miércoles, 25 de febrero de 2026

Tempestad política por ambigüedad del tarjetón E-14

No se deben dejarse casillas abiertas que permitan alteraciones

Por: Bernardo Socha Acosta
El Tarjetón E-14 que hace parte del proceso electoral para el día de los comicios del 8 de marzo, y concretamente para el registro de votos que dejan los sufragantes en cada mesa, ha despertado una serie de controversias por redes sociales y otros sitios web, porque el Registrador nacional Hernán Penagos, en sus instrucciones para jurados, dijo que los espacios en blanco de ese tarjetón o Acta, no se deben anular. Es decir que hay que dejarlos en blanco…

Todo esto ha despertado una tempestad, no en un vaso de agua, sino en un mar de aspirantes a la consulta, la mayoría, no movidos por una causa noble del país, sino movidos por el lucrativo negocio de la reposición de votos, cuyo valor es de $1.965,oo cada uno. Esas consultas para aspirantes a la nominación presidencial, tenemos que pagarlas los colombianos.   

Bueno, pero hablemos de la ambigüedad que ha creado el famoso E-14. Con tanta controversia de ese tarjetón y demás riesgos de fraude, investigamos con apoyo de IA y encontramos instrucciones precisas sobre el particular, basadas en el Código Nacional Electoral de 1986.

Y, si bien,  no hay una norma precisa que señale que, el tarjetón E-14 no puede tener espacios en blanco, eso no es óbice o motivo, para que quien lleva la responsabilidad de responderle al país, haga interpretaciones a su libre albedrio, pero lo más grave es que salen a respaldarlo los jefes de entes de control como la Procuraduría, lo que despierta MÁS  y profunda desconfianza, entre los colombianos. Ya sabemos en qué orillas están esos funcionarios, que hacen parte de la política tradicional que ha manejado el país, no con el acierto que anhelan los colombianos.

Y, entonces cuál es la directriz

Si no existe una norma que diga literalmente que el E-14 “no puede tener espacios en blanco”, lo que sí existe es una obligación legal, de diligenciar de forma completa, clara y sin enmendaduras irregulares, que en la práctica implica, que no deben dejarse casillas abiertas que permitan alteraciones.

Entonces, el sustento normativo real que regula ese trámite del E-14, está en el Código nacional electoral (Decreto 2241 de 1986 de la Registraduría Nacional) el cual establece que los jurados deben, contar los votos públicamente, registrar los resultados en las actas y firmar los formularios, garantizando exactitud y transparencia que no permita dejar dudas entre los interesados y en general de los ciudadanos.

Y en los manuales de jurados de votación de la Registraduría está la instrucción más directa (de carácter administrativo):

Reiteramos: Según en esos manuales de la Registraduría, se ordena que, el E-14 se diligencie: de manera clara, sin tachones no salvados, sin enmendaduras y con todos los campos totalizados y que los espacios no utilizados deben anularse o cerrarse para evitar adiciones posteriores y  cumplir así una instrucción operativa.

Y ojo…Cuándo un espacio en blanco sí genera problema legal… Respuesta:  cuando el espacio permite adicionar votos, o el total no cuadra; o que hay signos de adulteración. También cuando  falta cierre del renglón y hay enmendaduras no firmadas.  

En esos casos puede prosperar la reclamación.

 Conclusión clara

Si no hay una norma que prohíba textualmente “espacios en blanco”.

Sí existe la obligación de diligenciar el E-14 de forma completa, clara y segura.

Los manuales de la Registraduría instruyen cerrar espacios para evitar alteraciones.

Un espacio en blanco por sí solo no anula el acta, pero puede generar reclamación si compromete la integridad del registro.

Y como hablamos de las posibilidades de alteración del tarjetón o acta de registro de votos de cada mesa, pues no sobra hablar de los riesgos de fraude, posibilidades de las que no está blindado el sistema electoral.

El riesgo de fraude no solo podría consumarse con el tarjetón E-14, sino con otros procedimientos que incluyen los delitos electorales que, si bien no son masivos, si se han presentado en Colombia, como son: trashumancia o trasteo de votantes, perturbación de elecciones, presión y engaño  al votante, compra y venta de votos, suplantación, complicidad de voto fraudulento, la demora de documentos relacionados con el proceso electoral y retención de cédulas, entre otros.   

Y finalmente para no olvidar la historia, hay que recordar el 19 abril 1970 cuando los medios de comunicación (las emisoras de la época) daban por ganador al General Gustavo Rojas Pinilla, por una diferencia cercana a los 113.000 votos, pero inesperadamente terminó ganando el señor Misael Pastrana Borrero, por presunto FRAUDE. Eso generó una ola de protestas que terminaron con el surgimiento del  Movimiento 19 de Abril (M-19).

Cerremos la nota, aplicando el viejo refrán "cuando el río suena, piedras lleva". Apoyo de Inteligencia Artificial.  (www.bersoahoy.co)

miércoles, 18 de febrero de 2026

La IA: hilo conductor de las principales tendencia tecnológicas

2026: El año en que la IA se vuelve operativa y la infraestructura se convierte en estratégica

Por: Octavian Tanase
Chief Product Officer (CPO) Hitachi Vantara

Si 2025 fue el año en que las empresas aprendieron a experimentar con la IA, entonces 2026 será el año en que aprendan a depender de ella.

La era de los proyectos piloto y de las herramientas aisladas de IA Generativa está dando paso a algo mucho más transformador: sistemas de IA capaces de actuar, decidir y operar con creciente autonomía, redefiniendo no solo la forma en que funcionan los negocios, sino también la infraestructura subyacente que las naciones utilizan para asegurar su futuro.

El hilo conductor más poderoso que conecta las principales tendencias del próximo año es simple pero profundo: la IA está evolucionando de una capacidad a una capa fundacional de la competitividad económica. Todo lo demás —desde la estrategia de datos y la arquitectura Cloud hasta el diseño de hardware y los modelos de fuerza laboral— orbita ahora en torno a ese cambio.

En el centro de esta transformación está el auge de la IA Agéntica, la tendencia tecnológica empresarial definitoria de 2026. A diferencia de los modelos generativos anteriores que simplemente producían contenido, los sistemas de IA Agéntica pueden ejecutar tareas, tomar decisiones y operar de manera autónoma dentro de los flujos de trabajo del negocio.

Las empresas los integrarán en sus cadenas de suministro, operaciones de atención al cliente, procesos de cumplimiento y rutinas de análisis financiero. Estos agentes no solo responderán preguntas: tomarán acciones, activando flujos de trabajo, ajustando parámetros en tiempo real y gestionando decisiones que antes estaban en manos de personas.

Pero con la autonomía llega la complejidad. Las organizaciones necesitarán sólidos sistemas de gobernanza, marcos de confianza y canalizaciones de datos de alta calidad para garantizar que estos agentes se comporten de manera predecible y responsable. Aquí emerge la segunda gran tendencia de 2026: los datos se convierten en la principal fuente de diferenciación competitiva.

A medida que el cómputo, los modelos e incluso los algoritmos avanzados continúan “comoditizándose”, el diferenciador pasa a ser el dato propietario, de alta calidad y bien gobernado. Cada empresa deberá enfrentar una realidad común: la sofisticación de su IA dependerá menos de la potencia de sus modelos y más de la precisión, limpieza y confiabilidad de los datos que los alimentan.

Las compañías con ecosistemas de datos maduros tomarán ventaja rápidamente. Aquellas que no lo estén, tendrán dificultades para adaptarse, ya que los sistemas agénticos requieren ciclos de decisión más rápidos, correlación en tiempo real y señales contextuales más granulares.

El tercer hilo conductor se apoya en este cambio: los gobiernos de todo el mundo ahora consideran la infraestructura de IA como un activo estratégico, al nivel de la energía o la defensa. El crecimiento de las nubes soberanas no es un movimiento de nicho, sino una respuesta geopolítica a la era de la IA.

Las naciones quieren la capacidad de poseer y proteger los datos que impulsan sus economías y resguardan a sus poblaciones. Exigen garantías sobre dónde se almacena la información sensible, cómo se entrenan los modelos y si los sistemas de IA pueden respetar los límites regulatorios.

En 2026, se espera una aceleración significativa de los ecosistemas de nube soberana. Los países invertirán en centros de datos preparados para cumplir con regulaciones y diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA, con alta eficiencia energética. Estas instalaciones se convertirán en los santuarios de los datos ciudadanos, financieros y vinculados a la defensa, construidos para soportar el cumplimiento normativo y la supervisión nacional. A medida que proliferen los agentes de IA, la necesidad de supervisión nacional y control de la infraestructura será imposible de ignorar.

Esto conecta directamente con la cuarta tendencia: la IA está llevando al límite físico las arquitecturas actuales de los centros de datos, forzando un ciclo de modernización sin precedentes. Las cargas de trabajo de IA y de sistemas agénticos demandan una densidad de cómputo extraordinaria, aceleradores especializados y arquitecturas de almacenamiento diseñadas para baja latencia y alto rendimiento. Las limitaciones de energía y refrigeración, antes consideradas un tema operativo, ahora se convierten en un factor restrictivo para la innovación en IA.

Esta modernización no se trata solo de rendimiento. Está impulsada por la necesidad de liberar capacidad eléctrica para las cargas de trabajo de IA. Si las empresas no pueden liberar capacidad energética, no expandirán sus capacidades de IA, quedando rezagadas competitivamente. Los requisitos de sostenibilidad y las regulaciones emergentes también acelerarán este cambio, convirtiendo la eficiencia energética no solo en una mejora operativa, sino en un imperativo de cumplimiento.

A través de estas tendencias clave emerge una narrativa única: la IA ya no es una herramienta superpuesta a las operaciones del negocio. Es la columna vertebral sobre la que dependerán las operaciones, la infraestructura, la regulación y las estrategias de los países.

La IA agéntica impulsa la necesidad de mejores datos. Mejores datos impulsan la necesidad de entornos seguros, soberanos y conformes. Esos entornos requieren infraestructura modernizada y energéticamente eficiente, diseñada específicamente para la automatización inteligente. Este ecosistema se retroalimenta.

Y entre todo ello persiste una verdad humana final. Aunque los sistemas se vuelvan más autónomos, las personas siguen siendo esenciales. En 2026 veremos un fuerte impulso en la recapacitación de la fuerza laboral, no para convertir a los empleados en programadores, sino en orquestadores capaces de aprovechar estos sistemas autónomos para transformar sus industrias.

Los próximos grandes avances no vendrán únicamente de científicos de datos, sino también de expertos potenciados por IA.

En 2026, la IA se convierte en la nueva infraestructura, y las organizaciones que comprendan este cambio de manera temprana definirán el panorama competitivo durante los próximos años.

Fuente: Daniel Contreras / Edm comunicaciones.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co  

domingo, 15 de febrero de 2026

La amañada política lucha por mantener el poder de hacer dinero

Por: Bernardo Socha Acosta
Pareciera que algunos funcionarios que ocupan los más altos y medios cargos de la escala piramidal de la jerarquía judicial y del legislativo, tuvieran como lema y objetivo exacerbar los ánimos de la población, seguramente y no deja duda, por seguir, al parecer, amañadas consignas políticas de quienes han usufructuado por muchos años al país y no se resisten a dejarlo.

El pueblo que ha sido en su mayor parte sumiso y obediente, tiene también un límite, por la defensa de su dignidad, la que parece ignorar algunos que se precian muy superiores a los demás. Otros defienden los viejos sistemas por ignorancia.

Seguramente nadie, de los que pretenden dominar al país, se ha detenido a pensar que cuando el pueblo llega a su punto máximo de aguantar abusos, vienen los ESTALLIDOS SOCIALES. Basta con repasar la historia.

Hoy cuando una alta parte de la población descubrió los viejos trucos que la amañada política, utiliza para mantener el poder corrupto de enriquecimiento y ejercer el mandato de obediencia esclavista del pueblo, queda atrás cualquier posibilidad de continuar ese diabólico sistema que muchos funcionarios de mando, siguen aplicando erráticamente sin darse cuenta que están en el sitio y el momento equivocado.

Y, este es un preámbulo para referirnos a unos fallos judiciales que, aun cuando merecen todo el respeto, los trabajadores y el pueblo en general, no los comparten y están en su derecho porque también merecen respeto. Hacemos referencia a la suspensión provisional que el Consejo de estado hizo al Decreto del aumento de salario mínimo vital, 2026. Pero, que dice la CONSTITUCIÓN SOBRE EL SALARIO: “El Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Este mandato asegura que el salario permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, garantizando una vida digna”. Pero la posición del Consejo de estado, si bien es respetable, también deja muchas dudas.  Dicen muchos eruditos, que ese tribunal podría estar violando el mandato de la Constitución.

Y si eso fuera así, conqué confianza un pueblo puede creer en sus instituciones. Estaríamos entonces llegando a lo más bajo de la perversión humana, donde la transgresión deliberada de normas y límites, se aplica solo por satisfacer la voracidad política del poder y el dinero.

Pero que, el Consejo de estado lo esté violando o no, lo que sí es cierto, es que está creando un innecesario malestar entre muchos colombianos del común que son la mayoría. Los políticos corruptos lo apoyan, claro, o sino, no se hubiera presentado un alto número de demandas contra el decreto de reajuste del salario mínimo vital.   

Ese malestar popular que se esta alimentando con estos fallos, no es bueno, ni para las instituciones ni para los funcionarios, o mejor no es bueno para la convivencia nacional. Es por esta razón que buena parte (mayoría)  ha respaldado a pie junto la propuesta de una Asamblea Constituyente para hacer las reformas que requiere el ordenamiento de las ramas del poder, porque al parecer no hay nada más que hacer.  Muchos aseguran que en esas ramas del poder (judicial y legislativo) hay anarquía y quieren hacer con el pueblo lo que les plazca.

Cuando vemos y leemos los contenidos de redes sociales sobre estos procedimientos de las altas Cortes de la justicia, queda el lector más que sorprendido. Se esta alimentando una cadena peligrosa que, puede convertirse en una amenaza nacional, y es que hay motivos suficientes, como lo del salario mínimo vital, porque el pueblo defiende el plato de comida; y otros temas que han sido motivo como la emergencia económica. Y hablando de emergencia económica, la naturaleza parece estar en desacuerdo con los procedimientos judiciales y se han precipitado catástrofes por fenómenos naturales que solo se pueden atender en buena forma canalizando recursos extras que estaban contenidos en la emergencia económica. Y hasta aquí estas consideraciones. Gracias.

Tomado de la Revista Raya (Sección de investigación)

El pulso por el salario mínimo: ¿quiénes lograron frenar el aumento?

Creado: 15 Febrero 2026
Detrás de los expedientes que llevaron al Consejo de Estado a declarar la suspensión del decreto, figuran líderes gremiales como Jaime Alberto Cabal de Fenalco, concejales y dirigentes del Centro Democrático, candidatos al Congreso y reconocidos abogados y lobbistas de grandes empresas, quienes han impulsado el hundimiento en el Congreso de reformas como la laboral. RAYA identificó lo que representan las personas que demandaron para tumbar el “salario mínimo vital”. 

Por: María F. Padilla Quevedo y Tatiana Portela

Fueron 16 las demandas que frenaron provisionalmente el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro, a finales de 2025, aumentó el salario mínimo a dos millones de pesos y lo presentó como “salario mínimo vital”. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, el magistrado del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo, declaró la suspensión temporal del decreto al considerar, según él, que su expedición desconoció parámetros técnicos: la inflación, la productividad y el comportamiento económico del país. Aunque el decreto expedido por el Gobierno sí menciona estos aspectos, el auto cuestiona la forma en la que fueron integrados y sustentados. El Gobierno incluyó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que presenta el “salario mínimo vital” como una medida para “eliminar salarios excesivamente bajos y promover el trabajo decente”.

La decisión se tomó esta semana mientras el alto tribunal adopta una determinación de fondo y dicta la sentencia sobre la legalidad del decreto. Pero más allá del debate técnico jurídico, ¿quiénes son los políticos y abogados que quieren tumbar el salario mínimo vital? Se trata de líderes gremiales, políticos de derecha y abogados de grandes empresas en pleitos contra sindicatos que han actuado en detrimento de los derechos laborales de la clase trabajadora. Sin embargo, cualquier ciudadano podría interponer algún recurso de súplica o tutela para revertir esa decisión.

Uno de los líderes gremiales es Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Se ha declarado el gran opositor del decreto de aumento al salario desde que el presidente Gustavo Petro lo anunció en diciembre de 2025. Cabal lidera un gremio con más de 15 mil afiliados, entre grandes empresas como Alpina y Nutresa, hasta pequeños comerciantes y tenderos. Desde que fue elegido en septiembre de 2019 como presidente de Fenalco, se ha consolidado como uno de los dirigentes más influyentes y polémicos del país. Aunque Fenalco suele tener asiento en la concertación, esta vez el gremio no asistió a la mesa de negociación citada por el Gobierno en diciembre pasado, antes de que el Ejecutivo fijara el salario por decreto. Todo el documento Aquí

https://revistaraya.com/el-pulso-por-el-salario-minimo-quienes-lograron-frenar-el-aumento.html

viernes, 13 de febrero de 2026

Documentos que reseñan lo que hoy pasa en Córdoba


Por: Bernardo Socha Acosta
Las graves inundaciones por la inesperada (para algunos) temporada invernal que están viviendo varias zonas del país, es la muestra fehaciente de la grave alteración de los niveles del clima, o atmosféricos, llamados también, cambio climático, que a menudo las instituciones ambientales de investigación han anunciado y reiterado, pero que ni las comunidades ni los gobiernos le han puesto la suficiente atención desde hace décadas.

Un documental recuperado por varios lectores, el cual ha venido publicando desde 2011, el escritor  Víctor Negrete Barrera, director de la Escuela de Estudios Sociales y Políticos, de la Universidad del Sinú, y director de la Fundación del Sinú, deja una marca, frente a la situación que viven miles de personas en el departamento de Córdoba, por las inundaciones, parte causada por la naturaleza y otra por la mano del hombre y las instituciones que para buscar lucro violan todos los protocolos ambientales, sin las previsiones planteadas por los investigadores.

El documental que generosamente me hizo llegar Jorge Castellanos Pulido, director de la Corporación Compromiso, tiene el siguiente encabezamiento: (Por lo extenso del documento solo hacemos una síntesis y extraemos unos apartes textuales que se encuentran entre comillas)

Victor Negrete Barrera

Algunos antecedentes de la actual tragedia invernal en Córdoba

 Las lecciones del invierno y la reaparición de Urrá 2. 2011 (Urrá es una hidroeléctrica)

- ¿Hidroeléctrica de Urrá II? El ejemplo de Urrá I y la situación actual no lo aconsejan. 2007

- Las fuentes de agua en Córdoba. Encuentro para reflexionar y actuar. 1998”

Y dice este preámbulo: “Muchos quedamos sorprendidos. En verdad no lo esperábamos. A las voces ocasionales y dispersas de los llamados burlonamente ambientalistas empezaron a sumarse otras que por una u otra razón no lo habían hecho antes o aquellas que, desestimuladas por la falta de apoyo y amenazas, decidieron guardar un prudente silencio. Ante la gravedad de lo sucedido con el invierno y el llamado fenómeno de La Niña, no aguantaron más y están dando a conocer su opinión y proponiendo soluciones. Sorprende porque estas distintas voces han identificado causas y efectos, políticas y programas, responsables y medidas a tener en cuenta.

Empecemos por el presidente Juan Manuel Santos quien llamó la atención sobre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 33 en todo el país, unas más que otras para ser justos, por ineficiencia y falta de atención, previsión e inversión en obras que pudieron mitigar los efectos.

“Hasta aquí lo que muchos sabían, pero no habían divulgado. Las otras causas son viejas, anunciadas y repetidas en incontables ocasiones, pero casi nunca atendidas: La ocupación de las orillas de ríos y humedales, cauces abandonados o interrumpidos, faldas de cerros o al borde de carreteras inseguras por parte de grupos o comunidades pobres llevadas por la necesidad o de la mano de funcionarios y políticos; el cambio de relieves a punta de palas, picos, dragas y retroexcavadoras que han modificado en alto grado la geografía del país y en consecuencia el curso de diversas fuentes de agua o causado su deterioro o desaparición; la ganadería y la minería a cielo abierto que arrasan con agua, bosques y suelo útil para actividades menos dañinas; las hidroeléctricas con sus cambios de cauces, una especie de yo-yo que sube y baja confundiendo las estaciones, la fauna y flora que viven en sus barrancos y riberas, disminuyendo peces, empobreciendo más aún las comunidades, alterando costumbres sanas y, en fin, lo que repetimos a diario sobre la deforestación, sedimentación, erosión y contaminación.

Pero esto no es todo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales había pronosticado la intensidad de las lluvias con semanas de anticipación que bien pudieron tomarse algunas medidas; a pesar de la ya reconocida vulnerabilidad del país en cuanto a inundaciones, terremotos y deslizamientos y él tantas veces anunciado cambio climático o calentamiento global, que ya es una realidad, los distintos gobiernos no le han prestado la atención que requiere. Incluso, con todo lo sucedido y aprendido en el país durante tantos años, el actual Plan Nacional de Desarrollo que está en discusión presenta omisiones, fallas y ambigüedades que deben ser corregidas”

En Córdoba la situación no es muy diferente de lo aquí planteado. La CAR de los valles del Sinú y San Jorge (CVS) adolece de las fallas detectadas a sus pares en todo el país. Los organismos más comprometidos con la planeación, prevención y atención de crecientes e inundaciones y los encargados de que cumplan sus funciones son la CVS, el Incoder (el reemplazo del Incora) y la Procuraduría judicial, agraria y ambiental; las administraciones municipales y departamentales y obviamente las instituciones de control locales y nacionales. Las crecientes e inundaciones de los últimos años confirman que los resultados no han sido satisfactorios a pesar de los cuantiosos recursos invertidos, la larga existencia y el cúmulo de experiencias no sistematizadas ni aprovechadas de estos organismos.

Como prueba están los humedales que continúan su desaparición inexorable; la erosión, deforestación y contaminación no cesan; la hidroeléctrica de Urrá, si bien controla parcialmente las inundaciones no deja de acelerar la erosión y ocasionar perjuicios por los cambios de cauce; la explotación ilegal de minas a cielo abierto sigue; los distritos de riego de Mocarí y La Doctrina están subutilizados; aún no cumplen la sentencia de la Corte Constitucional T-194 de 1999 sobre protección de humedales ni la resolución de la Defensoría del Pueblo 038 del 2005 donde exhorta, insta, apremia, solicita, exige, urge, reitera y ordena a prácticamente todas las autoridades y organismos, en especial a la CVS, Urrá S.A, Ministerio del Ambiente, Incoder, gobernación y alcaldías a que cumplan las normas, funciones y compromisos que tienen con los recursos naturales y el medio ambiente; los organismos de control no cuentan con funcionarios capacitados en lo ambiental y por lo general sus auditorías carecen de apreciaciones y juicios en estos aspectos; las declaratorias de emergencia por causas de crecientes, además de negocio para algunos, son una “botadera” de plata por lo ineficaz de sus resultados; el empleo permanente de pentápodos, bolsacretos, sacos con arena o tierra y empalizadas han demostrado en numerosas ocasiones que no son tan efectivos como aducen; la CVS a pesar de los enormes recursos que maneja y los años que tiene encima no ha querido formar equipos altamente calificados para enfrentar con éxito las mismas calamidades que año tras año nos agobian y prefieren seguir contratando expertos de otros lugares que al final lo que dejan son estudios que en la mayoría de las veces deben volver a traer para que los expliquen o apliquen.

Si las instituciones y funcionarios no han podido prevenir ni controlar las crecientes e inundaciones tradicionales, ahora con el cambio climático, el aumento de temperaturas y alteración de lluvias y sequías, la situación tiende a empeorar porque faltan estudios, expertos sobre ingeniería hidráulica colombiana y conocedores profundos de la realidad ambiental nacional y sus perspectivas globales.”

Hasta aquí parte del texto del documental, pero los escritos denuncian además cómo diferentes funcionarios y en distintos gobiernos, la problemática se toma muy deportivamente, violando todas las medidas de prevención y normas ambientales que deben aplicarse y como resultado esta la grave situación que hoy vive la población del departamento de Córdoba, donde la situación ha sido mayor que en el resto del país.

Biografía:  El primer documento lo encuentran, aquí

https://alainet.org/pt/node/146823?language=en

El segundo aquí

https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/revista?numb=%2747%27

lunes, 9 de febrero de 2026

Los delitos impunes entre los de alta alcurnia

Por: Bernardo Socha Acosta

Parece cansón repetir sobre los problemas de la salud que padecen millones de colombianos.

Pero, todo lo que se hable de la crisis de la salud es insignificante, comparado con los saqueos del dinero que han hecho los administradores y juntas directivas de algunas EPS.

Decíamos que son millones de personas las que dependen del sistema general de salud. En el régimen subsidiado hay aproximadamente 18.8 millones y en el régimen contributivo unos 12.2 millones, sin contar los beneficiarios de cada afiliado, suma que puede llegar a 50 millones de colombianos.

Y, la Nueva EPS (Entidad Promotora de Salud) es la que más afiliados tiene en el país, superando los 11.5 millones de afiliados según estadísticas recientes.  Esos más de 11 millones de afiliados se convierten en más de 25 millones de usuarios porque cada afiliado tiene uno o hasta  tres beneficiarios  La nueva EPS cubre más del 99% del territorio nacional.

Cuando conocimos que la Contraloría General de la República inició un intenso periodo de investigaciones desde 2022, y luego se abrieron más de 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos hasta marzo de 2025, vimos  que este entes de control fiscal  está funcionando, pero ahí no puede quedarse algo tan delicado y atentatorio contra los colombianos.

Deudas de la nueva EPS

Y si la Nueva EPS es la que agrupa a más afiliados y usuarios, pues las deudas con proveedores, clínicas, hospitales y hasta trabajadores, superan $21 billones de pesos, convirtiéndose en las EPS como la mayor deudora del sector salud. A solo clínicas y hospitales, la deuda asciende a $6,6 billones.

Aquí es donde está la gran pregunta: Dónde están los dineros que pagan los afiliados y los que paga el estado.  Según el informe oficial, en 2024 el estado le giró, $21,75 billones (un solo año). Y los estimativos de lo que pagan los cotizantes, equivaldría a más de $2.124.000 Billones anuales. Billones, léase bien. No son millones.

Calculemos los colombianos, cuánta plata destinada a la salud, de afiliados a las EPS y la que destina el estado, se ha desviado a los bolsillos de particulares en cerca de 30 años.   

Esto es lo que circula en las Redes 
sociales sobre este proceso
En estos días se conoció que la Fiscalía General de la Nación formuló cargos de manera formal  al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a tres exdirectivos de la entidad por su presunta participación en un acto de corrupción que habría vinculado recursos públicos del sistema de salud entre 2019 y 2022.

En esta denuncia contra Cardona Uribe, (expresidente de la nueva Eps) también fueron vinculados, Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.  

La Fiscalía radicó el escrito de acusación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud, ante el Juzgado 54 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Como una mínima muestra de uno de los presuntos delitos de los implicados, es que omitieron el procesamiento de 14 millones de facturas correspondientes a servicios suministrados por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). La serie de irregularidades son  interminables, hechos que Darian para muchas páginas escritas,  de una noticia.

Mientras los colombianos no veamos resultados finales de las investigaciones que se adelantan, tendremos que ser incrédulos de los castigos que reciban los responsables del desgreño de los dineros de la salud.

Es que nadie puede creer que desde hace unos 25 años que el dinero se ha venido desviando, pero con mayor agresividad y atrevimiento, se notó en los últimos años, y no se conocen  resultados ejemplares en los que la justicia conmine a los responsables a la CARCEL y el decomiso de sus activos producto del robo, para responder y cubrir esos faltantes de los presupuestos y darle garantía a quienes pagamos los aportes mensuales y los que destina el estado para la salud.

 ¿Será acaso que el país necesite algo más para que se den resultados?  ¿Será que la justicia no opera para castigar a los responsables? - ¿Qué tienen estos delincuentes que no los cobija la justicia con severidad? ¿Será que los de alta alcurnia son inmunes a la justicia? Es imposible que se juegue así con el pueblo.

Aquí sí, da lugar a que, cualquier ciudadano indignado, enfermo, sin atención médica y sin medicamentos, sugiera un estallido social como medio para  reclamar los derechos a la salud.

Es que son derechos fundamentales adquiridos, no solo por naturaleza, sino porque cada afiliado paga mensualmente sus aportes, para tener el servicio, y no puede tolerarse que unos delincuentes se apoderen de esos dineros y la justicia no actúe.  ¡Ah! pero si actúa para exigirle al estado la destinación de mayor presupuesto, sin mirar y castigar a los que están robando.  Nadie puede creer que haya pasado tantos años y no se conozcan condenas ejemplares por estos CRIMENES.  Es que estos saqueos del dinero de la salud no son de ayer y hoy. Hace años, casi desde cuando comenzó la ley 100, hace algo más de 30 años, hecha tal cual para abrirle la puerta a los LADRONES.  

Es tan básico y tan elemental saber de los delitos, como las prácticas inveteradas de facturación de servicios a 308 mil personas fallecidas y muchísimas más hechos delictivos, sin que haya castigo. Y le preguntamos a quienes administran justica: ¿Es esto un delito?... Por qué son tan tolerantes con los delitos cometidos por los de alta alcurnia. Y esto es una sola muestra del catalogo de ROBOS del dinero de la salud. Y Por qué el CONGRESO DE LA REPÚBLICA se opone a las reformas. ESO ES MUY SOSPECHOSO. Entonces, ni los legisladores (congresistas) ni quienes ad ministran justicia actúan. Un completo abandono y una gravísima IMPUNIDAD atenta contra más de 50 millones de colombianos.

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