Las marchas convocadas por Petro el día de los trabajadores, si bien registró más o menos la mitad de los manifestantes del 21 de abril, le permitió pronunciar un discurso de un populismo rabioso, con el que ajustó cuentas con propios y extraños. Los primeros fueron notificados de que el Rey no tiene herederos y que son vanos e inaceptables todos los esfuerzos de moderación que habían expresado Iván Cepeda, el ministro Velasco y la asesora predilecta. Fustigó la sensatez que todavía parece subsistir en algunos integrantes de su gabinete, invitando a sus innominados ministros a dar un paso al costado. Para sus contradictores, no ahorró calificativos injuriosos que acrecentaron los fundados temores que se ciernen sobre la seguridad y vida de sus opositores.
Calificar de marchas de la muerte a las del 21 de abril, que fueron expresiones de esperanza a pesar de los desafueros y desatinos de un presidente enardecido y sembrando odios, no permite ni resquicios de confianza en un futuro que se cierne azaroso para una democracia que solo demanda acuerdos para su perfeccionamiento. Escogió la intolerancia para notificarnos de que el cambio por él concebido no tiene reversa. Así, y con la fantasiosa acusación de que se quiere matar al presidente, pretende ocultar la ineptitud de su gestión, la sombra de corrupción que se extiende hasta su propia familia y que marca en buena parte sus relaciones con el Congreso.
Su instrumento favorito para establecer un régimen dictatorial es su concepción del poder constituyente, pensado como un proceso de asambleas populares con el que arrasaría con el ordenamiento constitucional vigente y consagraría la nueva arquitectura jurídica que le permitiría eternizarse en el poder. A eso lo llama “abrirle las puertas al poder popular” figura conocida desde tiempos de Fidel Castro y hoy replicada en Venezuela y Nicaragua, desastres que todos conocemos. Ese es el trasfondo de su iniciativa que requerirá de la participación y guarda del Eln, el Emc, y la Nueva Marquetalia, de consuno con las guardias indígenas y campesinas, alineadas gracias a incontables beneficios monetarios.
Para alcanzar su objetivo intenta derrumbar la institucionalidad vigente. Empezó con el debilitamiento de las Fuerzas Militares y de Policía, confinadas en sus cuarteles, desmoralizadas y hasta desarmadas, como se lo ha propuesto con la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, proveedor del armamento indispensable para la seguridad nacional y de todos los instrumentos propios de las tareas de comunicaciones e inteligencia, ciberdefensa y ciberseguridad. Viene el turno del Congreso con prebendas a granel, de desenlace incierto por el conocido apetito de muchos de sus miembros. Mañana será el Poder Judicial, señalado desde la Plaza de Bolívar por las banderas del M-19, a manera de simbólica y trágica advertencia de un pasado que podría convertirse nuevamente en realidad. La provisión de vacancias en las altas Cortes y los procesos de elección de Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo constituyen el próximo objetivo del incontenible presidente.
Ojalá no caigamos en el contrasentido de que sea en el seno del Congreso, que simboliza y convierte en realidad la participación política del ciudadano, en donde se sacrifique la democracia. Salvaguardarla constituye la primeara tarea de “Un Acuerdo Nacional”.
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