------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva
El imperio del derecho es ante todo: la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada.
Con la banalización del Estado social de derecho, una vez más surge perturbadoramente la acción del Gobierno de Uribe, que con su exministro Andrés Felipe Arias y el actual Fernández, colocándose sobre las obligaciones morales y sociales, simplificaron perversamente por reducción a lo único, la Institución Agro Ingreso Seguro: Los intereses particulares de la estrecha franja de potentados terratenientes Uribistas. Aquí no existe un propósito público. Los campesinos deben mantenerse desamparados, con sus noches agitadas por sueños angustiosos, en el horror de estas acciones deshumanizadas, del gobierno de Uribe, que tiene la pretensión de absoluto. Proceso que desacraliza la persona y niega a la dignidad, el valor supremo que la Constitución le otorga. Desde luego no toman en cuenta que la persona es un fin para el Estado, que vincula y legitima a todos los poderes públicos.
Bajo el ropaje torticero de unos concursos, el exministro Andrés Felipe Arias, creó un mundo absurdo de requisitos, imposibles para las legiones de campesinos agobiados; escondiendo el dolo y las prácticas dañinas, con lo cual ha vulnerado la dignidad, que es precisamente el soporte de la igualdad de los seres humanos, no aisladamente considerados, sino en su dimensión social. Contemplamos absortos la recreación subterránea de la pesadilla de los marginados, constituyendo con el rumbo del AIS, la reviviscencia del señor feudal de horca y cuchillo de la Edad Media.
Cualquier colombiano sabe que la precariedad de la población rural es generalizada. De trece y medio millones de campesinos, once están bajo la línea de pobreza y casi seis millones de estos, en la línea de indigencia. Trescientos mil niños, entre los siete y once años trabajan, la mayoría en condiciones infrahumanas ¿Y de los desplazados podemos decir que el Gobierno les está brindando protección y allanándoles todos los caminos, entre ellos, los de imponer la justa reparación? Entre tanto, sus victimarios paramilitares ejercen en la mayor parte del territorio nacional, el control social, político y económico. ¿Estas conductas incluidas las de Agro, Ingreso Seguro, no entran en la definición de crímenes contra la humanidad?
Ahora bien, la discriminación aludida además de un acto electoral que garantiza privilegios dentro del contubernio entre política reeleccionista y negocios, cada vez más frecuente y más dañino, es lo que ha llevado a que todas estas maniobras tortuosas prosperen. El interés general no importa, como tampoco el incierto futuro del país golpeado por el espectro de la corrupción, el espectro de la violencia, el espectro de la permanente violación de los derechos humanos, el espectro del desempleo, el espectro de la inestabilidad monetaria.
Es el más grande conjunto de aberraciones del Gobierno: los denominados eufemísticamente “falsos positivos”, las interceptaciones vergonzosas y criminales, las donaciones indebidas a los poderosos latifundistas, “dentro de una red de compromisos en la cual lo que vale no son las ideas ni las solidaridades sino las complicidades”, como acertadamente decía Álvaro Gómez Hurtado.
Y bien. Entre los derechos fundamentales proclamados por nuestra Constitución Política, se halla la igualdad que junto con la libertad constituyen el cimiento moral de la democracia. No olvidemos el valor supremo de la dignidad, soporte y fundamento de dicha igualdad.
La conspiración contra este derecho fundamental a la igualdad, montada por el Gobierno de Uribe y su exministro Andrés Felipe Arias, huyendo de la moral desconsagra de manera evidente el artículo 13 de la Carta, identificándolo con la nada. El curso tortuoso, continuó con el otro Andrés, que se tapa con las mismas sábanas de impudicia, y quien además banaliza el concepto de la verdad.
Arias, el subproducto de Uribe, fue quien impulsó el turbio Estatuto de Desarrollo, para validarles las tierras malhabidas a los paramilitares, usurpadas a los campesinos violentamente, a caballo de un discurso antiguerrillero ligados también al narcotráfico, en una carrera criminal dizque para defender al Estado. Es el hervor corrupto de la contrareforma agraria, iniciada hace años por esos criminales.
Y con la misma irracionalidad y opacidad quiso establecer en Carimagua, otras contraprestaciones a poderosos terratenientes uribistas, otorgándoles más de cien mil hectáreas, para convertir a desplazados y campesinos, en obreros miserables, humillados y ofendidos.
No es un dislate jurídico, pensar que la discriminación de legiones de campesinos, se subsume en el prevaricato. Hay oposición evidente entre los actos del exministro, el actual y sus coautores, con el postulado superior que establece el derecho fundamental de la igualdad ante la ley. Es decir, una disparidad o contradicción manifiesta con el artículo 13 de la Carta, ya citado, como mandato inexcusable.
Por ello, los romanos hablaron de “varicare”, verbo que significa “andar torcido”, es decir, jurídicamente indica un desvío moral del funcionario, una proclividad en el comportamiento del exministro Arias.
Su candidatura a la presidencia es una falta de respeto con su partido y con el país. En punidad de verdad, hace muchos años, el comité ideológico del partido conservador lanzó un alerta moral al país, cuando no sospechaba la avalancha de oprobio de estos días en los que el Gobierno de Uribe pretende arrollar el Estado de derecho colocándose sobre las obligaciones morales y sociales, que tiene inevitable e irrenunciablemente que velar. Y dijo el manifiesto ideológico, que hacía un llamado" a las nuevas generaciones del Partido para que se inicie la construcción del sólido muro que ha de detener la marea desmoralizantes que amenaza destruir la sociedad…”
Y es que un Presidente, debe ser de aquellos que tengan las virtudes propias del estadista y que hayan demostrado su hombría del bien, nutriendo con la savia ideológica de su pensamiento, el discurrir histórico de la Nación, defensores de los intereses nacionales y guardianes de la moral pública.
Recordemos a esos faros de dignidad y reservas morales: José Eusebio Caro, Mariano Ospina Rodríguez, Alfonso López, Darío Echandía, Gaitán, Laureano Gómez, Carlos Lleras, Alberto Lleras, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Carlos Augusto Noriega y tantos otros que no fueron inferiores a la inmersa tarea que les señaló la historia.
