Cordial saludo.
La siguiente es la Comunicación enviada por Center for Justice and International Law (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia (USOC) al diario El Tiempo de Colombia, como respuesta a la columna "Desplazados y cárcel por deudas" escrita por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
…………………………………………………………………………………………………
2 Julio de 2009
Estimado Sr. Director,
Expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos y descalificaciones manifestados por José Obdulio Gaviria contra Jorge Rojas, presidente de CODHES, en la columna "Desplazados y cárcel por deudas". Gaviria sugiere de manera irresponsable vínculos de Rojas con grupos al margen de la ley y que desinforma sobre la situación del desplazamiento en el país. En el contexto de Colombia, esas insinuaciones ponen en grave riesgo la integridad y la vida del Sr. Rojas y los miembros de la institución que dirige.
La estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos por cumplir con su trabajo no es nueva en Colombia, y sus consecuencias no son impredecibles. Durante las últimas décadas, la violencia ha sido instigada por palabras que orientan los ataques de grupos violentos. Señalamientos irresponsables han costado la vida de millares de personas y este año han sido asesinados varios líderes vinculados a la defensa de los derechos de los desplazados.
Ello ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomiende que en ciertos contextos de violencia política o conflicto social se eviten estigmatizaciones que puedan ser leídas como un mensaje de tolerancia del gobierno hacia atentados para silenciar a defensores y organizaciones.
El derecho internacional de los derechos humanos rescata la importancia de un debate amplio como piedra angular de la democracia, que puede incluir opiniones y afirmaciones incómodas u ofensivas. Sin embargo, las insinuaciones temerarias del Sr. Gaviria sobre el Sr. Rojas, no se encuentran dentro del marco de las expresiones legítimamente protegidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional excluyen del debate afirmaciones que puedan implicar una incitación a la violencia en el contexto donde se realizan, como ocurre con este tipo de comentarios en Colombia.
El trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, y del Sr. Rojas en particular, es legítimo y necesario en una democracia con debilidades significativas en su institucionalidad y en las garantías efectivas a los derechos de la ciudadanía.
CODHES ha visibilizado las consecuencias del desplazamiento forzado sobre los derechos de millones de personas, que no sólo se asocia con la pérdida de derechos fundamentales, sino con más pobreza, mortalidad, analfabetismo y enfermedades endémicas. Esta organización ha contribuido a que haya una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas desplazadas y a que se exploren sin demora políticas públicas que eliminen las causas del fenómeno, incluyendo la ineludible condena al desplazamiento provocado por los grupos armados. CODHES lidera la destacada Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, reconocida por expertos internacionales en el tema como valiosa e importante.
Gracias a su labor, el ciudadano Rojas ha colaborado activamente a profundizar las garantías de los derechos protegidos en la Constitución colombiana respecto de las personas más vulnerables y ha contribuido al cumplimiento efectivo de los deberes del Estado en democracia. En respuesta a su valiosa actividad, el Sr. Rojas y miembros de CODHES han sido investigados de manera ilegal, amenazados y hostigados.
Adicionalmente, las afirmaciones de Gaviria generan confusión sobre la situación del desplazamiento forzado en Colombia, sus causas y la responsabilidad de los funcionarios públicos en cumplimiento de la ley. Su posición contradice la información oficial y pública de Acción Social y las Naciones Unidas, quienes reconocen más de tres millones de desplazados y la persistencia del fenómeno.
Contraría también a una reciente resolución de la Cámara de Representantes de los EE. UU., que urge a su gobierno a mejorar el apoyo y atención a este fenómeno. Niega además lo que el propio Presidente Álvaro Uribe recientemente admitió en su visita a Washington D.C.: que los desplazados son un grupo que requiere más atención.
El tema no es trivial, como quiere presentarlo el Sr. Gaviria, tanto por la cantidad como por la gravedad del daño causado a las personas. Diversas agencias de la ONU y la comunidad internacional han concluido que algunos casos de desplazamiento forzado son, bajo el derecho penal internacional, crímenes contra la humanidad.
La siguiente es la Comunicación enviada por Center for Justice and International Law (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia (USOC) al diario El Tiempo de Colombia, como respuesta a la columna "Desplazados y cárcel por deudas" escrita por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
…………………………………………………………………………………………………
2 Julio de 2009
Estimado Sr. Director,
Expresamos nuestra profunda preocupación por los señalamientos y descalificaciones manifestados por José Obdulio Gaviria contra Jorge Rojas, presidente de CODHES, en la columna "Desplazados y cárcel por deudas". Gaviria sugiere de manera irresponsable vínculos de Rojas con grupos al margen de la ley y que desinforma sobre la situación del desplazamiento en el país. En el contexto de Colombia, esas insinuaciones ponen en grave riesgo la integridad y la vida del Sr. Rojas y los miembros de la institución que dirige.
La estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos por cumplir con su trabajo no es nueva en Colombia, y sus consecuencias no son impredecibles. Durante las últimas décadas, la violencia ha sido instigada por palabras que orientan los ataques de grupos violentos. Señalamientos irresponsables han costado la vida de millares de personas y este año han sido asesinados varios líderes vinculados a la defensa de los derechos de los desplazados.
Ello ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomiende que en ciertos contextos de violencia política o conflicto social se eviten estigmatizaciones que puedan ser leídas como un mensaje de tolerancia del gobierno hacia atentados para silenciar a defensores y organizaciones.
El derecho internacional de los derechos humanos rescata la importancia de un debate amplio como piedra angular de la democracia, que puede incluir opiniones y afirmaciones incómodas u ofensivas. Sin embargo, las insinuaciones temerarias del Sr. Gaviria sobre el Sr. Rojas, no se encuentran dentro del marco de las expresiones legítimamente protegidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional excluyen del debate afirmaciones que puedan implicar una incitación a la violencia en el contexto donde se realizan, como ocurre con este tipo de comentarios en Colombia.
El trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, y del Sr. Rojas en particular, es legítimo y necesario en una democracia con debilidades significativas en su institucionalidad y en las garantías efectivas a los derechos de la ciudadanía.
CODHES ha visibilizado las consecuencias del desplazamiento forzado sobre los derechos de millones de personas, que no sólo se asocia con la pérdida de derechos fundamentales, sino con más pobreza, mortalidad, analfabetismo y enfermedades endémicas. Esta organización ha contribuido a que haya una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas desplazadas y a que se exploren sin demora políticas públicas que eliminen las causas del fenómeno, incluyendo la ineludible condena al desplazamiento provocado por los grupos armados. CODHES lidera la destacada Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, reconocida por expertos internacionales en el tema como valiosa e importante.
Gracias a su labor, el ciudadano Rojas ha colaborado activamente a profundizar las garantías de los derechos protegidos en la Constitución colombiana respecto de las personas más vulnerables y ha contribuido al cumplimiento efectivo de los deberes del Estado en democracia. En respuesta a su valiosa actividad, el Sr. Rojas y miembros de CODHES han sido investigados de manera ilegal, amenazados y hostigados.
Adicionalmente, las afirmaciones de Gaviria generan confusión sobre la situación del desplazamiento forzado en Colombia, sus causas y la responsabilidad de los funcionarios públicos en cumplimiento de la ley. Su posición contradice la información oficial y pública de Acción Social y las Naciones Unidas, quienes reconocen más de tres millones de desplazados y la persistencia del fenómeno.
Contraría también a una reciente resolución de la Cámara de Representantes de los EE. UU., que urge a su gobierno a mejorar el apoyo y atención a este fenómeno. Niega además lo que el propio Presidente Álvaro Uribe recientemente admitió en su visita a Washington D.C.: que los desplazados son un grupo que requiere más atención.
El tema no es trivial, como quiere presentarlo el Sr. Gaviria, tanto por la cantidad como por la gravedad del daño causado a las personas. Diversas agencias de la ONU y la comunidad internacional han concluido que algunos casos de desplazamiento forzado son, bajo el derecho penal internacional, crímenes contra la humanidad.
El fenómeno del desplazamiento forzado siempre merece una respuesta diligente, pero en Colombia es aún más apremiante por el número de personas afectadas.
Trivializar esta tragedia genera omisiones de autoridades estatales, señaladas por la Corte Constitucional en sus sentencias sobre los desplazados, y pone en riesgo a los colombianos que trabajan en la atención de la crisis humanitaria y de derechos humanos.
Teniendo en cuenta la importancia del tema para Colombia, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y el Congreso EEUU, así como para la seguridad del Sr. Rojas y los defensores de derechos humanos, invitamos al periódico a mantener un espacio de debate vigoroso sobre informaciones y opiniones relevantes como las que merece el abordaje del desplazamiento forzado; igualmente, consideramos necesario que El Tiempo revise su política editorial para que no difunda afirmaciones que inciten a la violencia.
Atentamente,
Viviana Krsticevic
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Gimena Sánchez
Washington Office on Latin America (WOLA)
Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)
Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia (USOC) > Titulares >
