Por: Bernardo Socha Acosta
Estas dos ramas del poder han dejado solo al pueblo colombiano que
sobrevive con su evolución natural del trabajo y apoyo solo del ejecutivo.
Hay en Colombia una repugnante gavilla de silencio casi cómplice, que está
minando con grave riesgo la paciencia popular que, mira con tristeza, pero con
rabia cómo los actores principales de dos ramas del poder público, no mueven un
dedo para hacer algo por el país, mientras si se lucran de los presupuestos
fijados para pagarles sus millonarios…si MILLONARIOS sueldos, para que actúen
como enemigos del pueblo.
Esos funcionarios de esas ramas del poder solo se limitan a poner todas
las zancadillas que encuentran para cerrarle el paso a los proyectos con los que
la rama ejecutiva busca ajustar el funcionamiento del estado que conduzca a
llevarle alguna respuesta a las necesidades del pueblo.
Esa actitud de esas ramas del poder es curiosamente cohonestada por los
tradicionales medios de comunicación (con énfasis en los noticieros de la TV)
en una actitud equivocada donde se construye su propia suerte.
Y este preámbulo es para advertir sobre los gravísimos problemas de la
salud, donde por años una verdadera cáfila de malhechores ha saqueado las arcas
de la salud sin que haya justicia, sin que haya control real de los entes y con
el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales.
Esto bien puede resumirse: La salud saqueada y el crimen que no tiene condena.
Con todo lo asqueroso y putrefacto que se ha podido conocer, puede
decirse que, en Colombia robarse el dinero de la salud, no solo es un delito,
sino una burla e irrespeto ante la cara de quienes administran justicia, de los
políticos honestos que aún quedan y en general un desafío al pueblo que sufre.
Pero también es una forma de violencia silenciosa que ataca a los más débiles,
mientras los autores de los saqueos, o robos, disfrutan en los mejores
balnearios y centros turísticos del mundo, consumiendo lo que han tomado ilícitamente
(dinero de los afiliados a la salud y del estado). Cada peso que desaparece en
un desfalco, es una cama menos, un medicamento que no llega al paciente, una
cirugía que se aplaza, una vida que se pone en riesgo, hasta la muerte. Y, sin
embargo, los responsables rara vez, o nunca pagan.
Durante años hemos conocido escándalos que revelan pérdidas de miles de
millones de pesos en EPS, hospitales, intermediarios y redes de corrupción.
Veamos por ejemplo lo que decía el ministro de salud para responderle al
autor de un artículo de una Revistica internacional que no sabe lo que ocurre
en nuestro país y si describió una torpe sarta de verdaderas mentiras al
respecto. (El ministro: “alertó además sobre prácticas graves como la
facturación de servicios a 308 mil personas fallecidas,
que representan 1,5 billones de pesos para el sistema, mientras se siguen
exigiendo más recursos públicos sin explicar qué pasó con los que ya se
entregaron”.
Este es apenas una milésima parte de los centenares de actos delictivos
que se cometen, sin nadie que los incomode y sin respeto por los usuarios de la
salud. Dónde están los que administran justicia. Ah, y los medios de
comunicación que se supone son el cuarto poder, solo salen a distorsionar las noticias y a difamar
del gobierno, pero no dicen nada de los MISERABLES
saqueadores del dinero de la salud, porque al parecer ellos les pagan páutas.
Los informes de los entes de
control se publican, y las investigaciones se anuncian, pero parece que nunca
terminan. Y hay algo curioso. Hay algunos titulares de los medios tradicionales, pero tergiversados
como para premiar a los delincuentes y luego el silencio cómplice se mantiene.
La justicia avanza lentamente, los procesos se diluyen, los culpables
cambian de nombre jurídico y se burlan impunemente así de todos. Y por qué
cambian de nombre esos actores. Porque en la rama legislativa (CONGRESO)
pareciera que las leyes se formulan con la doble intención para que los
LADRONES de cuello blanco nunca paguen.
Dicen los críticos que, el problema no es solo la corrupción; es la
normalización del saqueo. Hemos aceptado que la plata de la salud se pierda
como si fuera un daño propio inevitable del sistema, cuando en realidad se
trata de un crimen contra la vida. Pero quién castiga este
CRIMEN. Y repetimos, dónde están quienes administran justicia. Ningún otro
sector soportaría con tanta resignación que se pierdan recursos vitales sin consecuencias
claras.
La situación técnica de los casos de malversación de dineros de la
salud, no puede seguir siendo excusa. La congestión judicial tampoco. Si el
Estado es capaz de perseguir con rapidez al ciudadano que evade un impuesto
menor, debería tener la misma —o mayor— contundencia frente a quienes desangran
el sistema de salud.
Aquí hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué es más fácil
perder miles de millones que rendir cuentas por ellos? La justicia no solo
debe investigar; debe condenar, recuperar recursos y enviar un mensaje
claro: en Colombia, robar la salud también mata y no puede quedar impune.
Es una paradoja, que mientras los responsables del robo de la plata de
la salud se pasean por los mejores clubes del país y el exterior, los pacientes
siguen esperando citas, tratamientos, diagnósticos y cirugías. Y esa espera,
muchas veces, también es una forma de muerte, convertida en crimen por quienes
se roban los dineros.
Prueba histórica de los desfalcos
Como ilustración, revelamos un caso relevante de desfalco como el siguiente:
🔹 Emergen denuncias contra varias EPS, pero conretamente contra SaludCoop por desvío de recursos y
fraude, con implicaciones de más de 14 mil millones de pesos desviados y
condenas posteriores para su exgerente por estafa y peculado, que reflejan
prácticas de corrupción de años anteriores.
🔹 La Contraloría General de la República inicia
un intenso periodo de investigaciones desde 2022, abriendo más de 522
procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos
hasta marzo de 2025.
🔹 La deuda de las EPS ya acumulaba cifras
significativas, con reportes de más de $23,3 billones de pesos en deudas de EPS
con hospitales y prestadores al cierre de 2022.
2023: El problema se hace crítico
🔹 Deuda total de EPS supera los $20 billones
de pesos, con gran parte de esas obligaciones pendientes con hospitales, IPS y
proveedores de servicios de salud.
🔹 Informes preliminares mostraron que solo 5
de 26 EPS cumplían con requisitos financieros mínimos, mientras la mayoría no
tenía reservas necesarias para operar.
2024: Crisis estructural y falta de trazabilidad
🔹 Para 2024, el problema ya se consolidó como
crisis estructural:
• La deuda de las EPS con prestadores asciende a $32,9 billones
de pesos (entre 2020 y finales de 2024).
• De esos, entre 2020 y 2024 se perdieron
$15,79 billones, incluido dinero sin claridad de destino, lo cual
plantea grave riesgo de malversación de fondos.
• El 61 % de las EPS no contaba con liquidez para operar y varias
incumplían normas de solvencia.
🔹 A finales de 2024, la deuda de EPS
intervenidas alcanzó 17,3 billones de pesos, con crecimiento notable de cartera
vencida (por ejemplo, aumento de 108 % en Nueva EPS respecto de 2022).
2025: Escalada de la crisis y cifras inéditas
🔹 15 de julio de 2025: El Ministerio de Salud,
publica cifras oficiales de, que 29 EPS acumulaban $32,9 billones de
pesos en deuda, con $4,22 billones solo en 2024, evidenciando un
crecimiento peligroso del desorden financiero.
🔹 La Contraloría confirmó que entre 2022 y
marzo de 2025 se han abierto más de 522 procesos por $11 billones, con
múltiples imputaciones y fallos fiscales ejecutoriados.
🔹 Informes de gremios hospitalarios muestran que la cartera creció cerca de 42 % entre 2024 y 2025, afectando directamente la liquidez de hospitales públicos y privados, y no es porque el estado haya dejado de girar al sistema. Pero la plata no sale de las EPS para pagar provedores, clinicas y hospitales.
Más de 100
billones de pesos es la deuda histórica acumulada de las EPS desde 1993
al presente valor actual (según cálculo del gobierno al traer cifras a valor
presente), aunque esta cifra incluye períodos más amplios que la última
década.
📍 Procesos fiscales: Desde 2022 hasta 2025, más de $11 billones investigados en responsabilidad fiscal muestran el impacto del manejo irregular de recursos.
Y qué hacen, los legisladores y la justicia
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