El respeto a la Constitución y las leyes

 EL RETORNO A LA DICTADURA

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 13 - 11 – 2021)

El Presidente Iván Duque, cuando el sol comienza a alumbrarle sus espaldas, decidió mostrar su verdadera faceta, como reacción al fallo que devolvió a su maestro y protector Álvaro Uribe Vélez, a la condición de imputado (de la cual nunca debió salir), y resolvió pasarse por la faja la Constitución y la ley, en venganza contra los colombianos.

Su anuncio frente al falló de un juez de Bogotá, ordenando la suspensión de la sanción del artículo que prácticamente acaba con la Ley de Garantías, desencajó al mandatario, lo desequilibró y le nubló la razón.

 Y así desquiciado y fuera de sus cabales, hizo en televisión el anuncio perentorio: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.

Sobra advertir que una ley ordinaria, como la que contiene el artículo que acaba con la Ley de Garantías, no puede derogar una ley estatutaria.

Su postura, solo se asimila a los intentos de reforma a la” justicia constitucional” del gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) y contradice totalmente sus críticas y se coloca a la par o quizás más allá de sus imaginarios enemigos Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Y mi observación respecto de la similitud entre Rojas Pinilla y Duque, no es a priori, pues el primero de ellos, simpatizante AAA del fascista generalísimo Francisco Franco de España, generó todo tipo de tensiones políticas entre la Corte Suprema y su gobierno militar con el propósito de controlar la justicia y limitar a su juez constitucional. El segundo, sin mencionar el apoyo non sancto a su campaña, ha intentado volver trizas la paz, a puesto a sus amigos y aliados en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, hace caso omiso a la crítica y se ha puesto al lado de quienes violan la ley y la constitución, asumiendo la defensa de su mentor, el expresidente Uribe, como lo ha hecho ahora, sin respetar la majestad de la justicia y las altas cortes.

Su postura en defensa del artículo metido como un “mico” en la Ley de Presupuesto, no determina sino un ataque directo a la mandíbula de los electores, que creen que irán a las urnas con las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto de manera libre, sin percatarse de que previamente, se habrá frustrado la voluntad popular, colocando las fichas del gobierno en los puestos claves del orden nacional, departamental y local y entregando el presupuesto a través de contratos millonarios amañados, colocando la balanza en favor de los corruptos.

Y lo peor, es que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, está infilrada, es un boquete abierto hacia el despilfarro, la desidia y la corrupción y al decir de algunos congresistas, ya tienen listo el fraude para impedirle al pueblo llegar con un candidato con sensibilidad social, defensor del medio ambiente y afecto a una economía inclusiva.

Nada detiene ni le importa al mandatario, prevalido de que los órganos de control del país están en sus manos y que su impunidad está garantizada, pues en caso de una denuncia, esta irá directamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en donde todos los procesos mueren por inanición.

¿Qué perspectiva de país le entregará el que dijo Uribe al próximo mandatario? Un  país endeudado, sin obras de beneficio social, arrinconado y desesperado, por la corrupción, la desidia oficial, la muerte de cientos de líderes sociales, protectores del medio ambiente y exmilitantes de las FARC.

Y las clases dirigentes siguen sin inmutarse frente a la realidad, pues saben que un pueblo sin hambre, culto y pensante, es un pueblo que no podrán manejar.

#DespiertaColombia.

Enseñanzas del Acuerdo de París sobre cambio climático

Cómo frenar el calentamiento global a corto plazo

Tomado de, The New Yor Times

Por Paul Bledsoe, Durwood Zaelke y Gabrielle Dreyfus

Si los años de sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales devastadores ocurridos desde que se adoptó el Acuerdo de París nos han enseñado algo, es que hemos subestimado la velocidad del cambio climático extremo y desestabilizador.

El mundo se ha calentado alrededor de 1,1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, en gran medida esto ocurre desde 1950, y las temperaturas siguen en ascenso. Por eso era tan importante que más de cien países se sumaran la semana pasada a una coalición encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones mundiales de metano, un potente gas de efecto invernadero, en al menos un 30 por ciento para 2030.

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox. 

Sin embargo, los delegados reunidos en la conferencia mundial sobre el clima en Glasgow tienen que hacer más: por la seguridad del planeta, tienen que profundizar sus acciones y ejecutarlas con más rapidez para limitar el aumento de la temperatura a corto plazo. Seguir leyendo 

Estragos de una Justicia politizada

Mario González Vargas

Dos recientes fallos de tutela de la Corte Constitucional acrecentaron las sospechas y temores de que la Rama Judicial, y en especial esa Alta Corporación, no obedezca en su actuar a los principios de independencia e imparcialidad que son sustanciales al reconocimiento de su legitimidad. Sustituir esos principios por los imperativos de la contienda ideológica y política corroe los fundamentos de la democracia y atenta contra la vigencia y respeto de los DDHH. Las sentencias 281 de 2021 y la aún no publicada, pero si reseñada por la Corre y atinente a la compatibilidad de normas procesales de la ley la Ley 600 con las Ley 906 de 2004 en el proceso que tiene al expresidente Uribe como procesado, constituyen una ruptura definitiva con las garantías que la Constitución exige para la salvaguardad del derecho fundamental del debido proceso.

La sentencia publicada se refiere a la acción de tutela de un general de la república que consideró afectados sus derechos fundamentales por la publicación por el movimiento Móvice de un mural en el que se señala una cifra de “falsos positivos” cometidos presuntamente bajo el mando de generales del Ejército, cuyos nombres y fotografías se incluyen acompañados con un número de casos, endilgándoles responsabilidad penal. Ese procedimiento, teñido de infamia, fue inexplicablemente calificado como ejercicio del derecho de participación en el control del poder político y enmarcado indebidamente “en los discursos reconocidos por el ordenamiento jurídico (art 40 num 6 CN) como protegidos”. De manera inverosímil, la Corte estimó que el mensaje, si bien pretendió difundir responsabilidad penal por “falsos positivos”, no configura venganza con intención de causar daño, ni se “evidencia señalamiento que pretenda imputar algún tipo de responsabilidad”. Asimismo, avala la denuncia, considerándola bien público, de hechos que el denunciante considera irregulares, sin que por ello se tenga que esperar fallos de autoridad judicial, cuya existencia no escapa a su conocimiento, considerando que la verdad extrajudicial satisface el derecho de las eventuales víctimas. Con esa valoración, emite una reflexión inconducente para afirmar que con su publicación se construye un relato que se incorpora como memoria colectiva y que permite garantizar su propia verdad, aún si ella resulta contraria a la verdad que emana de las investigaciones judiciales o develadas por la investigación histórica. Los ciudadanos tienen el derecho de denunciar hechos que consideran irregulares, pero no les asiste el poder de determinar por si solos la verdad. La libertad de expresión deja de serlo cuando incurre en abusos constitutivos de difamación y calumnia que colocan en estado de indefensión a los victimizados. Para ello existe la publicidad de los procesos penales y de las investigaciones históricas. La sentencia de la Corte hace trizas el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías constitucionales fundamentales.

En el caso de la sentencia no aún publicada, se viola descaradamente la garantía constitucional de favorabilidad penal sustituyéndola por el concepto erróneo de una supuesta equivalencia funcional, imposible por la enorme diferencia entre indagatoria e imputación, como que la primera tiene lugar antes de la investigación y la segunda como consecuencia de ella.

Estas sentencias culminan un proceso de politización de la Justicia. No extraña que al origen de ellas se halle Móvice.

La JEP en su laberinto

Mario González Vargas

No fue tarea fácil la de poner fin a 17 años de permanente escrutinio de la CPI con su observación preliminar relativa a la comisión de crímenes de guerra en el marco del conflicto armado suscitado por la subversión de las Farc, después acrecentado por el ELN, el M-19 y por los contingentes contrainsurgentes que ellos provocaron. El país sufrió los estragos de una violencia desatada que puso en entredicho la viabilidad del Estado y de sus instituciones, para cuya salvaguarda se realizaron esfuerzos, adherir al Estatuto de Roma y a la aceptación de la jurisdicción de la CPI de carácter subsidiario. Resultaba difícil prever la creciente influencia que sobre la burocracia de los organismos internacionales adquirirían las onegés de reconocido sesgo ideológico y permanente activismo político, con los que ejercieron preponderante influencia en la CPI y en su Fiscalía.

La elección del nuevo Fiscal de la CPI refleja un cambio significativo en esa tendencia que permitió, mediante el ponderado examen presentado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre los trabajos de los organismos de la Justicia colombiana y sus alcances, poner fin a la observación preliminar y la suscripción de un acuerdo de cooperación con la CPI, útil para construir esa paz que nos ha sido esquiva. A la JEP le corresponderá cumplir con aportes que hasta hoy no se han traducido sino en los desatinos en los casos de Santrich e Iván Márquez, y sin resultados en materia de verdad, justicia reparación y no repetición. Ello explica la reacción del oráculo Vivanco que no dudó en calificar la decisión de “equivocada, injustificada y contraproducente”, y de sentenciar que “el daño está hecho”, porque se les ha despojado de esa maléfica influencia que les permitía mantener al estado colombiano bajo la amenaza permanente de una espada de Damocles que ellos pretendían accionar a su antojo. El presidente de la JEP interpela groseramente al presidente Duque:” presidente para usted la JEP no existe”; curiosa manera de invocar el apoyo para el cumplimiento de las competencias de la JEP que, además. acompaña de amenaza:.” cualquier actuación o cambio en las condiciones actuales o cualquier obstáculo que se presente al trabajo de la JEP, inmediatamente traerá la intervención de la CPI”. Y agrega, “probablemente ya no mediante la continuación del examen preliminar, sino de una investigación formal”, La JEP debe tener conciencia de que en caso de no cumplir con sus funciones puede ser reformada y perfeccionada. Existe en virtud del acto legislativo que la incorporó a la Constitución y puede ser reformada y mejorada por esa misma vía. Conviene que atienda las conclusiones de la Procuraduría que “cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización”, y señala que “hubo escasa prevención, control, seguimiento y sanciones para quienes incurrieron en conductas como violencia sexual, tortura, trabajos forzados, despojos, desapariciones forzadas, secuestros, muchos de los cuales aún permanecen en la indefinición”.

La lucha por la defensa del planeta

 Tomado de, The New York Times

Por Justin Gillis

Comenzó en 1992. Delegados de todo el mundo —incluyendo un vacilante George H. W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos— se reunieron en Río de Janeiro para celebrar una “Cumbre de la Tierra”, en la que prometieron con seriedad dejar de destrozar el planeta. Se redactó con prisa un nuevo tratado mundial y se le puso un gran título: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Era audaz, pues prometía estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera un peligroso calentamiento global. Y era ambigua, pues exigía a los países que no hicieran casi nada, excepto seguir reuniéndose y conversando. El Senado de Estados Unidos lo ratificó ese mismo año sin muchas dudas. 

¿Qué ha pasado con las emisiones desde que las naciones del mundo prometieron estabilizarlas? Han aumentado más de un 60 por ciento. Después de un descenso en 2020 provocado por la pandemia, han reanudado su inexorable ascenso. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera ya han alcanzado niveles alarmantes y, en ese sentido, el tratado fracasó. Las temperaturas globales también están aumentando, como lo predijo la teoría científica básica. Seguirleyendo

Seguridad y soberanía

Mario González Vargas.

La captura de “Otoniel” entraña un importante logro político del gobierno y un extraordinario éxito operacional de la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares colombianas, pero no debe entenderse como el principio del final de la organización criminal del Clan del Golfo, ni como un paso decisivo en la recuperación de la seguridad que todos anhelamos. Situaciones similares en el pasado nos han enseñado que la muerte de los líderes del crimen organizado no implica el final de la organización, sino la reorganización de su liderazgo después de sangrientos ajustes de cuentas, o su fragmentación en estructuras nuevas al mando de liderazgos emergentes, Cualquiera que sea la variante resultante, incrementará la inseguridad en las regiones que padecerán el dantesco escenario de prevalencia entre las distintas organizaciones y carteles que se disputan el control territorial y los réditos del narcotráfico y la violencia.

No debemos ocultarnos la evidencia de que la restauración de la seguridad exige la recuperación y el control por el Estado de todo el territorio nacional. Al amparo de su ausencia, se ha perdido el ejercicio de las obligaciones y deberes del Estado e incrementado los dictados de la ilegalidad y el delito a manera de ley, cuyas infracciones tienen por pena principal la muerte y el destierro. Es cada día más evidente la presencia de la red transnacional del narcotráfico en muchos espacios del territorio nacional que hoy procura extender sus tentáculos a ciudades capitales de departamentos fronterizos. Constituye una amenaza sin precedentes a la soberanía nacional que se acrecienta cuando favorece los intereses de gobiernos como el de Maduro, que finca su supervivencia en las complicidades que le deparan el narcotráfico, la minería ilegal y la carrera armamentista prohijada por potencias extracontinentales involucradas en desafíos por la prevalencia orbital. Hoy, son más de quince mil hombres de organizaciones criminales alentadas y protegidas por el gobierno ilegitimo de Venezuela, que desplazan poblaciones, asesinan miembros de la Fuerza Púbica, desaparecen contradictores y establecen alianzas con actores políticos afines que les permita decidir sobre la vida y muerte de los ciudadanos. El propósito parece ser el de reducir el problema al simple dilema de si Otoniel debe extraditarse o someterse a la benevolencia de la JEP, ya probada en el caso de alias “Santrich”, pero enmendando el epílogo de todos conocido. La represión y reducción de los alzados en armas en una democracia constituye una obligación política, con fundamento constitucional ineludible, y no puede ser objeto de transacción cada vez que convenga a los intereses de los delincuentes. El narcotráfico no es delito conexo al delito político.

La seguridad es presupuesto esencial del orden social y requisito indispensable de la soberanía nacional. Es por lo mismo condición indefectible de legitimidad de la institucionalidad y debe constituir el propósito que nos permita rescatar la solidaridad y alcanzar los propósitos nacionales que hoy se nos exigen. El país necesita nuevos consensos que no provendrán de la confrontación petrista, ni de la indefinición centrista. Es hora del acuerdo sobre lo fundamental.

Karma que padecerán motociclistas por adulterar su velocípedo

Por: Bernardo Socha Acosta

Las posibilidades de una involución humana, de algunos jóvenes, de convertirse en cuadrúpedos con signos de sordera, demencia y neurosis, no es una fábula de la literatura. Es una realidad que no está lejos de comenzar a vivirse en países como Colombia donde la indisciplina de algunos jóvenes y uno que otros adulto que quieren aparentar, están forjando su propia desdicha.

La mala utilización de las motocicletas (que la mayoría las usa como elemento de trabajos) será el aspa de las torturas a las que se enfrentarán muchos motociclistas que ignorantemente quieren mostrarse como unos superhéroes conduciendo estos velocípedos con unos extravagantes sonidos de escape, que a más del daño directo que se están causando, atormentan a centenares de personas de sus entornos, quienes a su reacción sicológicamente lanzan abominaciones perversas para que paguen algún día su tormentosa osadía.

La amenaza de convertirse en cuadrúpedos, se origina por los graves daños de la columna vertebral por las vibraciones acompañadas de fuertes escapes.

Dentro de las investigaciones, y como complemento al tema, encontramos sobre la existencia de cuadrúpedos humanos, según  un  documental de la BBC en relación con una familia turca que se ve obligada a caminar a cuatro patas, apoyándose sobre las manos y los pies, como si fueran cuadrúpedos. El caso se hizo mundialmente viral y, surgió debate sobre la causa de esta extraña invalidez.

Otro estudio dirigido por Liza Shapiro, antropóloga de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.), demuestra que los cuadrúpedos turcos no caminan con el patrón característico en diagonal de los primates no humanos, como los simios o los monos.

Encontramos también otra investigación, sobre los daños irreversibles que causa en la columna vertebral, el cerebro y muchos otros órganos del cuerpo, la vibración y los altos decibeles de escape de las motocicletas, y deja una advertencia terminante, si nadie hace nada para impedir que esos abusos sigan proliferando en nuestra sociedad.

Un documento consignado en la web de la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología hace series consideraciones, sobre las VIBRACIONES de las motocicletas.

Apartes de ese documento de La Universidad de Antioquia, con el grupo de investigación de Diseño Mecánico, coordinado por el profesor Ricardo Moreno Sánchez, expone: ‘’Las implicaciones que tienen las vibraciones generadas por diferentes estados de las vías de desplazamiento, por obstáculos en las calles y carreteras tales como reductores de velocidad, policías acostados, trochas, elevaciones significativas en el terreno, provoca incapacidades y malestares que hasta el momento no se sabía a qué atribuírselas.

Estudios basados en la influencia de las vibraciones demostraron que los movimientos a los que está expuesto el conductor de moto provocan una serie de traumatismos, lesiones y dolores que afectan el estado óptimo del cuerpo, del sistema nervioso, digestivo y muscular principalmente.

Los resultados demuestran que la conducción de cualquier tipo de vehículo genera una transmisión de vibraciones al sistema nervioso que afectan el equilibrio, las velocidades de reacción y que con el tiempo, se podrían convertir en síntomas que incapacitarían al conductor.

Al mismo tiempo, los movimientos constantes del cuerpo al estar conduciendo una moto, en diferentes direcciones (eje Z, eje X, eje Y) provocan espasmos musculares, exigencias articulares que con el tiempo provocan alargamiento de la columna vertebral, desviaciones óseas, y hasta problemas digestivos y trastornos visuales, destacando principalmente los movimientos sobre el eje X, llamados también movimientos vibratorios espalda-pecho, generados por aceleraciones y desaceleraciones bruscas por parte del conductor o frenadas en seco, acciones que el motociclista ejecuta por querer sobre pasar a los vehículos, por "zigzaguear" entre carros, por arrancar de primero al cambio de la luz del semáforo, o buscando salir de una congestión vehicular. Todos estos movimientos provocan una serie de resonancias y oscilaciones que sobre exigen al cuerpo y que con el tiempo y las repeticiones, podrían provocar hasta invalidez permanente.

Y para finalizar, no hay que dejar sin mencionar, que aparte de todos estos diagnósticos, no sobra recordar los graves peligros de accidentes a los que están expuestos los motociclistas que abusan de la velocidad. Los indisciplinados sufrirán el karma de su vida.

Ver para creer

Mario González Vargas

Unos de los efectos inesperados de la pandemia ha sido el de atizar el inconformismo creciente con las instituciones surgidas de los procesos de integración y cooperación en varios continentes. La insolidaridad de los estados miembros que mantuvieron la producción de tapabocas, ventiladores y medicamentos y de sus farmacéuticas, avivó esa desconfianza en unas instituciones que paulatinamente se fueron convirtiendo en vehículos de Ideologías de deconstrucción y no de creación, refugio dorado de activistas y militantes, y arúspice pretensioso de épocas traumáticas, que luchan por imponer a cualquier costo, incluido el de la fractura del sistema que han infiltrado.

En la Unión Europea han surgido las primeras manifestaciones que desafían la prevalencia de las disposiciones comunitarias sobre los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros, expresadas en sentencias de la Corte Suprema de Alemania y en la de Polonia, ambas coincidentes en que la competencia de los órganos de la Unión se limita a los asuntos que expresamente se le han delegado. Consideran que la soberanía es un atributo de estados soberanos que ejercen control sobre un territorio determinado, cuyas instituciones se fundan en la voluntad popular conferida por la soberanía que les es intrínseca. Por consiguiente, no existe el pueble europeo que ejerza tales potestades, muchas de ellas prerrogativas de la soberanía y voluntad populares expresadas democráticamente, ni pueden organismos comunitarios, incluidas sus Cortes de Justicia, decidir sobre asuntos propios y exclusivos de la voluntad popular de cada estado soberano. La invasora presencia en la burocracia y en las Cortes de la Unión Europea de personas provenientes de la organización Open Society Justice y de las onegés que ella financia con abundancia, ha obligado a investigar, no solamente los posibles y eventuales conflictos de intereses que se han dado, sino también la promoción de elementos culturales traducidos a concepciones político-ideológicas contrarias a las que sustentan las instituciones y la voluntad popular de los estados miembros.

Si por los lados de la Unión Europea llueve, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se escampa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido albergando exclusivamente a personas provenientes de Open Society y de las onegés que ésta financia, a tal punto que en su nómina hoy parece no haber espacio para comisionados independientes, situación que se pretende consolidar con la propuesta de un Comité Consultivo, sin participación de los Estados miembros, responsable de dictaminar la idoneidad de los candidatos nominados a ocupar asiento en la Comisión. De lograrlo, se aseguraría la preeminencia y continuidad del sesgo ideológico que caracteriza sus intervenciones y recomendaciones que cada vez adquieren un carácter intervencionista abusivo de sus competencias y misión, paradójicamente cuando afectan regímenes democráticos, siempre abiertos a garantizar el respeto de los DDHH de sus nacionales.

En Colombia ese pernicioso virus parece contagioso Así lo atestigua la insólita e inconstitucional proposición del Senado creando una comisión binacional con Venezuela para: normalizar relaciones diplomáticas; y comerciales y verificar las buenas relaciones comerciales entre ambos países, atribuyéndose olímpicamente competencias del presidente de la República. Ver para creer.

La abolición de la ley de garantías, legitima la corrupcción

Por: Bernardo Socha Acosta

Las llamadas mayorías del Congreso de la república (si así se le puede llamar) están dando la estocada a la poca credibilidad que tiene ese ente del poder legislativo, al que ya el pueblo repudia y rehúsa por sus acciones en favor de la corrupción.

El pueblo colombiano coincide unánimemente en afirmar que las mayorías del Congreso (con el caso de la Ley de garantías) legislan para legalizar los actos corruptos y poder así el actual gobierno disponer de los bienes del estado para apropiarse de las próximas elecciones.

Y es que el acto tan despreciable que cometió la presidenta de la Cámara cuya confirmación adjuntamos en esta gráfica, líneas abajo, deja la peor de las impresiones  de la forma como una congresistas del partido de gobierno se descara y le da órdenes a otros legisladores para que voten el proyecto en pro de complacer sus voraces apetitos, y el de sus amigotes. No ve la hora la congresista, de abrir el camino para que desde su grupo político se violen los más elementales principios de honestidad durante las apetecidas campañas políticas del despilfarro y derroche de dineros y en esta ocasión de los dineros del estado colombiano sin limitaciones legales (ya sin ley de garantías) que los obstaculice.

Por estos actos de corrupción que se urden y se legitiman desde, donde se hacen las leyes, es que el pueblo sensato y trabajador (no el que se alimenta de las roscas politiqueras) pide a gritos el cambio de las castas políticas o politiqueras que se han devorado al país en los últimos años y solo buscan al pueblo para que paguen con sus impuestos lo que sus compinches se devoran para luego volverse a presentarse en nuevas elecciones, con distintos nombres pero con los mismos fines lucrativos y corruptos.

La única esperanza de los colombianos para que la nueva ley que abolió la de garantías, no entre en vigencia con la anuencia del presidente de la república, es la Corte Constitucional, que deberá decir si es lícito o ilícito acabar de un tajo la Ley de garantías para abrirle el camino a la GALOPANTE corrupción que se incrementa por la temporada de campaña política, donde quienes están en el poder se aprovechan para profundizar su accionar.