HORACIO SERPA
La Fiscalía acaba de revelar que investiga la muerte de 1.273 civiles a manos de miembros indignos del Ejército, los cuales fueron presentados como bajas en combate, en lo que se conoce como falsos positivos. Una vergüenza en un país que se proclama democrático.
Aunque no son crímenes institucionales, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philp Alson, al concluir su visita a Colombia, en junio pasado, señaló que se trató de prácticas sistemáticas contra la población civil.
Los falsos positivos son el lunar más grande de la política de seguridad democrática. Una razón para que se actúe con celeridad y se aplique justicia. Las víctimas fueron muchachos de los sectores más pobres del país, reclutados mediante engaños por delincuentes que luego los vendieron a integrantes del Ejército para ser fusilados y presentados como positivos en la lucha contra la guerrilla y el paramilitarismo.
Los casos más emblemáticos son los jóvenes de Soacha, asesinados en Ocaña, Norte de Santander, y los de Bogotá, ejecutados en Boyacá y Santander. Sus imágenes han recorrido el mundo. Sus familiares han reclamado en los estrados judiciales verdad, justicia y reparación. Pero los responsables de esos delitos, que están siendo juzgados por cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad, han usado todo tipo de argucias judiciales para salir impunes. Tanto que el Consejo Superior de la Judicatura investigará a sus defensores.
Lo peor es que los familiares de las víctimas han sido objeto de atentados, persecuciones y amenazas de muerte por parte de desconocidos que buscan silenciarlos. Una de las madres de Soacha denunció que ella y sus hijos han sido abordados por hombres en moto, vestidos con prendas militares, que les han dicho que deben callarse o serán ejecutados. Igual ha acontecido en muchas otras partes del país.
Aunque el Gobierno Nacional hizo una purga de varios oficiales, desde generales hasta subtenientes, y de muchos suboficiales y soldados, ninguno de ellos ha sido condenado por los crímenes que se les imputan. El juicio de los involucrados en los falsos positivos de Soacha ha demostrado la capacidad de maniobra de quienes mataron inocentes y hoy quieren lavarse las manos sin pagar por sus crímenes.
La Fiscalía viene cumpliendo una importante labor en el esclarecimiento de los hechos. La presión internacional para que haya justicia es inocultable. Nada indigna tanto a los países democráticos como saber que en Colombia se están cometiendo delitos de lesa humanidad que ni siquiera ocurrieron en las peores dictaduras latinoamericanas. Y lo mas grave, que se pretenda encubrir a quienes usaron las armas oficiales para asesinar a inocentes y cobrar recompensas.
Los colombianos queremos, respetamos y respaldamos a nuestro Ejército. Pero con estos numerosos y degradantes casos, el daño causado a nuestra democracia es enorme. Los falsos positivos son la peor vergüenza del Estado. Es urgente que surja la verdad, se castigue a los responsables y se asuma la responsabilidad política de esa catástrofe humanitaria. Volver a Inicio >
