Pedro Pablo Contreras Pinillos
Los cargos contra el ministro de defensa y el vicepresidente son muy graves, dice ex -magistrado.
La Corte Suprema y la fiscalía, no pueden acoger las versiones de Mancuso para unas cosas y para otras no.
El expresidente Samper debe convertirse en pieza clave para investigar denuncias de Mancuso sobre el complot de Juan Manuel Santos para derrocar su gobierno.
Los políticos deben ser juzgados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos políticos.
La situación del gobierno Uribe es gravísima porque son demasiadas coincidencias y el 80 por ciento de los congresistas y otros dirigentes judicializados son de los movimientos uribistas.
Colombia.- La Corte Suprema de justicia debe asumir sin contemplación las investigaciones contra el Ministro de defensa Juan Manuel Santos y el vicepresidente Francisco Santos, declaró el ex-magistrado Pedro Pablo Contreras Pinillos, al considerar que la situación del gobierno Uribe es tan gravísima con las revelaciones comprometedoras del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que esos dos colaboradores deben renunciar.
Las denuncias en el sentido de que el señor Juan Manuel Santos pretendió con el apoyo de paramilitares derrocar al entonces presidente Ernesto Samper Pizano, puede configurarse en un delito de rebelión y un concierto para transgredir el código penal. En peores condiciones –dijo- se encuentra el señor Vicepresidente de la república Francisco Santos, quien según las denuncias de Mancuso, propuso la conformación de un grupo al margen de la ley para impedir que la guerrilla ingresara a Cundinamarca y Bogotá. Esto también configura un concierto para delinquir, agregó.
La corte Suprema de justicia y la fiscalía no pueden acoger las versiones del señor Mancuso, para aplicarlas en algunas cosas e ignorarlas para otras, porque entonces dónde queda la equidad de la justicia en este proceso.
El rastreo de llamadas telefónicas
Agregó el profesional del derecho que el presidente Uribe debe recordar el caso del entonces presidente norteamericano, Nixon que se cayó por el mismo caso de la interceptación de conversaciones telefónicas. Indicó el exmagistrado que en este hecho el mandatario de los colombianos se contradijo, porque en una rueda de prensa el jefe del Estado aseguró que tiene informes de inteligencia respecto a las actividades de los señores de la oposición entre ellos Petro y otros del Polo democrático y cuando lo tratan de precisar no tiene los argumentos necesarios y luego descubren sorpresivamente a quienes estaban efectuando los rastreos telefónicos. Estas coincidencias y al atar cabos dejan muchas dudas que reflejan los serios aprietos en los que se encuentra el gobierno de Uribe. Estas salpicaduras sin duda que lo dejan muy mal ante la opinión internacional, agregó el abogado Pedro Pablo Contreras.
Los dos inmediatos colaboradores del gobierno, el Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos y el vicepresidente Francisco Santos están en estos momentos en el lugar más grave de la república con las acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a ello se suma que los congresistas que han resultado comprometidos con la “parapolítica,” sean de los movimientos afectos del gobierno que ayudaron a elegir al jefe del Estado.
La gravedad de los delitos
Los congresistas y demás dirigentes políticos que están comprometidos no pueden pretender a que se les juzgue por delitos políticos. Ellos deben responder por una serie de hechos gravísimos como las masacres que son delitos de lesa humanidad y como es cohonestar el narcotráfico. En los congresistas comprometidos de recibir ayuda de los paramilitares había un desenfrenado deseo de enriquecimiento ilícito y esto no se puede homologar con el delito político.
Esos congresista aliados con los paramilitares han sido los responsables de los grandes desplazamientos de población campesina y de pequeñas caseríos, sostuvo el profesional del derecho, al rechazar que se pretenda ahora que los implicados respondan por delitos políticos y no por concierto para delinquir.
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La Corte Suprema y la fiscalía, no pueden acoger las versiones de Mancuso para unas cosas y para otras no.
El expresidente Samper debe convertirse en pieza clave para investigar denuncias de Mancuso sobre el complot de Juan Manuel Santos para derrocar su gobierno.
Los políticos deben ser juzgados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos políticos.
La situación del gobierno Uribe es gravísima porque son demasiadas coincidencias y el 80 por ciento de los congresistas y otros dirigentes judicializados son de los movimientos uribistas.
Colombia.- La Corte Suprema de justicia debe asumir sin contemplación las investigaciones contra el Ministro de defensa Juan Manuel Santos y el vicepresidente Francisco Santos, declaró el ex-magistrado Pedro Pablo Contreras Pinillos, al considerar que la situación del gobierno Uribe es tan gravísima con las revelaciones comprometedoras del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que esos dos colaboradores deben renunciar.
Las denuncias en el sentido de que el señor Juan Manuel Santos pretendió con el apoyo de paramilitares derrocar al entonces presidente Ernesto Samper Pizano, puede configurarse en un delito de rebelión y un concierto para transgredir el código penal. En peores condiciones –dijo- se encuentra el señor Vicepresidente de la república Francisco Santos, quien según las denuncias de Mancuso, propuso la conformación de un grupo al margen de la ley para impedir que la guerrilla ingresara a Cundinamarca y Bogotá. Esto también configura un concierto para delinquir, agregó.
La corte Suprema de justicia y la fiscalía no pueden acoger las versiones del señor Mancuso, para aplicarlas en algunas cosas e ignorarlas para otras, porque entonces dónde queda la equidad de la justicia en este proceso.
El rastreo de llamadas telefónicas
Agregó el profesional del derecho que el presidente Uribe debe recordar el caso del entonces presidente norteamericano, Nixon que se cayó por el mismo caso de la interceptación de conversaciones telefónicas. Indicó el exmagistrado que en este hecho el mandatario de los colombianos se contradijo, porque en una rueda de prensa el jefe del Estado aseguró que tiene informes de inteligencia respecto a las actividades de los señores de la oposición entre ellos Petro y otros del Polo democrático y cuando lo tratan de precisar no tiene los argumentos necesarios y luego descubren sorpresivamente a quienes estaban efectuando los rastreos telefónicos. Estas coincidencias y al atar cabos dejan muchas dudas que reflejan los serios aprietos en los que se encuentra el gobierno de Uribe. Estas salpicaduras sin duda que lo dejan muy mal ante la opinión internacional, agregó el abogado Pedro Pablo Contreras.
Los dos inmediatos colaboradores del gobierno, el Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos y el vicepresidente Francisco Santos están en estos momentos en el lugar más grave de la república con las acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a ello se suma que los congresistas que han resultado comprometidos con la “parapolítica,” sean de los movimientos afectos del gobierno que ayudaron a elegir al jefe del Estado.
La gravedad de los delitos
Los congresistas y demás dirigentes políticos que están comprometidos no pueden pretender a que se les juzgue por delitos políticos. Ellos deben responder por una serie de hechos gravísimos como las masacres que son delitos de lesa humanidad y como es cohonestar el narcotráfico. En los congresistas comprometidos de recibir ayuda de los paramilitares había un desenfrenado deseo de enriquecimiento ilícito y esto no se puede homologar con el delito político.
Esos congresista aliados con los paramilitares han sido los responsables de los grandes desplazamientos de población campesina y de pequeñas caseríos, sostuvo el profesional del derecho, al rechazar que se pretenda ahora que los implicados respondan por delitos políticos y no por concierto para delinquir.
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