Parece cansón repetir sobre los problemas de la salud que padecen millones
de colombianos.
Pero, todo lo que se hable de la crisis de la salud es insignificante,
comparado con los saqueos del dinero que han hecho los administradores y juntas
directivas de algunas EPS.
Decíamos que son millones de personas las que dependen del sistema general
de salud. En el régimen subsidiado hay aproximadamente 18.8 millones y en el
régimen contributivo unos 12.2 millones, sin contar los beneficiarios de cada
afiliado, suma que puede llegar a 50 millones de colombianos.
Y, la Nueva EPS (Entidad Promotora de Salud) es la que más afiliados
tiene en el país, superando los 11.5 millones de afiliados según estadísticas recientes. Esos más de 11 millones de afiliados se
convierten en más de 25 millones de usuarios porque cada afiliado tiene uno o
hasta tres beneficiarios La nueva EPS cubre más del 99% del
territorio nacional.
Cuando conocimos que la Contraloría General de la República inició un
intenso periodo de investigaciones desde 2022, y luego se abrieron más de
522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos
hasta marzo de 2025, vimos que este entes
de control fiscal está funcionando, pero
ahí no puede quedarse algo tan delicado y atentatorio contra los colombianos.
Deudas de la nueva EPS
Y si la Nueva EPS es la que agrupa a más afiliados y usuarios, pues las deudas
con proveedores, clínicas, hospitales y hasta trabajadores, superan $21
billones de pesos, convirtiéndose en las EPS como la mayor deudora del
sector salud. A solo clínicas y hospitales, la deuda asciende a $6,6 billones.
Aquí es donde está la gran pregunta: Dónde
están los dineros que pagan los afiliados y los que paga el estado. Según el informe oficial, en 2024 el estado le
giró, $21,75 billones (un solo año). Y los
estimativos de lo que pagan los cotizantes, equivaldría a más de $2.124.000
Billones anuales. Billones, léase bien. No son millones.
Calculemos
los colombianos, cuánta plata destinada a la salud, de afiliados a las EPS y la
que destina el estado, se ha desviado a los bolsillos de particulares en cerca
de 30 años.
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| Esto es lo que circula en las Redes sociales sobre este proceso |
En esta
denuncia contra Cardona Uribe, (expresidente de la nueva
Eps) también fueron vinculados, Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente
administrativo y financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de
contabilidad, y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
La Fiscalía radicó el escrito
de acusación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal
y omisión de control de recursos de la salud, ante el Juzgado 54 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Como una mínima muestra de uno
de los presuntos delitos de los implicados, es que omitieron el procesamiento
de 14 millones de facturas correspondientes a servicios suministrados por
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). La serie de irregularidades son interminables, hechos que Darian para muchas
páginas escritas, de una noticia.
Mientras los colombianos no veamos resultados finales de las
investigaciones que se adelantan, tendremos que ser incrédulos de los castigos
que reciban los responsables del desgreño de los dineros de la salud.
Es que nadie puede creer que desde hace unos 25 años que el dinero se ha
venido desviando, pero con mayor agresividad y atrevimiento, se notó en los últimos
años, y no se conocen resultados
ejemplares en los que la justicia conmine a los responsables a la CARCEL y el
decomiso de sus activos producto del robo, para responder y cubrir esos
faltantes de los presupuestos y darle garantía a quienes pagamos los aportes mensuales
y los que destina el estado para la salud.
¿Será acaso que el país necesite
algo más para que se den resultados? ¿Será
que la justicia no opera para castigar a los responsables? - ¿Qué tienen estos
delincuentes que no los cobija la justicia con severidad? ¿Será que los de alta alcurnia son inmunes a la justicia? Es imposible que se juegue así con el pueblo.
Aquí sí, da lugar a que, cualquier ciudadano indignado, enfermo, sin
atención médica y sin medicamentos, sugiera un estallido social como medio
para reclamar los derechos a la salud.
Es que son derechos fundamentales adquiridos, no solo por naturaleza,
sino porque cada afiliado paga mensualmente sus aportes, para tener el
servicio, y no puede tolerarse que unos delincuentes se apoderen de esos
dineros y la justicia no actúe. ¡Ah! pero si actúa para exigirle al estado la destinación de mayor
presupuesto, sin mirar y castigar a los que están robando. Nadie puede creer que haya pasado tantos años
y no se conozcan condenas ejemplares por estos CRIMENES. Es que estos saqueos del dinero de la salud no
son de ayer y hoy. Hace años, casi desde cuando comenzó la ley 100, hace algo
más de 30 años, hecha tal cual para abrirle la puerta a los LADRONES.
