Tomado de la Revista INSURRECCIÓN
La crisis que atraviesa el Estado colombiano se expresa de múltiples maneras, resaltándose el proceso de desinstitucionalización y desprestigio a que ha llegado, de la mano de la élite dominante corrupta y carente de ética, acelerado durante el régimen del Presidente Uribe, configurando cada ves más unos perfiles dictatoriales.
El Congreso de mayoría uribista entroncado con el narcoparamilitarismo, como lo demuestra el proceso que se sigue a más de cien parlamentarios entre condenados e investigados, legisla, ajusta leyes y acomoda las instituciones a la medida de las conveniencias e intereses de la casa presidencial, pasando por encima del Estado de derecho y enlodando la ética y moral pública. Igual ocurre con la mayoría de las Instituciones casi todas bajo la égida del uribismo, controladas mediante el uso de métodos inmorales y criminales como las corruptelas, intimidaciones y presiones indebidas.
Esas instituciones convertidas en entes de “bolsillo” avalan y guardan silencio cómplice ante los delitos, decisiones arbitrarias y antidemocráticas adoptadas por el gobierno apoyadas en la supuesta legitimidad fundada en un llamado “estado de opinión” con que el “mesías” se siente ungido y con derecho de hacer y deshacer sobre el interés nacional y el destino de los colombianos.
El ejemplo más contundente es el comportamiento de ellas, frente a la firma del acuerdo que autoriza la ocupación del país por bases militares gringas y que ha sido rechazado por las mayorías nacionales como una indigna violación de la soberanía y un desconocimiento de la norma Constitucional, pues la presencia de tropas extranjeras en el país, debe ser aprobada previamente por el Senado de la República. En este mismo sentido se ha de pronunciado el Consejo de Estado.
Pero el Congreso colombiano se hace el sordo, desentendido y guarda silencio ante la afirmación del Presidente enfatizando que el acuerdo no requiere la aprobación del Senado. Mientras ésta es la postura del “virrey en la Colonia”, el Presidente del Imperio es obligado a llevar el mismo acuerdo para que el Congreso de los Estados Unidos lo estudie y apruebe. Estas son las cosas y el comportamiento absurdo de un Estado desinstitucionalizado.
En cambio las que se resisten a ser consideradas del club de las Instituciones del bolsillo presidencial, son objeto de intimidaciones y espionaje para desprestigiarlas ante la opinión pública, al estilo del régimen hitleriano y otras sanguinarias dictaduras que horrorizaron al mundo; tal ocurre con la Corte Suprema de Justicia objeto de todo tipo de ignominias procedentes de la telaraña presidencial, por negarse a cubrir con el manto de la impunidad los crímenes del narcoparamilitarismo, por atravesarse a que la Fiscalía General de la República pase a integrar el club de bolsillo de la casa de Nariño, por atreverse a investigar y judicializar los políticos vinculados al narcoparamilitarismo.
El país observa estupefacto la desinstitucionalización del Estado liderado por la Presidencia. Cada vez es más frecuente el choque entre Instituciones, donde unas pisan y se entrometen en terrenos que no son de su competencia, para “legitimar” indebidamente decisiones arbitrarias del gobierno, acomodar normas y favorecer intereses no muy santos.
El último choque es el presentado entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura con motivo de la tutela que éste resolvió a favor de una parlamentaria condenada por el delito de la parapolítica, y que tumba el fallo emitido por la Corte, el órgano máximo de la justicia en Colombia, y con la cual se abre el boquete para que salgan libres todos los parlamentarios afines al Presidente Uribe, condenados y judicializados en el proceso de la parapolítica. Este fallo del Consejo Superior de la Judicatura es el más grande monumento a la corrupción y la impunidad del Estado.
Los graves hechos que han desinstitucionalizado del Estado, para que impere la corrupción, la impunidad y el terrorismo de Estado, que continúan profundizando la crisis social y humanitaria que vive Colombia, son suficientes razones que legitiman el derecho y validan la lucha por los cambios y la construcción del nuevo país donde impere la justicia social, la dignidad nacional, la democracia y el poder soberano del pueblo.
Esta lucha es liberadora y no terrorista, como la califica la maquinaria mediática de la oligarquía y el imperio.
