Por Bernardo Socha Acosta
Se equivocaron en forma inelegante
algunos empleados de Empresas de Servicios Públicos domiciliarios en la
liquidación de las tarifas durante el tiempo de cuarentena por la pandemia del
Coronavirus.
Pero que les pasó a los operarios
encargados de la liquidación de esos servicios, que principalmente son, Gas,
electricidad, agua, aseo y alcantarillado. ¿El abuso es decisión de los empleados?... o es una directriz de los
gerentes de cada compañía prestadora de servicios domiciliarios. Pues, sea la una o la otra, es una violación
de los derechos del consumidor y un abuso que tendrá que ser castigado con rigurosidad por la Superintendencia de
Servicios Públicos que ya tiene buena parte de las denuncias. El gas y aseo por citar dos de los
comprometidos, si, no se abrió la dependencia, (ya sea tienda, oficina,
consultorio, lonchería, almacén, etc.), que consumo pudo registrarse de estos
servicios. Pues, ninguno. ¿Entonces, en qué cabeza puede caber, hacer un cobro
del servicio, y decimos, porque han llegado los recibos con cifras quizás más
altas que las habitual? No hay derecho a tantos atropellos.
Cerca de 90 mil quejas que
reveló el noticiero de Caracol Televisión, (según Diego Alvira) sobre el
particular, demuestra esa flagrante y odiosa equivocación o abuso que
cometieron, esas compañías. Y ese número de denuncias no es toda la realidad. Hay
muchas quejas que no se dan a conocer debido a varios factores.
Para cualquier persona con
mediana sindéresis, hay, o no abuso… Es de sentido común entonces, decir que,
es un cruel atropello que se está cometiendo y que la autoridad competente debe
castigar sin contemplación. ¿Cómo
pretende una empresa de servicios públicos hacer que le pague una tarifa por
servicios que no se ha prestado? Dónde
está la solidaridad. O si no la tienen, o no la conocen, dónde
está el principio de justicia social; o si tampoco la conocen, dónde está la
filosofía o el principio misional de una empresa de servicios públicos que se
debe a los consumidores.
Con esta actitud, se está
demostrando que en esa determinada empresa, hay unos directivos que son insensibles y además irrazonables ante la tragedia que estamos viviendo los
usuarios, o concretamente los dueños de
una determinada oficina o local de atención al público, porque ante la
obligatoriedad de la cuarentena no están
devengando ningún ingreso y que además
se suma el pretender hacerlo pagar por algo que no se recibió.
Esa actitud de esas empresas
prestadoras de servicio, (que creemos no
sean todas) es desafiante a la luz de la normatividad, y de la acción de la
autoridad, o una burla y humillación al consumidor. Nadie puede describir esta
reprochable actitud, tras haberse divulgado una serie de directrices del
gobierno nacional para buscarle un tratamiento diferente a estos
menesteres. O, más bien pareciera que algunas empresas prestadoras de servicios públicos, hubieran
pretendido hacer jugosas ganancias con
estos cobros irregulares, con el sacrificio y la mala hora que la pandemia del
Coronavirus le jugó a los consumidores de estos servicios.
Es realmente lamentable que esto ocurra, que
mientras la mayoría de integrantes de los gobiernos, nacional, departamental y
municipales, hacen ingentes esfuerzos para superar las difíciles dificultades que
ha traído el Covid 19, otros muy pocos, borran de un tajo las acciones buenas y solidarias de la
mayoría.
