspondería comprenderlo y facilitarla, y a las fuerzas políticas construir las opciones para su realización. Anhelamos, pero no confiamos, que todos estén a la altura de sus obligaciones.

Los altísimos privilegios de los que gozan los congresistas

La corrupción comienza en esa célula por los ausentistas

Los congresistas que no asisten a sesiones están devengando irregularmente el sueldo

Por Bernardo Socha Acosta

Y termina un periodo legislativo más de nuestro flamante congreso de la república de Colombia, que cada vez cobra más desprestigio e incredulidad.

Muchos colombianos se preguntan: para qué son, 108 Senadores y 188 representantes a la cámara (296 congresistas).

Hay que aclarar que no son todos los congresistas los malos. Hay verdaderos apóstoles del trabajo por las comunidades, pero los que no trabajan, que solo van por firmar para ganarse el sueldo y luego se retiran, son los que empañan la imagen.

Pues, ya esta próximo (el 20 de julio) de terminar el primer año de trabajo de este cuatrienio, con un balance del congreso, de los peores que haya tenido en la historia reciente.

Es bueno que los colombianos sepamos y entendamos que los elevadísimos costos que demanda una corporación pública de elección popular como el congreso de la república, sale de nuestro trabajo, con los impuestos que pagamos por cada actividad que hagamos para conseguir el sustento diario.

Y, detengámonos un poco para preguntarnos, qué colombiano del común tiene el privilegio de recibir $35,3 millones por salario al mes. Pues son los congresistas. Pero eso no es todo; un congresista de nuestro querido país recibe además el pago de un equipo de 10 llamados asesores, 2 camionetas por las cuales se pagan 30 millones de pesos mensuales de alquiler; reciben además seguro de vida y tiquetes de avión.

Según una investigación hecha por la Revistas Semana, en el pasado cuatrienio de 2018-2022 este costo superó los 2,8 billones de pesos. Se estima que para estos 4 años del actual gobierno esos gastos -no podemos decir que inversión- este despilfarro superará 3 billones de pesos. Esto quiere decir que al finalizar el primer año de trabajo de nuestro CONGRESO de la república, ya se están ganando todos los integrantes, en solo sueldo, 750 MIL MILLONES de pesos. Sumando los 4 años tenemos un total de 3 billones o sea ($3.000.000.000.000,) porque, es que nuestro legislativo (congreso) tiene muchísimos privilegios que no se compadecen con el flaco trabajo que cumplen las llamadas mayorías, representadas por unos movimientos que todo Colombia conoce, porque es voz popular en los medios de comunicación. Unos movimientos políticos que en cambio de servirle al país, son los peores enemigos.

Como afirman muchos lectores, en correos que llegan… “¿qué justificación tiene esta millonada que reciben ALGUNOS  llamados padres de la patria sin trabajar?… Y agregan: mientras que los colombianos nos quebramos el espinazo para devengar algo que toca destinar parta el pago de los impuestos”.

Bueno los senadores y representantes que trabajan de manera honesta, tratando de corresponder con las necesidades del país y de responder a la confianza de los electores, es loable su compensación, pero, quienes asisten por solo un momento a las comisiones y plenarias y se ausentan para torpedear el trabajo de quienes sí cumplen, están recibiendo unos emolumentos sin ninguna justificación y ahí está reflejada la mayor corrupción camuflada.

Tienen razón quienes afirman que, los congresistas que no asisten a sesiones, ni de Comisión, ni de plenaria, están devengando irregularmente el sueldo que el pueblo les paga. Ellos también deben ser investigados por la Procuraduría. Pero, parece que ellos son intocables. Para ellos no hay entes de control sospechosamente. Así son otros privilegios.

Y hay movimientos que buscan con mentiras, con ofensas y falsos datos, a través de espacios de televisión, engañar y burlarse de los colombianos y pretendiendo implorar su próximo voto. Son políticos inescrupulosos que, solo producen urticaria de verlos cómo se mofan diciendole mentiras a los colombianos.

Pero hay que recordar también que, algún congresista que tiene más filosofía popular que los ausentistas, tuvo la brillante idea de elaborar un proyecto de ley para reducir los costos del congreso de la república, (regular los jugosos sueldos) consciente de que ese ente es un organismo donde se consume uno de los mayores gastos del presupuesto de la nación. Pues la sorpresa fue que, ni siquiera la mitad de senadores y de representantes quiso firmar el proyecto. Ahí demostraron que son inconscientes, desconsiderados con el país y sus habitantes y solo les interesa su bienestar. Y para que los electores los tengan bien presente, en próxima entrega les suministraremos los nombres de estos mal llamados “PADRES DE LA PATRIA” que se negaron a firmar para regular sus sueldos y dejarle algo más para invertir en cosas útiles.

Pues ahora queda en manos del pueblo, que tome determinaciones al darles o negarles el voto en las próximas elecciones. Se necesita elegir dirigentes que quieran trabajar. Los conocidos movimientos que se precian de mayorías (algunos liberales, Centro democrático, algunos conservadores, la U y cambio radical entre otros) ya están cansados y desgastados para seguir representando a un pueblo que quiere que la deprimente situación de Colombia cambie, porque en el congreso se cobran sueldos sin trabajar y entonces la corrupción comienza por ahí. Quizás le pueda interesar: Orfandad legislativa

bersoa@hotmail.com

El golpe blando en clave de negociación

Mario González Vargas

El acuerdo con el Eln tiene unos alcances que desbordan el carácter limitado que se le presta y avizoran complicidad en objetivos de una negociación aparentemente circunscrita a la mera obtención de un cese al fuego, pero en verdad destinada a la construcción de un nuevo régimen político. Por ello, lo acordado incluye etapas y procedimientos que permitan lograr metas no explicitas en su texto, pero que constituyen el núcleo y la finalidad verdadera de sus coincidencias políticas.

Quisieron las partes ocultar sus intenciones procurando contrastar el desbordado optimismo del presidente Petro con la lacónica prudencia de Antonio García. Mientras el primero señaló término para el fin de las hostilidades y el advenimiento de la paz, el jefe eleno insistió en el carácter procedimental de lo acordado. Con ello apaciguaron malestares y prevenciones de la opinión ciudadana y también disiparon las dificultades que la institucionalidad deberá confrontar en el inmediato futuro.

El DIH como referencia de las negociaciones para calmar la galería, no sólo se verá desafiado por las guerras que mantiene el Eln con las demás fuerzas en disputa por las rentas del narcotráfico y que afectan brutalmente los derechos fundamentales de la población, sino también por la consabida reticencia del Eln a su aceptación y respeto. Por ello, no sorprendió que al término de la celebración, Pablo Beltrán, con hiriente desparpajo, refiriéndose al secuestro y extorsión y al reclutamiento forzado de menores, afirmara que “las operaciones de finanzas del Eln seguirán”, advertencia que ya se concretó en dos secuestros a personas familiares de miembros de la Fuerza Pública, en medio del silencio del gobierno. Todo ello, como si el secuestro sistemático no fuera un crimen de guerra y constituyera perfidia. Tuvo el Gral Helder Giraldo que precisar que "las Fuerzas Militares continuarán con el desarrollo de operaciones militares en todo el territorio nacional”, y que, ante acciones del Eln que “vulneren los derechos y libertades de la población civil, las tropas actuarán en cumplimiento de su misión constitucional”. Reacción legitima cuando no se pacta el cese de hostilidades y valiente ante el peligro de ser decapitado.

La mayor peligrosidad de este andamiaje reside en la participación ciudadana y sus objetivos. Se crea un Comité Nacional de Participación encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil “que deben ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación”. Compuesto en un 85% por organizaciones afines al gobierno y de izquierda radical, incluyendo a las primeras líneas de Bogotá y Cali, sus resultados serán pieza principal de los Acuerdos con el ELN. No resulta difícil predecir sus contenidos. Coinciden en Asambleas populares con carácter plebiscitario que sustituirán al Congreso, a las Asambleas departamentales y a los Concejos municipales, y diseñarán un régimen constitucional sin separación de poderes, en el que desaparecerán las libertades y los derechos fundamentales propios de la democracia.

Es la concreción del golpe blando respaldado por los beneficiarios de la paz total, bajo la supervisión de la impávida ONU, de nuestra Iglesia “golcondista” y del expresidente Gaviria. Válgame Dios.

Respuesta a fuentes anónimas...

Fuerte pronunciamiento del presidente de la república, Gustavo Petro en torno a una publicación hecha en la Revista Semana, sobre supuestos de una fuente anónima. El comunicado oficial dice...

Berlín (Alemania), 15 de junio de 2023

Con motivo de las recientes publicaciones hechas en la Revista Semana, el Presidente de la República se permite informar a la opinión pública y a los medios de comunicación que:

● Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio.

● He tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como Presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia.

● En diversas intervenciones públicas, he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo.

● Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan.

● Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas.

● El compromiso asumido por mi Gobierno se mantiene intacto, por lo que tanto el Presidente de la República y el Gabinete de Ministros continúan con sus gestiones de gobierno en beneficio de la familia colombiana, convencidos de que la ciudadanía guarda la esperanza de que las reformas para una transformación social se puedan llevar a cabo en Colombia. Tales objetivos solo pueden materializarse en escenarios de verdad plena y fiel apego a la Constitución y la ley.

GUSTAVO PETRO URREGO

Presidente de la República de Colombia

La deseable resolución de una crisis

Mario González Vargas

El delirante discurso del presidente el miércoles pasado es la más elocuente expresión del inmenso desasosiego al que lo han conducido sus propios y constantes errores. Nueve meses después de su posesión, Petro y sus alfiles se han encargado de destrozar la confianza y credibilidad sobre sus populistas promesas electorales que erróneamente confunden con un mandato de ineludible cumplimiento.

De su llamado a la unidad y al entendimiento no permanecen sino los escombros de sus erráticos comportamientos. Rodeado únicamente de sus iluminados partisanos, desgobierna un país que acumula desilusiones y aprehensiones superiores a las que pudo haber vivido en el pasado reciente. Las revelaciones de Benedetti confirman las sospechas acumuladas sobre el talante de los nuevos gobernantes.

No extraña entonces su diatriba contra los medios de comunicación y los periodistas, en la que ha sido repetitivo en los últimos meses y con la que estimula la criminalización de la prensa y los medios, como se observó el miércoles en los carteles de los manifestantes. No es el primer ataque presidencial a los medios con los que han multiplicado las amenazas a periodistas, sin respuestas del gobierno para protegerlos. Con la injustificada agresión directa a la revista Semana, hoy pretende destruir lo que tanto decía amar y defender. Caricaturesca, además, la descalificación de las encuestas consideradas como un eslabón más en la tarea de afectar el supuesto apoyo popular al gobierno.

En su encendido discurso, rodeado de sus ministros y de su vicepresidenta, prometió un sistema de gobierno ajeno a los mandatos constitucionales, concebido como una difusa alianza presidencia-pueblo que pretende encarnar en asambleas populares en todos los municipios de Colombia para que gobiernen sus territorios, con aparente olvido de que en más de 700 municipios hoy imperan el Eln, el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Asambleas de enorme parecido a la de los mecanismos de participación que propugna el Eln para convenir un nuevo régimen político y su modelo económico.

Inquieta la reunión de este viernes en Cuba con el Eln de un presidente en apuros con una organización criminal empoderada, precedida además por el silencio del presidente y su gobierno ante las suplicas de gobernadores y alcaldes por el estado de indefensión de las comunidades que regentan ante el poder armado de las organizaciones criminales.

El precoz desencanto de la opinión con los desaciertos del gobierno no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Pero imaginar conspiraciones para afectar el régimen constitucional es una quimera sin asidero, fruto de la desesperación de un ejecutivo en aprietos. Difundir la posibilidad de un golpe blando, como lo repite el presidente, solo logra despertar la sospecha de una recóndita intención de un gobierno de procurarlo suponiéndola del agrado de los beneficiarios de la mentada paz total. La institucionalidad enfrenta el mayor reto para conjurar el desmonte del régimen democrático. El Congreso, la Justicia y los Órganos de Control deben ejercer con toda responsabilidad y transparencia sus atribuciones constitucionales. Es la resolución que todos deseamos para una crisis que el propio gobierno forjó.

Los congresistas que intentan bloquear al país

Por Bernardo Socha Acosta

La fatiga y cansancio de los congresistas de algunos movimientos políticos está llegando a su límite con graves consecuencias y amenaza para la estabilidad económica y social.

Sí; es una amenaza, porque de los congresistas los colombianos, esperan que doten al país de las herramientas que se requieren para avanzar en diferentes campos de la vida económica y social. En uno de los casos, se habla de un tema que interesa mucho a los trabajadores y tiene que ver con la reforma laboral y que los gremios sindicales no se pierden un ápice para saber cómo evoluciona en el congreso.

Según las informaciones de los medios que cubren esa fuente, (el congreso de la república) algunos integrantes de la comisión séptima de la cámara, no asisten para torpedear  el quorum, paralizando de esta forma el proyecto de una forma premeditada. Al respecto afirman los observadores de humor mordaz que podría ser físico cansancio y agotamiento de esos dirigentes que por fortuna están tendiendo un amplio manto de duda de su interés y respeto por los trabajadores, ahora que se aproximan unas elecciones que un que son regionales, ya vendrán a pedir VOTOS para sus áulicos, a gobernaciones, asambleas y concejos.

Ante esta grave situación que atraviesa el escenario donde se hacen las leyes, dialogamos con dirigentes comunitarios de provincia, para que aporten desde las bases, unas soluciones, porque debe ser el pueblo el que aporte fórmulas que ayuden a desbloquear al país, de los obstáculos que están tendiendo algunos congresistas. Tras el análisis a lo que podría llamarse emergencia que afecta la vida nacional, se dio inicio a una CONVOCATORIA general con sindicatos y juntas comunales, con el propósito de avanzar en la elaboración de una lista de esos congresistas y movimientos a los que representan con el objeto de estudiar una solución rápida, rechazando a sus candidatos de las regiones en los comicios de octubre próximo.

Los voceros cívicos, sindicales y comunales afirmaron que de qué se beneficia una región con tener representantes a la cámara o senadores que no le sirven al país.

Entre los llamados “honorables” políticos de varios movimientos que faltan reiteradamente a las comisiones de trabajo están, del Centro democrático, Parido de la U, algunos liberales y conservadores, y de cambio radical, entre otros.

Y los dirigentes cívicos y comunales que trabajan por una solución a esa enfermedad de algunos congresistas, dijeron que la situación al parecer no tiene remedio a la vista, y lo que se debe es hacer una campaña de base para, CAMBIARLOS porque ya están desgastados y cansados de trabajar por el país. Agregaron los analistas que, esos políticos en el congreso, a lo único que no están cansados es, de recibir mensualmente los $34 MILLONES de sueldo que les pagamos los colombianos, que así estemos fatigados, enfermos y desanimados de haberlos elegido, hay que pagar los impuestos, contribuciones y sobretasas que los gobiernos se han inventado para recoger planta con el finde sufragar los BILLANARIOS GASTOS entre ellos los del CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Según los voceros sindicales, comunales y cívicos, en Colombia se debe hacer un frente de responsabilidad social y renovar de una vez, a los congresistas que creyendo afectar al gobierno con su inoperancia, están es trayéndole más desgracia violenta al país. Quizás le pueda interesa: Orfandad legislativa

 bersoa@hotmail.com

Los peligros y lecciones de las narrativas

Mario González Vargas

El esfuerzo de Lula por revivir a la desfallecida Unasur naufragó de manera estrepitosa con el insólito intento de lavarle la cara a Maduro y su régimen. Acudió el presidente brasileño al expediente preferido de la izquierda de montar una narrativa que denominó “narrativa de dictadura de derechos humanos que internacionalmente le han montado a Maduro”, contraria a la evidencia de que en Caracas gobierna una casta criminal sostenida por el terror que infunden sus delitos de lesa humanidad. Así la calificaron en su momento la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michele Bachelet, el Fiscal de la Corte Penal Internacional y en general todas la Organizaciones de Derechos Humanos. Quizás el más benigno haya sido Felipe González que la caracterizó como una “Robolución”. El repudio a semejante despropósito se extendió a la mayoría de los asistentes y privó a Lula del soporte necesario al liderazgo continental que había acariciado encontrar en esa cumbre.

Para sorpresa de los asistentes, pero no de los colombianos, el único presidente que anunció su intención de retornar a la membresía de Unasur fue Gustavo Petro. Nuestro presidente también es propenso a narrativas de esa naturaleza que ya había esbozado en relación con el sátrapa venezolano y que ha empezado a cultivar en el orden doméstico para aclimatar su concepción del cambio que pretende para Colombia. En medio de las dificultades que confronta por su errático comportamiento, sus improvisaciones, la ineptitud de su “gabinete de emergencia”, los escándalos de corrupción que afectan a su más estrecha colaboradora y a miembros de su familia, la resistencia ciudadana y del congreso a sus maltrechas reformas, sus deliberadas agresiones a la Justicia, la Procuraduría y a los que osan disentir y su deshilvanada paz total que logró arreciar la violencia y el control territorial de las organizaciones armadas ilegales, ha resuelto inaugurar la narrativa del golpe blando que atribuye a sus afligidos opositores y ciudadanos ante el caos que asoma y amenaza las libertades y la estabilidad del orden institucional.

Se equivocan el presidente y quienes lo acompañan. Nadie quiere, propugna ni cohonestaría un golpe de cualquier naturaleza que interrumpa el libre funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, construidas con paciencia, en medio de dificultades y esfuerzos, a las que hoy la inmensa mayoría adherimos y defendemos. La oposición ejerce el legítimo derecho a disentir dentro de los cauces, espacios y requerimientos de nuestro ordenamiento jurídico. El respeto por la autonomía e independencia de los poderes ha sido conducta constante que ha permitido superar los retos y dificultades que hemos conocido. La propia elección del presidente es prueba fehaciente de la fortaleza de nuestra democracia que no estamos dispuesto a mancillar y perder. Ver como enemigo al que disiente en uso de las herramientas que le proporciona el ordenamiento jurídico constituye un desliz de imprevisibles consecuencias. Los enemigos son otros, armados y perpetradores de delitos de lesa humanidad que todos debemos combatir.

Los peligros anidan en la desconexión del gobernante con sus ciudadanos, de impensadas consecuencias y difícil resolución. Superarlos determina la suerte y dimensión del gobernante y la preservación de nuestras instituciones.