Este 31 de mayo, el pueblo colombiano va a elegir un nuevo presidente y vice presidente de la República y, ante los resultados que muestran múltiples encuestas, los eventos públicos que se han llevado a cabo en todo el territorio nacional y un sentir popular favorable a la profundización de un cambio político y social; lo más seguro es que lo haga mayoritariamente por la fórmula del Pacto Histórico – Alianza por la Vida – conformada por Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones a senado y cámara de
marzo pasado, en los que el Pacto Histórico no obtuvo mayoría absoluta pero sí,
una considerable cantidad de parlamentarios, que las condiciones en que todavía
opera el sistema político colombiano favorecen un contubernio de poderes para
frenar reformas e iniciativas que no sean del agrado de
quienes han detentado por años el poder político y económico, que la
impunidad prevalece en el juzgamiento a los principales responsables de la
corrupción y de actos de violencia en el país y que quienes están vinculados a
la economía ilícita en todas sus expresiones, sean quienes todavía definan en
buena medida la vida nacional; es clave que, a la hora de votar, se considere
que la iniciativa del Presidente Petro,
de impulsar una asamblea constituyente que agregue dos capítulos a la actual y
vigente constitución y el país, debe cobrar fuerza para consolidar un Estado
Social de Derecho.
Configurar un Estado Social de Derecho, como ordena la constitución de 1991,
implica, cuando menos, rescatar lo público como la razón de ser del Estado, erigir
una estable independencia de poderes y hacer real un ordenamiento territorial
en torno al agua. Es urgente aprobar reformas garantistas del disfrute
universal de derechos humanos individuales y colectivos, así como del
territorio donde habita la población colombiana, inscritas en campos determinados
como la salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, trabajo
y pensiones, los cuales, a su vez, y para que sean efectivos, están en relación
directa con el ordenamiento territorial y el sistema político, judicial y
económico que impere en el país. En la actualidad, para que el disfrute de
derechos individuales, colectivos y del territorio sea una realidad, la
ciudadanía depende, en gran medida, de la utilización de mecanismos
excepcionales como las tutelas y los derechos de petición, pues la mayor parte
de servicios sociales está en cabeza del sector privado y no del sector público
y el sector privado actúa en estos casos buscando utilidades y no satisfacción social,
así como de la toma de medidas de control monetario como las que dictamina la
junta directiva del Banco de la República en torno a las tasas de interés, en
tanto estás definen en alto porcentaje la capacidad de consumo y ahorro de la
mayoría de ciudadanos y ciudadanas y afectan, por lo general negativamente, el
bienestar de esta mayoría.
Sin embargo, quienes deberían regular que estas dos situaciones, tutelas
en caso de reclamo de prestación óptima de servicios sociales y mayores o
menores tasas de interés en caso del disfrute de los ingresos por trabajo
formal e informal de la mayoría de personas, no sean la norma sino la
excepción, han optado por aliarse con los grandes consorcios empresariales, protegiendo
su patrimonio y facilitando que sus utilidades circulen en beneficio propio y no
en función de favorecer el gasto social.
La no aprobación de las dos últimas
leyes de financiación del presupuesto
por parte de la oposición, la negativa a dar constitucionalidad a
reformas claves como la pensional y a aprobar una reforma estructural a la
salud, o la dilatación, desde el siglo pasado, a la aprobación de un
ordenamiento territorial, favorable a la autonomía de las regiones y
municipios, que permita conjugar esfuerzos nacionales, regionales y locales
para suplir carencias esenciales como acueductos, saneamiento básico y vías de
comunicación; muestran el poder que aún tienen fuerzas políticas reaccionarias,
defensoras de un orden sostenido en el privilegio de élites y el control social
por la violencia.
Si no se quiere que la Constitución política de 1991 se mantenga
incompleta o sea letra muerta, debe materializarse una economía productiva con
fines redistributivos, que supere la
dependencia histórica del solo crecimiento de la especulación financiera, a su
vez sostenida por diferentes economías ilícitas, y las actividades extractivas;
es clave transitar de una economía monetarista a una economía fundamentada en
la generación de renta social, en la cual, por supuesto, cumple papel
determinante el sector público, en términos de gasto e inversión productiva.
Librar lo público de la captura a la que lo ha sometido el capital
especulativo e ilegal, es quizás la más inmediata e importante acción que deba
acometer el gobierno nacional, de manera que una persona no tenga que comprar
una póliza, por barata o subsidiada que sea, para que sea atendida
cuando se enferme o accidente, o tenga que recibir un bono escolar, como
propone la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, para que sus
hijos e hijas tengan acceso a la escuela, o deba esperar a recibir un subsidio,
por lo general dependiente del nivel de unas tasas de interés que por lo general
están al alza, para poder comprar vivienda, o deba esperar que alguien se apiade
de su condición de desempleada y le ofrezca un trabajo mal pagado y por horas.
Los derechos fundamentales individuales y colectivos, son bienes de los
que debe disponer todo ciudadano y ciudadana, no ser artículos que se compran en
el mercado, a precios impuestos por la
desaforada codicia de muchos empresarios. Modificar por completo esta
situación es uno, si no el principal, de los retos a los que se enfrentará el
nuevo gobierno; ya hay varias semillas
sembradas, del ejercicio de la democracia en todas sus expresiones, dependerá
que en poco tiempo haya justicia y disfrute de libertades.
Fuente: Tomado de la Revista Encuentros, edición de mayo de 2026.
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