María Antonieta Cano, Bogotá, agosto 20 de 2010
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El 5 de agosto, el gobierno saliente de Uribe expidió el decreto 2940 por el cual se estableció para 2010 la remuneración de los 88.608 docentes vinculados al magisterio bajo el estatuto 1278. Con base en la Ley 715 de 2003 se decretaron para los nuevos docentes, en los años 2008, 2009 y 2010, incrementos salariales reales promedio de 8 puntos adicionales a la inflación para cada uno de estos años. Esta decisión consistía en determinar un incremento superior al de los antiguos maestros vinculados en el marco del decreto 2277. Con ello se pretendía generar un espejismo para ocultar que el nuevo régimen sometía al magisterio a una seguridad social acorde con la ley 100; a la parálisis en la posibilidad de ascenso en el escalafón; a la negación de la formación permanente financiada por el Estado y a la pérdida de la estabilidad laboral dejada al arbitrio de rectores y directivos escolares.
En los años 2008 y 2009 se cumplió lo prescrito con base en la Ley 715. No obstante, mediante el decreto 2940, el gobierno de Uribe y su ministra, Cecilia María Vélez, actuando como fugitivos, determinó para el año 2010 un alza en la remuneración de los maestros cobijados por la ley 1278 del 4.5%. Lo que corresponde a una adición de tan solo 2.5% por encima del 2% de la inflación. Esta decisión significa quitar a cada maestro, en promedio al año, no menos de un millón de pesos y al total de los nuevos docentes 90 mil millones de pesos.
Desde que el gobierno colombiano se acogió a los ‘acuerdos’ con el FMI, la política económica principal es el pago de la deuda pública. Para cumplirlo, ya que uno de cada dos pesos del presupuesto nacional se dedica a los gastos de seguridad y defensa y a cancelar intereses de lo adeudado, se han reducido las transferencias para educación y salud al Distrito, a los municipios y a los departamentos. Entre 2000 y 2019, a los entes territoriales se les habrán quitado el equivalente a 52,5 billones de pesos del año 2005. Por esta razón, el magisterio colombiano ve constantemente lesionados sus derechos.
Es necesario demandar del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministra de educación, María Fernanda Campo, la derogatoria del decreto 2940 y el pago inmediato de ese pasivo con el magisterio colombiano. Por su parte, urge exigir que el salario de los docentes tenga en cuenta, al menos, la experiencia, la formación académica y la producción intelectual, esto debe plasmarse en el nuevo Estatuto Docente que responda al mejoramiento de la calidad de la educación, que eleve la dignidad de la profesión y que esté de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la Nación y de la educación integral de los 11,5 millones de estudiantes colombianos.
