-----------------------Por: Alirio Gómez Martínez
Más de 29 millones de colombianos están habilitados para sufragar en los comicios que se aproximan y en los que se designarán 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y cinco parlamentarios andinos. Los escaños disponibles totalizan 273 y a ellos aspiran 2.481 políticos de 16 partidos o movimientos. En las elecciones anteriores los partidos pasaban de 60 en una explosión que muchos llegaron a la calificar de irresponsable. Ante la monstruosa competencia por los votos, nace en el país la corrupción al elector, utilizando para este abuso gentes de muy bajos recursos económicos fáciles de comprar con una teja de asbesto cemento, un almuerzo o unos billetes. Algunos “políticos”, entre comillas), llegaron afirmar que este fraude era la esencia de la política. Siempre la costa la señalaban como el lugar donde más se presentaba la irregularidad.
A pesar de que la estafa electoral se estaría presentando en todo el país, la ciudad de Barranquilla se consagró como la “Capital del Fraude Electoral”. Bucaramanga en los últimos tiempos ha caído en el nivel de degradación política muy parecido. Lo han impulsado básicamente desde un partido político cuyo fundador esta en la Picota y su esposa es hoy la cabeza de lista al senado, luego de haberle cambiado de nombre a la colectividad. Estaríamos a punto de ser la segunda ciudad fraudulenta en Colombia. Aquí como en Barranquilla el río de dinero es monstruoso por lo que no se contabiliza ni dicen de dónde viene. Denuncias se han presentado por toneladas. Este problema se habría extendido a sectores uribistas santandereanos. Los amantes de la democracia ven por estos días y lo reciben como un aire fresco de cambio que se han tomado determinaciones para frenar el abuso.
Con la determinación del Consejo nacional Electoral, de anular la zonificación de unas 200 mil cédulas se cae la estantería de las maquinarias electorales de Barranquilla. Diversos sectores, entre ellos ONGs, movimientos cívicos y columnistas de prensa, reclamaban del CNE acciones contra la irregular inscripción de cédulas. “En octubre, los representantes de los caciques políticos ofrecían 25.000 pesos al momento de zonificar y 25.000 más después de la votación, siempre y cuando mostraran el certificado de que efectivamente votaron. Incluso sacaban planillas donde tenían tabuladas miles de personas con sus respectivos números de cédulas. El trasteo de miles de atlanticenses y magdalenenses a distintos puestos de votación de la capital del Atlántico muy diferentes al sitio de su vivienda fue descarado. Comenzaba en la madrugada, horas antes y haciendo que los veedores se preguntaran sobre la existencia de un inusitado afán de ejercer. Son peores que los reponeros de la calle
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