La abolición de la ley de garantías, legitima la corrupcción

Por: Bernardo Socha Acosta

Las llamadas mayorías del Congreso de la república (si así se le puede llamar) están dando la estocada a la poca credibilidad que tiene ese ente del poder legislativo, al que ya el pueblo repudia y rehúsa por sus acciones en favor de la corrupción.

El pueblo colombiano coincide unánimemente en afirmar que las mayorías del Congreso (con el caso de la Ley de garantías) legislan para legalizar los actos corruptos y poder así el actual gobierno disponer de los bienes del estado para apropiarse de las próximas elecciones.

Y es que el acto tan despreciable que cometió la presidenta de la Cámara cuya confirmación adjuntamos en esta gráfica, líneas abajo, deja la peor de las impresiones  de la forma como una congresistas del partido de gobierno se descara y le da órdenes a otros legisladores para que voten el proyecto en pro de complacer sus voraces apetitos, y el de sus amigotes. No ve la hora la congresista, de abrir el camino para que desde su grupo político se violen los más elementales principios de honestidad durante las apetecidas campañas políticas del despilfarro y derroche de dineros y en esta ocasión de los dineros del estado colombiano sin limitaciones legales (ya sin ley de garantías) que los obstaculice.

Por estos actos de corrupción que se urden y se legitiman desde, donde se hacen las leyes, es que el pueblo sensato y trabajador (no el que se alimenta de las roscas politiqueras) pide a gritos el cambio de las castas políticas o politiqueras que se han devorado al país en los últimos años y solo buscan al pueblo para que paguen con sus impuestos lo que sus compinches se devoran para luego volverse a presentarse en nuevas elecciones, con distintos nombres pero con los mismos fines lucrativos y corruptos.

La única esperanza de los colombianos para que la nueva ley que abolió la de garantías, no entre en vigencia con la anuencia del presidente de la república, es la Corte Constitucional, que deberá decir si es lícito o ilícito acabar de un tajo la Ley de garantías para abrirle el camino a la GALOPANTE corrupción que se incrementa por la temporada de campaña política, donde quienes están en el poder se aprovechan para profundizar su accionar.