Los ministros anunciados por el presidente electo han asumido sus destinos con variadas actitudes que corresponden, no sólo a la naturaleza de las responsabilidades que les son confiadas, sino también a sus peculiares experiencias y capacidades. El canciller, curtido en desafíos tras bastidores, cuidará que el príncipe no termine despojado de sus relumbrantes vestimentas en escenarios proclives al engaño, cuando de preeminencias se trata. El de hacienda, aún se escuda detrás del desconocimiento de las cifras requeridas para decisiones que le esperan, mientras se conocen sus asesorías a Boric en Chile y a Fernández en Argentina, cuyos resultados empiezan a inquietar. Cecilia López desempolva los recuerdos de sus desempeños en tiempos pasados que juzga útiles para enfrentar el presente. La ministra de Cultura guarda silenciosa mesura, mientras se entera de sus competencias y de los instrumentos para ejecutarlas. La ministra de ambiente nos dio a conocer sus enseñanzas en una firma internacional petrolera y su desempeño en el Distrito durante la controvertida alcaldía del hoy presidente. La ministra de salud apuntó a las EPS con el tino que le procura su desvinculación del gabinete de entonces. Del ministro de educación cabe esperar que no reincida en las conductas que marcaron su estreno en la faena electoral. Todos cobijados por el período de gracia que se le suele dispensar a los nuevos gobernantes.
El tema esperado, porque marcará el rumbo del nuevo gobierno, es la designación del ministro de defensa. Se hará en el contexto de las recomendaciones de la denominada Comisión de la Verdad que resultaron idénticas a las consignadas en el programa del candidato Petro. En ambas, se propone un drástico cambio de doctrina para las Fuerzas Militares y de Policía fundado en la errónea comprensión del concepto de seguridad, supuestamente “pensado para la defensa del poder y la riqueza” y alimentado “por el falso prestigio de los militares”. Introduce una narrativa de odio que distingue entre buenos y malos y que se sitúa en las antípodas de lo que hoy representan nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que se han modernizado y profesionalizado en las últimas décadas, tarea que ha merecido justo reconocimiento internacional. Huele a retaliación y apunta a la politización.
La seguridad nacional comprende el reto de erradicación del narcotráfico, así como la defensa de la soberanía e integridad territorial. Sostener que los cultivos ilícitos y su procesamiento no la afectan, constituye desatino falaz porque contrario a la realidad que padecemos, así como no entender que los peligros de confrontaciones orbitales tienen efectos continentales es ceguera mortífera para la soberanía territorial que nos convertiría a todos, sin percatarnos, en el “enemigo interno” tan mentado por la izquierda. La paz es el bien más deseado, pero la experiencia enseña que el ELN no renunciará a la Convención Nacional como herramienta del pacto. Esa paz, abriría la puerta para sellar un acuerdo, cuyas disposiciones serán normas constitucionales que solo necesitarán la aprobación del Congreso, vía fast track, como ya sabemos. Allí cabría todo lo que el régimen quiera, incluida la reelección. Es el cambio con anestesia.
