La fatídica muerte de los once Diputados retenidos como rehenes por la guerrilla de las FARC constituye una muestra palpable de la irracionalidad de la guerra; los insurgentes y el Estado, dirigido esta vez por el Presidente Alvaro Uribe, se trenzaron en una disputa estéril e injusta que ignoró la dignidad y los derechos de sus víctimas; ninguna de las partes quiso ceder un ápice para salvar las vidas de estos líderes regionales, simples alfiles en este juego macabro, que permanecieron retenidos en las selvas inhóspitas de Colombia por más de cinco años, truncados sus proyectos de vida, alejados de sus familias en condiciones angustiosas y adversas cuyo largo cautiverio terminó con su muerte en un acto más de confrontación de una guerra que sólo los consideró una prenda útil para negociar pequeños intereses de los actores del conflicto.
En este caso como ocurrió en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ante las “razones de Estado” nada valieron los intereses de la vida, como importan poco o nada la suerte de los millones de colombianos que sufren en la indigencia, las enfermedades y la miseria o los niños que mueren por desnutrición o son víctimas fatales de simples dolencias curables; la justicia y la igualdad de los colombianos poco importa frente a las ganancias del capital y la creciente concentración de la riqueza en los monopolios nacionales e internacionales que, como las aves de rapiña, ahora disfrutan de la bonanza económica en un panorama de dolor y miseria.
De una u otra manera los colombianos somos víctimas del conflicto social y político generado por la desigualdad, la injusticia y la falta de oportunidades; el Estado colombiano promueve e implanta mediante la fuerza y la violencia un modelo económico que privilegia el lucro de unas minorías y niega y reprime los derechos de los ciudadanos; la educación, la salud y la vida han perdido su carácter de derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia para convertirse en el botín del desenfrenado afán de lucro de los mercaderes y los corruptos que emplean todos los medios, inclusive la violencia física y la muerte, para obtener sus egoístas y funestos propósitos.
En nuestro país el Estado Social de Derecho, basado en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad que predica la Constitución, es un simple embeleco, una ficción política que encubre los verdaderos intereses y designios del poder económico dominante. Frente a los intereses del capital la dignidad humana y la solidaridad son simples obstáculos, estorbos que se deben obviar, en cuanto puedan afectar los estados financieros de las organizaciones monopólicas.
Las familias de los diputados del Valle, comparten su dolor con muchas otras familias colombianas que también lloran hoy a sus muertos, desaparecidos y demás víctimas de la guerra; muchos colombianos han sido desplazados de los campos y aldeas que los vieron crecer; muchos colombianos deambulan tristes, sin rumbo y sin esperanzas por las calles de las grandes ciudades y otros tantos han abandonado el país empujados por la violencia y la miseria; poco a poco la mayoría de los colombianos perdemos este país que fue nuestro y que hoy es entregado sin ningún escrúpulo al mejor postor; poco a poco nos convertimos en extraños en la patria que nos vio nacer.
REINALDO RAMIREZ
Bucaramanga, Junio 29 de 2007
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