Por
Gerardo Delgado Silva
Aún
cuando la palabra no se origina en el sentido de la moral, ni en latín, ni en
Italiano, fonéticamente nos permite traducir la evidencia de los hechos
perturbantes de la excontralora, y desde luego desafiantes de la moral y las
normas penales.
Y
es que en el catálogo de los males que padece Colombia, ¡es posible que la
corrupción le gane a la violencia!.
Se
requiere con urgencia que los organismos de control, no sigan excedidos de
tolerancia, permitiendo que la incontinencia y la inmoralidad, los errores
deliberados y las artimañas de baja ley continúen horadando, como en el
anterior gobierno con los parapolíticos, la estructura de todo el poder público
en perjuicio del país y sus instituciones.
Es indispensable e ineludible que un giro de 180 grados, como lo está
haciendo el Presidente Santos, restablezca el imperio de la ética e la
conducción de los negocios públicos, ya que la sola legislación, sino se cumple, es insuficiente para conjurar
la intención dolosa, con que unos y otros burlan las prohibiciones consagradas
en los textos vigentes.
Se
requiere, de todos modos, que el espíritu de la ley este complementado por una
disciplina que se sujete al respeto que los principios deben inspirar para que
el orden social no se quebrante, ni el orden jurídico se resquebraje.
Es
preciso, entonces que los controles y la vigilancia se apliquen y que quienes
tienen en sus manos la responsabilidad de
manejarlos, como la Contraloría, no caiga en las mismas prácticas dañinas que
supuestamente deben prevenir y castigar, pues esta es la otra parte de las dos
caras que la inmoralidad generalizada muestra en todos los ordenes de la
actividad nacional.
Pensamos
que la sola apelación a la conciencia de los funcionarios y parlamentarios es
insuficiente, para rectificar errores, subsanar fallas y combatir la
corrupción, porque el mal cobro ya mucho cuerpo y ha esparcido sus tentáculos
por todas partes.
Son
miles de millones de pesos los que circulan en medio de ese clima podrido en el
que empleados públicos –como el caso de la excontralora- y gerifaltes del
sector privado actúan para medrar. Infortunadamente, los partidos, para su
desgracia, ya no representan sino a una casta desacreditada y rechazada, la de
los que buscan y han encontrado la forma de pelechar con los dineros públicos
en actividad profesional y permanente.
Sus demás afiliados, los que a pesar de todo creen que deben ser canales
insustituibles para el servicio público, desinteresado y generoso, se han
alejado repugnados de sus carcomidas estructuras. Esas reservas morales e intelectuales están
aplanchadas bajo el alud del clientelismo corrompido en el narcotráfico, el
contrabando, el paramilitarismo y los negociados de los contratistas.
El
país parece desentendido. Cuando alguien
levanta la voz y previene la inminencia del peligro, se le acusa de disolvente,
resentido, o profeta de tempestades y de mal agüero. El país sigue anestesiado.
Como insolvente de su propia suerte y ajeno a su porvenir.
Que
los políticos no hablen ni quieran exponer su propia culpa o resarcirla, pase.
Está dentro de las motivaciones de su mal comportamiento. Pero, los intelectuales, los artistas, los
científicos, los investigadores sociales, los empresarios honrados que de
verdad quieren hacer patria, los agricultores esquilmados, los ganaderos
amenazados por los paramilitares y guerrilleros, y la inseguridad social, los
jóvenes universitarios, los religiosos de todas las congregaciones
eclesiásticas, asidos o no de la mano de un Dios común, en fin la Colombia de
la historia y del porvenir, ¿Dónde están?.
Porque
lo cierto es que no oímos en estos momentos de confusión estimulada por el
Señor Uribe y el llamado centro democrático, sus voces, ni registramos su
protesta, cuando ocurrieron los llamados eufemísticamente falsos positivos, de
Uribe; se supo de su oposición a la restitución de tierras y a los diálogos
para lograr la anhelada paz.
No
se trata de hacer política, sino de salvar a Colombia, como lo está haciendo el
Presidente Santos, que o está contaminado ni por el dolo ni la corrupción, como
si la excontralora, ni tampoco de la ineptitud que desangra al país.
La
Señora Morelli, no sabe que cuando se llega a la cúpula de esas altas
posiciones del estado nadie puede ser ligero, ni ingrávido, en el sentido moral
del vocablo.
Ahora
bien. El primer elemento estructural del delito es la conducta humana que debe
desarrollar en el mundo de los acontecimientos, del ser y el existir, todas y
cada una de las características objetivas de la facti-species o tipo legal
penal. El tipo objetivo (conducta humana) consiste en el comportamiento del
hombre en relación con el mundo que le rodea.
De
acuerdo con las informaciones periodísticas, las conductas desarrolladas por la
Señora excontralora fueron subsumidas bajo varios tipos de delitos expresamente
previstos en la norma penal. De tal
manera como dice Massari, el delito no es un mero antojo o veleidad o impulso
al suceso mismo es voluntad que actúa, impulso que se exterioriza, pensamiento
que desemboca en una conducta; es praxis, comportamiento, actividad, ejecución.
Y
se ha sabido, del acerbo probatorio, de esas conductas. Se puede decir de una manera general, que el
fin de la prueba, es establecer la verdad.
Sin duda nuestro derecho procesal acoge el criterio Dellepiane, en el
sentido de que: “las pruebas son los hechos mismos, de manera que no pueden
estar divorciadas de la significación que ellos tienen”.
Al
tenor del Código de Procedimiento Penal, que consagra: “el Estado, por
intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la
acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio
de denuncia…” (la negrilla fuera de texto). Todo esto, como es obvio, en
concordancia con la Constitución Nacional.
Por
manera pues, el Señor Fiscal está sometido a las normas, como se infiere
lógicamente. Realizó la valoración
jurídica de los actos de la excontralora, que dirigió conscientemente su
conducta hacia un fin ilícito por conseguir.
Llevó a cabo la Fiscalía, una
actividad probatoria penal, además de ser de investigación, también de
demostración. Lo cierto del caso, es que
la Fiscalía le atribuyo entre otros hechos punibles dolosos: Peculado por
Apropiación; Interceptación ilegal; falsedad documental, etc. El Señor Fiscal Dr. Eduardo Montealegre, un
verdadero jurista, está batallando por el ideal que todos queremos y creemos
posible, no está juzgando a la excontralora, esto es de competencia de la Corte
Suprema de Justicia.
Está
este ejemplo de funcionario recobrando el prestigio de la justicia como símbolo
de la imperiosa majestad de la Ley Penal.
El
testimonio de la historia ha demostrado que la peor desgracia que puede
acontecerle a un pueblo, es la de vejar a su justicia. En este caso, este comportamiento lo ha
llevado a cabo una exigua minoría de la extrema derecha, la que no quiere ni la
paz ni la justicia.
Es
el momento en que el país debe reaccionar, asumir la personería de su destino
histórico y rescatar junto con el derecho a la vida, los valores éticos que
están siendo pisoteados, por la decadencia de ciertos individuos de la clase
dirigente de esa extrema derecha, que ha constituido la morralla de la historia
actual de la Patria con todas las claudicaciones e inequidades.
Art. para Bersoahoy.com
